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¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito?¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio?¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
¿La demanda respecto a las pretensiones acumuladas de controversias contractuales y reparación directa fue presentada dentro del término de caducidad respecto a estos medios de control? Sí
El contratista presenta una demanda acumulando pretensiones de controversias contractuales y reparación directa dentro del término de caducidad establecido por la ley. En este caso, el contrato de promesa de compraventa se regía por el derecho privado y no contemplaba liquidación, por lo que el término de caducidad para controversias contractuales se contabiliza desde la terminación del contrato, que ocurrió el 22 de agosto de 2018, con la devolución del dinero a Llano Verde. La demanda fue presentada el 16 de noviembre de 2018, dentro del plazo legal. Para la reparación directa, el término de caducidad comenzó el 11 de julio de 2018, cuando Emsirva comunicó la imposibilidad de suscribir la escritura de venta, y la demanda se presentó oportunamente el 16 de noviembre de 2018. La acumulación de pretensiones es procedente conforme al artículo 165 del CPACA. La cláusula décima del contrato excluye el reconocimiento de intereses y perjuicios adicionales en caso de terminación por imposibilidad de tradición, lo que implica que no procede la indemnización de perjuicios reclamada por los demandantes.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del contrato acordaron que en caso de terminación por imposibilidad de realizar la tradición del bien, se devolvería el dinero pagado sin reconocimiento de intereses…¿Procede negar las pretensiones de reparación directa formuladas en la demanda porque los perjuicios reclamados por los demandantes se derivan del incumplimiento del contrato…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? No
El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo?¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad?¿En qué consiste la teoría de los actos propios?
¿Las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales se presentaron de forma oportuna, de conformidad con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución? Sí
El contratista presenta oportunamente las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución. La Sala determina que el plazo del contrato se estableció inicialmente por un término fijo de cinco años, pero en caso de que las gestiones para lograr el pago se debieran adelantar ante los estrados judiciales, el plazo se convierte en indeterminado pero determinable en función de la duración de los procesos judiciales. La Sala reitera la importancia de interpretar las cláusulas del contrato de manera sistemática y coherente con el objeto convenido y las obligaciones de las partes, lo que implica que las demandas presentadas dentro del plazo judicial son oportunas y no caducan. Esta interpretación permite que los procesos judiciales se desarrollen sin restricciones temporales adicionales, garantizando la efectividad del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias…
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, o que no constituye un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primea instancia? No
El juez de segunda instancia solo puede decidir sobre los cargos concretos formulados contra la decisión de primera instancia, de modo que no le corresponde examinar fundamentos que varíen la causa petendi ni reparos que no confronten las razones del fallo recurrido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el marco de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, y la simple interposición del recurso o la manifestación general de inconformidad no bastan. Segundo, la decisión debe ser congruente con la demanda, la sentencia y el recurso, por lo que no puede abordar cuestionamientos nuevos que no fueron planteados al inicio del proceso. Tercero, admitir argumentos ajenos a la demanda o sin sustentación suficiente vulneraría el derecho fundamental al debido proceso de las partes. La providencia confirma la sentencia y reitera el criterio de la subsección sobre la carga de sustentación de la apelación; en la práctica, el apelante debe identificar los yerros concretos del fallo de primera instancia dentro de la causa petendi formulada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, cuando se observa que…¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, por falta de aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato?¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente?¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual?¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación?¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
¿La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados? Sí
El contratista tiene derecho al ajuste de sus honorarios básicos por la elaboración de diseños arquitectónicos, y la entidad estatal incumplió al no cancelar dichos honorarios, lo que se evidencia por la falta de prueba de que se haya realizado el pago. La regla establece que en contratos de cuantía determinable, como el de consultoría No. 226 de 2005, el precio puede ajustarse conforme a las condiciones pactadas en las bases del concurso y los términos de referencia, sin necesidad de suscribir un contrato adicional. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre ajustes en contratos estatales, estableciendo que la entidad debe cumplir con los ajustes de honorarios según lo pactado, y que la falta de pago constituye un incumplimiento del contrato que genera responsabilidad patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Obran elementos de juicio que permitan determinar con certeza el monto del perjuicio que tienen derecho a recibir los demandantes?¿La entidad demandada no consideró procedente el ajuste en los términos planteados por el Consorcio?¿En el contrato de consultoría No. 226 de 2005 no se pactó un valor determinado, sino determinable?
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal?¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto?¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2…¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal?¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
¿Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, con fundamento en la naturaleza del contrato, las necesidades públicas por satisfacer y los costos que la ejecución contractual demanda? Sí
Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, atendiendo a la naturaleza del contrato, a las necesidades públicas por satisfacer y a los costos que demanda su ejecución. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 ubica la interventoría dentro de la categoría de consultoría y la hace obligatoria en los contratos de obra pública, debiendo contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista; entre el contrato de obra y el de interventoría existe una coligación contractual, de modo que la existencia del primero es necesaria para la del segundo; y las obligaciones del contrato de obra constituyen el objeto abstracto del contrato de interventoría, por lo que su remuneración debe responder a esa relación de dependencia unilateral. Por ello, la entidad no puede desligar la forma de pago de la ejecución de la obra que supervisa. La providencia se modifica en el aspecto relativo a la remuneración.síntesis automática
También resuelve:¿Conduce la interpretación sistemática del contrato y de su ejecución a concluir que el valor pactado operaba como monto máximo y que la remuneración dependía de los recursos efectivamente utilizados?¿Incumplió el consorcio interventor sus obligaciones contractuales al omitir la entrega completa y oportuna de la documentación técnica exigida y desatender los requerimientos formulados por la…¿Constituye la entrega incompleta del informe final de interventoría un incumplimiento contractual que impide exigir el pago de las actas pendientes?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-26Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 18001233300020230014601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra los autos que rechazan la demanda? Sí
El operador judicial aplica las disposiciones procesales vigentes para determinar la competencia funcional y el trámite de los recursos interpuestos contra las providencias inhibitorias o de rechazo. En el presente asunto, la Corporación establece su competencia en segunda instancia de conformidad con el artículo 150 del CPACA para conocer de la apelación contra el auto que rechaza la demanda, decisión que resulta susceptible de impugnación según el artículo 243.1 del mismo código, debiendo resolverse por la Sala conforme al literal g) del artículo 125 ibidem, y aplicando el término de sustentación previsto en el artículo 244.3 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación se presentó oportunamente teniendo en cuenta el término de sustentación y el momento en que se notificó el auto recurrido?¿Debe aplicarse la regla general del artículo 164, numeral 2, literal j), de la Ley 1437 de 2011 para el cómputo de la caducidad en las controversias contractuales cuando no se configura alguno de…¿Podían las partes, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, someter el contrato de prestación de servicios al trámite de liquidación…
¿Los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliaros en el desarrollo de su actividad contractual son actos administrativos? No
El contratista no puede expedir actos administrativos en el marco de su actividad contractual como empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no emanan de prerrogativas públicas ni del régimen legal aplicable, sino que se rigen por el derecho privado salvo disposición constitucional o legal en contrario. La entidad prestadora de servicios, en este caso Emsersopó, carece de competencia para proferir actos administrativos, y un contrato de seguro entre particulares no puede conferirle tales facultades. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, por lo que deben ser analizados bajo las normas del derecho común y las condiciones estipuladas en el contrato, sin someterse a los controles de legalidad aplicables a los actos administrativos. Esto implica que las condiciones generales de la póliza de seguro deben interpretarse conforme a la intención de las partes y el régimen legal aplicable, sin restar efecto a lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El pacto de facultades unilaterales por las partes del contrato estatal, en este caso, tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva la garantía…¿El seguro de cumplimiento es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que…¿Emsersopó siguió el procedimiento establecido en las condiciones generales de la póliza de cumplimiento, para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y…
¿Existió una falta al deber de información por parte de uno de los miembros del tribunal de arbitramento y con ello la configuración de la causal de anulación de indebida conformación del tribunal? No
El incumplimiento del deber de información de un árbitro no constituye causal de anulación del laudo cuando la circunstancia ocurre después de conformado el tribunal, y la causal de laudo en conciencia exige solo verificar si el laudo expone su fundamentación, no revisar el fondo jurídico o probatorio. La regla se apoya en tres razones. Primera, la Sala ha establecido que la indebida conformación del tribunal no se estructura por deberes de información posteriores a la integración del tribunal. Segunda, el deber de información del artículo 15 de la Ley 1563 de 2012 obliga a comunicar las coincidencias con las partes en los dos años anteriores, y en el caso ninguna de las circunstancias imputadas a la árbitra ocurrió en ese período. Tercera, la causal de laudo en conciencia solo permite estudiar la ausencia de fundamentación del laudo, y el recurso de anulación no procede frente a la decisión de fondo. En consecuencia, los cargos no prosperan y el recurso se declara infundado. El documento reitera el criterio sobre la indebida integración del tribunal.síntesis automática
También resuelve:¿La causal de laudo en conciencia implica estudiar el fundamento jurídico y probatorio del mismo?¿La imposición de costas procesales en el laudo arbitral configuró la causal de anulación de fallo en conciencia?¿La sanción del juramento estimatorio, configura la causal de nulidad de fallo en conciencia?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública? Sí
El contratista puede ejercer la acción de controversias contractuales dentro del término de dos años que comienza a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública, según establece el artículo 136 numeral 10 literal c) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando el contrato es liquidado bilateralmente y se reanuda el término de caducidad si se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial antes de que éste vence. La entidad estatal cumple parcialmente con su obligación de entregar oportunamente los estudios y diseños al contratista para la fase previa a la ejecución de las obras, lo que no implica necesariamente la extensión del plazo del contrato, ya que la mora del contratista en revisar y ajustar estos documentos puede ser la causa principal de la demora. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos en el contrato y la necesidad de presentar la acción de controversias en tiempo y forma.síntesis automática
También resuelve:¿El Instituto de Desarrollo Urbano cumplió parcialmente con su deber de entregar oportunamente al contratista los estudios y diseños para la fase previa a la ejecución de las obras?¿El incumplimiento de la Unión Temporal en su deber de revisar, evaluar y ajustar los documentos de los estudios y diseños para la ejecución de la obra…¿El juez de primera instancia valoró adecuadamente el documento en el que el contratista solicitó el restablecimiento económico del contrato al IDU…
¿La relación que dio origen a la controversia entre las partes deriva de los contratos de comodato suscritos por ellas? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, las pretensiones extracontractuales formuladas como subsidiarias no pueden prosperar cuando la relación que dio origen a la controversia deriva de contratos de comodato con naturaleza contractual demostrada. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la causa jurídica de la controversia se fija por la naturaleza del vínculo, de modo que, si ese vínculo es contractual, las pretensiones de carácter extracontractual no son el medio adecuado para reclamar. Segunda, la imposibilidad de reclamar el pago de las mejoras se deriva de esa naturaleza contractual, que ordena el régimen de restitución y compensación entre las partes. La providencia confirma la denegación de las súplicas subsidiarias y modifica la decisión de primera instancia en lo relativo a las pretensiones. En la práctica, el demandante debe ajustar sus pretensiones a la fuente contractual del vínculo, porque una pretensión extracontractual subsidiaria no sustituye las reclamaciones derivadas del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El comodatario asumiría el costo de las mejoras realizadas sobre los lotes que recibió?¿Las súplicas encaminadas a obtener la declaratoria de ruptura del equilibrio contractual, el pago de mejoras realizadas en ejecución del contrato y, las subsidiarias de enriquecimiento sin causa…¿La demanda fue presentada en forma extemporánea y la petición de conciliación prejudicial también lo fue?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020220001101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la acción por presentación extemporánea de la demanda? Sí
Como la suspensión de términos operó hasta el 30 de junio de 2020, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA-11567 [de 2020] ordenó la reanudación de los términos judiciales a partir del 1º de julio del mismo año,… entre el 2 de marzo de 2019 y el 15 de marzo de 2020 trascurrieron 12 meses y 13 días, es decir, que una vez reanudado el término al actor le quedaban 11 meses y 17 días para promover el medio de control jurisdiccional de controversias contractuales, plazo que contado desde el 1º de julio de 2020 (día después de la suspensión) vencía el 17 de junio de 2021, empero, como la parte actora presentó la demanda el 19 de enero de 2022 operó el fenómeno procesal de la caducidad, en consecuencia, se confirmará el auto apelado que rechazó la demanda.
También resuelve:¿Se confirmará la decisión de primera instancia que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿Las partes acordaron en cláusula del contrato que este sería liquidado dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo señalado para su ejecución?¿La contratación con la sociedad demandada se rige por las reglas del derecho privado en atención a su régimen jurídico?
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la decisión emitida por el amigable componedor, al acreditarse que este mecanismo es procedente en contratos celebrados con entidades públicas bajo la aplicación del artículo 130 de la Ley 446 de 1998? Sí
Es clara la procedencia de la amigable composición en los contratos en los cuales sea parte una entidad del Estado, incluso frente a aquellos celebrados durante la vigencia del artículo 130 de la Ley 446 de 1998, que es el caso del contrato que dio origen a este litigio. No obstante, el Tribunal, para declarar la nulidad de la amigable composición del 16 de septiembre de 2005, se basó en el concepto proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 13 de agosto de 2005. Sin necesidad de remitirse a las posturas jurisprudenciales anteriores a dicho concepto, es claro que, como quedó expuesto, existe consenso en cuanto a la viabilidad legal de pactar este mecanismo de resolución de conflictos cuando una de las partes es una entidad estatal y, por ello, no es posible concluir de ninguna manera que se trate de un acuerdo contra legem que adolezca de objeto ilícito.
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde que se notificó a las partes de la decisión emitida por el amigable componedor?¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los integrantes del consorcio contratista y sobre la Universidad Militar Nueva Granada como amigable componedor?