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¿Se presenta nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Agencia Nacional de Minería (ANM) declaró la caducidad del contrato de concesión minera número EAS-121? No
Cuando la autoridad minera expide el acto de trámite que abre el procedimiento sancionatorio, comunica al contratista la causal de caducidad, los hechos que la originan y le concede un término para corregir o ejercer su derecho de contradicción, la declaratoria de caducidad no es nula por indebida notificación. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 288 de la Ley 685 de 2001 exige esa comunicación previa, y con ella se cumplió en el caso aunque el acto tuviera otra denominación. Segunda, el artículo 269 del Código de Minas dispone que las providencias de los procedimientos mineros se notifican por estado, y el acto de apertura no se encuentra entre las excepciones. Tercera, los demandantes conocieron el acto y reconocieron en la demanda que fue notificado por anotación en estado. En consecuencia, la sentencia apelada se confirmó, y se condenó en costas de segunda instancia a la parte vencida en favor de la autoridad minera. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en los eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007, por desconocimiento de lo establecido en los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, si no se allegó copia de la póliza única de cumplimiento? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de la Resolución 09 de 2007 por desconocimiento de los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, ya que no aportó la copia de la póliza única de cumplimiento, lo que impide determinar la vigencia, el valor asegurado y la cobertura del contrato de seguro. Además, la Sala reitera que la falta o indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, ya que no se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011 y no afecta la formación del acto, solo su exigibilidad. Esto implica que el juez no puede pronunciarse sobre la nulidad propuesta sin la documentación completa, y que la notificación adecuada es una diligencia obligatoria pero no determinante para la nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La falta o indebida notificación del acto definitivo es causal de nulidad?
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No
En la acción de repetición, la culpa grave no se configura cuando la entidad no demuestra la omisión inexcusable de la función imputada al agente ni una relación causal clara entre esa omisión y el hecho que motivó la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en dos razones. Primera, la omisión de expedir y notificar el acto de liquidación de cesantías no quedó probada como inexcusable para cada uno de los demandados, pues la entidad no acreditó el supuesto de hecho de la culpa grave imputada. Segunda, la convocante, como afiliada, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio en su cuenta individual, lo que impide atribuir a los agentes el pago reconocido en la conciliación. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no altera el régimen probatorio de la culpa grave. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe probar individualmente la conducta de cada demandado y su relación causal con el pago, sin trasladar al agente el costo de un acuerdo conciliatorio cuando falta esa prueba. Esa carga resulta especialmente exigente cuando el daño se atribuye a una omisión de notificación que la propia administración debía cumplir.síntesis automática
También resuelve:¿En los documentos allegados consta a cuál de los servidores o exservidor demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y notificar el acto de reconocimiento?¿El pago asumido por el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías de la servidora devino por la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional?¿La legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y material?
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito…¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente?¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión?¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
¿Las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto, ambas de 2011, están falsamente motivadas ya que al corregirse la identificación del nombre de la aseguradora se le vulneró el debido proceso de la demandante y no se le permitió interponer recursos contra la Resolución No. 97 del 19 de agosto de 2011? Sí
El contratista no puede alegar nulidad por falsa motivación ni vulneración del debido proceso por errores en la notificación del acto administrativo, ya que estos vicios no afectan la materialidad del acto sino su ejecutoriedad, y la falta de competencia de la entidad estatal no puede ser analizada de oficio si no fue planteada en la demanda inicial. La Sala reitera que la nulidad por falsa motivación requiere que el error de hecho o derecho sea suficiente para llevar al administrado a cuestionar la decisión, y que la notificación es un acto independiente del acto administrativo que no invalida este último. Esto implica que el contratista no puede interponer recursos basados en estos vicios y que la entidad estatal debe tener competencia para expedir el acto administrativo en el momento de su expedición.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible analizar de oficio la falta de competencia de la entidad estatal municipal para la expedición del acto administrativo que declara la caducidad del contrato?¿La indebida notificación del acto administrativo se constituye en un vicio de nulidad del acto administrativo?¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-07-01Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 27001233300020140021101LEY 1437 REPETICION
¿Procede ordenar al juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó, la remisión de la copia digital de la sentencia condenatoria del 7 de diciembre de 2007, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, con su constancia de notificación y ejecutoria, que confirmó la condena de los de los acá demandados, por la muerte de unos civiles, hechos que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad del Estado? Sí
El juez decreta la práctica y remisión de pruebas necesarias en segunda instancia con fundamento en las facultades procesales previstas en la ley. Bajo la providencia del 10 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó en el proceso de reparación directa, se expuso que el 7 de diciembre de 2007 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó. Por consiguiente, se ordena al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó la remisión de la copia digital de la sentencia condenatoria con su constancia de notificación y ejecutoria, con fundamento en lo previsto en el artículo 213 del CPACA.síntesis automática
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-04-12Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020150004900LEY 1437 REPETICION
¿Cuando se pidan testimonios se debe expresar el nombre, domicilio, residencia o lugar donde citar a los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba? Sí
La Sala, en esta providencia confirmará la decisión adoptada en la audiencia inicial de 6 de marzo de 2023, respecto de las pruebas que fueron solicitadas por la parte demandada y que se negaron, toda vez que el expediente administrativo debió ser solicitado por la parte demandada directamente y, los testimonios, no cumplen con los requisitos de pertinencias y conducencia. El artículo 173 del CGP señala que el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite… . Por su parte, el artículo 212 del CGP dispone que cuando se pidan testimonios se debe expresar el nombre, domicilio, residencia o lugar donde citar a los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA,LIQUIDACIÓN UNILATERAL,NOTIFICACIÓN,LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO,DEMANDA,CONTENIDO DE LA DEMANDA,FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ,NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO,CADUCIDAD,CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,FACULTAD D – Indebida notificación,tèrmino,Contabilización,Objeción,Requisitos formales,Excepciones procesales,Ineptitud,Demanda,Irregularidad,Competencia,Devolución – Mes: febrero – Año: 2013…
También resuelve:Contrato de obra pública: indebida notificación, acta de liquidación, inexistenciaCaducidad de controversias contractuales– término: contabilizaciónLiquidación del contrato: nulidad, objeción
¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión? Sí
El juez de segunda instancia resuelve la apelación únicamente sobre los reparos concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de pronunciarse de oficio sobre las cuestiones necesarias para decidir el mérito, como la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la indebida escogencia de la acción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable en segunda instancia por remisión del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, limita el objeto del recurso a los reparos concretos del apelante. Segunda, el artículo 328 del mismo código restringe la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones oficiosas que la ley prevé. Tercera, los alegatos de conclusión no son la oportunidad para formular pretensiones ni plantear o reformular cargos del recurso, de modo que el cargo propuesto en esa etapa no se estudia. La providencia confirma la decisión y no analiza el cargo introducido en los alegatos. La consecuencia práctica es que los argumentos nuevos, incluidos los que se presentan en los alegatos de conclusión, no sustituyen los reparos del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro de la oportunidad prevista por la Ley?¿Los incumplimientos de las obligaciones contractuales que condujeron a la imposición de la multa desaparecieron debido a las modificaciones contractuales realizadas por las partes?¿El Tribunal se equivocó al valorar los testimonios practicados, o por valorar documentos que no fueron mencionados durante el procedimiento administrativo de imposición de la multa?
¿El acto que declaró desierta la licitación pública fue falsamente motivado? No
El contratista no puede alegar que el acto que declaró desierta la licitación pública fue falsamente motivado si la entidad estatal rechazó adecuadamente la propuesta del contratista por no cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, como el diligenciamiento correcto del documento "Anexo desglose oferta económica". En este caso, la entidad rechazó correctamente la propuesta de la demandante por no cumplir con los requisitos para la presentación de la oferta económica, conforme a lo exigido en el pliego de condiciones. Además, el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho comienza a contar desde la notificación del acto que declaró desierta la licitación pública, y no se interrumpe por la solicitud de conciliación extrajudicial si la demanda se presenta oportunamente. Asimismo, la condena en costas es procedente cuando se evidencia una manifiesta carencia de fundamento legal, incluso en procesos que ventilan un interés público, sin necesidad de verificar si la demanda fue interpuesta con manifiesta carencia de fundamento legal.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a contar desde la notificación del acto que declaró desierta la licitación pública…¿El artículo 188 del CPACA exige la verificación de una manifiesta carencia de fundamente legal de la demanda para la condena en costas?
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar?¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública? Sí
El contratista es responsable de las multas impuestas por incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra pública, ya que existen pruebas documentales que demuestran su inejecución de obligaciones contractuales, como retrasos en la entrega de áreas de trabajo y falta de personal calificado. Además, la justificación del contratista para ejecutar actividades no previstas no guarda relación directa con las observaciones previas de la interventoría y no puede considerarse un hecho imprevisible. La Sala confirma que la entidad estatal actuó correctamente al expedir los actos administrativos sancionatorios, reafirmando la importancia de la motivación y la congruencia en el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante…¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes?¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?
63001233300020240005501 de 20262026-05-05Sección TerceraRad. 63001233300020240005501
El contratista debe notificar a la compañía aseguradora el acto administrativo que liquida unilateralmente un contrato estatal cuando en dicho acto se determinen obligaciones a cargo de la aseguradora, se valoren siniestros previamente declarados, se afecten riesgos amparados o se incluyan montos correspondientes a indemnizaciones y sanciones. En el caso concreto, la entidad estatal no notificó a la aseguradora la resolución que liquidaba el contrato, lo que implicó que las decisiones adoptadas en dicha resolución fueran inoponibles para la aseguradora y no produjeran efectos jurídicos. Además, el Consejo de Estado estableció que la figura de la suspensión del contrato estatal es una creación jurisprudencial que no se encuentra regulada en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y que su procedencia depende de causales de fuerza mayor, caso fortuito o circunstancias imprevistas sujetas a plazo o condición. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de las resoluciones que declaraban la caducidad del contrato por falta de competencia temporal, ordenando al Municipio restituir la suma pagada por la aseguradora.síntesis automática
También resuelve:Notificación del acto administrativo que liquida unilateralmente un contrato: notificación cuando exista interés directo de la empresa de seguros, deber de vincular a la aseguradora si se trata de un riesgo amparado, obligación forzosaEfectos de la falta de notificación: no genera nulidad del acto administrativo, procedencia de la ineficacia e inoponibilidad del acto, no produce efectos jurídicos, cpca artículo 72Suspensión del contrato estatal: no está regulada en el egcap, interpretación jurisprudencial, alcance, parálisis transitoria del contrato estatal
¿En los contratos interadministrativos una de las entidades estatales actúa como contratante y puede declarar el incumplimiento para hacer efectiva la póliza? Sí
En los contratos interadministrativos, una de las entidades estatales actúa como contratista, con los derechos y obligaciones que ello comporta, de modo que la otra entidad puede ejercer sus potestades unilaterales para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la póliza. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el alcance del régimen contractual en los contratos interadministrativos reconoce que una entidad estatal ocupa la posición de contratista, y esa condición no le quita la capacidad de ser sujeto de las consecuencias del incumplimiento. Segunda, la competencia de la entidad contratante para declarar el incumplimiento se desprende de la función de control del contrato, que la ley le atribuye. En el caso, la providencia revoca la decisión de primera instancia y reconoce la competencia de la entidad demandada para ejercer esas potestades. En la práctica, la entidad que contrate con otra entidad estatal debe pronunciarse de forma expresa sobre sus potestades unilaterales, porque su silencio puede dar lugar a cuestionamientos sobre su competencia.síntesis automática
También resuelve:¿La indebida notificación del acto administrativo afecta su eficacia más no su validez?¿El periodo de garantía, soporte y mantenimiento iniciaba con el acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato suministro?¿Procede la condena en costas cuando prosperan parcialmente las súplicas de la demanda?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista debe interponer un recurso de apelación contra la sentencia de un Tribunal Administrativo en el que se detallen los yerros o desaciertos del juez de primera instancia, y si la cuantía de la demanda supera el límite establecido por la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso en segunda instancia. La entidad estatal debe responder a esta interposición presentando argumentos que confronten los fundamentos de hecho y derecho del recurso, y la Sala determinará si el recurso de apelación se ajusta a los límites de competencia funcional del juez de segunda instancia, reiterando la necesidad de que la parte recurrente detalle los cargos específicos contra la decisión recurrida para que el proceso tenga validez.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal?¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida?¿La falta de contestación de la demanda y la renuencia a la exhibición de documentos, eventualmente pueden constituir un indicio en contra?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-24Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020160024301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La compañía aseguradora presentó la “demanda adhesiva” cuando ya había vencido el término legal de dos años para emprender el medio de control de controversias contractuales? Sí
La presentación oportuna de la demanda por uno de los sujetos procesales no interrumpe el término de caducidad para que otro formule una demanda adhesiva, de modo que, si la intervención se presenta después del vencimiento del término bienal del medio de control de controversias contractuales, opera la caducidad y la intervención debe rechazarse. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el término de dos años es un plazo objetivo que se cuenta desde la notificación del acto y se extiende al día hábil siguiente cuando el último día no es hábil, sin depender de la actuación de otra parte. Segundo, la demanda oportuna de la parte principal no equivale a la presentación de la demanda adhesiva ni suspende la caducidad, conforme a la línea jurisprudencial citada en la nota de relatoría sobre el litisconsorte cuasinecesario. La providencia confirma el auto que rechazó la intervención; en la práctica, quien pretenda intervenir como litisconsorte debe presentar su demanda dentro del término de caducidad contado desde su propia oportunidad, sin acogerse a la demanda oportuna de otro sujeto procesal.síntesis automática
También resuelve:¿El término para presentar la demanda de controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de…¿La caducidad para demandar se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces?
¿Debe la administración, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, garantizar plenamente el derecho al debido proceso del contratista y de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, al tratarse de un acto que implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual y que, por tanto, exige la posibilidad de ser oído, controvertir las pruebas y presentar las que se consideren pertinentes? Sí
El contratista y la aseguradora del cumplimiento del contrato estatal tienen derecho al debido proceso antes de que la administración declare la ocurrencia del siniestro y haga efectiva la garantía única de cumplimiento, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011. Este derecho implica la posibilidad de ser oídos, controvertir las pruebas y presentar las que consideren pertinentes para defender sus intereses, ya que la declaración de siniestro implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual. La Sala reitera la necesidad de garantizar el debido proceso en estas circunstancias, lo que implica que la administración debe permitir a las partes involucradas participar en un procedimiento reglado antes de adoptar decisiones que afecten sus intereses.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el municipio de Soacha ser condenado en costas en la segunda instancia, conforme al numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, dado que su recurso de apelación no prosperó?