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Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer2025-07-14Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 15001233300020170104501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede la autoridad judicial decretar pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer una vez agotada la etapa de alegatos, sin que ello implique vulneración de los derechos de las partes? Sí
El juez está facultado en cualquiera de las instancias para decretar de oficio las pruebas necesarias para el esclarecimiento de la verdad mediante el auto de mejor proveer aun cuando se haya agotado la etapa de alegaciones de conclusión sin vulnerar los derechos procesales de las partes. En la providencia se decreta como prueba de segunda instancia los documentos allegados por Seguros Confianza el 17 de marzo de 2025 para establecer la suma de $621.290.070 por concepto de saldo pendiente de amortización del anticipo y rendimientos financieros causados conforme al artículo 213 del CPACA, garantizando así que la decisión se ajuste a la verdad material sin suplir las cargas probatorias de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez decretar en segunda instancia una prueba documental relacionada con un hecho sobreviniente, cuando dicha prueba es relevante para resolver aspectos sustanciales del litigio vinculados…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170213202LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia para resolver un desistimiento de las pretensiones de la demanda corresponde al juez de primera instancia? Sí
El juez de primera instancia es el competente para resolver sobre el desistimiento de las pretensiones formuladas en la demanda dentro de los procesos de doble instancia. En este auto interlocutorio que resuelve una apelación incidental relacionada con un acuerdo conciliatorio fallido, la Sala señala que carece de competencia funcional para pronunciarse sobre solicitudes de desistimiento que corresponden al a quo, confirmando la providencia recurrida por cuanto el acuerdo no cumplió los requisitos legales sustanciales exigidos, sin que proceda analizar en esta oportunidad los riesgos de condena en costas invocados por los recurrentes.síntesis automática
También resuelve:¿Está facultado el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de una entidad pública para proponer el desistimiento de las pretensiones como fórmula conciliatoria dentro de un proceso judicial?¿Está facultado el juez para pronunciarse, en una etapa procesal previa al fallo, sobre la existencia de salvedades en una liquidación bilateral del contrato estatal?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-05-15Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 18001234000020160018701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la solicitud de requerir a la parte demadada para que allegue la totalidad del expediente administrativo del Convenio No. 009 de 2013 cuando se observa que ya se encuentra incorporado? No
El despacho negará las solicitudes probatorias formuladas por la parte actora en la alzada porque: i) la petición de requerir a la parte demandada para que allegue en su totalidad el expediente administrativo del Convenio No. 009 de 2013 es inútil;… Advierte el despacho que en el expediente ya se encuentra incorporado el expediente administrativo del Convenio No. 009 de 2013.… En efecto, en la audiencia inicial celebrada el 23 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Caquetá decretó de oficio la incorporación de la documentación relacionada con el Convenio No. 009 de 2013 en las etapas precontractual, contractual y postcontractual.… En cumplimiento a lo dispuesto en la audiencia inicial…
También resuelve:¿Procede el decreto del traslado de expedientes por procesos de responsabilidad fiscal de la Contraloría cuando no se especificó la finalidad de la prueba ni la fecha de dichos procesos?
Sentencia — Sentencia2024-06-20Sección PrimeraHERNANDO SANCHEZ SANCHEZRad. 25000234100020180043401LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Analizar si se configuró la prescripción de las pólizas de seguro de manejo núm. 21- 42-101000813 y 21-42-10- 10001067 en el proceso de responsabilidad fiscal conforme al artículo 120 de la Ley 1474 y, en consecuencia, si se debe revocar la sentencia proferida en primera instancia. No
El contratista no configura la prescripción de las pólizas de seguro de manejo en el proceso de responsabilidad fiscal conforme al artículo 120 de la Ley 1474, ya que el término de prescripción de cinco años se contabiliza desde el auto de apertura del proceso en el que se vincula al contratista, no desde otro auto de apertura distinto y relacionado. En este caso, el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal núm. 0038/2012, en el que se vinculó al contratista, fue expedido el 11 de octubre de 2012, por lo que el término prescriptivo finalizó el 11 de octubre de 2017, fecha en la cual la entidad aún tenía tiempo para proferir una decisión en firme que declarara la responsabilidad fiscal. La Sala confirma la sentencia de primera instancia y reitera su jurisprudencia sobre el cómputo del término de prescripción en procesos de responsabilidad fiscal.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2022-12-07Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020220021000CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Contraloría General de Boyacá es la autoridad competente para continuar con el proceso de responsabilidad fiscal 146-2021 iniciado con ocasión de las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de suministro C5M1342017 del 7 de diciembre de 2017, suscrito entre EMPODUITAMA S.A. E.S.P. y BTP Medidores y Accesorios S.A., el cual fue financiado con recursos del orden nacional, transferidos al municipio de Duitama por el Sistema General de Participaciones? Sí
La Contraloría General de la República tiene un poder prevalente respecto de la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales.… En el caso en estudio, la Contraloría de Boyacá recalca que los recursos empleados para la ejecución del contrato C5M11342017 cuyo objeto es el suministro e instalación del sistema macro de medición de plantas de totalización en Surba, Milagros Boyacogua, estuvo financiado con recurso propios.
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2023-06-29Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170147301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de las pruebas solicitadas por la parte demandante en segunda instancia, debe ser negado al encontrarse que estuvieron bajo su custodia en primera instancia y no fueron aportadas en la oportunidad procesal pertinente? Sí
La parte actora solicita el decreto de las actas de entrega final por frentes y balances de los frentes de obra, en los términos señalados en el numeral 2 del artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, dado que, a su juicio, si bien se allegaron como anexos de la demanda y se decretaron como prueba en primera instancia, no es menos cierto que no se practicaron, toda vez que no reposan dentro del expediente.… Lo pretendido por el demandante no versa sobre pruebas decretadas y que no se practicaron, sino que trata de documentos que, pese a encontrarse bajo su custodia, no fueron aportados en las oportunidades procesales pertinentes.
También resuelve:¿El decreto de pruebas en segunda instancia procede en eventos excepcionales regulados por la ley?¿El informe técnico solicitado por el demandante no puede ser decretado como prueba, dado que con dicho documento se pretende acreditar la ejecución de obras con antelación a la presentación de la…
¿La inhabilidad para participar en procesos de selección de contratistas y contratar con el Estado cesa cuando se acredite y se declare haber recibido el pago del daño fiscal o cuando es eliminado el reporte en el Boletín de Responsables Fiscales y en el SIRI?
¿la inhabilidad para participar en procesos de selección de contratistas y contratar con el Estado cesa cuando se acredite y se declare haber recibido el pago del daño fiscal o cuando es eliminado el reporte en el Boletín de Responsables Fiscales y en el SIRI? (SIC).
También resuelve:Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual, taxatividadContratación estatal: capacidad, validez contratos, régimen de contratación, inscripciónResponsabilidad fiscal: boletín de responsables fiscales, alcance, inhabilidad, cesación
25000232400020020102103 de 20242024-08-22Rad. 25000232400020020102103
La Corte Constitucional en sentencia SU-620 de 1996, analizó la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad fiscal, el daño patrimonial y las características del proceso de responsabilidad fiscal en la Ley 42 de 1993, y al respecto consideró que El proceso de responsabilidad fiscal es un proceso de naturaleza administrativa, en razón de su propia materia, como es el establecimiento de la responsabilidad que corresponde a los servidores públicos o a los particulares que ejercen funciones públicas, por el manejo irregular de bienes o recursos públicos. Dicha responsabilidad no tiene un carácter sancionatorio, ni penal, conforme lo dispuso el parágrafo del artículo 81 de la Ley 42, en la medida en que lo que se persigue a través de la misma es obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal .
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¿Es jurídicamente procedente celebrar contratos estatales con una unión temporal cuando uno de sus integrantes se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, y si dicho reporte configura una causal de inhabilidad o incompatibilidad extensiva a la totalidad de la unión temporal?
Las uniones temporales y los consorcios son proponentes plurales que, aunque no constituyen personas jurídicas, pueden presentar ofertas y celebrar contratos estatales, según el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Por esa naturaleza, la verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, incluido el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, debe hacerse respecto de cada uno de los integrantes del proponente plural. El texto subraya que las inhabilidades son taxativas y de interpretación restrictiva, y que recaen directamente sobre los sujetos respecto de los cuales el legislador previó expresamente esa consecuencia. Por ello, cuando uno de los integrantes ha sido declarado responsable fiscal y figura en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, la situación jurídica que se analiza es la de ese integrante y no la de la totalidad de la unión temporal, salvo que la norma establezca una consecuencia distinta. La consecuencia práctica para la entidad es identificar qué integrante se encuentra reportado y evaluar la causal sobre esa persona, en lugar de excluir de manera automática a todo el proponente plural.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: definición, taxatividad, interpretación restrictivaConsorcios y uniones temporales: verificación del régimen de inhabilidades, prohibición legal para contratar con el estadoResponsabilidad fiscal por daño al patrimonio público: alcance
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-10-24Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 18001234000020160018701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la solicitud probatoria en segunda instancia relativa al traslado de los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal relacionados con el Convenio de Asociación 009 de 2013, cuando se observa que el peticionario no cumplió con la carga de determinar su pertinencia, conducencia, utilidad, la finalidad de la prueba, ni la fecha de creación de los documentos objeto de la solicitud? No
En segunda instancia, la solicitud de una prueba debe precisar su pertinencia, su conducencia, su utilidad y su finalidad, así como la fecha de creación de los documentos que se pretende incorporar. Esta carga responde a que el juez de segunda instancia solo puede decretar pruebas cuando se configure alguna de las hipótesis del artículo 212 del CPACA, y esas hipótesis no pueden verificarse si el peticionario omite los requisitos de la solicitud. Cuando la petición carece de esos elementos, el juez no está obligado a suplirlos ni a inferirlos del recurso. En el caso concreto la solicitud de trasladar expedientes de procesos de responsabilidad fiscal relacionados con un convenio de asociación no cumplió esas cargas, y además se advirtió que la prueba era inútil para demostrar el desarrollo del convenio. Por ello el auto que negó la prueba fue confirmado al resolver la reposición. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la solicitud probatoria en apelación debe fundarse en una causal del artículo 212 y en una argumentación completa desde el escrito de apelación.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2023-06-30Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 15001233300020140033601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ante la inexistencia de hechos nuevos o hechos sobrevinientes, lo procedente es negar el decreto de las pruebas documentales solicitadas en segunda instancia? Sí
Solo procede decretar pruebas en segunda instancia cuando se busca acreditar hechos nuevos o sobrevinientes al proceso, conforme a la facultad del artículo 287 del Código General del Proceso, y no cuando los documentos solicitados prueban hechos preexistentes al litigio, aunque hayan sido expedidos después del vencimiento de la oportunidad probatoria. En el caso analizado, la entidad apelante pidió como pruebas decisiones de responsabilidad fiscal sobre el contrato ejecutado con los recursos del convenio interadministrativo cuyo incumplimiento se demandaba. La Sala concluyó que esas decisiones, aunque recientes, buscaban acreditar un incumplimiento anterior a la demanda, que fue precisamente la causa para presentarla, de modo que la causal invocada no se configuraba. Por ello negó la petición probatoria formulada en la apelación. La consecuencia práctica es que la fecha de expedición de un documento no basta para considerarlo un hecho sobreviniente. La providencia reitera el criterio de que la naturaleza del hecho, y no la fecha del documento, define la procedencia de la prueba.síntesis automática
63001-23-31-000-2004-00313-012013-05-30Sección Primera
CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN,RESPONSABILIDAD FISCAL,CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN – Responsabilidad fiscal,Adición de contratos,Configuración del daño,Lesión patrimonial,Principios de la función pública,Ejercicio misional – Mes: mayo – Año: 2013…
También resuelve:Responsabilidad fiscal: adición de contratos, configuración del daño, lesión patrimonialContratos de la administración: naturaleza, principios de la función pública, ejercicio misionalConsejo de estado
50001-23-31-000-2003-00085-022013-08-15Sección Primera
PRESCRIPCIÓN EN CONTRATO DE SEGURO,PRESCIPCIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA GARANTIA DE MANEJO,RESPONSABILIDAD FISCAL,PRESCRIPCIÓN EN CONTRATO DE SEGURO,PRESCIPCIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA GARANTIA DE MANEJO – Responsabilidad fiscal,Vinculación del garante,Póliza de manejo,Aplicacion,Definiciòn – Mes: agosto – Año: 2013…
También resuelve:Responsabilidad fiscal: vinculación del garante, póliza de manejoPrescripcion en contrato de seguro: diferenciasPrescripcion ordinaria y extraordinaria: aplicación
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación2022-03-22Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020170220201ACCION CONTRACTUAL
¿Procede el estudio de la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad por parte del Juez de segunda instancia? Sí
El juez de segunda instancia no puede estudiar la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, ya que estas excepciones deben ser resueltas en la etapa de admisión de la demanda, conforme a la taxatividad establecida en el artículo 180 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 100 del Código General del Proceso. Esta regla implica que las excepciones previas y mixtas deben ser decididas en la audiencia inicial, mientras que las perentorias se resuelven en la etapa de decisión de fondo, previo agotamiento de la etapa probatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre el trámite de las excepciones procesales y su resolución en las etapas adecuadas del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de una persona que no es parte del contrato cuyo incumplimiento se pretende a través del medio de control de…
¿El sometimiento de los contratos de Ecopetrol S.A. al derecho privado altera su naturaleza de contratos estatales, y por ende, exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal? No
El sometimiento de los contratos de una entidad de economía mixta a un régimen exceptuado de derecho privado no altera su naturaleza de contratos estatales ni exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Cuando el objeto del contrato se encuentra dentro del objeto social de la entidad, su formación, ejecución, terminación y liquidación se rigen por el Código Civil, el Código de Comercio y lo pactado, incluido el manual de contratación, y no por el Estatuto General de Contratación. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 104 del CPACA asigna la controversia a esta jurisdicción con independencia del régimen sustancial del negocio, sin perjuicio del artículo 105; las instituciones que estructuran el litigio, como la interpretación del contrato, la transacción, la cláusula penal y los intereses, se resuelven con normas civiles y mercantiles; y la sujeción al derecho privado no sustrae a las partes de los principios previstos en los artículos 209 y 267 de la Constitución, aplicables por el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, los plazos de liquidación se determinan por lo pactado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En un contrato que requiere liquidación y no fue liquidado bilateral ni unilateralmente, el término de caducidad de las controversias derivadas de su ejecución se cuenta conforme a la regla general…¿Procede la liquidación judicial de un contrato estatal sometido al derecho privado, que no está obligado legalmente a liquidarse…¿Produce efectos de liquidación bilateral, con autoridad de cosa juzgada transaccional, el acta de liquidación final de mutuo acuerdo de un contrato de Ecopetrol que…
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública?¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad?¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?
¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en su calidad de interviniente y coadyuvante del recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación, se encontraba facultada para formular argumentos coincidentes dirigidos a respaldar el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación? Sí
El interviniente de una entidad pública puede actuar como coadyuvante del recurso de apelación y formular argumentos coincidentes con los del recurrente, siempre que no se opongan a los de la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho en litigio. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 610 del CGP reconoce al interviniente las mismas facultades de la entidad pública vinculada como parte, entre ellas la de coadyuvar; el artículo 320 del CGP remite, respecto del coadyuvante, al inciso segundo del artículo 71, que a su vez se armoniza con el artículo 224 del CPACA; y la coadyuvancia habilita los actos procesales permitidos a la parte que se ayuda. Por ello, el escrito de coadyuvancia presentado dentro de la oportunidad para impugnar la sentencia es admisible como respaldo de la apelación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos en que el recurso fue admitido.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de Consultoría, Interventoría de Diseños, Construcción e Interventoría de Obra celebrados por el Fondo antes del 31 de diciembre de 2014 estaban sometidos al régimen de derecho privado…¿En relación con obligaciones exigibles después de la terminación y liquidación del contrato que les dio origen, el término debe contarse, conforme a la regla general…¿Las pretensiones indemnizatorias formuladas por el Fondo contra el Diseñador y el Interventor de Diseños se ejercieron oportunamente al fundarse en el presunto incumplimiento de obligaciones de…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el proceso de controversias contractuales en el que se elevaron pretensiones en torno a un contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por una entidad pública, Empresa Departamental para la Salud EDSA? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias contractuales relativas a un contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por una entidad pública, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación de la sentencia del tribunal, según el artículo 150 del mismo código, en la versión vigente al presentarse la demanda. La regla se apoya en que una de las partes del contrato es una entidad pública departamental de salud, lo que sitúa la controversia en el ámbito de los contratos estatales. En el caso, la entidad pública departamental de salud que celebró el contrato de concesión habilita la competencia del Consejo de Estado en apelación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las controversias sobre concesiones de juegos de suerte y azar celebradas por entidades públicas son competencia de la jurisdicción, y la apelación contra la sentencia de primera instancia se resuelve por esta Corporación.síntesis automática
También resuelve:¿La Empresa Departamental para la Salud EDSA y la sociedad SUSUERTE S.A. se encuentran legitimados por pasiva y por activa, respectivamente, en los dos procesos acumulados…¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción…¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la existencia del contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por la Empresa…