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Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2025-01-27Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020190030801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia que declaró probada la excepción de caducidad y negó las pretensiones de la demanda? Sí
Por cumplir los requisitos previstos en el artículo 247.1 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y de conformidad con los artículos 150 del CPACA y 293 de la Ley 685 de 2001, vigente al momento de interposición de la demanda, SE ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 24 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección C, que declaró probada la excepción de caducidad y negó las pretensiones de la demanda.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-11-11Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 66001233300020160067204LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe considerarse procedente y oportuno el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, al haberse presentado dentro del término de tres días contados a partir de la ejecutoria del auto impugnado? Sí
El contratista puede interponer un recurso de reposición dentro del término de tres días contados a partir de la ejecutoria del auto impugnado, siempre que el recurso sea interpuesto y sustentado por escrito conforme a lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el artículo 318 del Código General del Proceso. Sin embargo, la entidad estatal puede negar la solicitud probatoria en segunda instancia si la parte no explica la relación entre la prueba solicitada y los hechos de la demanda, y no demuestra que las pruebas fueron dejadas de practicar en primera instancia sin culpa de la parte que las pidió. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la interposición de recursos y solicitudes probatorias, y subraya la necesidad de que las partes expliquen claramente la relevancia de las pruebas solicitadas en relación con los hechos controvertidos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede negarse la solicitud probatoria en segunda instancia si la parte no explica la relación entre la prueba solicitada y los hechos de la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-10-21Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 25000233600020200031401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia y su decreto procederá únicamente en los eventos que prevé el artículo 212 del CPACA? Sí
Las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia, pero su decreto procede únicamente en los eventos que enumera el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. La regla establece que la prueba puede decretarse cuando las partes la pidan de común acuerdo, cuando su decreto fue negado en primera instancia o dejó de practicarse sin culpa de quien la pidió, cuando versa sobre hechos ocurridos después de la oportunidad probatoria de primera instancia y se limita a demostrarlos o desvirtuarlos, o cuando no pudo solicitarse en primera instancia por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte. También procede para desvirtuar las pruebas de los numerales 3 y 4 de ese artículo. Estas hipótesis delimitan la práctica probatoria en la apelación, de modo que fuera de ellas no hay lugar a decretarla. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la petición probatoria en la apelación debe justificar expresamente el supuesto que la habilita, porque el decreto depende de que alguno de esos eventos se configure.síntesis automática
También resuelve:¿Únicamente se surtieron las etapas de presentación de la demanda y su contestación, constituyéndose en las únicas oportunidades procesales para pedir pruebas en primera instancia?¿Teniendo en cuenta que la prueba solicitada es pertinente, conducente y útil, será decretada?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2022-03-11Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000232600020080019101ACCION CONTRACTUAL
Recurso de reposición contra auto Sí
El artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, establece que el poder de representación judicial debe ser conferido a un abogado inscrito, prohibiendo la otorgación a una persona jurídica con objeto de representación judicial. Por tanto, se confirma el auto recurrido y se reconoce personería al abogado defensor como apoderado de la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020. Además, el artículo 308 del Código General del Proceso Administrativo establece que los procesos iniciados antes de su vigencia deben seguir rigiéndose y culminando conforme al régimen jurídico anterior, es decir, el Código Contencioso Administrativo, y en sus aspectos no regulados, el Código de Procedimiento Civil, no el Código General del Proceso, debido a que este último no estaba vigente al inicio de dichos procesos.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2025-05-16Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 08001333300920230005401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia en procesos de controversias contractuales, por el factor territorial, se determinará por el lugar donde se ejecutó el contrato y, en el evento en que sean varios los jueces o tribunales competentes para conocer de asunto, conocerá a prevención el juez o tribunal ante el cual se hubiere presentado la demanda; por lo que, en vista de lo estipulado en el objeto de los contratos de prestación de servicios y dada la voluntad de la parte demandante expresada en la solicitud dirigida ante el Tribunal donde radicó la demanda, la autoridad judicial competente para tramitar el proceso de la referencia será el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla? Sí
El artículo 156 del CPACA -con la modificación de la Ley 2080 de 2021- señala que la competencia en procesos de controversias contractuales, por el factor territorial, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato.
Auto interlocutorio — Auto que admite demanda2023-09-04Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020200013400LEY 1437 REPETICION
¿Se admite la presente demanda y su reforma, presentadas en ejercicio del medio de control de repetición? Sí
Surtidas las notificaciones de la providencia que admite la demanda, el traslado de la demanda a los demandados y al Ministerio Público corre por treinta días, de conformidad con el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, término que empieza a contarse dos días hábiles después del envío del mensaje de notificación. En el caso analizado, la demanda de repetición presentada por una entidad estatal contra varios demandados fue admitida tras subsanarse dentro del término legal, y el Consejo de Estado es competente en única instancia. Por ello se ordenó notificar personalmente a los demandados, al agente del Ministerio Público y a la agencia de defensa jurídica del Estado, según los artículos 171 y 199 de la misma ley, modificados por la Ley 2080 de 2021. Además, se señaló la suma para gastos ordinarios del proceso, que debe pagarse en la cuenta indicada en la providencia, conforme al numeral 4 del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011. La providencia reitera el procedimiento de notificación y traslado vigente, sin introducir un criterio nuevo sobre la materia.síntesis automática
También resuelve:¿Se notifica personalmente la presente providencia a las partes del proceso?¿Surtidas las notificaciones, se corre traslado de la demanda a los demandados y al Ministerio Público?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2023-02-20Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220016100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral proferido en virtud de la cláusula compromisoria pactada por las partes dentro del contrato? Sí
Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 atribuye esa competencia a la Sección Tercera cuando interviene una entidad pública. Segunda, la empresa de servicios públicos domiciliarios, al ser una sociedad anónima constituida entre entidades públicas, tiene naturaleza de entidad pública conforme al artículo 68 de la Ley 489 de 1998. Tercera, el contrato contenía una cláusula compromisoria, cuyo pacto sujeta el asunto al arbitramento. Por lo tanto, la competencia para conocer del recurso de anulación corresponde al Consejo de Estado. Además, la Sala verifica que el recurso se presentó dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo, como lo exige el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. El auto admite el recurso en cuanto a la competencia, y el documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral cumplió los requisitos de oportunidad y sustentación para su admisibilidad?
¿Hay lugar a declarar la caducidad de la acción? Sí
El contratista no puede interponer una acción de repetición después de que caduque, lo que ocurre dos años después del día siguiente en que la entidad estatal debió haber pagado la condena, ya sea cuando efectúa el pago o cuando vence el plazo de 18 meses para hacerlo, según el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la acción de repetición caducó el 28 de enero de 2009, dos años después del vencimiento del plazo de 18 meses para el pago de la condena, que expiró el 27 de enero de 2007. La solicitud de conciliación presentada por el contratista el 8 de septiembre de 2009 no suspendió el plazo de caducidad, ya que la acción ya estaba vencida en ese momento. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con los plazos para interponer acciones legales.síntesis automática
También resuelve:¿El plazo de 18 meses que tenía la entidad demandada para el pago de la condena, se cumplió el 27 de enero de 2007?¿El término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-10Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 05001233300020220092201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente el decreto de las pruebas documentales solicitadas en esta instancia, al tener origen en hechos sobrevinientes que no existían para la fecha en la que culminó la última oportunidad para pedir pruebas? Sí
Las pruebas documentales que se aportan en segunda instancia son procedentes cuando versan sobre hechos sobrevinientes, es decir, cuando los documentos no existían al vencerse la última oportunidad para pedir pruebas en primera instancia. Esta regla se apoya en el artículo 212 del CPACA, que permite decretar en apelación las pruebas que la parte no pudo aducir por esa razón. Para aplicarla es necesario precisar cuándo se agotó esa última oportunidad, que en el caso fue la reforma de la demanda, pues el plazo de reforma venció antes de la existencia de los documentos. Por ello la prueba se decreta si el documento surgió después de esa fecha, no si la parte solo tardó en aportarlo. En el caso concreto el despacho revocó la decisión que había negado la prueba, porque los documentos no existían cuando venció la última oportunidad probatoria de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el momento de la última oportunidad probatoria define la admisibilidad de los documentos sobrevinientes en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de pruebas en primera instancia?¿Excepcionalmente, el juez podrá decretar pruebas fuera de las oportunidades legales previstas, cuando se trate de pruebas sobrevinientes…¿Procede decretar como prueba en esta instancia, los expedientes administrativos del Convenio Interadministrativo y el Contrato Interadministrativo de Interventoría…
¿Se configuró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El término de caducidad de treinta días del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empieza a correr desde el día en que se produce el hecho que lo activa, y si vence sin que se presente la demanda ni se radique la solicitud de conciliación extrajudicial, la caducidad debe declararse de oficio. La regla se apoya en el término de treinta días que fija la norma procesal aplicable al caso, y en que la solicitud de conciliación extrajudicial es una actuación que el demandante puede presentar dentro del mismo plazo. Por ello, el juez debe verificar el cómputo desde la fecha del acto y no aceptar la demanda extemporánea. En el asunto, el término comenzó a correr en una fecha determinada de 2012, venció sin que el demandante presentara la demanda ni la conciliación, y la Sala revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones para declarar probada la caducidad de oficio. En la práctica, la demanda de nulidad y restablecimiento contra el acto que niega la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica debe presentarse dentro de los treinta días siguientes para no caducar.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue promovido extemporáneamente?¿Los actos proferidos antes de la celebración del contrato son demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho…¿Se confirmará la condena en costas impuesta por el Tribunal en primera instancia, la cual será actualizada hasta la fecha de esta providencia?
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
¿La acción de repetición se presentó por fuera del término establecido en el artículo 177 del C.C.A.? Sí
Cuando el pago total de la condena ocurre después del vencimiento del plazo de 18 meses para su cumplimiento, el término de caducidad de la acción de repetición de dos años se cuenta desde el día siguiente a ese vencimiento, que es el hecho que ocurre primero en el tiempo. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término de dos años contados a partir del día siguiente al pago total efectuado por la entidad. Segunda, el plazo de 18 meses del inciso cuarto del artículo 177 del mismo código empieza a correr después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago, de modo que su vencimiento puede anteceder al pago. Tercera, en el caso el vencimiento de los 18 meses ocurrió primero, por lo que la acción caducó el 10 de diciembre de 2001, y la demanda presentada el 12 de agosto de 2002 resultó extemporánea. En consecuencia, la providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara probada de oficio la caducidad de la acción. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago total o, a más tardar…¿Al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales de la acción, entre ellos, la caducidad?¿El Consejo de Estado confirmó la sentencia condenatoria que impuso un pago a favor del demandado y en contra de la entidad demandante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-02-21Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020170089101LEY 1437 REPETICION
¿Los herederos de quien ostentó la condición de servidor público, que realizó las actuaciones que se califican de culposas o dolosas son los llamados a responder patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad demandante? Sí
Los herederos de un exservidor público responden patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad, siempre que se acredite su calidad de herederos y que se pruebe el elemento subjetivo de dolo o culpa grave de quien causó el daño. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la muerte no extingue las obligaciones patrimoniales, según el artículo 1625 del Código Civil, y la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial. La segunda es que la calidad de herederos se acredita con los documentos que lo demuestren, como la escritura pública de protocolización de la sucesión y los registros civiles de nacimiento. En el caso concreto, la entidad accionante aportó la escritura de la sucesión de la exfuncionaria, en la que se reconocen como herederos a sus dos hijos sobrevivientes, por lo que estos están legitimados por pasiva. La condena a los herederos depende de la prueba de la conducta culposa o dolosa, que se valorará con las pruebas del proceso. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Los herederos de la exdirectora del ICETEX se encuentran legitimados por pasiva, puesto que la parte demandante aportó el documento que los reconoce como herederos?¿El Estado se encuentra en la capacidad de repetir contra sus agentes y de esta forma reintegrar al erario público el dinero pagado por concepto de una condena?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza reforma de la demanda2022-06-10Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020210010400LEY 1437 REPETICION
¿Se rechaza la reforma a la demanda presentada, por haber operado la caducidad respecto de los pretendidos nuevos demandados? Sí
El despacho rechaza la reforma a la demanda presentada por la Rama Judicial, por haber operado la caducidad respecto de los pretendidos nuevos demandados, quienes son los herederos determinados e indeterminados de un demandado que falleció antes de ser vinculado al proceso. La reforma pretendía incluir a estos herederos como demandados y formular una nueva pretensión de condena en su contra, pero al no haberse cumplido los plazos procesales, la caducidad impide su admisión. Además, la entidad demandante solicitó la adición de hechos y documentos relacionados con la pretensión de condena, la cual también fue rechazada. Este fallo reitera la jurisprudencia sobre la necesidad de cumplir con los plazos procesales para la inclusión de nuevos demandados y la reforma de la demanda, lo que implica que las partes deben actuar con diligencia y oportunidad en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Las demandas de repetición deben instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar…¿La posibilidad de dirigir la demanda contra los herederos procede cuando quien debió ser demandado falleció antes de ser vinculado al proceso?¿La reforma de la demanda puede referirse a las partes, las pretensiones, los hechos o las pruebas?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición inicia a partir de la fecha del pago de la condena por parte de la entidad? Sí
El contratista debe presentar la demanda de repetición en un término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena por parte de la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su interpretación por la Corte Constitucional en las sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, lo que implica que los contratistas deben estar atentos a la fecha exacta del pago para evitar la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es el régimen legal aplicable en materia de acción de repetición?¿Existe legitimación en la causa por pasiva de los herederos del agente estatal en la acción de repetición?¿Se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva en la acción de repetición adelantada contra los herederos del agente del Estado que falleció antes de la interposición de la demanda?
¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio?¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado?¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conocer de las controversias contractuales que se suscitan en relación con un contrato de fiducia mercantil de administración, garantía y fuente de pago celebrado por Fiduifi S.A. absorbida por Fiduagraria S.A., ambas sociedades de economía mixta con capital público superior al 50%? Sí
En las controversias contractuales derivadas de un contrato de fiducia mercantil celebrado por sociedades de economía mixta, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente, aunque la fiduciaria haya sido absorbida por otra sociedad estatal. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la modificación introducida al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006 amplió la competencia de esta jurisdicción a los contratos en que intervienen entidades estatales. Segunda, la competencia se determina por la naturaleza estatal de las partes al momento de presentarse la demanda, y no por la excepción de falta de jurisdicción que la fiduciaria propuso y que fue resuelta por la jurisdicción ordinaria. En el caso, la sección ya se había pronunciado sobre ese alcance, y la providencia confirma la sentencia que reconoció la competencia. En la práctica, quien demande controversias de un fideicomiso estatal debe verificar la calidad de las partes al momento de la demanda, porque esa condición define la jurisdicción competente.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada por un fideicomisario para demandar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de una entidad estatal fiduciaria…
¿El poder otorgado por uno de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, y no por su representante legal, no configura la ineptitud de la demanda, sino que corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del CPC, la cual sólo puede ser alegada por la persona afectada? Sí
El contratista no configura la ineptitud de la demanda cuando otorga poder a uno de los miembros de la Junta Directiva, sino que tal situación corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del Código Procesal Civil, la cual solo puede ser alegada por la persona afectada. Además, la capacidad para ser parte del consorcio no impide que sus miembros puedan comparecer a los procesos judiciales si así lo deciden. La Sala rechaza que el Invías sea condenado por desequilibrio económico generado por asuntos ajenos a los diseños, ya que estos no fueron objeto de salvedad en el acta de liquidación bilateral. Por último, la Sala incrementa la condena impuesta por la primera parálisis del contrato estatal, considerando el impacto económico de la maquinaria en las bodegas del contratista durante dicha parálisis, lo que implica un reconocimiento de los sobrecostos demostrados.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho de que los consorcios presenten directamente la demanda, es un obstáculo para que los integrantes de tales consorcios también puedan, si así lo deciden, comparecer a los procesos judiciales?¿Debe condenarse al Invías por el desequilibrio económico del Contrato generado por asuntos¿Se debe incrementar la cuantía de la condena impuesta por el tribunal, relativa a la primera parálisis del contrato estatal…
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición? Sí
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su condicionamiento por la Corte Constitucional, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del C.C.A. La sentencia condenatoria fue proferida el 10 de noviembre de 2005 y quedó ejecutoriada el 3 de marzo de 2006 . El plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del C.C.A. corrió hasta el 4 de septiembre de 2007 y el último pago de la condena a favor de la beneficiaria se realizó el 27 de marzo de 2007 , dentro del término para pagar.
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición cuando el auto admisorio de la demanda se declara nulo por falta de competencia funcional?¿Cuáles son los presupuestos para el estudio de la responsabilidad en la acción de repetición, específicamente en la acreditación del dolo o la culpa grave cuando los hechos del proceso ocurrieron…¿Cuándo se entiende satisfecha la legitimación en la causa por pasiva en la acción de repetición?
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley?¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante?¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?