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CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

No debe revocarse la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2026-02-18 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C) JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA Rad. 11001334306120180038101 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, en tanto se acreditó en el proceso las causales de nulidad alegadas por la parte actora? No
El contratista no puede solicitar la revocación de la sentencia de primera instancia para declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, ya que no se acreditaron causales de nulidad del pliego de condiciones, y se demostró que el proceso de selección se basó en un estudio técnico que no fue desvirtuado. El pliego de condiciones tiene una doble naturaleza jurídica: es un acto administrativo general que rige el proceso de selección y, una vez celebrado el contrato, se convierte en el marco jurídico del negocio jurídico. Además, solo los actos administrativos de carácter definitivo, como el pliego de condiciones, el acto administrativo de adjudicación y el que declara desierto el proceso, son susceptibles de control judicial, mientras que los actos de trámite, como el que ordena la apertura del proceso de selección, no lo son. Esta decisión reitera y confirma la jurisprudencia existente, lo que implica que las partes deben acreditar claramente las causales de nulidad en el proceso para que puedan ser consideradas por la jurisdicción.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020090094301 ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa… ¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación… ¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Las que, como parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso constituyen la “garantía de referencia con que cuentan las personas para determinar en qué momentos la conducta de los jueces o de la administración, se sale ilegítimamente de los cauces de la legalidad”.

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233300520140034601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 constituyó un acto definitivo en el procedimiento administrativo sancionatorio? Sí
La Sala revocará la sentencia impugnada, pues advierte que el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado bajo la Resolución 475 del 7 de mayo de 2010, fue decidido a través de la Resolución 1658 de diciembre de 2011 la que, como se pasa a demostrar, sí constituyó una decisión de fondo. A tal conclusión se arriba, al considerar: (i) Que el procedimiento administrativo concluye cuando se resuelven los recursos interpuestos. (ii) Que verificada la secuencia razonada y coherente de análisis del procedimiento administrativo adelantado, la Resolución 1658 de diciembre de 2011 resolvió el recurso de reposición contra la decisión de declarar la caducidad del contrato de concesión, la que, por su alcance y contenido exhibe que se trató de una decisión definitiva de tal actuación.
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La competencia del Juez de segunda instancia se limita a lo estipulado y sustentado en el recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160010801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia del Juez de segunda instancia se limita a lo estipulado y sustentado en el recurso de apelación? Sí
En la apelación, la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad que el recurrente expresa en la sustentación del recurso. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el objeto del recurso se define a partir de los juicios de reproche que el apelante formula contra la sentencia de primera instancia, de modo que el ad quem no puede decidir sobre aspectos que el recurrente no cuestionó. Segunda, el margen de decisión del juez de segunda instancia depende de ese objeto, y ello garantiza el principio dispositivo y la congruencia de la sentencia. La providencia confirma la decisión y aplica esta limitación al recurso formulado en el proceso. Esta regla se aplica sin importar la extensión de los demás argumentos de la sentencia de primera instancia. En la práctica, el apelante debe precisar en la sustentación cada motivo de inconformidad, porque los temas no controvertidos quedan fuera de la revisión de segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿El control jurisdiccional de los actos administrativos solo procede respecto a los que producen efectos de carácter definitivo? ¿Se acreditó que el acto administrativo que obligaba al contratista al pago del canon superficiario fue expedido con falsa motivación? ¿El trámite de la consulta previa es una causal de suspensión de pleno derecho del contrato de concesión minera y por tanto el contratista estaba relevado del pago del canon superficiario?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿Se configura una ineptitud de la demanda pues se advierte que aun cuando el medio de control de controversias contractuales, en efecto, es el adecuado para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales, como el que se analiza en esta oportunidad, lo cierto es que, en el presente asunto, el actor no incluyó dentro de sus pretensiones la de nulidad del acto administrativo contenido en el acta 76 de 2011, ni desarrollo el concepto de violación, como lo indica el artículo 162.4 del CPACA?

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 13001233300020130034002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configura una ineptitud de la demanda pues se advierte que aun cuando el medio de control de controversias contractuales, en efecto, es el adecuado para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales, como el que se analiza en esta oportunidad, lo cierto es que, en el presente asunto, el actor no incluyó dentro de sus pretensiones la de nulidad del acto administrativo contenido en el acta 76 de 2011, ni desarrollo el concepto de violación, como lo indica el artículo 162.4 del CPACA? Sí
Manuel Eduardo Lequerica Vergara presentó denuncia de vocación hereditaria, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF), sobre unos bienes que pertenecían al causante Francisco Rubén Rodríguez Emiliani. Con fundamento en lo anterior, ambas partes celebraron un contrato de participación, cuyo objeto era “adelantar las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para que los bienes objeto de la denuncia le sean adjudicados y entregados real y materialmente al ICBF”.
También resuelve: ¿Es procedente un fallo inhibitorio cuando hay una indebida integración de la pretensión de nulidad del acto administrativo… ¿Existen formalidades para la conformación y existencia de un acto administrativo? ¿Se debe aplicar el Estatuto General de Contratación al contrato de participación suscrito por el ICBF?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-02-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 66001233300020120005401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve: ¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa… ¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo? ¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2022-05-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020070017701 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales en las que hacen parte entidades estatales? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia cuando el contrato fue celebrado por una entidad pública y la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales, conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. La caducidad de la acción se contará a partir de la terminación del contrato cuando este no sea susceptible de liquidación, tal como dispone el literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, lo que es aplicable a contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones que se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación. En el caso en cuestión, la terminación del contrato por vencimiento de plazo y la presentación de la demanda dentro del término de dos años permiten concluir que la acción fue oportuna, revocando así la sentencia de primera instancia y permitiendo el estudio de las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en que el contrato no requiere liquidación, debe contarse a partir de la terminación del msimo? ¿La demanda se presentó oportunamente? ¿La Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones está legitimada en la causa por pasiva al operar la cesión de contratos una vez fue liquidada Telecom?
Consejo de Estado Providencia

La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal puede acudir al medio de control

Sentencia — Sentencia 2026-03-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 20001233900020160024402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.… ¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales… ¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: los actos administrativos son aquellos que contienen una manifestación unilateral de la voluntad de la administración

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-08-12 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 08001233300020150000301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos administrativos son aquellos que contienen una manifestación unilateral de la voluntad de la administración, destinada a crear, modificar o extinguir una determinada situación jurídica? Sí
Coincido con la decisión adoptada por la Sala en la sentencia proferida en el marco del proceso de referencia; sin embargo, estimo pertinente mencionar las razones que conducirían a cuestionarse si, en verdad, los oficios demandados podrían catalogarse como verdaderos actos administrativos.… Resulta del caso reflexionar que no todas las expresiones de la administración constituyen actos administrativos, pues solamente pueden calificarse como tales aquellas –expresas o tácitas– que contengan una manifestación unilateral de su voluntad destinada a crear, modificar o extinguir una determinada situación jurídica, para lo cual es presupuesto que se emitan en ejercicio de función administrativa, bajo prerrogativas de poder público y con efectos definitorios.
También resuelve: ¿A través de los medios de
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: el juez no podrá declarar su nulidad, lo cual podría llegar a permitir la subsistencia de actos ilegales

Aclaración voto — Aclaración de voto 2022-03-03 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 66001233300020120005401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos precontractuales proferidos por entidades públicas dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo? Sí
Mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa -es decir, distinta de la legislativa y de la judicial-, estas se pronuncian a través de actos administrativos, puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los órganos del Estado. No puede confundirse el régimen jurídico aplicable con la naturaleza del acto, pues no porque un acto se rija en su contenido por el derecho privado, deja de ser administrativo. Llegar a la conclusión contraria, y conservar categorías como la de “acto privado” o “acto mercantil” de la administración, conlleva debilidades conceptuales, puesto que no es clara la naturaleza de este acto privado, más allá de su régimen jurídico, al tiempo de que no es evidente el control al que será sometido.
También resuelve: ¿Se puede perseguir la nulidad del contrato de derecho privado de la administración demandando la ilegalidad de sus actos previos?
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: toda liquidación unilateral de un contrato por parte de una entidad estatal es acto administrativo

Salvamento voto — Salvamento de voto 2023-02-10 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 85001233300020170007402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Toda liquidación unilateral de un contrato por parte de una entidad estatal es acto administrativo, sea que el negocio se sujete a la Ley 80 o sólo al derecho privado? Sí
Como se ha insistido, de acuerdo con la noción que tradicionalmente han fijado la doctrina y la jurisprudencia, es acto administrativo toda decisión o declaración unilateral de voluntad dictada por una entidad pública, que produzca efectos jurídicos, especialmente la generación de derechos, obligaciones y cargas. Tales instrumentos constituyen actos administrativos, al margen del régimen o del marco normativo que regule el hecho en ellos resuelto, por lo que toda liquidación unilateral de un contrato por parte de una entidad estatal es acto administrativo, sea que el negocio se sujete a la Ley 80 o sólo al derecho privado, porque el acto declara la existencia de unas obligaciones dinerarias derivadas de un contrato, o bien, las tiene por extintas, todo lo cual necesariamente genera un efecto jurídico para ambas partes.
También resuelve: ¿El análisis de todas las pretensiones de la demanda dependía de que en el proceso se hubiera demandado la nulidad del acta de liquidación unilateral expedida por Ecopetrol? ¿Resulta procedente el restablecimiento del equilibrio financiero de los contratos estatales no sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: existe una diferencia entre el régimen sustantivo aplicable y la naturaleza del acto

Salvamento voto — Salvamento de voto 2024-06-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020060332003 ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, corresponden a la categoría de actos administrativos? Sí
Considero que los actos de las ESP -precontractuales o contractuales- son administrativos, pues todo acto unilateral de la administración destinado a producir efectos jurídicos goza de esta naturaleza, al margen del régimen contractual que sea aplicable -en el caso de estas entidades, el derecho privado-. En el proveído del cual me aparto se condiciona la existencia o inexistencia del acto administrativo al uso de prerrogativas de poder público. Este criterio, en mi opinión, es limitado, pues reduce las actuaciones de la administración pública a expresiones de imperio, soberanía, poder o autoridad. Si bien es cierto que la administración actúa de diferentes maneras, no en todas ellas está involucrado el poder coercitivo del Estado… .
También resuelve: ¿Resulta procedente afirmar que son de naturaleza privada los actos que emite una entidad estatal en desarrollo de su actividad contractual, cuando se observa que está regida por un régimen mixto… ¿El hecho de que no sean administrativos los actos contractuales de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…