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13001233300020130049101 de 20262026-11-13Rad. 13001233300020130049101
El contratista no puede celebrar contratos estatales sin la debida habilitación legal, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que limita la delegación de competencias a servidores públicos que ocupen cargos directivos o ejecutivos en la entidad. Si el delegatario no cumple con estos requisitos, la celebración del contrato constituye una contravención del derecho público, lo que configura la nulidad absoluta del negocio jurídico conforme al artículo 1519 del Código Civil. La Sala reitera que el juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta cuando el vicio sea manifiesto y las partes concurren al proceso, relevando así al tribunal del examen de otros cargos de apelación que presuponen la validez del contrato. Esta regla implica que cualquier celebración contractual por parte de un delegatario que no cumple con los requisitos legales para ejercer la competencia estatal será nula de pleno derecho, sin posibilidad de ratificación.síntesis automática
También resuelve:Nulidad absoluta del contrato: declaratoria oficiosa, estudio preferente de la validez del negocio jurídico, orden de análisis de los cargos de apelación, el artículo 1746 del Código Civil –Contrato AnuladoContrato estatal: nulidad absoluta, Artículo 44 de la Ley 80 de 1993, Artículo 1741 del Código Civil –Ilicitud del ObjetoNulidad absoluta: facultad de declaratoria de oficio, artículos 45 de la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código Civil, inexistencia de exigencia de pretensión autónoma de nulidad, límites de la facultad judicial
66001233300020160067204 de 20262026-11-13Rad. 66001233300020160067204
El desequilibrio económico del contrato… no es un eximente de responsabilidad y, en consecuencia, no excusa a las partes del incumplimiento del contrato” Las entidades estatales contratantes deben tener en cuenta que, si sus contratistas las demandan con base en unos hechos y fundamentos de derecho a partir de los cuales pretenden declarar unilateralmente un incumplimiento del contrato, las demandas son admitidas y esta actuación procesal les es notificada, no pueden posteriormente ejercer la facultad unilateral en cuestión, y, en esa medida, si pretenden obtener la declaratoria de incumplimiento de sus contratistas, así como la efectividad de la cláusula penal o la condena al pago de perjuicios, tienen que demandarlos en reconvención en el mismo proceso o presentar por separado una demanda en contra de ellos.
También resuelve:Desequilibrio económico del contrato: nociónIncumplimiento del contrato: declaratoria unilateral, competencia, administración, notificaciónIncompetencia de la entidad contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento: sustraen dicha competencia demandas notificadas antes de la firmeza de declaratoria de incumplimiento, literal C Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
54001233300020200005202 de 20262026-11-13Rad. 54001233300020200005202
El contratista no puede exigir el cumplimiento de sus obligaciones contractuales cuando circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o interés público impiden temporalmente su ejecución, por lo que la suspensión del contrato, como medida excepcional, procede por acuerdo de las partes y debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición razonables y proporcionales, excluyendo su imposición unilateral. Además, el lucro cesante no se identifica con el valor bruto de la porción del contrato no ejecutada, sino con la utilidad que el contratista habría obtenido de haber podido cumplir con sus obligaciones, lo que requiere que la parte demandante demuestre la estructura económica de la oferta y la utilidad prevista, aportando pruebas suficientes para establecer su causación. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, estableciendo criterios más precisos para la suspensión del contrato y el cálculo del lucro cesante en casos de inejecución.síntesis automática
También resuelve:Suspensión del contrato: postura del Consejo de Estado, medida excepcional, procedencia, elementosLucro cesante: metodología, cálculo, prestaciones no ejecutadas, ganancias dejadas de percibir
76001233100020050412205 de 20262026-11-12Sección TerceraRad. 76001233100020050412205
La enajenación de los productos correspondía, conforme al régimen vigente para la fecha de celebración del contrato, a una de las actividades comprendidas en el monopolio rentístico de licores. Así pues, dado que la explotación de los licores constituye un monopolio rentístico reservado a los Departamentos (sic), que a su vez se erige como fuente de financiación de servicios públicos inherentes a la función social del Estado y puesto que, según el numeral 2º, artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en los contratos celebrados con el objeto de ejercer esas actividades imperativamente y por ministerio de la ley se entenderán incluidas las diversas cláusulas excepcionales, entre ellas la de caducidad administrativa contractual, resulta obligado concluir que en el contrato No. 013 de 1996, a pesar de no haberse pactado dicha exorbitancia expresamente, se deba entender incluida, toda vez que es propia de ese tipo de convenios.
También resuelve:Régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado: Ley 489 de 1998 artículo 85, derecho privado, evolución normativa, Ley 80 de 1993 artículo 2Régimen jurídico del contrato: Ley aplicable en el tiempo, Ley 489 de 1998 artículo 93, actos y contratos, sala de consulta y servicio civilCláusulas excepcionales en contratos regidos por el derecho privado: caducidad no pactada, Ley 80 de 1993 artículo 14 numeral 2, contenido material del negocio, monopolio rentístico
¿Cuáles son los límites jurídicos de la facultad de las entidades estatales para establecer requisitos habilitantes y mecanismos de acreditación de experiencia en los pliegos de condiciones y, en particular, para exigir la correspondencia entre la experiencia de los proponentes y determinados rubros presupuestales o códigos del Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP), de conformidad con el régimen de contratación estatal, especialmente los principios de proporcionalidad…
Las entidades estatales pueden establecer requisitos habilitantes de experiencia en los pliegos de condiciones, pero esa facultad está sujeta a los límites del régimen de contratación estatal, en especial a los principios de proporcionalidad y libre concurrencia. Los requisitos habilitantes son exigencias de participación que se distinguen de los criterios de evaluación, pues estos solo asignan puntaje para establecer el orden de elegibilidad. La experiencia que acredita el proponente debe corresponder a actividades iguales o similares al objeto del contrato y clasificarse según el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, con su valor expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ello, solo puede computarse la experiencia derivada de contratos que hayan generado una contraprestación económica cuantificable, incluida la registrada en el Registro Único de Proponentes. Cuando el proponente es plural, la experiencia se verifica por cada bien, obra o servicio que ofrece, identificado en ese mismo nivel del clasificador. En la práctica, la entidad debe fijar en el pliego reglas verificables y ligadas al objeto a contratar, de modo que la exigencia no restrinja de forma injustificada la participación de los interesados capaces.síntesis automática
También resuelve:Requisitos habilitantes: noción, fundamento normativoRequisito habilitante: experiencia, verificación, Código Clasificador de Bienes y Servicios, acreditación del valor de los contratosExperiencia: expresada en smmlv, estandarización
¿En la experiencia específica de la actividad 3.3 de la Matriz 1 de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte – versión 4, la expresión “ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS” admite enrocados ejecutados en ambientes fluviales, y pueden las entidades estatales precisar o ampliar ese alcance?
El contratista debe acreditar la experiencia específica de enrocados o escolleras marítimas según la Matriz 1 de la experiencia en documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, lo que implica que la entidad estatal no puede ampliar el alcance de esta experiencia a enrocados ejecutados en ambientes fluviales, a pesar de que la experiencia general permita proyectos en ambos entornos. La entidad estatal no puede modificar ni precisar el alcance de la experiencia específica establecido en la matriz, ya que esta define las condiciones de experiencia que deben observarse en los procesos de contratación pública, lo que implica que cualquier interpretación distinta requeriría una modificación formal de la matriz por parte de Colombia Compra Eficiente.síntesis automática
También resuelve:Documentos tipo: infraestructura de transporte, experienciaDocumentos tipo de infraestructura de transporte: matriz 1, actividad 3.3, enrocados o escolleras, obras marítimas y fluvialesLa actividad 3.3 de la matriz 1 se denomina: “proyectos de construccion o mejoramiento o rehabilitacion o reconstruccion o mantenimiento de obras complementarias a canales de acceso maritimo, a canales navegables fluviales, obras de proteccion de orilla o control de inundaciones o de encauzamiento”
¿Cuál es el alcance de las causales de rechazo relacionadas con la capacidad residual en los documentos tipo de infraestructura de transporte, particularmente, lo relacionado con los saldos de contratos en ejecución –SCE–?
La entidad estatal que adelanta un proceso de obra pública de infraestructura de transporte puede prever en sus pliegos las causales de rechazo de las ofertas que considere pertinentes, siempre que no contradigan la ley ni los principios de la contratación estatal. Solo es exigible en contratos de obra pública y, como no se acredita a través del RUP, la entidad debe fijar en el pliego la forma en que el proponente demuestra sus indicadores. Cuando la entidad utiliza documentos tipo, la regla de inalterabilidad limita esa facultad, pues no puede incluir condiciones habilitantes distintas a las previstas en ellos. Así, las causales de rechazo asociadas a la capacidad residual deben armonizar con el documento tipo aplicable, que para la licitación de obra de transporte versión 4 contempla al menos tres causales relacionadas con esta condición. En la práctica, la entidad debe verificar que cada causal sea compatible con el documento tipo y con el pliego, para que el rechazo no se funde en condiciones no previstas previamente.síntesis automática
También resuelve:Capacidad residual: definición, acreditación, pliego de condiciones, causal de rechazoDocumentos tipo: causales de rechazo de la oferta, literales e, h y x, subsanabilidad
¿Cómo debe aplicarse la regla de subsanabilidad de las ofertas según los procedimientos regulados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, previsto en los parágrafos 1 al 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018?
El contratista puede subsanar errores en la oferta siempre que estos no afecten la asignación de puntaje ni sean circunstancias ocurridas después del cierre del proceso, y no puede entregar la garantía de seriedad de la oferta fuera del plazo establecido. La regla general permite la subsanación hasta el término de traslado del informe de evaluación, salvo para procesos de mínima cuantía y subasta, donde la subsanación no es posible. La entidad estatal puede solicitar aclaraciones a la oferta para entenderla integralmente, pero estas no deben alterar sustancialmente la propuesta. La prevalencia del derecho sustancial sobre las formas implica que las normas de subsanabilidad deben propender por la efectividad del derecho subjetivo. Esta regla reitera y matiza precedentes, proporcionando mayor claridad sobre los límites de la subsanabilidad y las aclaraciones en la práctica contractual.síntesis automática
También resuelve:Subsanabilidad: aplicación, regla general, excepciones, Ley 1882 de 2018Subsanabilidad y aclaración de la oferta: diferenciasPrevalencia del derecho sustancial: principio constitucional
¿Cómo puede una Entidad Estatal, establecer el cómputo del plazo de ejecución de un contrato estatal?
El contratista puede establecer el cómputo del plazo de ejecución de un contrato estatal atendiendo a las reglas de contabilización de términos previstas en los artículos 59 y 62 de la Ley 4 de 1913, que determinan que los plazos terminan a la medianoche y que los días feriados se suprimen en los plazos de días, y que los meses se computan conforme al calendario, extendiéndose el plazo hasta el día hábil siguiente cuando el mes termine en día feriado o vacante; o bien, siguiendo la voluntad de las partes expresada en las cláusulas del contrato, siempre que no se contravengan principios de equidad, proporcionalidad y buena fe contractual. Este concepto reitera la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes en la determinación del cómputo del plazo y del pago de honorarios en contratos de prestación de servicios, lo que implica que las entidades estatales deben negociar claramente estos términos para evitar controversias futuras.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: plazo, concepto, cómputo en días, cómputo en mesesContrato de prestación estatal: honorarios, pago
¿Resulta procedente que una Entidad Estatal acuda a la contratación directa por la causal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, prevista en el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, para contratar un objeto cuyo alcance corresponde al suministro, instalación, configuración y funcionamiento de una solución de software?
El contratista no puede acudir a la contratación directa por la causal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, prevista en el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, para contratar la instalación, configuración y funcionamiento de una solución de software, ya que esta causal está reservada para servicios intelectuales intuitu personae y no para la adquisición de herramientas tecnológicas. La naturaleza real del objeto contractual determina su clasificación, no la denominación que la entidad le asigne, y la contratación directa es una excepción restrictiva a la regla general de selección objetiva y libre concurrencia. Este concepto reitera la interpretación restrictiva de la causal h y subraya la necesidad de utilizar modalidades de contratación que garanticen la pluralidad de oferentes para la adquisición de software.síntesis automática
También resuelve:Software: modalidades de selección, contratación directa, Artículo 2 numeral 4 literal g) Ley 1150 de 2007, interpretaciónContratación directa: prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, Artículo 2, numeral 4, literal h), Ley 1150 de 2007, improcedencia para el aprovisionamiento de software
¿El registro presupuestal, en su condición de requisito legal de ejecución de los contratos estatales, resulta exigible respecto de aquellos contratos que no generan erogación presupuestal para la entidad estatal?
El registro presupuestal es un requisito legal de ejecución de los contratos estatales, pero su exigibilidad depende de la existencia de un compromiso que demande la afectación de recursos del presupuesto de la entidad. Cuando un contrato no genera erogaciones ni compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de la entidad, no es necesario expedir un registro presupuestal, ya que no hay una apropiación que deba comprometerse para respaldar un compromiso de esa naturaleza. Esto implica que la exigibilidad del registro presupuestal debe interpretarse de acuerdo con la naturaleza y las condiciones económicas del negocio jurídico, y no se aplica en casos donde no hay desembolso de recursos públicos ni compromisos presupuestales. Esta interpretación matiza la regla general y permite una mayor flexibilidad en la aplicación del requisito, evitando la expedición innecesaria de registros presupuestales en contratos que no implican erogaciones presupuestales.síntesis automática
También resuelve:Registro presupuestal: definición, finalidad, requisito de ejecución
¿Es procedente ejecutar recursos después del vencimiento del plazo de un convenio y antes de su liquidación?
El contratista no puede ejecutar recursos después del vencimiento del plazo de un convenio interadministrativo y antes de su liquidación, ya que esta etapa no constituye una prórroga tácita del convenio ni habilita a las partes para continuar ejecutando su objeto. La liquidación es el ajuste de cuentas donde las partes hacen un balance económico, técnico y jurídico del cumplimiento del convenio, por lo que la ejecución de recursos que nunca fueron comprometidos después del vencimiento del plazo implica ampliar el tiempo de ejecución, lo que requiere una modificación del convenio antes del vencimiento, con los soportes presupuestales correspondientes. Esta regla matiza la interpretación previa de que la liquidación permitía la ejecución de recursos adicionales, limitando así la flexibilidad en la administración de convenios interadministrativos.síntesis automática
También resuelve:Contratos y convenios interadministrativos: calidad de las partes, entidades públicasConvenios interadministrativos: noción, diferencias, contratos interadministrativos, cooperantesLiquidación: noción, alcance
¿Es revocable de forma unilateral el acto administrativo de apertura cuando se han presentado propuestas en un proceso de selección?
El contratista no puede oponerse a la revocación directa del acto administrativo de apertura de un proceso de selección, incluso después de que se han presentado propuestas, ya que la administración tiene la facultad de revisar sus propias decisiones sin mutar la naturaleza general del acto de apertura, siempre y cuando la revocación no sea imputable a errores propios de la administración y no impida la selección objetiva. La revocación directa es un mecanismo unilateral de la administración que permite corregir errores sin necesidad de consentimiento previo de los oferentes, aunque esto puede generar un daño antijurídico que la administración debe reparar. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la revocación directa es viable incluso después de la presentación de propuestas, siempre que se mantenga el interés general y se respete el deber de indemnización por daños causados.síntesis automática
También resuelve:Revocatoria directa: actos administrativos, acto de apertura, tesisDeclaratoria de desierta: procedencia, selección objetiva
¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a una sociedad de economía mixta que presta el servicio público de alumbrado público?
El contratista que presta el servicio público de alumbrado público a través de una sociedad de economía mixta con participación estatal mayor al 50% se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo cuando desarrolle actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, en cuyo caso se aplican las disposiciones legales y reglamentarias específicas de sus actividades económicas. En cualquier caso, la entidad debe cumplir con principios de la función administrativa y gestión fiscal, inhabilidades e incompatibilidades, publicidad en el SECOP II y transparencia en la contratación con recursos públicos. Esto implica que las sociedades de economía mixta con participación estatal deben seguir rigurosamente las normas de contratación estatal en la prestación del servicio de alumbrado público, matizando la interpretación de que estas entidades están exentas del EGCAP en todas sus actividades.síntesis automática
También resuelve:Contratos de concesión de alumbrado público: regulaciónSociedades de economía mixta: régimen de contrataciónEntidades con régimen especial de contratación: deber de publicidad, SECOP II, actividad contractual, recursos públicos
¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a una sociedad de economía mixta que presta el servicio público de alumbrado público?
El contratista que presta el servicio público de alumbrado público a través de una sociedad de economía mixta con participación estatal mayor al 50% se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo cuando desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado, en cuyo caso se aplica el régimen especial de contratación previsto en la Ley 1150 de 2007. En estos casos, la entidad debe cumplir con principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, someterse a inhabilidades e incompatibilidades y publicar su actividad contractual en el SECOP II cuando se financie con recursos públicos. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza jurídica de las sociedades de economía mixta y sus obligaciones en materia de contratación estatal, lo que implica mayor transparencia y control en la gestión de recursos públicos.síntesis automática
También resuelve:Contratos de concesión de alumbrado público: regulaciónSociedades de economía mixta: régimen de contrataciónEntidades con régimen especial de contratación: deber de publicidad, SECOP II, actividad contractual, recursos públicos
SUJ-025-CE-S2-2021 de 20212026-11-10Sala PlenaRad. 0088-15
El contratista no genera relación laboral ni prestaciones sociales en un contrato estatal de prestación de servicios, salvo que se demuestren los elementos configurativos de una relación laboral, en cuyo caso la realidad prevalece sobre la forma y la entidad debe reconocer y pagar las prestaciones sociales. Este contrato debe celebrarse por un término estrictamente indispensable para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, no puede cubrir necesidades permanentes y el contratista debe mantener un alto grado de autonomía en la ejecución del trabajo. La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unifica jurisprudencia al establecer que la existencia de una relación laboral no confiere la calidad de empleado público, a menos que se cumplan los requisitos de nombramiento o elección y posesión. Esta regla ofrece certeza jurídica a las autoridades y garantiza el derecho a la igualdad en la justicia contencioso-administrativa.síntesis automática
También resuelve:Sentencia de unificación: alcance de la unificación, temporalidad, solución de continuidad, efectosRelación laboral: elementos, artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, marco jurídico aplicable, ausencia de estatuto del trabajoContrato estatal de prestación de servicios: características, contrato típico, objeto, funciones ocasionales
¿ Es jurídicamente válido que un consorcio o unión temporal presente su oferta en SECOP II desde la cuenta individual de uno de sus integrantes, en lugar de utilizar la cuenta del proponente plural previamente constituido en la plataforma?
El contratista plural, conformado por un consorcio o unión temporal, debe registrarse como tal en SECOP II y presentar su oferta desde la cuenta específica del proponente plural, no desde la cuenta individual de uno de sus integrantes, debido a que la plataforma registra la oferta a nombre del usuario desde el cual se realiza la presentación, generando inconsistencias entre el oferente registrado y el sujeto que participa en el proceso. Esta regla reitera la obligación de los proponentes plurales de cumplir con los procedimientos establecidos en SECOP II para garantizar la validez y trazabilidad de sus ofertas, evitando así situaciones que impidan la adjudicación y suscripción del contrato electrónico.síntesis automática
También resuelve:Consorcios y uniones temporales: capacidad para contratar, participación en varios procesos, deber de registro en SECOP II, presentación de ofertas en SECOP II
¿La prohibición prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 impedía la celebración de convenios interadministrativos durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones territoriales de 2023?
El contratista no puede celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, según el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, ya que estos acuerdos implican una colaboración entre entidades para cumplir propósitos comunes y no una relación de intercambio económico como en los contratos interadministrativos. La Sección Tercera del Consejo de Estado reitera que la prohibición se aplica específicamente a los convenios interadministrativos y no a los contratos interadministrativos, lo que implica que las entidades estatales pueden celebrar contratos interadministrativos durante este periodo, siempre y cuando no se trate de convenios interadministrativos destinados a la ejecución de recursos públicos. Esta interpretación limita la aplicación de la prohibición a los convenios interadministrativos y no la extiende a otros tipos de contratos, lo que permite a las entidades continuar con la contratación directa para servicios onerosos durante el periodo electoral.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías: noción, prohibición de los artículos 33 y 38Alcance: restricción del parágrafo del artículo 38 Ley 996 de 2005Convenios interadministrativos: Artículo 95 de la Ley 489 de 1998
¿El hecho de que una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), sometida por disposición legal a un régimen contractual especial, actúe como ejecutora de recursos transferidos o administrados en virtud de un contrato con otra entidad estatal implica la aplicación obligatoria del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y normas complementarias)?
De acuerdo con el problema jurídico de su consulta, se expresa que el hecho de que una Empresa Industrial y Comercial del Estado —EICE— ejecute recursos transferidos o administrados en virtud de un contrato con otra entidad estatal no determina, por sí solo, su sometimiento al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —EGCAP—. El régimen aplicable debe establecerse a partir de las disposiciones legales que regulan a la entidad y al negocio jurídico correspondiente. En particular, conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, las EICE están sujetas, por regla general, al EGCAP, salvo aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector público o privado, nacional o internacional, o en mercados regulados, las cuales se rigen por las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales.
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas industriales y comerciales del estado: naturaleza jurídica, entidad descentralizada por servicios, aplicación, Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007
¿Para establecer el valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y determinar el límite máximo de adición previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, debe tomarse como referencia el SMLMV vigente en el año de celebración del contrato, aun cuando el valor contractual haya sido pactado o calculado con base en precios de una vigencia diferente?
El límite máximo de adición de un contrato estatal está fijado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que impide adicionarlo en más del cincuenta por ciento de su valor inicial. Esa restricción aplica a cualquier incremento del valor inicial, sin importar la denominación que las partes den al acuerdo, sea otrosí, adición o modificación. Cuando el valor del contrato se expresa en salarios mínimos legales mensuales vigentes, el límite se determina en el número de SMLMV por los cuales puede adicionarse el contrato. Fuera de esos límites cuantitativos y de la cláusula excepcional de modificación, las normas no desarrollan reglas específicas, por lo que los requisitos de orden temporal, formal, material y axiológico han sido construidos por la jurisprudencia, la función consultiva del Consejo de Estado y la doctrina. Estos límites deben ser respetados para preservar los principios de origen legal que rigen la contratación. En la práctica, antes de suscribir una adición o un otrosí, la entidad debe verificar que el incremento acumulado no supere el límite legal.síntesis automática
También resuelve:Adición: concepto, distintos supuestos, prohibición, adición en más del 50%Modificación de los contratos estatales: procedencia, condiciones, límitesDisminución presupuestal: deber, principio de planeación