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Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020230016101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez adecuar el medio de control jurisdiccional al cauce procesal correspondiente cuando las pretensiones de la demanda derivan de una misma relación contractual y guardan conexión directa con su ejecución? Sí
El juez puede adecuar el medio de control jurisdiccional al cauce procesal correspondiente cuando las pretensiones de la demanda derivan de una misma relación contractual y guardan conexión directa con su ejecución, siempre y cuando la fuente del daño invoque una causa común y los hechos sean interrelacionados, lo que permite tramitar todas las pretensiones a través del medio de control judicial de controversias contractuales. Además, el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciarse a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de liquidación del contrato, siempre que éste se expida dentro del plazo legal y convencionalmente establecido, lo que implica que la caducidad es de orden público y puede ser declarada de oficio por el juez competente cuando se encuentre probada. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia sobre la aplicación del medio de control y el cómputo del término de caducidad, proporcionando mayor certeza jurídica en la interpretación y aplicación de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El inicio del cómputo del término de caducidad del medio de control debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de liquidación del contrato?¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales?
¿Los perjuicios por inversiones realizadas y utilidad dejada de percibir fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral, por lo que no podían revivirse vía liquidación del contrato? Sí
Las sumas que la entidad incluye en la liquidación unilateral del contrato a cargo del contratista, correspondientes a una multa impuesta por una autoridad ambiental, no constituyen el ejercicio de una facultad de imposición de multas contractuales, y que los perjuicios por inversiones y utilidad dejada de percibir que fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral no pueden revivirse mediante la liquidación del contrato. Una razón es que la multa había sido impuesta por la autoridad ambiental al contratista por incumplir normas ambientales en la construcción de un horno incinerador, y la entidad solo la incluyó en el cruce definitivo de cuentas. Otra razón es que las partes acordaron en el acta de terminación bilateral esos reclamos de desequilibrio, inversiones y utilidad, y además no se acreditaron en el proceso. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas. Su consecuencia práctica es que los conceptos transados en el acta de terminación no pueden reabrirse en la liquidación, y que la sanción de una autoridad ambiental no equivale a una multa contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La multa a la que se refiere la liquidación unilateral fue impuesta a la Concesionaria por el incumplimiento de normas ambientales?¿Se probó que existieran vicios en el consentimiento en la suscripción del acta bilateral de terminación del Contrato?¿Las estipulaciones del contrato fueron pactadas por las partes frente a los efectos que tendría la terminación bilateral del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020220011501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer de la apelación de los autos proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia? Sí
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, en concordancia con el artículo 243 del mismo estatuto, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de los autos proferidos por los Tribunales Administrativos que dispongan el rechazo de la demanda. En el presente caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del del 23 de junio de 2022, dispuso rechazar la demanda por considerar que había operado la caducidad del medio de control de controversias contractuales, de manera que se trata de una providencia susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 243-1 del CPACA.
También resuelve:¿El conteo del término de caducidad en los contratos que han sido liquidados después de haber vencido el término convencional y/o legalmente dispuesto para su liquidación…¿Al realizar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, teniendo en cuenta la suspensión de términos judiciales derivada de la pandemia del Covid 19…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-11-25Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020180111402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de aclaración presentada por la parte demandada cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 285 del CGP para que el juez pueda aclarar, corregir o adicionar la sentencia, considerando que la decisión ya expuso de manera suficiente y clara los motivos que sustentan la parte resolutiva? No
El juez no puede aclarar, corregir o adicionar una sentencia cuando ya expuso de manera suficiente y clara los motivos que sustentan la parte resolutiva, conforme al artículo 285 del Código General del Proceso. En este caso, la sentencia ya incluyó el rubro solicitado por la parte demandada en la parte motiva, por lo que la solicitud de aclaración no cumple con los presupuestos establecidos para tal procedimiento. La Sala niega la solicitud de aclaración, reiterando que la aclaración solo es procedente en casos de errores u omisiones en la sentencia o cuando existen conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en la parte resolutiva. Esta decisión limita la posibilidad de que las partes soliciten aclaraciones innecesarias o que no cumplan con los requisitos legales establecidos.síntesis automática
¿Cuál es la pauta del inicio del conteo del término de caducidad en asuntos de controversias contractuales cuando existen decisiones encadenadas de la Administración que subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato? Sí
El cómputo del término de caducidad para la acción de controversias contractuales comienza a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, salvo que la controversia esté directamente relacionada con la liquidación del contrato, en cuyo caso el plazo se inicia una vez concluida la liquidación o vencido el plazo para su realización. La Sala establece que cuando las decisiones administrativas subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato, el cómputo de la caducidad debe realizarse desde la ocurrencia de los hechos que dan origen a la controversia, lo que armoniza con la norma especial del artículo 136, numeral 10, literal d) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla matiza la jurisprudencia anterior y permite una aplicación más flexible del cómputo del plazo de caducidad en función de la naturaleza de los hechos que generan la controversia, evitando una aplicación rígida que podría dejar sin efecto controversias legítimas.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar las pretensiones de la demanda relacionadas con el incumplimiento de unas metas adicionales en venta, el conteo de la caducidad debió realizarse a partir de la liquidación del contrato?¿Cuáles son las hipótesis sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las particularidades del caso y el contrato?
¿La intervención del Juez en la liquidación de un contrato que no está sometido a la Ley 80 de 1993 solo es procedente si el negocio tiene una cláusula de liquidación y existe una controversia concreta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales? Sí
El juez puede intervenir en la liquidación de un contrato estatal no sometido a la Ley 80 de 1993 solo si el contrato incluye una cláusula de liquidación y existe una controversia concreta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como lo establece la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencias recientes. Esta intervención judicial se justifica por la necesidad de resolver litigios relacionados con contratos estatales y por la ausencia de un marco normativo que delimite la liquidación en ausencia de una cláusula contractual. En el caso específico, la controversia entre ECOPETROL y AISLATERM sobre reclamaciones económicas y compensaciones adicionales, junto con la existencia de una cláusula de liquidación en el contrato, permiten la intervención del juez para esclarecer el estado de cumplimiento y determinar los efectos económicos del contrato, matizando la posición anterior sobre la obligación de liquidar contratos estatales no sometidos al EGCAP.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez intervenir en la liquidación de un contrato estatal cuando no se realizó de común acuerdo ni fue practicada oportunamente por la entidad contratante…¿Puede el juez reconocer la compensación legal en ausencia de certeza, liquidez y exigibilidad del crédito alegado por el demandado?¿Puede el juez declarar probada la excepción de compensación si no existe certeza sobre la obligación indemnizatoria alegada por el demandado?
¿Al suscribir las partes un acta de liquidación bilateral sin incluir salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos, quedan jurídicamente vinculadas por el carácter declarativo y liberatorio del finiquito, de modo qué se presume la inexistencia de inconformidades y se limita la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma? Sí
El contratista y la entidad estatal quedan jurídicamente vinculados por el carácter declarativo y liberatorio del acta de liquidación bilateral, presumiéndose la inexistencia de inconformidades y limitándose la procedencia de reclamaciones posteriores respecto de hechos conocidos o razonablemente previsibles al momento de su firma, siempre que no se incluyan salvedades expresas, concretas y debidamente determinadas sobre asuntos controvertidos. La liquidación del contrato no solo implica un cruce de cuentas, sino un ejercicio de verificación técnica, económica y administrativa que establece un balance económico y jurídico del pacto concluido, con efectos vinculantes y liberatorios cuando las partes logran un acuerdo. Dado que el acta de liquidación es un negocio jurídico, las salvedades deben quedar expresas y concretas en el documento para revelar aspectos no objeto de acuerdo, y su ausencia implica el acatamiento al contenido y efectos del finiquito suscrito. Esta exigencia de orden material se alza frente a sucesos posteriores desconocidos por las partes al celebrar el acta, permitiendo reclamaciones jurisdiccionales únicamente por eventos posteriores e inicialmente desconocidos.síntesis automática
También resuelve:¿Al no existir una salvedad expresa, concreta y relacionada con hechos conocidos al momento de suscribir el acta de liquidación…¿Procede el estudio de las reclamaciones traídas al proceso, por tratarse de situaciones sorpresivas que exceptuaban a la USPEC de consignar las salvedades correspondientes en el acta de liquidación…¿Debe imponerse la condena en costas a la parte demandante, bajo el régimen objetivo previsto en el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del Código General del Proceso…
¿Indumil estaba facultada para modificar unilateralmente el acta de liquidación bilateral del contrato para descontar sumas de dinero al contratista por concepto de multa? No
La entidad que pacta descuentos o multas solo puede aplicarlos si cumple los términos del pacto, incluido el trámite previsto en la garantía, y no puede hacer un uso abusivo de su facultad unilateral. La regla se apoya en que el juez verifica el cumplimiento de los requisitos contractuales de la facultad y que la cláusula que regula las multas exige ese trámite antes de cualquier descuento de los saldos a favor del contratista. Por ello, la multa impuesta sin seguir el procedimiento de la póliza no puede descontarse de la liquidación. En el asunto, la entidad impuso una multa por la fecha de entrega sin adelantar el trámite de la póliza, por lo que el tribunal acertó al concluir que no podía descontar esas sumas de la liquidación bilateral, y la Sala confirmó esa decisión. En la práctica, los descuentos incluidos en una liquidación bilateral deben tener sustento en el procedimiento pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos emitidos por la entidad contratante en el marco de un contrato regido por el derecho privado tienen la naturaleza de actos administrativos?¿Procede la condena en costas ante la prosperidad parcial del recurso de apelación?
¿La liquidación del contrato representa el corte de cuentas o balance final de la ejecución del mismo, por lo que, más que una convención constituye un pacto jurídico, por cuanto su propósito o finalidad está encaminado a extinguir obligaciones y no a crearlas? Sí
El contratista no puede introducir una nueva argumentación en el recurso de apelación que modifique la causa petendi planteada en la demanda original, ya que esto viola el principio de congruencia, que garantiza que el juez no pueda decidir sobre asuntos no debatidos en la primera instancia. En el caso de la liquidación del contrato, esta es un acto final que pone término a las obligaciones del contrato, no una convención que genere nuevas obligaciones, por lo que las partes deben declararse a paz y salvo o dejar salvedades para futuras reclamaciones. Si las partes se declaran a paz y salvo en la liquidación, no pueden posteriormente reclamar por obras adicionales o eventos no contemplados en el contrato, como en el caso del vendaval en Santiago de Cali, salvo que se hayan dejado constancia de salvedades específicas en el acta de liquidación. Esto implica que cualquier modificación en la argumentación o en las pretensiones en el recurso de apelación debe ser congruente con lo planteado en la demanda original, de lo contrario, el juez debe abstenerse de analizar dichas modificaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta viable el análisis y eventual reconocimiento de las obras ejecutadas por la demandante con ocasión del vendaval ocurrido en la ciudad de Santiago de Cali…¿En procura de garantizar la congruencia de la sentencia, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de…
¿En el proceso se acreditó que Arenera del Sur Ltda. – En Liquidación incumplió obligaciones contenidas en los numerales 6.2, 6.3, 6.7, 6.14 y 6.15 de la cláusula sexta, así como en la cláusula décima segunda del contrato de concesión minera No. IID-09371 de 2009 suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minerías – INGEOMINAS, hoy Agencia Nacional de Minería? ¿Corresponde liquidar judicialmente el contrato de concesión minera No. IID-09371 de 2009 suscrito entre Arenera del Sur Ltda. – En Liquidación y el Instituto Colombiano de Geología y Minerías – INGEOMINAS, hoy Agencia Nacional de Minería, ordenando – exclusivamente - a la contratista cumplir con las obligaciones de hacer emanadas de los numerales 6.14 y 6.15 de la cláusula sexta, así como en la cláusula décima segunda del acuerdo de voluntades? ¿Debe declararse que la liquidación judicial se efectúa con estricta sujeción a las pretensiones incumplidas por el titular minero de carácter no pecuniario y que la Agencia Nacional de Minería podrá seguir ejecutando coactivamente las pretensiones pecuniarias incumplidas por el concesionario, cuyo incumplimiento fue declarado mediante acto administrativo en el que se declaró la caducidad del contrato? Sí
La liquidación judicial de un contrato estatal procede cuando la entidad carece de facultad para liquidarlo unilateralmente, y que el juez del contrato analiza de fondo las pretensiones incumplidas. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, sin potestad para declarar unilateralmente el incumplimiento ni para finiquitar la relación contractual, la entidad debe acudir al juez, que se pronuncia sobre las obligaciones pactadas. Segunda, el incumplimiento se acredita con conceptos técnicos de seguimiento y control que constatan la omisión de documentos exigidos para la etapa de construcción y montaje. Tercera, la liquidación judicial se ajusta estrictamente a las pretensiones incumplidas de carácter no pecuniario, de modo que las obligaciones de hacer se ordenan exclusivamente al contratista. La providencia no modifica precedente y deja a la entidad la ejecución coactiva de las obligaciones pecuniarias declaradas en el acto de caducidad. La consecuencia práctica es que la liquidación judicial se limita a lo no cumplido, mientras las sumas exigibles se cobran por la vía administrativa.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 66001233300020240047801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe determinar si la caducidad del medio de control de controversias contractuales se suspende durante el trámite de un proceso arbitral que terminó por el no pago de los honorarios y gastos del tribunal? Sí
El contratista no puede suspender el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales durante el trámite de un proceso arbitral que termina por falta de pago de los honorarios y gastos del tribunal, independientemente de la normativa aplicable, ya que la caducidad es una norma de orden público que no puede ser alterada por los acuerdos de las partes. La entidad estatal no incumple sus obligaciones al rechazar la demanda presentada por el contratista si esta se interpuso fuera del plazo establecido, ya que la falta de pago de los honorarios arbitrales no interrumpe el cómputo del término de caducidad. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que la caducidad del medio de control no se suspende por el no pago de honorarios en un proceso arbitral, lo que implica que el contratista debe cumplir rigurosamente con los plazos procesales para ejercer sus derechos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad demandante radicó demanda arbitral por este mismo conflicto ante la Cámara de Comercio de Pereira, y dicho trámite culminó porque las partes no pagaron los honorarios y gastos del…¿Las partes quedan en libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria una vez terminado el trámite arbitral por falta de pago de los honorarios?
¿De conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos suscritos por Ecopetrol, no tiene la facultad para expedir actos administrativos, razón por la cual los oficios mediante los cuales le comunicó al contratista la aplicación de los descuentos de apremio, la terminación del contrato y la efectividad de la cláusula penal pecuniaria no tienen tal condición y, por lo tanto, son determinaciones unilaterales adoptadas en desarrollo de estipulaciones contractuales? Sí
Los oficios mediante los cuales la empresa estatal comunica descuentos de apremio, la terminación del contrato o la efectividad de la cláusula penal no son actos administrativos, sino determinaciones unilaterales adoptadas en desarrollo de estipulaciones contractuales. La regla se apoya en tres razones. Primera, el régimen contractual de la empresa no le atribuye facultad para expedir actos administrativos. Segunda, la empresa tenía la facultad contractual de declarar unilateralmente los incumplimientos, aplicar los descuentos de apremio e imponer la cláusula penal, y de acudir a la jurisdicción para hacer efectivos sus derechos. Tercera, en el caso se acreditó el incumplimiento del contratista, la póliza amparaba la cláusula penal, y los incumplimientos que el contratista imputó a la empresa no tuvieron respaldo probatorio. En consecuencia, se confirma la inclusión en la liquidación de los descuentos y de la cláusula penal, y la efectividad de la garantía. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en asuntos donde se discute controversias en contratos sometidos a liquidación suscritos por…¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿Se produjo ruptura del equilibrio económico del contrato a pesar de que los sobrecostos que se habrían ocasionado como consecuencia de la mayor permanencia en obra fueron cubiertos con el rubro de imprevistos reconocidos en favor del contratista? No
Cuando los sobrecostos por mayor permanencia en obra se cubren con el rubro de imprevistos reconocido al contratista, no se configura por ese solo motivo una ruptura del equilibrio económico del contrato. La regla se sostiene en tres razones. Primera, la prolongación del plazo no se produjo por causas imprevisibles, extraordinarias y ajenas a la órbita de responsabilidad del contratista, de modo que no hay una causa exógena capaz de romper el equilibrio. Segunda, el impacto nocivo del aumento de precios durante la ejecución no se demostró, pues el contratista debe probar el costo real de ejecución que excedió los precios pactados. Tercera, el demandante no controvirtió en la apelación que los sobrecostos fueron cubiertos con imprevistos. En el caso se confirmó la sentencia de primera instancia que negó la ruptura. Sin esa prueba del costo real que supera los precios pactados, la pretensión de restablecimiento no prospera. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó el supuesto impacto nocivo que sufrió el contrato por cuenta del aumento de precios en el período de su duración?¿Puede ser desconocido lo pactado en el acta de liquidación del contrato por mutuo acuerdo?¿Solo se pueden controvertir aquellos aspectos respecto de los cuales se hubiere manifestado expresamente salvedad en el acta de liquidación final del contrato?
¿La acción contractual solo puede versar sobre aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el demandante hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo? Sí
La liquidación bilateral del contrato corresponde al balance económico de lo ejecutado y en esta se define la situación de los contratantes en relación con el estado de sus obligaciones para poder declararse a paz y salvo; en principio no es posible volver sobre lo allí acordado a menos que se consignen salvedades. Esta Corporación ha precisado que es posible consignar salvedades en dicha acta para posteriormente formular pretensiones en sede judicial, por lo tanto, esta recoge aquello que no fue objeto de acuerdo en el cruce cuentas y delimita los aspectos a discutirse a través de las controversias contractuales, en efecto, "la acción contractual solo puede versar sobre aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el demandante hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo".síntesis automática
También resuelve:¿Resulta viable el análisis de nulidad de los actos que impusieron la multa y declararon la caducidad del contrato de prestación de servicios postales…¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia, en contra de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Procede la liquidación del contrato estatal en sede judicial ante la no liquidación del mismo ni bilateral ni unilateralmente? Sí
La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para, de ésta forma, realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose quién le debe a quién y cuanto, es decir, que con dicha actuación se finiquita y se obtiene el paz y salvo de la relación negocial. La liquidación judicial es así el balance o corte de cuentas económico que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya realizado la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado.
También resuelve:¿Procede el reintegro de dineros correspondiente a un mayor valor devuelto y que no hacia parte del contrato interadministrativo?¿Procede la compensación entre las partes ante un saldo insoluto que no proviene de la obligación contractual?
¿Cómo se determina la normatividad procesal aplicable al proceso? Sí
El contratista debe determinar la normatividad procesal aplicable al proceso de controversias contractuales según la fecha en que se interpuso la demanda, en este caso, la Sala estima que la demanda interpuesta el 24 de julio de 1997 debe regirse por el Código Contencioso Administrativo de 1984, dado que la Ley 1437 de 2011 entró en vigencia posteriormente. Además, la entidad estatal es competente para conocer del recurso de apelación cuando el monto de las pretensiones indemnizatorias supera la cuantía establecida en el Código Contencioso Administrativo. En cuanto al cómputo del término de caducidad, la Sala establece que este debe iniciarse desde la fecha en que debió efectuarse la liquidación del contrato, que en este caso se prolongó hasta el 11 de mayo de 1995, y que la liquidación debió realizarse dentro de los plazos establecidos por la jurisprudencia, reiterando la importancia de cumplir con los plazos legales para la liquidación del contrato y el cómputo del término de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales?¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demanda, ya finalizado el término de ejecución del contrato…¿En los contratos que se rigen por el Decreto ley 222 de 1986, La existencia de los contratos no sujetos a la formalidad de escritura pública…
¿Para la prosperidad de las pretensiones indemnizatorias por el presunto desequilibrio económico del contrato alegado por el consorcio contratista, es necesario acreditar que dejó registrada en el acta de liquidación bilateral dicha salvedad? Sí
Para que prosperen las pretensiones indemnizatorias por desequilibrio económico del contrato, el contratista debe haber dejado registrada su salvedad en el acta de liquidación bilateral, pues las partes que firman el acta aceptan su contenido y no pueden volver sobre lo allí acordado salvo que consignen salvedades. La regla se apoya en tres razones. Primera, la liquidación es el acto final que consigna el balance general de las obligaciones y el cruce de cuentas, con el que se determina quién debe a quién y cuánto. Segunda, las salvedades u observaciones permiten conservar reclamaciones que no se extinguen con la firma del acta, por lo que deben ser claras, concretas y específicas. Tercera, la controversia del contratista se refería a la mayor permanencia en obra, a los sobrecostos y al auxilio de transporte, y estos reclamos se afirmaban incluidos en la salvedad registrada en el acta. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Las salvedades u observaciones consignadas en el acta de liquidación por las partes del contrato, deben ser claras, concretas y específicas?¿La observación consignada en el acta de liquidación bilateral carece de claridad y especificidad y por lo tanto no constituye una salvedad jurídicamente válida y eficaz que habilite al juez de lo…¿Conforme al criterio objetivo, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en segunda instancia en contratos estatales por razón de su cuantía, conforme al artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y su legitimación en la causa se acredita tanto para la entidad pública como para el contratista. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos del recurso de apelación, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, y no puede reformar puntos íntimamente relacionados con la modificación salvo que sea indispensable, garantizando la non reformatio in pejus. Además, el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social es improcedente cuando no se pactó precio y el vínculo negocial es no conmutativo, ya que la Ley 388 de 1997 permite la celebración de contratos de fiducia sin las limitaciones del régimen de contratación estatal, pero no establece una regulación especial para proyectos de vivienda de interés social. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la actuación del juez en apelaciones, mientras que matiza la posibilidad de reconocer AIU en convenios de asociación para vivienda de interés social.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista y la entidad pública contratante como partes del negocio jurídico que sirve como fuente de la controversia, se encuentran legitimados para acudir al proceso?¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los argumentos del recurso de apelación?¿Es improcedente el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social…
63001233300020170002200 de 20252025-11-25Rad. 63001233300020170002200
El contratista no puede reclamar responsabilidad contractual por la no liquidación unilateral del contrato estatal, ya que esta es una prerrogativa del poder público y no un acuerdo de voluntades, por lo que su no ejercicio no constituye incumplimiento por parte de la entidad contratante. La liquidación judicial del contrato estatal se realiza en subsidio de las modalidades bilaterales y unilaterales, y su finalidad es garantizar la efectividad de los derechos y fines del contrato, incluyendo la determinación del destino final de los recursos comprometidos y la disminución de la litigiosidad. La Sala de lo Contencioso Administrativo reitera esta posición, lo que implica que las partes deben entender que la no liquidación unilateral no genera responsabilidad contractual para la entidad estatal, y que la liquidación judicial es una opción cuando las vías convencionales resultan insuficientes.síntesis automática
También resuelve:Liquidación del contrato estatal: alcance, tipo de contratos que requieren liquidación, finalidadLa liquidación del contrato estatal –objeto: finalidad jurídica y económicaLiquidación unilateral del contrato estatal: prerrogativa del poder público, Ley 1150 de 2007 artículo 11, la no liquidación unilateral no puede ser alegada como incumplimiento de la entidad contratante
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a la vocación de doble instancia del proceso y la cuantía de la demanda que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La caducidad del medio de control de controversias contractuales es un mecanismo irrenunciable que limita el ejercicio del derecho de acción, operando como sanción por falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, y no admite suspensión salvo en casos de solicitud de conciliación extrajudicial. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, garantizando así el derecho de impugnación contra una decisión judicial. Esta sentencia reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y establece límites claros para el ejercicio del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?¿Lo que se está cuestionando es el acto de liquidación del contrato y no propiamente el cumplimiento obligacional de parte del contratista?