⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado
Providencia
La la Contraloría General de la República -Gerencia Departamental Colegiada del Cauca- es la autoridad competente
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2023-08-30
Sala Consulta y Servicio Civil
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020230010800
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La la Contraloría General de la República -Gerencia Departamental Colegiada del Cauca- es la autoridad competente para conocer y resolver de fondo la denuncia ciudadana anónima en contra del IGAC por el presunto detrimento patrimonial en la celebración de 80 contratos de prestación de servicios para el cumplimiento del Contrato Interadministrativo núm. 2020180002169-7 del 21 de diciembre de 2020, celebrado entre dicha entidad y el municipio de Popayán? Sí
La Sala considera que la autoridad llamada a resolver la denuncia por un presunto detrimento patrimonial en la celebración de 80 contratos de prestación de servicios suscritos por el IGAC, para dar cumplimiento al contrato interadministrativo núm. 2020180002169-7, del 21 de diciembre de 2020, celebrado entre dicha entidad y el Municipio de Popayán, es la Contraloría General de la República- Gerencia Departamental Colegiada del Cauca por cuanto: Los recursos cuya vigilancia se solicita en la denuncia son los pagados en la celebración de los 80 contratos que suscribió el IGAC para apoyo operativo del proceso de actualización catastral multipropósito en el municipio de Popayán Cauca.
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó la culpa grave del demandado al decidir el retiro de la funcionaria en estado de embarazo
Sentencia — Sentencia
2022-08-16
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 11001032600020110003300
ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó la culpa grave del demandado al decidir el retiro de la funcionaria en estado de embarazo? No
El retiro de una funcionaria en estado de embarazo, adoptado tras un estudio normativo detallado y revisado por el comité competente, no configura culpa grave del agente aunque el acto haya sido anulado, cuando la nulidad revela solo una diferencia interpretativa del ordenamiento. La regla se apoya en tres razones. Primera, la decisión fue proyectada y revisada por el comité encargado, por lo que la conducta del agente no fue descuidada, negligente ni caprichosa. Segunda, la sentencia de nulidad no puede constituir prueba de la culpa grave porque refleja una diferencia interpretativa, y el tribunal de primera instancia había considerado acorde a la norma la desvinculación. Tercera, la entidad no acreditó que los demandados tuvieran la calidad de agentes estatales ni que el demandado actuara con culpa grave. En consecuencia, se desestiman las pretensiones de la demanda de repetición. El documento reitera el valor probatorio limitado de la sentencia condenatoria para la culpa grave.síntesis automática
También resuelve:
¿De conformidad con la legislación, en los casos en los que el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o…
¿Las conductas de los agentes del Estado solo pueden juzgarse con base en la ley vigente al momento en que fueron realizadas?
Consejo de Estado
Providencia
Tiene competencia esta Corporación para resolver mediante auto de ponente
Auto interlocutorio — Auto que rechaza solicitud de nulidad
2025-10-01
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 63001233300020220005801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Tiene competencia esta Corporación para resolver mediante auto de ponente, la solicitud de nulidad procesal presentada por la parte demandante con posterioridad a la ejecutoria de la providencia que concedió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia? Sí
El Consejo de Estado tiene competencia para resolver mediante auto de ponente la solicitud de nulidad procesal presentada por la parte demandante después de la ejecutoria de la providencia que concedió el recurso de apelación, en virtud del control de legalidad previsto en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011. Asimismo, la causal de nulidad del numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso se configura cuando no se notifica debidamente el auto admisorio de la demanda a un litisconsorte necesario o a un sujeto con interés directo en el proceso, en armonía con el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por otro lado, la solicitud de nulidad procesal no puede ser admitida cuando quien la presenta no ostenta la calidad de sujeto procesal ni se encuentra directamente afectado por la causal invocada, conforme al artículo 135 del Código General del Proceso, lo que implica que las solicitudes de nulidad presentadas por quien no tiene legitimación en la causa por activa deben ser rechazadas.síntesis automática
También resuelve:
¿Se configura la causal de nulidad del numeral 8 del artículo 133 del CGP cuando no se notifica debidamente el auto admisorio de la demanda a un litisconsorte necesario o a un sujeto con interés…
¿Puede ser admitida una solicitud de nulidad procesal presentada por quien no ostenta la calidad de sujeto procesal ni se encuentra directamente afectado por la causal invocada?
¿Procede la remisión del expediente a solicitud de la Controlaría General de la República?
RECHAZA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala no estudiará lo relacionado con la suspensión de la ejecución del contrato
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2022-04-29
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000233600020160183402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La medida cautelar solicitada reúne los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA? No
El contratista no obtiene una medida cautelar solicitada si no demuestra que resulta más gravoso para el interés público negar la medida que suspender los efectos y obligaciones de un contrato cuya existencia y validez están en disputa, y que sin la medida se causará un perjuicio irremediable. En este caso, la parte demandante no acreditó estos requisitos, por lo que la medida cautelar fue negada. Además, la Sala reitera que la suspensión de un contrato requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas, y que los actos jurídicos precontractuales y contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos salvo que la ley disponga lo contrario. Estas reglas implican que los jueces no tienen competencia para suspender unilateralmente un contrato, salvo en casos excepcionales donde no exista otra posibilidad de conjurar la situación que dé lugar a su adopción.síntesis automática
También resuelve:
¿La suspensión provisional sólo procede contra actos administrativos, es decir, frente a declaraciones unilaterales que se expidan en ejercicio de una función administrativa para producir efectos…
¿Los actos jurídicos precontractuales y los contractuales emitidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios son actos administrativos?
¿Para suspender el contrato o sus obligaciones se requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes y no es suficiente la voluntad unilateral de una de ellas?
Consejo de Estado
Providencia
La Resolución Orgánica 5678 de 200517 citada en la parte considerativa, regula en el artículo 8 que independientemente de la competencia que se asuma, bien sea por la Contraloría General de la República en forma prevalente o por las Contralorías Departamentales esta debe ser integral y plena una vez dispuesto y en ejecución el Proceso Auditor por la Contraloría correspondiente.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2022-12-07
Sala Consulta y Servicio Civil
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020220021000
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Contraloría General de Boyacá es la autoridad competente para continuar con el proceso de responsabilidad fiscal 146-2021 iniciado con ocasión de las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de suministro C5M1342017 del 7 de diciembre de 2017, suscrito entre EMPODUITAMA S.A. E.S.P. y BTP Medidores y Accesorios S.A., el cual fue financiado con recursos del orden nacional, transferidos al municipio de Duitama por el Sistema General de Participaciones? Sí
La Contraloría General de la República tiene un poder prevalente respecto de la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales.… En el caso en estudio, la Contraloría de Boyacá recalca que los recursos empleados para la ejecución del contrato C5M11342017 cuyo objeto es el suministro e instalación del sistema macro de medición de plantas de totalización en Surba, Milagros Boyacogua, estuvo financiado con recurso propios.
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Es definitivo que este tipo de convenios están excluidos de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y por mandato legal su régimen es el derecho privado.
Sentencia — Sentencia
2025-07-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 23001233300020170028702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El convenio especial celebrado entre las partes está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP)? No
El contratista no está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) cuando celebra un convenio especial de cooperación, ya que este tipo de acuerdo no se inscribe en la noción de contrato estatal debido a la naturaleza asociativa y no conmutativa del interés jurídico que lo rige, lo que lo sitúa bajo el régimen del derecho privado. Esta caracterización implica que las facultades excepcionales y los actos administrativos previstos en el EGCAP no son aplicables a estos convenios, y cualquier atribución de potestades administrativas por las partes debe respetar la naturaleza contractual del acuerdo, sin poder convertirlo en actos administrativos. La Sala matiza la interpretación de que los convenios de cooperación científica y tecnológica pueden ser sometidos a procedimientos administrativos previstos en el EGCAP, estableciendo que las facultades de declarar incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal deben surgir del acuerdo entre las partes y no de la ley, lo que limita la capacidad de la administración para actuar en estos casos como si estuvieran sometidos al EGCAP.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ejercer potestades excepcionales y expedir actos administrativos en el marco de un convenio regido por…
¿Puede el Departamento, en el marco de un convenio regido por el derecho privado, ejercer las facultades previstas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para declarar incumplimiento y hacer…
¿Puede hacerse efectiva la cláusula penal pecuniaria sin la constatación previa del incumplimiento de una obligación principal?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2025-06-11
Sala Consulta y Servicio Civil
JOHN JAIRO MORALES ALZATE
Rad. 11001030600020250001600
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria en contra de una abogada, en calidad de asesora jurídica externa de una alcaldía? Sí
Teniendo en cuenta que la señora [J.M.G.] celebró el contrato de prestación de servicios núm. 01 del 14 de enero de 2020 con el municipio de Guática (Risaralda), en ejercicio de su profesión de abogada y conforme a los antecedentes que obran en el expediente, la Sala encuentra que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer y asumir la investigación disciplinaria en contra de la mencionada togada para la época de los hechos, por el presunto incumplimiento de sus deberes profesionales.… Según lo descrito en el informe de auditoría, la señora [J.M.G.], contratista del municipio de Guática, Risaralda, realizó la revisión legal de los estudios previos y de la Resolución 166 del 9 de junio de 2020 por la cual se justificó el proceso de contratación directa del Contrato No. 055-2020 suscrito entre la Alcaldía y la ESE Hospital Santa Ana de Guática, en los cuales aparece…
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
Los autos de apertura no guardan identidad
Sentencia — Sentencia
2024-06-20
Sección Primera
HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Rad. 25000234100020180043401
LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Analizar si se configuró la prescripción de las pólizas de seguro de manejo núm. 21- 42-101000813 y 21-42-10- 10001067 en el proceso de responsabilidad fiscal conforme al artículo 120 de la Ley 1474 y, en consecuencia, si se debe revocar la sentencia proferida en primera instancia. No
El contratista no configura la prescripción de las pólizas de seguro de manejo en el proceso de responsabilidad fiscal conforme al artículo 120 de la Ley 1474, ya que el término de prescripción de cinco años se contabiliza desde el auto de apertura del proceso en el que se vincula al contratista, no desde otro auto de apertura distinto y relacionado. En este caso, el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal núm. 0038/2012, en el que se vinculó al contratista, fue expedido el 11 de octubre de 2012, por lo que el término prescriptivo finalizó el 11 de octubre de 2017, fecha en la cual la entidad aún tenía tiempo para proferir una decisión en firme que declarara la responsabilidad fiscal. La Sala confirma la sentencia de primera instancia y reitera su jurisprudencia sobre el cómputo del término de prescripción en procesos de responsabilidad fiscal.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El acta de recibo final de la obra constituye un instrumento formal por medio del cual se verifica y deja constancia de la cantidad
Sentencia — Sentencia
2025-07-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020210061701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? No
El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo?
¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades?
¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 85001233300020190004601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) Sí
Los contratos que celebra un departamento son contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque la Ley 80 de 1993 define como entidades estatales a los departamentos y somete sus contratos a ese estatuto. La regla se apoya en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que incluye a los departamentos entre las entidades estatales, y en el artículo 13 del mismo estatuto, que dispone que los contratos así suscritos se rigen por esa normativa y, en lo no regulado, por las disposiciones civiles y mercantiles. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el contrato de consultoría celebrado por el departamento se analiza bajo el estatuto general. Como consecuencia práctica, la controversia sobre un contrato de consultoría suscrito por un departamento se resuelve con las reglas del estatuto de contratación pública, y no con las del derecho privado.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales…
¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso?
¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal puede acudir al medio de control
Sentencia — Sentencia
2026-03-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 20001233900020160024402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve:
¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.…
¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales…
¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: la Corte resaltó la necesidad de superar criterios abstractos como el del buen padre de familia
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-08-16
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 11001032600020110003300
ACCION DE REPETICION
¿El estudio de la culpabilidad de los agentes demandados debe hacerse con fundamento en las disposiciones del Código Civil? No
Aunque comparto la decisión de negar las pretensiones de la demanda, no considero que el estudio de la culpabilidad de los agentes demandados deba hacerse con fundamento en las disposiciones del Código Civil. De acuerdo con dicha codificación, el análisis de la culpa debe ser abordado de modo objetivo, es decir mediante la comparación de la conducta externa del demandado con la de una persona diligente. A la luz del artículo 90 de la C.P., los agentes demandados solo pueden ser condenados si se demuestra su actuar doloso o gravemente culposo, es decir, de acuerdo con un análisis subjetivo de su culpabilidad.