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Consejo de Estado Providencia

Recurso de apelación: Sentencia

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Fecha
2025-03-07
Radicado
25000233600020140053301
Número interno
59839
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA
Demandado
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA I.I.C.A, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Síntesis de la providencia

Recurso de apelación: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Atendiendo a la naturaleza pública del Ministerio de Agricultura, la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 104 del CPACA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Los actos administrativos dictados en el marco de un contrato estatal pueden ser controvertidos mediante el medio de control de controversias contractuales, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de ese litigio cuando la naturaleza pública de la entidad lo determina, conforme al artículo 104 del CPACA. Las partes están legitimadas cuando la entidad demandada profirió y suscribió los actos y la aseguradora fue destinataria de los mismos al hacerse efectivo el siniestro. Para la caducidad, la demanda tiene como fundamento la expedición de los actos demandados, de modo que el término se cuenta a partir del acto que resolvió el recurso de reposición, porque es el que determina las pretensiones. En el caso concreto, el acto que resolvió la reposición fue expedido el 30 de septiembre de 2013 y la demanda se presentó el 24 de abril de 2014, por lo que el medio de control se ejerció en tiempo. Como consecuencia práctica, en controversias sobre actos dictados dentro de un contrato estatal, la caducidad debe contarse desde el acto que decide el recurso de reposición, siempre que sea el que determina las pretensiones.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer el recurso de apelación que busca la anulación de las resoluciones n.°s 331 y 333 del 25 y 30 de septiembre de 2013?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 104

También resuelve

  • ¿Compete a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 20 de abril de 2017…
  • ¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para anular las resoluciones n.°s 331 y 333 del 25 y 30 de septiembre de 2013?
  • ¿Cuentan las partes con legitimación en la causa para acudir al medio de control de controversias contractuales?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

RECURSO DE APELACIÓN JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTROL DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO ACTIVIDAD CONTRACTUAL ASUNTOS CONTRACTUALES MEDIO DE CONTROL ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PARTES DEL PROCESO ENTIDAD ASEGURADORA SINIESTRO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA OBJETO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DERECHO PRIVADO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO ACTO JURÍDICO PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRESCRIPCIÓN ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN CLASES DE PRESCRIPCIÓN PRESCRIPCIÓN ORDINARIA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN ORDINARIA TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA CONTRATO DE SEGURO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO OPERANCIA DE LA PRESCRIPCIÓN CASO AGRO INGRESO SEGURO CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 19.870 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RECURSO DE APELACIÓN / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Problema jurídico: ¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer el recurso de apelación que busca la anulación de las resoluciones n.°s 331 y 333 del 25 y 30 de septiembre de 2013? Respuesta al problema jurídico: Si Atendiendo a la naturaleza pública del Ministerio de Agricultura, la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 104 del CPACA. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ASUNTOS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Compete a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 20 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su naturaleza y cuantía, en los términos del artículo 150 del CPACA. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150 MEDIO DE CONTROL / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para anular las resoluciones n.°s 331 y 333 del 25 y 30 de septiembre de 2013? Respuesta al problema jurídico: Si El medio de control es el procedente, toda vez que se cuestionan unos actos dictados en el marco de un contrato estatal. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PARTES DEL PROCESO / ENTIDAD ASEGURADORA / SINIESTRO Problema jurídico: ¿Cuentan las partes con legitimación en la causa para acudir al medio de control de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si Las partes están legitimadas, en tanto la parte demandada profirió y suscribió los actos jurídicos demandados y, por su parte, la aseguradora fue destinataria de los mismos al hacerse efectivo el siniestro. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Resulta improcedente la aplicación del término de caducidad en relación con el medio de control de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si La demanda tuvo como fundamento jurídico la expedición de los actos demandados, en tanto son los que determinaron sus pretensiones. En esa medida, con solo tomar la fecha de uno de ellos, el que resolvió la reposición, el 30 de septiembre de 2013, y la fecha de presentación de la demanda, el 24 de abril de 2014, es claro que el medio de control fue presentado en tiempo. Igualmente, vale referir que se agotó el trámite de conciliación prejudicial PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA / NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / OBJETO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO Problema jurídico: ¿Por su especial connotación y por la interrelación paritaria de los suscribientes, los convenios especiales, como el convenio n.° 52 de 2009, están excluidos de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y, en consecuencia, su régimen le pertenece al derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si En consecuencia, las actividades pactadas (…) se corresponden en lo enlistado en el artículo 2 del Decreto 591 de 1991 como actividades científicas y tecnológicas y por ello, en los términos del artículo 7.5 del Decreto 393 de 1991, el convenio se rige por el derecho privado. Además, se constató la celebración de un convenio especial que, por sus elementos, interés jurídico y aportes, quedó configurado desde el escenario mismo de su formación; conclusión que para el caso concreto, impide al juez alterar o reeditar el tipo de negocio jurídico celebrado porque tal ejercicio interpretativo no se ubica en la hipótesis legal que autoriza la conversión de los actos y negocios jurídicos. En efecto, el interés jurídico vertido en el convenio especial, incluida la existencia de aportes (que difiere del interés patrimonial propio de los contratos) perfila este modelo de negocio bajo un criterio de asociación, distinto al criterio de conmutatividad que atañe a la relación jurídica que se cierne entre contratante y contratista, donde esta última encierra una reciprocidad de obligaciones “do ut des” que se expresa en la contraprestación económica pactada y que, ciertamente, difiere del interés de cooperar. Por su especial connotación y por la interrelación paritaria de los suscribientes, los convenios especiales están excluidos de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y, en consecuencia, por mandato del numeral 5 del artículo 7 del Decreto Ley 393 de 1991, su régimen le pertenece al derecho privado. Es claro que en el convenio en estudio, al igual que el n.° 55, el Ministerio le propuso a un sujeto de derecho internacional, el IICA, participar en un Convenio especial de cooperación científica y tecnológica para la implementación, desarrollo y ejecución de la convocatoria pública de riego y drenaje, con el propósito de materializar una política pública. Por lo tanto, la cooperación del IICA se hizo bajo los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia, al tratarse del organismo especializado en agricultura en el Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos – OEA, establecido a través de un tratado internacional cuyos Estados parte son los miembros de la misma. En efecto, el 24 de julio de 1948, Colombia suscribió la “Convención sobre el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas”. FUENTE FORMAL: DECRETO 393 DE 1991 - ARTÍCULO 7.5, DECRETO 591 DE 1991 - ARTÍCULO 2, DECRETO LEY 393 DE 1991 - ARTÍCULO 7 NUMERAL 5 ACTO JURÍDICO / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO / DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Problema jurídico: ¿Las resoluciones n.°s 331 y 333 del 25 y 30 de septiembre de 2013 son actos administrativos y por ende, se les debe aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Respuesta al problema jurídico: No Con base en las conclusiones anteriores y en las expuestas en la sentencia pluricitada, se tiene que siendo el derecho común el régimen aplicable al convenio en estudio, en este no hay cabida al ejercicio de prerrogativas de poder público que puedan ser instrumentalizadas a través de actos administrativos, pues justamente bajo el derecho privado los sujetos actúan en pie de igualdad negocial y, ciertamente, bajo este régimen no se ejercen potestades administrativas. Vale precisar que ya la Sala ha explicado que, aunque en las condiciones de la póliza, como ocurre en este asunto (fl. 39, c. 2, numeral 5.1.1), se consigne la posibilidad de dictar actos administrativos para acreditar la ocurrencia del siniestro, “este tipo de cláusulas de la póliza [son] simplemente el ejercicio de la autonomía de la voluntad, dentro de los límites del orden público, y no otorg[an] la posibilidad de ejercer poderes o prerrogativas propias de la administración”. PRESCRIPCIÓN / ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN / CLASES DE PRESCRIPCIÓN / PRESCRIPCIÓN ORDINARIA / PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN ORDINARIA / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN / PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO Problema jurídico: ¿Toda vez que en el sub lite se está ante personas capaces jurídicamente, que hacían parte del contrato de seguro o tenían interés en el mismo, en la medida de que se beneficiaban de él, por consiguiente, es claro que debieron tener conocimiento del siniestro, como en efecto lo tuvieron, y, por consiguiente, la prescripción que opera es la ordinaria de dos años? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 1081 del Código de Comercio señala que la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La primera es de dos años, que empiezan a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La segunda, la extraordinaria, es de cinco años, corre contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Para la Corte Suprema de Justicia, con base en la exposición de motivos del Proyecto de Código de Comercio de 1958, la distinción entre ambas prescripciones descansa en que la ordinaria se aplica (i) a las personas capaces, (ii) que sean parte del contrato de seguro o tengan algún interés derivado del mismo y (iii) que hayan conocido o debido conocer el hecho que da base a la acción. En consecuencia, corre contra quienes estén en estos supuestos, hasta el punto que de no cumplirse estos, el término prescriptivo será el extraordinario, lo que evidencia su carácter subjetivo. Por su parte, la prescripción extraordinaria opera contra toda clase de personas, incluso, para los incapaces interesados. Para todos los interesados aplica siempre que no tengan conocimiento del siniestro o no hayan debido conocerlo, e inicia desde el momento en que nació el respectivo derecho. Lo anterior pone de presente sus visos meramente objetivos. Con base en lo expuesto, como en el sub lite se está ante personas capaces jurídicamente, que hacían parte del contrato de seguro o tenían interés en el mismo, en la medida de que se beneficiaban de él, por consiguiente, es claro que debieron tener conocimiento del siniestro, como en efecto lo tuvieron, como se verá a continuación y, por consiguiente, la prescripción que opera es la ordinaria de dos años. Entonces, es necesario determinar el momento en el que se dio dicho conocimiento para el cómputo del término en estudio. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la expresión “interesado del inciso 2° del artículo 1081 citados, revisar: sentencia de 17 de noviembre de 2020, rad. SC-4312, M. P. Ariel Salazar Ramírez. Referente al carácter subjetivo de la prescripción ordinaria, revisar: sentencia de 6 de diciembre de 2018, rad. SC-5927, M. P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Referente a la alocución “contra toda persona”, contenida en el numeral 3o del artículo 1081, revisar: sentencia de 17 de noviembre de 2020, rad. SC-4904, M. P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Referente al carácter objetivo de la prescripción extraordinaria, revisar: sentencia de 6 de diciembre de 2018, rad. SC-5927, M. P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1081 CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA / CONTRATO DE SEGURO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRESCRIPCIÓN / PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / OPERANCIA DE LA PRESCRIPCIÓN / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / CASO AGRO INGRESO SEGURO / DERECHO PRIVADO Problema jurídico: ¿Toda vez que operó la prescripción de la acción en los términos del artículo 1081 del Código de Comercio, se debe revocar la sentencia de primera instancia, a su vez dejar sin efectos los actos atacados y por ende, la parte actora no está obligada a pagar las sumas derivadas de dicha garantía? Respuesta al problema jurídico: Si Vale aclarar que, aunque en la cláusula de liquidación, se estipuló que no se llevaría a cabo dicho ejercicio hasta que se hiciera lo propio con todos los contratos o acuerdos que se celebraron con cargo a dichos recursos, esto de ninguna manera podía entenderse como un relajamiento de los plazos para cumplir con dicha obligación. Por el contrario, era un apremio para ejecutar las actividades necesarias dentro dicho término de cuatro meses, el cual, las partes, de manera voluntaria, consideraron como el prudente para su cumplimiento, sin que lo hubieran modificado o extendido. Otra interpretación dejaría sin efectos esta estipulación y, en manos de las partes, la ocurrencia del fenómeno prescriptivo, lo cual resulta inaceptable. Además, el otrosí que amplió el plazo hasta el 31 de marzo de 2011, cuando finalizó el acuerdo en estudio, tuvo por objeto finalizar la (i) convocatoria de riego y drenaje para el año 2009 y (ii) terminar la ejecución de 16 proyectos de construcción y rehabilitación de la convocatoria de 2008. Es decir, las partes desde diciembre de 2010, cuando firmaron el referido otrosí, pactaron un tiempo adicional sólo para adelantar las gestiones necesarias para culminar sus obligaciones. Los incumplimientos frente a esta obligación por parte del IICA, como la falta de liquidación de los convenios y de los contratos derivados, tampoco ampliaban ilimitadamente la posibilidad del Ministerio para verificar el estado de ejecución o quedarse inmóvil, sino recurrir a las instancias del convenio para el efecto (cláusula tercera numeral 6). No se trataba de algo imposible, además conoció que el informe final no se presentó en tiempo y solo un año y medio después de finalizado el convenio visitó las oficinas del IICA, hallazgos que le sirvieron para fundamentar los actos atacados. Entender de otra manera lo pactado y lo ejecutado sería premiar esta negligencia y extender ilimitadamente sus derechos frente a terceros, como la aseguradora. Tampoco se podría sostener que el incumplimiento fue conocido con la presentación del informe final del 26 de abril de 2013, puesto que, además de lo ya expuesto, la demandada, en la resolución n.° 331 de 2013 sostuvo que el cumplimiento de las obligaciones no se “pudo verificar con el informe final y los soportes remitidos por el Instituto” (fl. 130 rev., c. 2), razón por la cual se requirió nuevamente al IICA para el efecto, es decir, dicho documento tampoco esclareció el estado del convenio. Pero, se insiste, estas gestiones no podían dilatar el fenómeno prescriptivo indefinidamente, puesto que ya tenía un límite temporal fijado por las partes, cuya verificación les imponía el deber de verificarlo y conocerlo durante este tiempo preestablecido. También debe descartarse que con el octavo informe de ejecución técnica y financiera del 21 de enero de 2011 ya se avizorara el incumplimiento en estudio, como lo adujo la parte actora. Todo lo contrario, este documento daba cuenta del seguimiento del contrato para el período de ejecución comprendido entre el 25 de septiembre y el 25 de diciembre de 2010. En dicho informe se reportó normalidad frente a la convocatoria 2009, salvo por el manejo de recursos debido a la suspensión ordenada por el Ministerio del convenio. Por su parte, frente a los 16 proyectos de la convocatoria 2008, el IICA informó que sólo cinco tenían problemas en su ejecución, mientras que los demás estaban cumplidos en su totalidad (fls. 1266 rev. a 1268, c. 8). (...) De lo expuesto es claro que los incumplimientos descansan en la imposibilidad de seguimiento y liquidación del convenio por defectos en la información, bien porque no se suministró, o se lo hizo de manera parcial o errada, lo cual impidió, según la demandada, definir el cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas del plan operativo, el cumplimiento de los contratistas del IICA, la existencia de los saldos que no fueron ejecutados y el estado del archivo y la guarda de la información, por lo que la Sala frente a estos se limitará a reiterar las consideraciones ya expuestas, toda vez que todos debieron conocerse, en este caso concreto y conforme a la naturaleza de las obligaciones en vilo, como máximo al vencimiento del plazo para liquidar el convenio, como quedó analizado. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si Los numerales 1 y 4 del artículo 365 del Código General del Proceso establecen que hay lugar a condenar en costas, en ambas instancias, entre otras, a la parte vencida en el juicio, en esta oportunidad, la demandada, al prosperar la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la consecuencial revocatoria total de la sentencia del inferior. Por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, se dispondrá que, por intermedio de la secretaría del tribunal de primer grado, se proceda a su liquidación de manera concentrada. Para tales efectos, la Sala fijará las agencias en derecho, de conformidad con la naturaleza, la complejidad y la duración de la actuación que tuvo que desplegar la parte vencedora frente al respectivo recurso. En el presente caso, en ambas instancias, se encuentra acreditada que la gestión de la parte actora fue continúa, consistente y coherente, pues intervino en la primera instancia, interpuso el recurso de apelación y, además, actuó en la segunda instancia, por lo que atendió el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial. Ahora, el artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció que para los asuntos contencioso administrativos con cuantía, las agencias en derecho, debían fijarse, en primera instancia, hasta el 20% del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, mientras que, en segunda instancia, hasta el 5% sobre el mismo concepto. Por lo anterior, la Sala fija como agencias en derecho, tanto en primera como en segunda instancia, la suma de $4.500.000, para un total de $9.000.000, correspondientes al 0.1% del valor de las pretensiones de la demanda (su cuantía se estimó en la suma de $4.500.000.000 (fl. 40, c. ppal, 1ª instancia), monto que deberá pagar la parte demandada, Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a favor de la parte actora, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201400533011100103