Titulación de la relatoría 56.848 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / PARTES DEL CONTRATO / ACTIVIDAD ASEGURADORA / ENTIDAD ASEGURADORA / PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / COBRO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA / ACTO CONTRACTUAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FACULTADES DEL MUNICIPIO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
Problema jurídico:
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. La Sala destaca que la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido que, aunque las sociedades aseguradoras no son partes del contrato estatal, sino simplemente garantes de sus obligaciones en virtud de su función de otorgamiento de pólizas, se encuentran investidas para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra decisiones como los actos administrativos que se dictan durante el iter negocial, siempre que tal reproche esté originado en la existencia de supuestos perjuicios o una afectación derivada de ese tipo de declaraciones, como cuando se hacen efectivas las coberturas y, a juicio de tales entes, no se cumplían los supuestos para ello. Comoquiera que la contienda formulada se refiere a la inoponibilidad y/o legalidad de varios actos administrativos proferidos por el municipio de Pelaya en el marco de la ejecución del contrato de obra No. 022 del 16 de enero de 2014, mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se le impusieron varias multas, así como se hizo efectiva tanto la cláusula penal pecuniaria, como la póliza de cumplimiento No. 75-44-101054421, la Sala estima que el medio de control procedente es el de controversias contractuales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el medio de control procedente para demandar los actos administrativos contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de 2020, rad. 64154, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO / ACTO CONTRACTUAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FACULTADES DEL MUNICIPIO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO / FALTA DE PRUEBA / CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / MULTA AL CONTRATISTA / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Problema jurídico:
¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A., considerando que dicho término debe contabilizarse de manera independiente para cada uno de los actos administrativos demandados, a partir de su notificación o conocimiento, y teniendo en cuenta la suspensión derivada del trámite de conciliación extrajudicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo previsto en el inciso primero del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en las controversias relativas a contratos la parte interesada cuenta con 2 años para ejercer el derecho de acción, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, sin perjuicio de otros criterios previstos por el legislador. Así pues, en el caso de estudio se observa que la sociedad Seguros del Estado S.A. pretende la declaratoria de ineficacia y, subsidiariamente, la nulidad de los actos administrativos (…) dictados con ocasión del contrato No. 022 del 16 de enero de 2014, mediante los cuales se declararon varios incumplimientos, se impusieron multas, así como se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y una póliza de cobertura del acuerdo de voluntades. Lo anterior amerita un cómputo de la caducidad por separado frente a los tres grupos de actos administrativos anteriormente referenciados, por tratarse de actuaciones dictadas en diferentes momentos y con fines totalmente distintos, a saber, una primera multa, otra posterior y la declaratoria de incumplimiento junto con la efectividad de la cláusula penal pecuniaria. Bajo el anterior contexto, vale advertir que no se aportó ninguna constancia de notificación a la aseguradora de la Resolución No. 228 del 15 de julio de 2014, mediante la cual se confirmó la Resolución 220 del 10 de julio de 2014, por medio de la cual se impuso una multa a la sociedad OLT Logistics S.A.S., pues únicamente obra que aquella se le dio a conocer al contratista en la audiencia sancionatoria a la cual Seguros del Estado S.A. no acudió -a pesar de que fue citada-, sin perjuicio de lo cual salta a la vista que no habían pasado dos años desde la fecha de emisión de dicha decisión -15 de julio de 2014- y la radicación de la demanda -23 de mayo de 2016-, de suerte que, con mayor razón, se concluya que la demanda se radicó en tiempo desde que eventualmente la demandante pudo conocer la actuación, sin perjuicio del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 11 de agosto y el 26 de noviembre de 2015. En lo que respecta a la Resolución No. 273 del 26 de agosto de 2014, a partir de la cual se resolvió no reponer la Resolución No. 271 del 21 de agosto de 2014, mediante la cual se impuso una segunda multa al contratista, se evidencia que aquella fue notificada a la sociedad Seguros del Estado S.A. en la misma fecha, dado que dicha aseguradora acudió a la diligencia sancionatoria, de modo que los dos años para ejercer el derecho de acción frente a dichas actuaciones corrieron entre el 27 de agosto de 2014 y el 27 de agosto de 2016 y, considerando que la demanda se allegó el 23 de mayo de 2016, no hay duda de que fue radicada en tiempo, sin desmedro del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 11 de agosto y el 26 de noviembre de 2015.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD ASEGURADORA / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / CONTRATISTA / SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA / LITISCONSORCIO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales, en particular la sociedad Seguros del Estado S.A. como garante afectada por la efectividad de la póliza de cumplimiento, el municipio de Pelaya como entidad que expidió los actos administrativos demandados, y la sociedad OLT Logistics S.A.S. como litisconsorte necesario en su condición de destinataria de dichas decisiones?
Respuesta al problema jurídico: Si
La sociedad Seguros del Estado S.A. se encuentra legitimada en la causa por activa, considerando que fue quien otorgó la póliza de cumplimiento No. 75-44- 101054421 del contrato No. 022 del 16 de enero de 2014, que se hizo efectiva mediante los actos administrativos demandados, frente a los cuales alega una afectación, y que fueron producto de múltiples audiencias a las cuales se la convocó. Correlativamente, el municipio de Pelaya se encuentra legitimado en la causa por pasiva, en atención a que fue la entidad que expidió las resoluciones en virtud de las cuales se hizo efectiva la cobertura de aseguramiento en comento. Finalmente, la sociedad OLT Logistics S.A.S. -quien fue debidamente vinculada en el trámite de la primera instancia- también se encuentra legitimada en la causa por pasiva en calidad de litisconsorte, en atención a que las resoluciones cuestionadas también la tuvieron como destinataria, de modo que le asiste un interés en las resultas del proceso.
CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO / NATURALEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OBJETO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVIACIÓN DE PODER / EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO / COMUNICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / INOPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia, de conformidad con las reglas previstas en el CPACA y las disposiciones especiales aplicables?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que es acto administrativo toda declaración de voluntad unilateral, que puede ser general o particular, con efectos jurídicos directos, en ejercicio de la función administrativa, expedido por una entidad pública o un particular que ejerce la función administrativa, elementos sin los cuales este no existe y/o no nace a la vida jurídica, o deviene en una figura distinta, sin que ello necesariamente requiera de una declaración. Por su parte, son elementos de la validez del acto administrativo que se emita con competencia, motivación, una finalidad pública y un objeto y causa lícitos, en garantía del debido proceso y con respeto de la normativa superior, aspectos sin los cuales, aunque esa declaración de la Administración hubiera nacido a la vida jurídica, se encontraría viciado en su legalidad, circunstancia que podría ponerse de presente en la sede administrativa al recurrir la decisión, o ante el juez contencioso administrativo. (…) De otro lado, se han catalogado como elementos de la eficacia la publicación y/o comunicación de los actos administrativos generales y la notificación y/o el conocimiento de los actos administrativos particulares a sus destinatarios, de ahí que, en caso de existir vicios en torno a tales elementos, dicha decisión existe y, eventualmente, será válida, pero resulta a todas luces inoponible, por lo que sus efectos jurídicos directos -creación, modificación o extinción de un derecho, deber u obligación- no se pueden predicar respecto a la persona, el sector o la población frente a la cual se tomó la decisión. Así pues, los artículos 65 y 66 del CPACA reafirman el deber de publicar los actos administrativos generales en el diario oficial o las gacetas territoriales, a la vez que disponen la notificación de los actos administrativos particulares, so pena de que no sean obligatorios. Ahora bien, bajo la premisa de que el CPACA como norma que contiene los procedimientos administrativo -primera parte del Código- y contenciosoadministrativo -segunda parte del Código- es residual, es decir, solo aplica a aquellos asuntos no regulados específicamente en disposiciones especiales o frente a aquellos ante la existencia de vacíos, debe tenerse en cuenta que existen eventos donde el legislador estableció reglas especiales que pueden morigerar o hacer más estrictos los elementos de existencia, validez y/o eficacia, por ejemplo, añadiendo alguna exigencia “ad substantiam actus -con una solemnidad especial para su surgimiento- o flexibilizando aspectos como su notificación y/o conocimiento -como justamente sucede con los actos de registro, cuya notificación se entiende surtida cuando se haga la correspondiente anotación-”, motivo por el cual debe verse caso a caso el cumplimiento de los elementos de dichas decisiones para verificar si se satisfacen o no.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inoponibilidad del acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 2024, rad. 54485, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 10 de marzo de 2025, rad. 67190, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 31 de enero de 2019, rad. 11001-0325-000-2016-01017-00(4574-2016), C. P. Cesar Palomino Cortés.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 65, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 66
GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / GARANTÍAS CONTRACTUALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / SANCIÓN PECUNIARIA / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / AMENAZA / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las entidades estatales, en el marco del régimen de contratación pública, se encuentran facultadas para ejercer potestades sancionatorias durante la ejecución contractual como la imposición de multas, la declaratoria de incumplimiento y la efectividad de garantías conforme a los procedimientos y finalidades previstos en la ley, diferenciando el alcance y naturaleza de cada una de estas medidas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El legislador de la Ley 80 de 1993 -y sus reformas, contenidas en normas como las Leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018- instituyó un estatuto -General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP-, que (…) incorporó no solo procedimientos de selección y potestades excepcionales, sino también la obligación de suscripción de garantías para asegurar la suscripción del contrato, proteger los recursos públicos, así como respaldar la estabilidad y calidad de la obra o los servicios adquiridos, de manera que aquellas se deben interpretar conjuntamente con el contrato estatal una vez se pactan, aunque son negocios jurídicos distintos y autónomos, y en general, su gestión le corresponde al oferente y posterior contratista. Es así como el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 atribuyó a las entidades estatales el deber de adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. (…) Frente a la garantía de cumplimiento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que tiene por fin respaldar la satisfacción de todas las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la entidad estatal, y respecto al buen manejo y correcta inversión del anticipo, ha argumentado que cubre los perjuicios sufridos por: i) la no inversión del anticipo, ii) su uso indebido, y/o iii) su aprobación indebida, motivo por el cual se busca otorgar un respaldo a la entidad estatal cuando dicho emolumento es indebidamente utilizado durante la ejecución negocial, considerando que se debe destinar a los gastos iniciales de la concreción del objeto contractual. Por otro lado, vale decir que durante la ejecución contractual las entidades estatales sometidas a la Ley 80 de 1993 y sus reformas se encuentran habilitadas para imponer multas conminatorias, sanciones o para declarar el incumplimiento en forma definitiva, en virtud del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción-, trámite frente al cual la jurisprudencia de la Sección Tercera ha efectuado precisiones, en punto a señalar que las multas buscan exhortar al contratista a corregir las falencias obligacionales en el curso de la concreción del objeto contractual, por lo que no son resarcitorias, sino conminatorias; las sanciones persiguen penalizar el actuar indebido del contratista; mientras que la declaratoria de incumplimiento es definitiva y puede llevar a que, adicionalmente, como producto de dicho mecanismo, se haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y, eventualmente, la garantía de cumplimiento mediante la declaratoria del siniestro, por lo que las tres figuras tienen distinto alcance.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los la protección de los recursos públicos destinados a la ejecución de contratos estatales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de junio de 2020, rad. 48945, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 9 de abril de 2025, rad. 70843, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 22 de octubre de 2012, rad. 20967, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; sentencia del 11 de mayo de 2022, rad. 65016, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 1882 DE 2018, LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 2
FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / SANCIÓN PECUNIARIA / GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS CONTRACTUALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / MULTA AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / CITACIÓN A PROCESO DE DESCARGOS / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / NORMA ESPECIAL / PREVALENCIA DE LA NORMA ESPECIAL / LEY 1474 DE 2011 / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA
Problema jurídico:
¿En ejercicio de la facultad sancionatoria de la Administración en materia de contratación estatal, el procedimiento especial previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que contempla la citación e intervención de la aseguradora como garante en la audiencia, garantiza de manera suficiente el debido proceso para la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento, sin que sea necesaria la aplicación de formalidades adicionales del CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
Frente a la facultad de la Administración en materia contractual, materializada a través de la imposición de multas y/o la declaratoria de incumplimiento, la norma (…) exige que, evidenciado un posible desconocimiento obligacional, la entidad pública debe citar al contratista y al garante -en caso de que la garantía consista en una póliza de seguros, como lo dispuso el legislador- a una audiencia para debatir lo ocurrido, haciendo mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, junto con el informe de la interventoría y la supervisión, y convocando la audiencia definitiva “que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible”. Durante la audiencia, la entidad presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación (…). Luego, concederá la palabra al contratista y al garante para que presenten descargos y alleguen las pruebas del caso y, tras ello, proferirá decisión motivada, donde consignará lo ocurrido durante la audiencia y decidirá sobre la imposición o no de las multas, las sanciones o la declaratoria de incumplimiento -entre otras determinaciones-, decisión sobre la cual solo procede el recurso de reposición, que se interpondrá y resolverá en la misma diligencia. (…) El anterior procedimiento, de raigambre especial, persigue la protección del patrimonio público, por lo que es expedito y sobrio, sin que se hubieran consagrado mayores exigencias rituales, sino que basta con citar al contratista y al garante, así como en el curso de la audiencia se dictan y notifican las actuaciones que haya lugar a proferir, por lo que no corresponde establecer formalismos mayores a los previstos por el propio legislador, pues ello tornaría en inocuo, ineficaz y tardío el poder sancionatorio que se le otorgó a las entidades del Estado. (…) el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 es regulado ampliamente por esa misma norma, por lo que prevalece frente al procedimiento residual del CPACA y, por ende, solo se acudirá a la segunda norma ante vacíos totales sobre algún asunto relacionado. Por último, considerando que la aseguradora es garante de las obligaciones del contrato, está facultada para intervenir en el procedimiento a efectos de defender sus intereses y los del contratista (…), para lo cual, en general, como tercero del iter negocial, basta la comunicación de las diligencias a realizarse para que, si a bien lo tiene, ejerza el debido proceso -en virtud del cual puede presentar descargos, aportar y contradecir pruebas, e interponer recursos, entre otros-, y en la misma audiencia se le notifica la decisión correspondiente, incluso si se declara el siniestro en esa diligencia, en concordancia con el inciso 4 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de mayo de 2025, rad. 68473, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7 INCISO 4, LEY 1464 DE 2011 - ARTÍCULO 86
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / MULTA AL CONTRATISTA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PARTE RESOLUTIVA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD ASEGURADORA / ACTIVIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / EXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SINIESTRO / AMENAZA / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO / EXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / MUNICIPIO / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / OPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La falta de mención expresa de la aseguradora en la parte resolutiva de los actos administrativos mediante los cuales la Administración impone multas al contratista afecta la validez o eficacia de dichas decisiones, pese a que aquella fue debidamente vinculada y notificada dentro del procedimiento sancionatorio, sin haberse declarado aún el siniestro ni hecho exigible la póliza?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o existe ningún vicio de eficacia y/o legalidad en torno a las Resoluciones Nos. 220 del 10 de julio de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014, debido a que el hecho de que la aseguradora no fuera mencionada no constituyó ninguna irregularidad, aunado a lo cual la negativa al aplazamiento era plenamente válida, y no se evidenciaron contradicciones, como se pasa a exponer. Efectivamente, la Sala considera que lo que la parte apelante denominó una ausencia de mención de la aseguradora en la parte resolutiva no se trata de un aspecto con la vocación de mermar la eficacia de las decisiones estudiadas, considerando que, como ya se indicó párrafos atrás, dicho elemento de todo acto administrativo consiste en que, una vez existen y se presumen válidos, se dan a conocer a sus destinatarios o a terceros, sin que las discusiones sobre el contenido de la decisión sean relevantes para ese efecto. Con todo, tampoco existía ninguna obligación en cabeza de la entidad estatal de incluir a la aseguradora en la parte resolutiva de los actos administrativos mediante los cuales se multó al contratista incumplido, porque, a pesar de haberla convocado para notificarle la decisión y que, si a bien lo tenía, manifestara sus reparos al respecto, cierto es que en los actos cuestionados en el presente cargo no se profirió ni había de proferirse ninguna decisión respecto de la aseguradora -no existía un deber de declarar la ocurrencia del siniestro, ni se estaba haciendo exigible ninguno de los amparos-, pues, en realidad, dichas decisiones se limitaron a imponer una multa por un incumplimiento parcial y exhortar al contratista a cumplir con sus obligaciones (...). Al efecto, es del caso destacar que (…) los artículos 7 (inciso 4) de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 (…) no dispusieron un momento específico para la declaración del siniestro, sino que se restringieron a señalar que aquel debía llevarse a cabo mediante acto administrativo que, posteriormente, debía ser notificado, de manera que no era mandatorio que, en la primera multa conminatoria que el municipio de Pelaya le impuso al contratista la entidad automáticamente tuviera que hacer efectiva la póliza otorgada por Seguros del Estado S.A., máxime si para ese estadio temprano del iter contractual no se sabía si el contratista la habría de pagar o si se iba a negar a hacerlo. En cualquier caso se probó que, en garantía del debido proceso, el municipio de Pelaya vinculó a la sociedad Seguros del Estado S.A. en el procedimiento sancionatorio que devino en los actos cuestionados, a efectos de escucharla y que manifestara su posición al respecto si a bien lo tenía (…). Ahora bien, en lo que versa a la Resolución No. 228 de 2014, se observa que sí se mencionó a la aseguradora pues, justamente, mediante ese proveído se resolvió el recurso de reposición en su contra, por lo que con mayor razón no existe ninguna deficiencia en la eficacia de esa decisión, pues en efecto la parte actora conoció del desarrollo y demás decisiones proferidas al interior de la actuación administrativa, motivo por el cual los actos administrativos de estudio eran plenamente oponibles a la aseguradora pese a no haber sido mencionada en la parte resolutiva de la primera actuación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el debido proceso en materia sancionatoria contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de abril de 2025, rad. 71800, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7 INCISO 4, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / AUDIENCIA PÚBLICA / SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA / ENTIDAD ASEGURADORA / SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FORMALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CORRECCIÓN DE ERROR FORMAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CORRECCIÓN DE ERROR ARITMÉTICO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO / CORRECCIÓN DE ERROR DE TRANSCRIPCIÓN EN EL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DEL EXCESO RITUAL MANIFIESTO
Problema jurídico:
¿Se vulneraron el debido proceso y las disposiciones legales aplicables, con la expedición de las Resoluciones que impusieron multas al cocontratante, por la negativa de la entidad a aplazar la audiencia de incumplimiento solicitada por la aseguradora, y por la presunta existencia de contradicciones o errores en los actos administrativos, al punto de afectar su validez jurídica?
Respuesta al problema jurídico: No
[T]ampoco se encuentra que las Resoluciones Nos. 220 del 10 de julio de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014 sean ilegales por una vulneración directa de la ley y del debido proceso, debido a que no se evidenció ninguna irregularidad por la negativa de la entidad a aplazar la audiencia de incumplimiento, sumado a lo cual no se vislumbra ninguna contradicción frente a los aspectos esenciales de los actos administrativos. Si bien se encuentra demostrado que el 7 de julio de 2014 se había iniciado la audiencia sancionatoria y la sociedad Seguros del Estado S.A. pidió su aplazamiento (...), en realidad el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 es claro en que la suspensión de la diligencia solo procede “para allegar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa”, lo que revela que el trámite de incumplimiento no podía ser paralizado a capricho de la otorgadora de la póliza, sino que debía sujetarse a circunstancias esenciales para que la diligencia se efectuara de manera exitosa. En concordancia con lo anterior, no se evidencia, para el estadio procedimental en el cual se dictaron los actos administrativos recurridos, que hubiera resultado necesario suspender y/o aplazar la audiencia de incumplimiento, pues no existe medio probatorio alguno dirigido a demostrar que la aseguradora pidió pruebas en esa etapa, ni tampoco justificó su petición de paralización en el correcto desarrollo de la actuación administrativa. (…) Por otra parte, la Sala no encuentra ninguna contradicción en las decisiones administrativas cuestionadas con la capacidad de viciar su validez, dado que, revisado su contenido se encuentra que están basadas en los incumplimientos identificados por los informes técnicos de la interventoría (...), los cuales no fueron desvirtuados por la sociedad OLT Logistics S.A.S. y, además, tampoco saltan a la vista yerros formales con la vocación de afectar la validez de las resoluciones. Precisamente, esta Corporación ha sostenido que no todo vicio respecto a los actos administrativos es configurativo de una ilegalidad, sino solo aquel que es determinante para el sentido de la decisión y/o que desconoce formalidades previstas en el ordenamiento jurídico, lo cual reafirma el propio legislador al disponer en el artículo 45 del CPACA, al prescribir que los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos pueden ser corregidos en cualquier tiempo, ya sean aritméticos, de digitación, transcripción o de omisión de palabras. (…) Por todo lo argumentado, se concluye que las Resoluciones Nos. 220 del 10 de julio de 2014 y 228 del 15 de julio de 2014 se ajustaron a derecho y no adolecen de ninguna falencia en su legalidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los vicios de los actos administrativos que configuran su ilegalidad, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de abril de 2019, rad. 05001-23-33-000-2014-02189-01(1171-18), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 45, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / MULTA AL CONTRATISTA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / AUDIENCIA PÚBLICA / SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA / ENTIDAD ASEGURADORA / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTIVIDAD ASEGURADORA / OMISIÓN DEL RECURSO JUDICIAL / LEY 1474 DE 2011 / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / APLAZAMIENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA
Problema jurídico:
¿Adolecen de algún vicio de legalidad las resoluciones demandadas por vulneración del debido proceso, al haberse negado el aplazamiento de la audiencia de incumplimiento, cuestionarse la forma de citación y notificación a la aseguradora, y limitar su intervención en la diligencia en la que se resolvió el recurso de reposición?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o se evidencia ninguna falencia en la eficacia o la legalidad de las Resoluciones Nos. 271 del 21 de agosto de 2014 y 273 del 26 de agosto de 2014, debido a que sí se convocó a la aseguradora a la audiencia donde se dictaron, sin que hubiera una obligación de aceptar el aplazamiento pedido, así como la segunda diligencia estaba circunscrita a resolver el recurso de reposición presentado por la sociedad OLT Logistics S.A.S., de manera que no resultaba imperativa su participación, como se pasa a exponer. (…) En el asunto de estudio, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 reguló integralmente el procedimiento de incumplimiento a efectos de, entre otros, la imposición de multas, y simplemente estableció que “en el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera [que el contratista]”, es decir, solamente se prescribió que a la aseguradora se le comunicaría o pondría en conocimiento la diligencia para que, si a bien lo tiene, ejerza su derecho de defensa. Es por lo expuesto que la Sala no encuentra ninguna irregularidad en la citación a la sociedad Seguros del Estado S.A. frente a la convocatoria a la diligencia mediante la cual se interpuso la segunda multa. (…) [S]i la sociedad aseguradora no asistió a la audiencia y, por tanto, no interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo fue debido a su actuar, pero no porque el Municipio le hubiera limitado dicha posibilidad. Aunado a lo anterior, la Sala estima que, en el presente caso, de cualquier modo, tampoco correspondía surtir el trámite de notificación del CPACA, pues, una vez más, como quedó visto en precedencia, prevalece la regulación integral que sobre la materia consta en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, disposición jurídica que determinó que las decisiones dictadas en la diligencia en referencia se notifican en la misma audiencia. Ahora bien, con relación a la Resolución No. 273 del 26 de agosto de 2014, está acreditado que dicho acto se dictó en presencia de la aseguradora, por lo que no es acertado que alegue que no le fue notificado. (…) [T]ampoco se vislumbra ninguna infracción al debido proceso y de la normativa superior por la negativa del municipio de Pelaya a aplazar la segunda audiencia de incumplimiento y por limitar la diligencia para decidir el recurso de reposición presentado por la sociedad OLT Logistics S.A.S. a esa labor, pues, como se explicará, ello no representó irregularidad alguna, y estuvo enmarcado en las reglas de la potestad sancionatoria de la Administración del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. (…) [L]a sociedad Seguros del Estado S.A. solicitó el aplazamiento de la audiencia de incumplimiento basada en que su apoderada tenía otro asunto ante una entidad distinta, así como porque su ingeniero tenía compromisos de carácter técnico, argumento que, a juicio de la Sala y derivado de las circunstancias particulares del caso, resultaba a todas luces insuficiente para excusarse por no asistir teniendo en cuenta que se le dio a conocer la fecha del trámite de manera temprana y podía designarse un nuevo apoderado (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la notificación, publicación y conocimiento de los actos administrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de junio de 2025, rad 72050, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / AUDIENCIA PÚBLICA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / NOTIFICACIÓN EN AUDIENCIAS / PREVALENCIA DE LA NORMA ESPECIAL / INASISTENCIA A AUDIENCIA / SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA / EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INASISTENCIA INJUSTIFICADA A LA AUDIENCIA INICIAL / ENTIDAD ASEGURADORA / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS / MORA DEL CONTRATISTA / TRASLADO DE LA PRUEBA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / AUDIENCIA POR MEDIOS VIRTUALES / NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE / VALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE / OPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es oponible a la aseguradora la resolución administrativa que hizo efectiva la cláusula penal y declaró el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo, pese a su inasistencia injustificada a la audiencia de incumplimiento en la que fue proferida, teniendo en cuenta que la notificación de la decisión se surtía en estrados, sin que fuera viable aplazar la diligencia, dado que en todo caso, la aseguradora conoció el contenido del acto por conducta concluyente?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o existe ninguna irregularidad respecto a la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014 en cuanto a su eficacia y validez, debido a que sí se le notificó a la aseguradora la fecha de realización de la audiencia y, no obstante, no acudió; no era dable aplazarla o realizarla virtualmente por no existir justificación para ello; no existieron anomalías respecto a la prueba recaudada y; finalmente, la suma que se fijó por indebido manejo del anticipo fue acertada, como se pasa a explicar. Primero, en cuanto al reproche de eficacia a partir del cual la apelante indicó que la audiencia donde se dictó la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014 y dicha decisión no le fueron notificadas, vale destacar, como se hizo al resolver el segundo cargo de apelación, que en virtud del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, a la entidad estatal le corresponde, de programar una audiencia de incumplimiento contractual, convocar al contratista y, además, a la aseguradora garante, comunicándole aspectos como la fecha de la diligencia y el alcance de la mora que busca atribuirle al cocontratante incumplido. Una vez se inicie la diligencia, se oirá a los interesados, de haber asistido, para luego dictar la decisión que corresponda, que se notificará en la misma diligencia. (…) [E]l municipio convocó una audiencia para trasladarle la prueba a la aseguradora y sin justificación alguna esta se ausentó y, en todo caso, se ofreció a que conociera de dicho medio probatorio en la audiencia final de incumplimiento, a la cual la aseguradora tampoco asistió, por lo que la apelante no puede ahora achacarle su negligencia a la entidad territorial y pretender que se debía paralizar todo el trámite ante los gravísimos incumplimientos presentados y considerando que el plazo del acuerdo de voluntades estaba por fenecer. Lo propio sucede con la solicitud de Seguros del Estado S.A. de realización de la audiencia en forma virtual, por no evidenciarse ninguna obligación de la utilización de esos canales en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 -norma especial que, de nuevo, regula la materia (…). Ahora bien, frente a la notificación propiamente de la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014, se insiste en que el trámite del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 prevé que las decisiones tomadas en el marco de esa facultad sancionatoria se notificarán -al contratista y la sociedad garante- en audiencia, sin que sean aplicables las reglas de notificación del CPACA, por lo que a la sociedad Seguros del Estado S.A. le asistía la carga de acudir al trámite correspondiente para conocer esa decisión y, como en todo caso se ausentó sin una justificación, el municipio de Pelaya no tenía la obligación de siquiera remitirle la decisión por otro medio. A lo anterior se añade que, de todos modos, y de manera similar a lo sostenido en el estudio del segundo cargo de apelación, la apelante describió integral, exhaustiva y minuciosamente el contenido de la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014 en sus intervenciones durante el curso de este proceso, por lo que, si en gracia de discusión hubiera habido alguna irregularidad en su notificación, lo cierto es que se vio saneada por haber conocido la actuación en cuestión por conducta concluyente.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
OPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / CONTRATISTA / COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO ESTATAL / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / CONTRATO DE SUMINISTRO / ENTIDAD TERRITORIAL / DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La aseguradora está obligada a asumir el pago por concepto de anticipo no amortizado, en la medida en que se encuentra acreditado que dichos recursos no fueron invertidos en la ejecución del contrato conforme a lo exigido en los pliegos de condiciones y en la cláusula contractual, lo que habilita a la entidad territorial para hacer efectiva la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n lo que concierne al cuestionamiento según el cual a la aseguradora no le correspondía asumir la suma de $2.459’497.826,45 por concepto de anticipo no amortizado, en consideración a que la contratista invirtió dichos saldos en la compra de materiales y en el transporte y alquiler de maquinaria, es absolutamente claro que ello no fue así, pues si bien, como ya se precisó anteriormente, se suscribieron varios contratos de suministro de materiales de obra y de alquiler de maquinaria y equipos, frente a los cuales los montos de $1.463’712.514 y $731’856.257 se comprometieron y desembolsaron por la entidad territorial (...), durante la ejecución negocial se echó de menos la presencia de tales insumos, que de ninguna manera se utilizaron en la obra. Inclusive, el 27 de noviembre de 2014 los proveedores de la sociedad OLT Logistics S.A.S. manifestaron expresamente que los dineros girados dentro del anticipo por las sumas de $1.463’712.514 y $731’856.257 no les fueron entregados (...), lo que pone en evidencia que, con mayor razón, dichos saldos no se utilizaron y/o siquiera giraron por el contratista para adquirir los insumos necesarios para la correcta consecución del proyecto, escenario que, a su vez, guarda coherencia con un porcentaje de avance final menor al 2%. A partir del contexto anterior, es forzoso concluir que, contrario a lo sostenido en la apelación por la sociedad Seguros del Estado S.A., el anticipo no fue invertido en el proyecto como lo exigían el numeral 4.5.3. de los pliegos de condiciones y la cláusula sexta del contrato No. 022 del 16 de enero de 2014, en el sentido de que “no se destinaría a fines distintos a los del plan de inversión aprobado por la interventoría” (...), lo que habilitaba totalmente al municipio de Pelaya a hacer efectiva la póliza No. 75-44-101054421 en cuanto a su buen manejo y correcta inversión. Así las cosas, la Sala encuentra que no existe ninguna irregularidad en cuanto a la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014 respecto de sus elementos de eficacia y/o de validez, de modo que tenía la vocación de surtir plenos efectos jurídicos frente a la sociedad Seguros del Estado S.A. y, además, contaba con los atributos de ejecutoriedad y ejecutividad, producto de su legalidad y firmeza.
RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / GARANTÍA CON EL CONTRATO DE SEGURO / GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / RIESGO PREVISIBLE / HECHO IMPREVISIBLE / PREVISIBILIDAD DEL DAÑO / CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / INDEBIDA NOTIFICACIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO
Problema jurídico:
¿En el marco del aseguramiento de los contratos estatales, la falta de notificación oportuna de una alteración del estado del riesgo, da lugar a la terminación del contrato de seguro, sin perjuicio de que la aseguradora continúe obligada a indemnizar los perjuicios derivados de los amparos cuyo riesgo no se vio afectado por dicha modificación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a función de aseguramiento de los contratos estatales tiene por fin preservar el objeto negocial y los recursos invertidos para su materialización, por lo que la cobertura adquirida suele prever los riesgos más destacados durante la ejecución negocial, entre ellos el indebido manejo del anticipo y la calidad de la obra. Con todo, puede haber eventos en los cuales, sin perjuicio de la garantía otorgada, el riesgo cubierto declarado en línea con el artículo 1058 del Código de Comercio se distorsiona por circunstancias que pueden ser ajenas o del entero resorte de una de las partes, lo que, en los términos del artículo 1060 del Código de Comercio cuando no se notifica en debida forma en principio lleva a la terminación del contrato de seguro, con la precisión de que el seguro permanecerá vigente, y la aseguradora deberá indemnizar los perjuicios que se ocasionen por los siniestros que se originen en amparos cuyo riesgo no se alteró.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1058, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1060
IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EXCEPCIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / AGRAVACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO / DECLARACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / FACULTADES DEL INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / SUBROGACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ASEGURADOR / SOCIEDAD FIDUCIARIA
Problema jurídico:
¿Debe concluirse que el alegado indebido manejo del anticipo, invocado por la aseguradora bajo la figura de la excepción de contrato no cumplido y la supuesta culpa exclusiva del municipio y de la interventoría, no configura una causal eximente de responsabilidad que la libere de asumir el riesgo cubierto por la póliza, en la medida en que no se acreditó irregularidad alguna en la actuación de dichas entidades ni una alteración del estado del riesgo atribuible a estas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Aclarado el alcance de la alteración del estado del riesgo, no se evidencia que la figura en cuestión se configure respecto a todos los actos administrativos cuestionados, debido a que no se encontró ningún mal manejo del municipio de Pelaya o de la interventoría frente al anticipo, ni el ente territorial estaba obligado a liquidar el contrato para cobrar las sumas de dinero cubiertas por la garantía. Ciertamente, de la lectura del pliego de condiciones y la cláusula decimocuarta del acuerdo de voluntades No. 022 de 2014 no se deriva ninguna obligación de entregar el anticipo luego de la suscripción del inicio de la fase II del contrato, pues bastaba para tal efecto la emisión del acta de inicio del plazo de ejecución de las obras -además de otros requisitos cuyo incumplimiento no se invocó- (...). Tampoco se deriva del clausulado contractual o del pliego de condiciones un deber del interventor de avalar el anticipo, como sí de dar un visto bueno los gastos que se pretendiera cubrir con esa erogación, lo cual se efectuó al aprobarse el plan de inversión del anticipo, que contó con la firma del representante legal de la interventoría, aspecto que era suficiente para que, una vez presentadas las órdenes de giros por los valores allí consignados la fiduciaria efectuara los desembolsos correspondientes, como en efecto sucedió frente a las sumas de $1.463’712.514 y $731’856.257 (...). Ahora bien, en cuanto a lo que la apelante denominó “tercer giro del anticipo”, se probó que consistió en el vaciamiento de la fiducia constituida para proteger dicho saldo sin autorización de la entidad contratante y de la interventoría (...), motivo por el cual, sin perjuicio de que la última entidad no estaba obligada a avalar el movimiento monetario en cuestión, no existe ninguna responsabilidad en cabeza de aquellas por esa razón, cuando se encuentra que indagaron a la sociedad fiduciaria y fue aquella la que asumió la culpa de lo acaecido mediante actos como solicitar la devolución de los saldos despojados (...). Ante ese escenario, la aseguradora estaba plenamente facultada para, a partir de la subrogación de que trata el artículo 1096 del Código de Comercio, perseguir judicialmente al directo responsable de la pérdida de recursos, que en este caso habría sido la sociedad OLT Logistics S.A.S. y, eventualmente, la sociedad fiduciaria, en lugar de atribuirle los costos de la cobertura a la víctima del siniestro, máxime si no tuvo que ver con la concreción del riesgo asegurado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las facultades de la interventoría en la relación contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de 2024, rad. 67095, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1096
IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COBRO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / MONTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / SALDOS A FAVOR / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE SALDOS A FAVOR / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / INDEBIDA DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / MORA DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Para hacer efectiva la póliza de cumplimiento en el contrato de obra, no era necesario liquidar previamente el contrato, en la medida en que no existían saldos a favor del contratista, la aseguradora no podía imponer condiciones no pactadas por las partes del negocio jurídico y, en consecuencia, estaba obligada a asumir el riesgo cubierto conforme a las decisiones adoptadas por la entidad territorial?
Respuesta al problema jurídico: Si
[F]rente al reproche según el cual solo se podía cobrar el monto cubierto por la póliza hasta que se liquidara el contrato, esta Subsección evidencia que en el contrato de obra No. 022 de 2014 se convino que la póliza de seguros se haría efectiva de no haber saldos a favor del contratista (...), sin que necesariamente se deduzca de ello algún deber de liquidar el contrato para llegar a esa conclusión, como erradamente lo sostiene la parte apelante. (…) [E]ra plenamente claro que no había ningún saldo en favor de la sociedad OLT Logistics S.A.S., debido a que ejecutó apenas el 2% del contrato y se apropió de un gran porcentaje de los recursos del anticipo en forma -al parecer- fraudulenta e ilegal (...), lo cual fue sustento de decisiones como la Resolución No. 355 del 22 de octubre de 2014, donde entre otros se practicó una prueba para determinar con el mayor detalle posible la mora obligacional, sin que, entonces, fuera dable esperar hasta liquidar el negocio jurídico para que la aseguradora asumiera sus obligaciones. Vale recordar que la liquidación del contrato es una prerrogativa en favor de las partes del acuerdo de voluntades, por lo que terceros ajenos a la relación negocial no están investidos para pedirla y/o realizarla por su cuenta, so pena de usurpar los derechos de los cocontratantes.
COMPULSA DE COPIAS / COMPULSA DE COPIAS PARA INVESTIGACIÓN EN EL TRÁMITE / FINALIDAD DE LA COMPULSA DE COPIAS / ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / RESPONSABILIDAD FISCAL / RESPONSABILIDAD PENAL
Problema jurídico:
¿Ante la no materialización del objeto del contrato de obra, pese al desembolso del anticipo por parte del municipio y su indebida utilización por el contratista, resulta procedente compulsar copias a las autoridades competentes para que investiguen las eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales derivadas de tales hechos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala no puede perder de vista, a partir de los hechos probados reseñados, que el objeto del contrato de obra No. 022 del 16 de enero de 2014 no se logró materializar pese a que el municipio de Pelaya efectuó varios giros de dinero por cuenta del anticipo convenido, emolumentos que, por demás, no fueron invertidos en el proyecto y, a su vez, fueron retirados indebidamente por la sociedad OLT Logistics S.A.S., conductas que le corresponde evaluar a las autoridades competentes en sede disciplinaria, fiscal y penal. Como consecuencia, se compulsarán copias a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación para que, si a bien lo tienen, determinen las eventuales responsabilidades derivadas de la situación en comento.
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ENTIDAD ASEGURADORA
Problema jurídico:
¿Hay lugar a condenar en costas en segunda instancia a la sociedad Seguros, en su calidad de apelante, cuando el recurso de apelación no prosperó?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas en segunda instancia a la sociedad Seguros del Estado S.A., quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, ya que aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que, de todos modos, en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no intervino en segunda instancia, motivo por el cual aquellas no se entienden causadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la causación de agencias en derecho, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2021, rad. 51034, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365.8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366