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¿Resulta procedente la nulidad de los actos mediante los cuales se impuso una multa al titular de un contrato de concesión minera por el reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales, dada la falta de delimitación del área del Contrato luego de la declaratoria de utilidad pública e interés social decretada por el Ministerio de Minas y Energía? No
El contratista no puede obtener la nulidad de los actos mediante los cuales se impuso una multa por el reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales, ya que la Autoridad Nacional Minera (ANM) no estaba obligada a delimitar el área del contrato luego de la declaratoria de utilidad pública e interés social decretada por el Ministerio de Minas y Energía, y el contratista conocía la existencia de traslapes con terrenos destinados a un proyecto de utilidad pública. Además, la ANM no estaba obligada a inscribir en el Registro Minero Nacional el acto administrativo que declaró como de utilidad pública e interés social los terrenos destinados al proyecto hidroeléctrico, y el contratista no solicitó a la ANM que definiera el área del contrato. Por lo tanto, la Sala reitera que el incumplimiento del contrato no puede justificarse por la falta de definición del área del contrato, y que la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación debe ser condenada en costas y agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La supuesta falta de definición del área del contrato habilitaba al titular minero para dejar de cumplir las obligaciones a su cargo?¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque el contratista demandante, no cumplió oportunamente con el trámite y soportes, exigidos en el procedimiento previsto para el recobro de los gastos, preestablecido contractualmente? Sí
Cuando el contratista no presenta oportunamente los soportes de un recobro dentro del procedimiento preestablecido en el contrato, pierde el derecho al reembolso, pues las partes están obligadas a cumplir los plazos y requisitos pactados. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el procedimiento contractual exige iniciar el recobro al terminar los diagnósticos o las reparaciones, sustentar los gastos con soportes ante la entidad contratante y presentar los documentos dentro del plazo máximo, so pena de rechazo. Segunda, el contratista no justificó oportunamente los gastos ante la entidad contratante, y solicitó plazos adicionales que fueron concedidos hasta una fecha determinada. Tercera, los soportes se entregaron después de esa fecha, cuando la solicitud ya era extemporánea, sin que la intervención del ente territorial a favor del contratista subsanara el incumplimiento. En consecuencia, la providencia revoca la decisión de primera instancia, porque el demandante no acreditó la entrega oportuna y completa de los soportes. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante resultó vencida –se revocó totalmente la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, por lo tanto, asumirá las costas procesales de ambas instancias…
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado?¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista?¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
¿Qué régimen de contratación se aplica a las Empresas Sociales del Estado y qué normas del sistema de compra pública les son exigibles?
Las Empresas Sociales del Estado se rigen en materia contractual por el derecho privado, conforme al numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, y pueden utilizar de manera discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación. Sin embargo, en el desarrollo de su actividad contractual aplican los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y están sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal, según el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Esto implica que el derecho privado no las exime de las reglas de transparencia y de responsabilidad que aplican al contrato estatal. Para la supervisión, la normativa exigible incluye el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que faculta al supervisor a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución contractual, y le impone el deber de informar a la entidad sobre los hechos que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. En la práctica, la ESE debe contratar bajo el derecho privado, pero observar los principios, el régimen de inhabilidades y las obligaciones de supervisión aplicables al contrato estatal.síntesis automática
También resuelve:Empresas sociales del estado: régimen contractual, derecho privadoPlaneación: seguridad y salud en el trabajo, actividades de alto riesgo, incorporación en los documentos del procesoSupervisión e interventoría: entidades públicas, empresas sociales del estado
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran la caducidad del contrato estatal cuando se evidencia su incumplimiento, ya que la entidad administrativa justificó adecuadamente el incumplimiento del contratista, y la Sala considera que la entidad demandante no tiene el interés directo requerido para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, dado que su interés en la nulidad del convenio es indirecto y no afecta sus derechos directos en la caducidad del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales en ausencia de cláusulas compromisoriarespetando la posibilidad de renuncia tácita a la justicia arbitral, y matiza la posición respecto a la legitimación en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta de contratos estatales, estableciendo que los terceros ajenos al contrato deben demostrar un interés directo en el acto administrativo cuestionado.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo suscrito entre el municipio de Jamundí y Coopmunicipios…¿Resulta procedente la nulidad de los actos contractuales que declararon la caducidad administrativa del contrato de outsourcing…¿Se acreditó la violación al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción, en la declaratoria de caducidad del contrato de outsourcing por el incumplimiento de las obligaciones del…
DICTAMEN PERICIAL,PROCESOS DE CONOCIMIENTO,CONTRATO SINALAGMÁTICO,TÍTULO EJECUTIVO,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA,LIQUIDACIÓN DE CONTRATO – Objeción por error grave,Diferencias con procesos ejecutivos,Acreditado – Mes: octubre – Año: 2015…
¿Es procedente en esta instancia analizar una petición que no fue elevada oportunamente por el medio que el ordenamiento previó para tal efecto? No
El contratista no puede plantear súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, ya que esto vulnera el principio de congruencia, y si la entidad demandada tenía la intención de que la jurisdicción emitiera un pronunciamiento sobre el anticipo no amortizado por su contraparte, debió presentar una demanda de reconvención dentro del lapso legalmente establecido. La Sala confirma que no es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal, lo que implica que la entidad accionada no puede invocar nuevos argumentos en el recurso de apelación que no fueron planteados en primera instancia, matizando precedentes sobre la procedencia de la demanda de reconvención y la necesidad de agotar los medios procesales adecuados para reclamar créditos.síntesis automática
También resuelve:¿No pueden plantearse súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, porque con ello se vulnera el principio de congruencia?¿Si la entidad demandada tenía la intención de que la Jurisdicción emitiera un pronunciamiento atinente al anticipo no amortizado por su contraparte debió presentar demanda de reconvención dentro del…¿No es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando ello no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal?
¿Existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite? Sí
El interventor no comete ilegalidad al emitir un informe en su calidad de director de interventoría, incluso si ha sido removido de cargos administrativos superiores, siempre que la firma del informe sea consensuada y legalmente válida, y no afecte la continuidad de la obra. En este caso, el señor, quien era director de interventoría, emitió un informe crucial para el procedimiento administrativo sancionatorio, a pesar de haber sido removido del cargo de subgerente. Su firma en el informe fue avalada por la presencia del representante legal de la sociedad interventora en las reuniones y la firma conjunta de las actas, lo que garantizó la legalidad del documento. Como resultado, la Sala considera que el informe no es ilegal y lo tiene en cuenta para estudiar el procedimiento administrativo sancionatorio, descartando la supuesta infracción del literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿Se demostró que el informe de interventoría tuviera las inconsistencias alegadas por el demandante?¿El contratista debe demostrar que las precipitaciones invernales superaron el grado de previsibilidad necesario para ocasionar la fractura de la ecuación contractual?¿La suspensión de mutuo acuerdo del contrato puso al contratista en un estado de incumplimiento contractual?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Por otra parte, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y este por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzgaría las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. De tal modo, como EMCALI es una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como empresa industrial y comercial del Estado (artículo 17 de la Ley 142 de 1994), es una entidad pública del nivel territorial, perteneciente al sector descentralizado por servicios, en los términos de la Ley 489 de 1998.
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento?¿Procede el reconocimiento de la valoración de la copia simple de documento?¿Los contratos celebrados por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se rigen por el derecho privado pero deben respetar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y el régimen de…
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
¿Debe inhibirse de fallar el juez cuando para estudiar las pretensiones de la demanda [incumplimiento de la contratante] era necesario que la parte demandante pidiera la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato por parte del contratista y no solo la del que lo liquidó de forma unilateral? Sí
En las controversias contractuales, cuando la pretensión de incumplimiento requiere previamente la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contratista, el juez debe inhibirse de fallar de fondo si la demanda no solicitó esa nulidad. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el acto que declara el incumplimiento es un presupuesto para estudiar las pretensiones, de modo que su nulidad debe pedirse expresamente. Segunda, la demanda que solo pide la nulidad del acto de liquidación no permite resolver el incumplimiento, pues el acto que lo declaró queda vigente. En el caso, el instituto declaró el incumplimiento total del contrato y ordenó su liquidación, y la demanda no pidió la nulidad de ese acto, de modo que la Sala modifica la sentencia de primera instancia y se inhibe para fallar de fondo. En la práctica, el demandante debe demandar conjuntamente el acto que declara el incumplimiento y el acto de liquidación, porque de lo contrario el juez no podrá decidir las pretensiones de incumplimiento.síntesis automática
¿La demandante no estaba facultada para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU, ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, en tanto no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones? Sí
El contratista no está facultado para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, ya que no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones ni justificó los incumplimientos atribuidos a factores externos o imputables a la entidad. La Sala determinó que la contratista no demostró que durante el plazo de prórroga se presentaran circunstancias distintas a las que motivaron la adición de plazo, y que las causas que justificaron la prórroga no podían ser utilizadas para excusar incumplimientos posteriores. Además, no se probó que la contratista hubiera cumplido con su deber de coordinación con otros contratistas ni que las interferencias presentadas impidieran su cumplimiento. Por tanto, la Sala concluye que la Resolución 4690 no está incursa en falsa motivación y que no se vulneró el debido proceso administrativo en el procedimiento sancionatorio, ya que la entidad mantuvo claros y consistentes los hechos de incumplimiento desde el inicio del trámite. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la necesidad de acreditar plenamente las circunstancias que justifican los incumplimientos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se trasgredió el debido proceso de la sociedad en el marco del procedimiento administrativo que culminó con la Resolución 4690 de 2017?¿Con la expedición de las Resoluciones 1025 del 21 de marzo y 1399 del 18 de abril de 2018 se vulneró el principio non bis in ídem?¿La Resolución 2425 del 13 de junio de 2018, en la que se liquidó unilateralmente el contrato, está viciada de nulidad por falta de competencia temporal?
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
¿Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal? Sí
El contratista debe recibir las garantías del debido proceso en los procedimientos sancionatorios de la contratación estatal, incluyendo el derecho a ser escuchado previamente, a solicitar la práctica de pruebas y a controvertir las que se practiquen, lo que implica que la administración está obligada a respetar estos derechos al declarar el incumplimiento del contrato y aplicar sanciones. La Sala reitera que la omisión de la vinculación de una de las aseguradoras en un contrato de coaseguro al procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro viola el debido proceso, ya que las obligaciones asumidas por las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una, sin existir solidaridad legal ni contractual entre ellas. Además, el acto administrativo que hace efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza está viciado de nulidad, ya que la obligación de la aseguradora de asumir la indemnización de un riesgo deriva del contrato de seguro correspondiente y solo puede exigirse durante la vigencia de la póliza. Estas reglas implican que la administración debe garantizar un procedimiento justo y equitativo en todos los casos relacionados con la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se vulneró el derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo contractual de declaratoria del siniestro, al omitir la vinculación de una de las aseguradoras que hicieron parte del…¿Se encuentra viciado de nulidad el acto administrativo que hizo efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza?¿Los retrasos del cronograma de ejecución del contrato estatal son imputables al contratista por incumplimiento del plazo pactado…
Sentencia — Sentencia2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170138301LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro?¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido?¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
¿La entidad demandada violó el debido proceso de la demandante al no vincular a la aseguradora desde el inicio del procedimiento sancionatorio? No
La entidad contratante no está obligada por el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 a vincular a la aseguradora desde el inicio del procedimiento sancionatorio, y la aseguradora que participa en él ejerciendo su defensa no ve vulnerado el debido proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad estaba facultada legalmente para iniciar el procedimiento de incumplimiento e imponer la cláusula penal en ejecución del contrato, como lo hizo. Segunda, la aseguradora participó efectivamente en el procedimiento y ejerció su derecho de defensa. Tercera, la aseguradora no presentó pruebas que desvirtuaran el incumplimiento del contratista, que al terminar el contrato solo había ejecutado el 17 por ciento de su objeto. Sin embargo, la póliza de correcta inversión del anticipo solo garantizaba la indebida inversión, por lo que la aseguradora únicamente debía pagar el monto del anticipo no invertido y no el total del anticipo no amortizado. El documento reitera la distinción entre el amparo de correcta inversión del anticipo y el amparo de cumplimiento que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La obligación de amortizar el anticipo no estaba garantizada, razón por la cual no podía hacerse efectiva la póliza por este motivo?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado de manera oportuna?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre llamamiento en garantía2022-04-20Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 66001233300020190039701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el llamamiento en garantía del consorcio como interventor del contrato de obra y el Departamento de Risaralda como beneficiario de la misma que fue solicitado por el Instituto Nacional de Vías ? Sí
El contratista puede llamar en garantía a terceros, como interventores o beneficiarios de contratos estatales, siempre que cumplan con los requisitos formales y legales establecidos, incluyendo la existencia de un perjuicio que pueda derivarse de la sentencia. En este caso, la entidad estatal llamó en garantía al consorcio que actuaba como interventor y al departamento que era beneficiario de la obra, argumentando que el consorcio era responsable del desequilibrio financiero del contrato y el departamento era beneficiario del convenio interadministrativo. La entidad estatal alegó que tenía derecho legal y contractual a exigir la reparación integral del perjuicio que pudiera sufrir como resultado de una eventual condena. Como el llamamiento en garantía cumple con los requisitos formales y legales, la decisión de primera instancia fue revocada y se admitió el llamamiento en garantía al consorcio y al departamento. Esto implica que la entidad estatal puede reclamar la reparación de perjuicios causados por terceros involucrados en el contrato, no solo el reembolso de pagos derivados de sentencias.síntesis automática
También resuelve:¿El llamamiento en garantía no solo procede en casos en los que se pretenda solicitar el reembolso total o parcial del pago que tenga que hacerse como resultado de la sentencia…
¿La no ejecución del contrato es atribuible a la entidad demandada al no contar con los estudios y diseños de detalle cuando adelantó el proceso de selección y suscribió el correspondiente contrato? No
La no ejecución del contrato de obra no es imputable a la entidad contratante por la falta de estudios y diseños de detalle, cuando el alcance de los diseños complementarios estaba a cargo del contratista y este no cumplió el cronograma de entrega ni probó que se tratara de una obligación de imposible cumplimiento. Una razón es que el contratista entregó los diseños cuando ya había expirado el plazo de ejecución, y esa demora fue la causa eficiente de la imposibilidad de ejecutar la obra. Otra razón es que la detención preventiva de algunos funcionarios de la administración no se acreditó, ni se demostró cómo ese hecho impactó la ejecución. En el caso, la Sala confirmó la negación de la utilidad esperada reclamada por el contratista, porque la no ejecución no fue imputable a la administración, y modificó la liquidación judicial del contrato. Su consecuencia práctica es que la utilidad esperada no se incluye en la liquidación cuando el incumplimiento proviene del propio contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la liquidación judicial del contrato con saldo a favor del departamento demandado y a cargo de la accionante?¿Es procedente la condena en costas en ambas instancias al prosperar parcialmente las pretensiones de la demanda y el recurso de apelación?
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva?¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos?¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?