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ACTO CONTRACTUAL

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Consejo de Estado Providencia

El Despacho del proceso más antiguo es el competente para decidir la acumulación de proceso

Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre acumulación de procesos 2024-04-22 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 15001233100020080040601 ACCION CONTRACTUAL
¿El Despacho del proceso más antiguo es el competente para decidir la acumulación de proceso? Sí
El 23 de junio de 2023, el Despacho ordenó que se expidieran unas certificaciones para estudiar de oficio la posible acumulación del proceso con radicado n.º 15001-23- 31-000-2009-00067-01 (55.787) con el proceso con radicado n.º 15001-23-31-000- 2008-00406-01 (62.126), que cursa en este Despacho, de conformidad con el artículo 159 CPC.… El auto admisorio del proceso del proceso de referencia, que cursa en este despacho, se notificó personalmente al demandado, Municipio de Tunja, el 6 de mayo de 2009, mientras que en el proceso con radicado n.º 15001-23-31-000-2009-00067-01 (55.787) se notificó personalmente a la parte el 8 de octubre de 2010. Como el proceso que cursa en este Despacho, identificado con radicado n.º 15001-23-31-000-2008-00406-01 (62.126) es el más antiguo, el Despacho es competente para estudiar la acumulación, de conformidad con el artículo 158 CPC.
También resuelve: ¿Resulta procedente acumular procesos de controversias contractuales en los que se demandan diferentes actos administrativos proferidos con relación al mismo contrato de obra?
ACUMULA
Consejo de Estado Providencia

La liquidación unilateral por parte de Ecopetrol no constituye un acto administrativo.

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 50001233300020170043801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos contractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos? No
El contratista no puede considerar los actos contractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado como actos administrativos, ya que estos se rigen por el derecho común y no por el derecho público, lo que implica que la liquidación unilateral por parte de Ecopetrol no reviste las características propias de un acto administrativo. Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación, debe tenerse en cuenta el plazo dispuesto para liquidar el contrato, y si la caducidad no ha operado, el juez de segunda instancia debe devolver el expediente al tribunal de origen para continuar con el proceso. Además, si el recurso de apelación prospera, no procede la condena en costas.síntesis automática
También resuelve: ¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en eventos en que el contrato requiere liquidación… ¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias… ¿Es improcedente la condena en costas porque recurso de apelación prosperó?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿La no presentación de recursos ordinarios frente a un auto en el proceso judicial, deriva en la aceptación de lo estipulado en dicha providencia?

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020210056101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La no presentación de recursos ordinarios frente a un auto en el proceso judicial, deriva en la aceptación de lo estipulado en dicha providencia? Sí
El auto que declara la falta de competencia del juez y se notifica sin que se interponga recurso queda aceptado por la parte, de modo que no puede reabrirse el asunto después en el mismo proceso. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el despacho declaró su falta de competencia para conocer en única instancia porque, aunque la demanda se promovió como nulidad y restablecimiento, la naturaleza contractual de los actos definía la competencia del tribunal conforme a la Ley 685 de 2001. Segunda, la providencia fue notificada y no fue recurrida, por lo que el proceso se remitió al tribunal competente y la falta de oposición implica aceptación de lo decidido. Tercera, la excepción prevista para bienes estatales imprescriptibles e inenajenables del literal b del numeral 1 del artículo 164 del CPACA se aplica solo cuando se controvierte la propiedad del bien, y no cuando se discuten actos sobre la cesión de derechos. La providencia confirma la decisión. La consecuencia práctica es que la falta de recurso oportuno contra el auto de remisión por competencia cierra la discusión sobre ese punto dentro del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente dar aplicación a la premisa establecida en el artículo 164 del CPACA numeral 1 literal b), para litigios que giran en torno a la licitud de actos administrativos que resolvieron sobre…
CONFIRMA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-02-27 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B) CLARA CECILIA SUAREZ VARGAS Rad. 25000233600020190020200 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe declararse la nulidad del Auto número GSC-ZC No. 001730 de 29 de diciembre de 2017 por medio del cual la ANM ordenó la suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del Contrato de Aporte; y de la Resolución número GSC-000923 de 20 de abril de 2017, que lo confirmó, por haber sido proferidos con infracción de las normas en que deberían fundarse y/o con violación del debido proceso? ¿La ANM incumplió el Contrato de Aporte, con ocasión de la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del contrato aludido, adoptada mediante los actos administrativos demandados? No
El contratista no puede declarar nula la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero emitida por la ANM, ni la resolución que la confirma, ya que dichas decisiones se fundamentan en la protección del interés general y en el principio de precaución en materia ambiental, que prevalecen sobre los derechos adquiridos del contratista. La suspensión se basa en la superposición del área del título minero con una zona de reserva ecológica y en la falta de licencia ambiental, lo que no constituye un incumplimiento por parte de la ANM del contrato de concesión minera, sino el ejercicio de una facultad constitucional que se ajusta a los principios de buena fe y confianza legítima. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la prevalencia del interés general en asuntos mineros y ambientales, lo que implica que las autoridades pueden modificar las condiciones contractuales en función de la protección del medio ambiente, incluso durante la vigencia del contrato.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

La entidad demandada incumplió el contrato

Sentencia — Sentencia 2026-02-27 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 41001233300020150065302 LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿La entidad demandada incumplió el contrato, desconoció la buena fe contractual cuando en la parte resolutiva de las Resoluciones 562 y 755 de 2014, incluyó también al contratista como su destinatario, pese a que esta particular situación jurídica ya había sido definida previamente por la administración? Sí
El contratista puede prosperar parcialmente en su demanda cuando la entidad demandada desconoce la buena fe contractual al incluirlo como destinatario en resoluciones que ya fueron definidas previamente por la administración en otro acto administrativo. En este caso, la entidad demandada incluyó al contratista como destinatario en las resoluciones 562 y 755 de 2014, a pesar de que la situación jurídica ya había sido resuelta en las resoluciones 429 y 500 de 2014. Esta actuación contraviene la buena fe contractual y constituye un incumplimiento del contrato, lo que justifica la declaratoria de incumplimiento del contrato por parte de la entidad demandada. La sentencia reitera la jurisprudencia según la cual los actos contractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen la naturaleza de actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado, lo que implica que las controversias deben ser examinadas desde la perspectiva del cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos expedidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios ostentan la naturaleza de actos administrativos? ¿Resulta procedente declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, en relación con la pretensión económica consecuencial… ¿Resulta improcedente condenar en costas en primera y segunda instancia, por cuanto la demanda prosperó parcialmente y fue necesario complementar la sentencia objeto del recurso de alzada en favor…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Los instrumentos expedidos por el Fondo de Adaptación no tienen la connotación de actos administrativos

Sentencia — Sentencia 2025-12-03 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 08001233300020190080101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los instrumentos expedidos por el Fondo de Adaptación no tienen la connotación de actos administrativos, dado que el contrato se rige por el derecho privado? Sí
El contratista no puede cuestionar en sede judicial las resoluciones emitidas por el Fondo de Adaptación que declaran el incumplimiento parcial del contrato, dado que estos instrumentos no tienen la naturaleza de actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado, por lo que cualquier controversia debe fundamentarse en el marco obligacional del acuerdo de voluntades celebrado y no en la inexistencia de un acto administrativo. La Sala confirma que las renuncias expresas a las reclamaciones económicas dentro de un contrato estatal, acordadas por las partes, son vinculantes y obligatorias, en virtud de los principios de buena fe y rectitud contractual, y que la demandante no cumplió con justificar adecuadamente por qué las resoluciones en cuestión violan el marco legal del contrato, lo que implica que los reclamos del contratista son improcedentes. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la obligatoriedad de las renuncias expresas en contratos estatales y establece que la ausencia de fundamentos específicos en la demanda impide al juez pronunciarse sobre la legalidad de los actos contractuales en cuestión.síntesis automática
También resuelve: ¿El tribunal se equivocó al afirmar que las renuncias económicas estipuladas en las actas de suspensión del contrato debatido impedían al contratista reclamar el pago de perjuicios asociados al… ¿El juzgador de primera instancia desacertó al no pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones n° 303 y 334 de 2019, afirmando que la demandante no esgrimió cargos en su contra? ¿La corporación judicial de primer grado transgredió el principio de imparcialidad al abstenerse de acceder a la pretensión de liquidación en el sub lite…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 41001233300020190021401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve: ¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas? ¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general ¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Por regla general e inclusive en contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las manifestaciones de voluntad que las entidades estatales emiten durante la ejecución del contrato corresponden a actos contractuales de derecho privado y no a actos administrativos con presunción de legalidad y fuerza ejecutoria.

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233100020090040001 ACCION CONTRACTUAL
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2… ¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal? ¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La excepción de cosa juzgada impide el análisis de reparos sobre el incumplimiento contractual y vinculación cuando existe decisión judicial ejecutoriada.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 41001233300020160031501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Operó la excepción de cosa juzgada para impedir el análisis de los reparos del apelante sobre el incumplimiento contractual y la indebida vinculación al proceso, existiendo decisión judicial ejecutoriada y auto en firme sobre tales aspectos? Sí
La excepción de cosa juzgada opera e impide efectuar un nuevo análisis sobre los reparos del apelante relativos al incumplimiento contractual y a la indebida vinculación procesal cuando sobre tales aspectos existe una decisión judicial previa y un auto en firme debidamente ejecutoriados. En este caso, la providencia reitera los efectos de la sentencia ejecutoriada proferida en un proceso anterior entre las mismas partes respecto del contrato de obra pública para la construcción de la torre materno infantil, constatando el porcentaje de ejecución y el incumplimiento demostrado.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez debe abstenerse de considerar lo decidido en otro proceso judicial promovido por la garante del contrato, a pesar de la similitud de los cargos… ¿Las decisiones mediante las cuales una empresa social del Estado declaró el incumplimiento y liquidó unilateralmente el contrato, no son actos administrativos por estar sometidas al derecho privado? ¿El Hospital Universitario del Norte incurrió en una actuación antijurídica al ejercer la facultad de liquidación unilateral del contrato…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020180080701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la liquidación unilateral del contrato de obra? Sí
El término de caducidad de la acción contractual contra la liquidación unilateral de un contrato de obra se cuenta dentro de los dos años siguientes a esa liquidación, y que la conciliación prejudicial suspende el término mientras se surte. Además, el contratista que cede a un tercero a título oneroso los derechos económicos del contrato, sin ceder la posición contractual, carece de legitimación en la causa por activa para reclamar esas prestaciones, porque solo el cesionario tiene interés en ellas. Una razón es que la liquidación unilateral de la entidad se produjo en agosto de 2016 y la demanda en abril de 2018, dentro de los dos años, descontado el tiempo de la conciliación prejudicial, por lo que no operó la caducidad. Otra razón es que la cesión de los derechos económicos fue hecha a un tercero, de modo que las pretensiones de contenido económico debían reclamarse por el cesionario. En el caso, la Sala modificó la sentencia apelada y declaró probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa del contratista respecto de las pretensiones económicas. Su consecuencia práctica es que la cesión de derechos económicos transfiere la legitimación para reclamarlos.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Constructora de Obras de Ingeniería COI Ltda en relación con las pretensiones económicas… ¿La contratista está legitimada para controvertir la legalidad de los actos contractuales diferentes a los reconocimientos económicos derivados de la ejecución del contrato? ¿El incumplimiento del demandante tuvo como causa el correlativo incumplimiento del municipio de Medellín en su deber de definir las zonas y elementos estructurales a intervenir en la estructura…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas no es exclusivamente el derecho privado

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020160013501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas, como otros de los denominados regímenes especiales, no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es “salvo las excepciones consagradas en la Ley"? Sí
El contratista no puede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral proferido por la entidad estatal, como las universidades públicas, cuando el contrato se rige por el derecho privado y no se allega prueba del estatuto interno que regula los actos administrativos de la universidad. La Sala confirmó que el régimen jurídico de contratación de las universidades públicas no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es salvo las excepciones consagradas en la Ley 30 de 1992, y que los reglamentos internos de estas instituciones pueden establecer cuáles de sus actos son administrativos. Sin embargo, en este caso, el contratista no cumplió con su deber probatorio de demostrar que el acto de liquidación era un acto administrativo, por lo que la Sala rechazó la pretensión de declarar la nulidad del acto y reconoció la regla general de que el régimen de los contratos es el derecho privado. Esto implica que el acto de liquidación no es un acto administrativo, sino un acto contractual unilateral sin naturaleza de acto administrativo, y que el contratista debe demostrar la naturaleza jurídica del acto para poder anularlo.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente declarar la nulidad de los actos de liquidación unilateral proferidos por la Universidad Tecnológica de Pereira y, en consecuencia… ¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del contrato de obra celebrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, por el ejercicio indebido de la facultad de liquidar unilateralmente… ¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado, como los celebrados por las Universidades Públicas, les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 66001233100020090001601 ACCION CONTRACTUAL
¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición? No
La liquidación unilateral de un convenio de asociación no constituye acto administrativo cuando la ley no confiere a la entidad estatal competencia expresa para liquidarlo unilateralmente, sino que es un acto contractual sin presunción de legalidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen de los convenios de asociación lo define el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, complementado por el Decreto 777 de 1992 y, en lo no previsto, por el derecho privado. Segunda, en ese régimen no existe el deber de liquidar el negocio ni la competencia expresa para hacerlo unilateralmente, de modo que la invocación de una habilitación legal para liquidar contratos estatales no suple esa falta. Tercera, la manifestación de la entidad carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio propios de los actos administrativos, y se limita a un corte de cuentas. La providencia revoca la decisión de primera instancia y resuelve el fondo del asunto sin que fuera necesario impugnar esa liquidación como acto. La consecuencia práctica es que la demanda no resulta inepta por omitir la pretensión de anulación de una liquidación que no es acto administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio… ¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2025-09-01 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233300020180148501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación, sin que estos hayan sido objeto de debate en la demanda o la contestación? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación si estos no han sido objeto de debate en la demanda o la contestación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que exigen que el fallo se ajuste a los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación, evitando sorprender a las partes con decisiones sobre aspectos no debatidos. El contrato de prestación de servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa no está sometido al régimen de contratación pública, sino a las normas del Código Civil y del Comercio, y a disposiciones especiales en materia de prestación del servicio educativo, conforme a la Ley 1294 de 2009 y su reglamentación. En contratos estatales regidos por normas de derecho privado, los actos contractuales emitidos por la entidad pública no se consideran ejercicios de potestades administrativas, manteniendo la igualdad entre contratantes, aunque pueden convenir una etapa de liquidación del contrato para definir reajustes, revisiones o reconocimientos, siempre dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres.síntesis automática
También resuelve: ¿Está sometido al régimen de contratación pública un contrato de prestación del servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa? ¿Pueden considerarse actos administrativos las manifestaciones contractuales realizadas por una entidad pública en contratos estatales regidos por normas de derecho privado? ¿Constituyen actos administrativos las resoluciones expedidas por una entidad pública para liquidar unilateralmente un contrato estatal regido por normas de derecho privado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual.

Sentencia — Sentencia 2026-09-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020200021301 Controversias contractuales
¿Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual? Sí
Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo con iglesias y confesiones religiosas, celebrado conforme al literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009, se resuelven con las normas civiles y comerciales pertinentes y con la regulación especial del sector educativo, no con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 establece un régimen que excluye la aplicación de las normas de contratación pública y somete el negocio al derecho privado; la regulación especial del servicio educativo rige aspectos concretos, como la idoneidad del prestador, la planeación, la cobertura y el cálculo de la remuneración; y la mención de la Ley 80 de 1993 o de la Ley 1150 de 2007 en el encabezado o en algunas estipulaciones no cambia ese régimen. Por ello, el incumplimiento de este tipo de contratos debe analizarse conforme al derecho privado y a las reglas que regulan el incumplimiento contractual en ese ámbito. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve: ¿En el contrato estatal regido por el derecho privado, la facultad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato deriva exclusivamente del acuerdo de voluntades y no de los… ¿En el contrato de administración del servicio educativo regido por el Decreto 2355 de 2009, el valor fijo por alumno determinado con fundamento en los componentes de la canasta educativa ofrecidos… ¿Debe declararse el incumplimiento de la entidad territorial por no reconocer al contratista los costos derivados de la disminución de la matrícula estudiantil…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Ante la falta de prueba de las inversiones efectuadas y su amortización, no resulta procedente acceder a lo pretendido.

Sentencia — Sentencia 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 08001233100220110114301 ACCION CONTRACTUAL
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve: ¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión? ¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral? ¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 18001234000020190006702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve: ¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.? ¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga? ¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los instrumentos expedidos por la contratante en ese marco no tienen la connotación de actos administrativos

Sentencia — Sentencia 2025-12-03 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 08001233300020200061901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El negocio jurídico estuvo gobernado por el derecho privado y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos? Sí
El contratista no puede emplear la vía contenciosa para sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes, ya que el negocio jurídico celebrado para la vigilancia de las obras afectadas por el fenómeno de La Niña está gobernado por el derecho privado, y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos. La entidad contratante puede perseguir por vía judicial el cierre financiero del contrato si el balance definitivo no se ha producido pese al interés reiterado de la contratante y el plazo convencional ha expirado, siempre que no pueda practicar la liquidación de forma unilateral. Además, las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para el uso de la jurisdicción contenciosa en casos de liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Existe causa suficiente para que la entidad hiciera uso de la pretensión de perseguir por vía judicial el cierre financiero del negocio… ¿Son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia… ¿La sociedad contratista detenta la condición de extremo pasivo de la relación jurídico procesal, por lo cual no se encuentra habilitada para formular pretensiones que introduzcan cuestiones…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170100701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato? ¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente? ¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se probaron las mayores cantidades de obra

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130068501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probaron las mayores cantidades de obra? No
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación? ¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista? ¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200039601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional? ¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito? ¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
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