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Consejo de Estado Providencia

Se encuentra probada la objeción por error grave de los dictámenes periciales

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 20001233300020150064101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentra probada la objeción por error grave de los dictámenes periciales? Sí
Una lluvia que afecta la ejecución de un contrato de obra solo configura una situación imprevista cuando se demuestra que su comportamiento sobrepasó todo cálculo o registro habitual y resultó manifiestamente extraordinario. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que los demandantes no probaron la anormalidad de las precipitaciones, pues no aportaron certificados de las entidades meteorológicas que la compararan con los registros de meses y años anteriores. La segunda es que las partes adoptaron medidas para resolver los problemas que causó el hallazgo de redes de servicios públicos durante la ejecución, y esos acuerdos recayeron sobre los mismos hechos, por lo que no es procedente reclamar después valores adicionales por desequilibrio económico. La tercera es que los demandantes no formularon reparos concretos frente a todas las razones que sustentaron la prosperidad de la objeción por error grave de los dictámenes periciales. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones y declaró probada la objeción. La providencia cita una sentencia de 20 de abril de 2020 sobre la lluvia como fenómeno de imprevisión, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La pluviosidad constituye una situación imprevista cuando sobrepasa los registros habituales? ¿Habiéndose suscrito acuerdos entre las partes sobre hechos que afectaron el contrato, puede posteriormente solicitarse el reconocimiento de valores adicionales por concepto de desequilibrio… ¿Debe el juez de la segunda instancia pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante?
Consejo de Estado Providencia

Lo acreditado es la materialización de un riesgo asumido por el contratista demandante

Sentencia — Sentencia 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170122501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las horas adicionales en que incurrió el consultor para ejecutar su objeto debían ser asumidas por la entidad contratante? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento y pago de horas adicionales por la entidad contratante, ya que no se demostró un desequilibrio financiero del contrato ni la ocurrencia de un riesgo imprevisto, dado que las horas adicionales correspondieron a un riesgo previsible asumido por el contratista en su matriz de riesgos. Además, el contratista no demostró haber desplegado mecanismos para mitigar el impacto del riesgo ni que las horas adicionales tuvieran origen en actividades no previstas en la etapa precontractual. La Sala también rechazó los argumentos relacionados con un presunto enriquecimiento sin causa, considerando que no se incluyó en la demanda una pretensión tendiente a declarar la configuración de esa figura y que su estudio resultaría inconsecuente para acceder a las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, la Sala confirma la decisión de primera instancia, rechazando la pretensión del contratista y condenándolo en costas.síntesis automática
También resuelve: ¿Son procedentes los argumentos relacionados con un presunto enriquecimiento sin causa? ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante y su litisconsorte, por ser las vencidas en el proceso?
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 63001233300020170035901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La variación de la cotización de la TRM durante la ejecución del contrato objeto de la controversia, causó un desequilibrio económico, con afectación grave a la economía del negocio, ajena a la responsabilidad del demandante? No
En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al celebrarse el contrato, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y que el restablecimiento solo procede si la ruptura se produce por causas no imputables a quien la alega y genera una afectación grave del negocio. Una razón es que la variación de la tasa de cambio fue previsible, y la exposición del contrato a esa variable se originó en la conducta de la parte que la alega. Otra razón es que no se acreditó que la variación hubiera sacado las obligaciones del alea normal del negocio, ni que afectara la utilidad esperada o generara pérdidas. En el caso, la Sala confirmó la negación del desequilibrio económico. La providencia contiene un obiter dictum sobre la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe, sin indicar que reitera o cambia precedente; su consecuencia práctica es que el contratista que asume una variable previsible en su oferta no puede luego reclamar su variación como desequilibrio.síntesis automática
También resuelve: ¿En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que… ¿La variación de la divisa fue la condición que afectó la economía del contrato y el incumplimiento del mismo? ¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra el demandante por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
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Consejo de Estado Providencia

No puede considerarse debidamente sustentado un recurso de apelación cuando el recurrente únicamente reproduce los argumentos

Sentencia — Sentencia 2026-05-28 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 25000233600020220030001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede considerarse debidamente sustentado un recurso de apelación cuando el recurrente únicamente reproduce los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones que sustentan la sentencia de primera instancia? No
El recurso de apelación no se entiende debidamente sustentado cuando el recurrente se limita a reproducir los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones de la sentencia de primera instancia, porque la competencia del superior se delimita por los reparos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: los artículos 320 y 328 del CGP delimitan la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos que el recurrente dirige contra la decisión; la carga de sustentación no se satisface con una mera manifestación de desacuerdo, sino con la exposición clara de los motivos de censura y de las razones por las que el a quo habría errado; y la reiteración de argumentos de etapas anteriores, particularmente de la demanda, no cumple esa finalidad. Por ello, el reparo sin esa exposición concreta no permite revocar la sentencia. Esta regla se aplica a todo recurso que no identifique los errores de la providencia impugnada. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede configurarse la excesiva onerosidad sobrevenida respecto de un contrato ya ejecutado y liquidado, cuando no existen prestaciones pendientes de cumplimiento? ¿Procede el reconocimiento de un desequilibrio económico contractual cuando el contratista alega que la proyección de la TRM realizada por la entidad contratante resultó errónea… ¿Cumple la carga de sustentación del recurso de apelación el recurrente que, para sustentar las pretensiones de incumplimiento contractual…
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Consejo de Estado Providencia

La Sala revocará la decisión de declarar la caducidad

Sentencia — Sentencia 2022-07-13 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 50001233100020060084501 ACCION CONTRACTUAL
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, considerando que el término fue suspendido por la solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, y que, a pesar de que el requisito de procedibilidad no fuera obligatorio, en lo que respecta a la suspensión del término, la ley no distingue entre los procesos en los que el trámite de conciliación sea requisito de procedibilidad y aquellos en que no? No
El contratista no puede alegar la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el término de caducidad fue suspendido por la presentación de una solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, independientemente de que el trámite de conciliación no sea un requisito de procedibilidad, ya que la ley no distingue entre procesos en los que la conciliación es obligatoria y aquellos en que no lo es. La suspensión del término de caducidad opera hasta que se expida la constancia de no conciliación o hasta que se venza el plazo de tres meses, reanudándose el término una vez finalizado este periodo. En la práctica, esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la suspensión del término de caducidad, permitiendo que los contratistas puedan interponer acciones de controversias contractuales sin temor a la caducidad cuando han solicitado conciliación, incluso en casos en los que la conciliación no es un requisito de procedibilidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de inconsistencias en los estudios, diseños y planos entregados por el INVÍAS para construir la vía, afectaron la ejecución de la obra de forma tal que ocasionara que el contratista… ¿Para reconocer el desequilibrio a favor del contratista se requiere la existencia de hechos imprevistos no imputables al contratista… ¿Resulta procedente el restablecimiento de la ecuación financiera a favor del contratista, del contrato de obra pública pactado a precios unitarios…
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 20001233300020150014401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sola permanencia en obra es causa suficiente por sí misma, para tener por acreditada una afectación a la ecuación financiera del negocio? No
El contratista no puede acreditar una afectación a la ecuación financiera del contrato basándose únicamente en la mayor permanencia en obra, sino que debe demostrar que la prolongación se debió a un riesgo no imputable a él, que sufrió perjuicios económicos adicionales y que estos perjuicios fueron lo suficientemente graves como para afectar el equilibrio financiero del contrato. La Sala reitera que la modificación contractual no puede considerarse como una renuncia expresa a reclamar por sobrecostos, y que la afectación debe ser tal que lleve al contratista a un punto de pérdida, lo cual no se cumplió en este caso. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas más sólidas para acreditar un desequilibrio financiero adverso y que la mera permanencia en obra no es suficiente para justificar un reclamo de reequilibrio económico.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base la valoración probatoria del dictamen contable efectuada por el a… ¿Se trasgredió el debido proceso del contratista en el marco del procedimiento administrativo que culminó con las Resoluciones DO-DA1294 y DO-DA1295 de 2013? ¿El apelante logró demostrar la falsa motivación en las Resoluciones DO-DA1294 y DODA1295 de 2013?
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Consejo de Estado Providencia

No se puede imponer al contratista la obligación de presentar una reclamación durante la ejecución del contrato como requisito previo para presentar demandas judiciales.

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020150206501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La ausencia de salvedades en las prórrogas y modificaciones del contrato impide que el contratista efectúe reclamaciones a través del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista puede efectuar reclamaciones a través del medio de control de controversias contractuales incluso cuando las prórrogas y modificaciones del contrato no contienen salvedades, ya que la ley no establece que la ausencia de estas impida el ejercicio de dichos medios. El juez debe determinar la intención de las partes en cada caso, y no asumir que el silencio en los acuerdos modificatorios implica una renuncia automática a la posibilidad de formular reclamaciones. Además, para que una modificación contractual genere un acuerdo o renuncia sobre el asunto objeto del proceso judicial, es necesario que este sea expresamente abordado en el acuerdo y que las partes adopten acuerdos para su solución, lo que no ocurrió en este caso. La Sala matiza la jurisprudencia anterior, permitiendo que el contratista presente reclamaciones sin necesidad de que las partes hayan dejado salvedades en los acuerdos modificatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consorcio demandante probó los perjuicios por la mayor permanencia en obra imputables a la entidad demandada, derivados del incumplimiento contractual de la Agencia por entregar diseños… ¿Hay lugar a reconocer al contratista el AIU sobre la adquisición de ascensores nuevos, considerando que no se pactó en el contrato de obra pública un valor adicional por ese concepto? ¿Hay lugar a reconocer al contratista el pago de transporte de ascensores nuevos, considerando que no se pactó en el contrato de obra pública un valor por ese concepto?
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Consejo de Estado Providencia

Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020200029801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su… ¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras… ¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-03-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160067201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas… ¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles? ¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
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Consejo de Estado Providencia

El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200039601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional? ¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito? ¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
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Consejo de Estado Providencia

El plazo inicial de ejecución del contrato 37 de 2011 fue de 9 meses

Sentencia — Sentencia 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170142802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Está probado que la mayor permanencia del contratista en obra por las suspensiones del contrato, hubiera generado un rompimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos? No
El contratista que reclame sobrecostos por una mayor permanencia en obra debido a las suspensiones del contrato debe acreditar costos adicionales a los previstos en el contrato que efectivamente afecten su patrimonio, pues la sola presencia de personal, equipos y maquinaria en la obra no demuestra por sí misma el desequilibrio. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contratista renuncia a los costos por el tiempo adicionado, solo pueden revisarse los sobrecostos causados después de agotado el plazo original y durante los periodos de suspensión. Segundo, los gastos que el contratista afronta por actividades connaturales a sus obligaciones no constituyen sobrecostos reclamables. Tercero, cuando las suspensiones tienen origen, en parte, en riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos del contrato, como la demora en el trámite de licencias ambientales, el reclamo no prospera. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista debe demostrar costos efectivamente incurridos y ajenos a los riesgos que le fueron asignados.síntesis automática
También resuelve: ¿El silencio de una de las partes, frente a las modificaciones o adiciones del contrato, constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones en un proceso… ¿Conforme al principio de buena fe contractual, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre las estipulaciones acordadas por las partes en relación con las prórrogas del contrato… ¿Para que la mayor permanencia en obra configure una ruptura del equilibrio financiero del contrato, es necesario acreditar un incumplimiento del contratante o la ocurrencia de un riesgo imprevisible…
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Consejo de Estado Providencia

Instituto de desarrollo urbano: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020190091301 Controversias contractuales
¿El contrato celebrado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), como establecimiento público del orden distrital sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, las disposiciones civiles y comerciales aplicables y los documentos integrantes del negocio jurídico? Sí
El contrato celebrado por un establecimiento público del orden distrital, que es entidad estatal en los términos del literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y cuya actividad contractual no está cobijada por un régimen exceptuado, se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes en las materias no reguladas por aquellas y por los documentos que integran el negocio jurídico. La regla se sostiene en tres razones: el ente fue creado por acuerdo distrital y no está exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 remite a las normas civiles y comerciales en los aspectos no regulados por aquella ley; y los documentos del negocio jurídico integran el régimen aplicable al litigio. Así, la controversia sobre la ejecución del contrato se resuelve con el Estatuto General de Contratación y con el clausulado que las partes incorporaron al negocio, sin que la naturaleza del ente altere ese régimen.síntesis automática
También resuelve: ¿El dictamen pericial de parte tiene mérito probatorio, pese a la falta de inscripción del perito en la categoría 13 del Registro Abierto de Avaluadores y su relación profesional previa con el… ¿La fijación del precio de los ítems no previstos de adoquín de concreto con color y pictograma muisca, mediante la homologación con precios de otro contrato y al margen del procedimiento previsto en… ¿El IDU debe asumir los mayores costes de administración y de los componentes ambiental, SST, social y de tránsito causados durante la prórroga n.º 1…
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Consejo de Estado Providencia

El primer cargo de la apelación no está llamado a prosperar

Sentencia — Sentencia 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 76001233300820140056601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La celebración de un contrato bajo la modalidad de “llave en mano” implica que el contratista asume la obligación de entregar un producto terminado, incluyendo todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias, sin que sea necesario especificarlas individualmente? Sí
El contratista asume la obligación de entregar un producto terminado, incluyendo todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias, sin necesidad de especificarlas individualmente en un contrato de llave en mano a precio global, ya que esta modalidad implica su responsabilidad integral en la ejecución del proyecto desde su diseño hasta su entrega, asumiendo riesgos y beneficios inherentes a la ejecución eficiente del contrato. La regla reitera que el contratista no debe recibir un valor adicional por áreas no limitadas explícitamente si los documentos contractuales y los pliegos definen con claridad su alcance, lo que implica que la interpretación del contrato debe ajustarse a los términos pactados y al lenguaje técnico propio de la disciplina, garantizando la integridad del acuerdo y la responsabilidad del contratista en la ejecución del proyecto.síntesis automática
También resuelve: ¿En los contratos celebrados bajo la modalidad de precio global y llave en mano, el contratista asume el riesgo de mayores o menores cantidades necesarias para la ejecución de la obra… ¿En un contrato celebrado bajo la modalidad de llave en mano y precio global, es válido interpretar que el contratista asume integralmente el diseño y la construcción del proyecto… ¿En un contrato celebrado bajo la modalidad de llave en mano y precio global, el contratista está obligado a entregar el objeto en condiciones de funcionalidad conforme a su finalidad…
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Consejo de Estado Providencia

La Sala no encuentra atendible el primer reparo del apelante a la sentencia impugnada

Sentencia — Sentencia 2024-12-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 20001233300020150052702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública? Sí
El contratista es responsable de las multas impuestas por incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra pública, ya que existen pruebas documentales que demuestran su inejecución de obligaciones contractuales, como retrasos en la entrega de áreas de trabajo y falta de personal calificado. Además, la justificación del contratista para ejecutar actividades no previstas no guarda relación directa con las observaciones previas de la interventoría y no puede considerarse un hecho imprevisible. La Sala confirma que la entidad estatal actuó correctamente al expedir los actos administrativos sancionatorios, reafirmando la importancia de la motivación y la congruencia en el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante… ¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes? ¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?
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Consejo de Estado Providencia

¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato?

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 05001233300020200372701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve: ¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica… ¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica? ¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 68001233300020130110802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de… ¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones? ¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Recurso de anulación: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020220001600 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y cuando en la decisión se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión? Sí
Cuando un laudo arbitral se funda exclusivamente en la equidad debiendo ser en derecho, carece de fundamento jurídico o su fundamentación no sustenta lógicamente la decisión, o cuando no contiene análisis probatorio alguno o hace referencia a pruebas que no fundamentan objetivamente la decisión, la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 permite anularlo. La regla se sostiene en tres razones. Primera, la causal habilita al juez a verificar si el laudo expone los fundamentos que sustentan la decisión, y le impone anularlo cuando carece de forma manifiesta de tales fundamentos. Segunda, la causal se configura por cualquiera de los tres supuestos señalados, y no por la sola inconformidad con la decisión. Tercera, el juez debe confrontar el contenido del laudo con las pruebas y con la ley sustancial aplicable. En el caso, el recurso de anulación se declaró infundado. El documento reitera la línea jurisprudencial sobre los laudos en conciencia que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012… ¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012… ¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Suspensión del contrato estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 15001233300020160071301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El silencio o la ausencia de salvedades al momento de suscribirse suspensiones al plazo contractual impide que, en sede judicial, prosperen o al menos se estudien de fondo las pretensiones económicas que se aducen fueron originadas en tales pactos? No
El contratista puede presentar pretensiones económicas en sede judicial derivadas de suspensiones al plazo contractual, incluso si en el acta de suscripción no se incluyeron salvedades, siempre y cuando el juez analice el acuerdo concreto y sus implicaciones en el contrato original, aplicando las reglas de interpretación y el principio de buena fe. La Sala reitera que el silencio o la ausencia de salvedades no impide un estudio de fondo de las pretensiones económicas, siempre que estas tengan fundamento en lo pactado. Sin embargo, el juez de segunda instancia debe abstenerse de modificar la causa petendi de la demanda en el recurso de apelación, respetando el principio de congruencia y el debido proceso, lo que limita su competencia a resolver únicamente sobre los cargos que guarden consonancia con la demanda original y las pruebas presentadas.síntesis automática
También resuelve: ¿A las partes les está vedado modificar o adicionar en el recurso de apelación la causa petendi de la demanda, pues esto implicaría un desconocimiento flagrante del principio al debido proceso y el… ¿Son atribuibles a Empoduitama las causas que llevaron a la suscripción de las actas de suspensión 02, 03 y 04 al contrato C4M2052011 celebrado con la UT Américas… ¿Demostró la UT Américas los sobrecostos en que dijo haber incurrido y las afectaciones económicas que afirmó haber sufrido producto de las múltiples suspensiones al plazo del contrato C4M2052011 y…
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Consejo de Estado Providencia

El contrato de interventoría constituye un medio a través del cual las entidades estatales cumplen su deber legal de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual.

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190063001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista? Sí
El contratista debe ser una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista en los contratos de obra resultantes de un proceso de licitación, conforme a la Ley 80 de 1993, artículo 32.1, que establece la necesidad de garantizar la imparcialidad y objetividad del seguimiento técnico. La interventoría, que puede incluir aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos, es un medio para que la entidad estatal cumpla su deber legal de control y vigilancia sobre la ejecución contractual, según la Ley 80 de 1993, artículo 14.1. La regla reitera la importancia de la individualidad jurídica de cada contrato, aunque exista un nexo funcional entre el contrato de obra y el de interventoría, y subraya que la labor del interventor no garantiza el cumplimiento del contrato de obra, sino que se limita a realizar la vigilancia técnica y mantener informada a la entidad contratante sobre posibles riesgos. Esto implica que la remuneración del interventor no debe depender únicamente del avance del contrato de obra, sino que debe cubrir costos directos e indirectos y una utilidad razonable, según la Ley 1474 de 2011, artículo 84, y el Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve: ¿El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de obra conlleva el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría? ¿La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio? ¿El punto de partida para determinar la intención de las partes, es la declaración vertida en el documento contractual?
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Consejo de Estado Providencia

La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 85001233300020180012502 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del plazo legal para evitar la caducidad del medio de control, lo cual garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad en las situaciones controvertidas, al tiempo que protege el interés general y racionaliza el uso del aparato judicial. La caducidad es una limitación irrenunciable y de orden público que el juez debe declarar de oficio si el plazo legal ha vencido, lo que implica la pérdida del derecho de acción. Sin embargo, la entidad estatal no puede alegar caducidad si el afectado no conoce del hecho dañoso, como en el caso de una desaparición forzada, y la demanda se presenta mientras la víctima sigue desaparecida y sin pronunciamiento de la justicia penal. Esta regla reitera la importancia de la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos, matizando la aplicación de la caducidad en casos excepcionales donde el conocimiento del hecho dañoso es imposible.síntesis automática
También resuelve: ¿Se configuró la caducidad del medio de control, en atención a la desaparición de la víctima y la fecha de presentación de la conciliación extrajudicial y de la demanda? ¿La declaración de responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política? ¿La desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad y una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales y convencionales?
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