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ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO

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Consejo de Estado Providencia

¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados?

Sentencia — Sentencia 2024-03-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170033401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve: ¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas? ¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009? ¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó que existe nulidad de un contrato por violación al derecho de audiencia

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020170234701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó que existe nulidad de un contrato por violación al derecho de audiencia, debido a que el ordenador del gasto no estuvo presente en toda la audiencia de adjudicación; y por violación a las normas en que debía fundarse y por falsa motivación? No
En los procesos de nulidad contractual, la ausencia del ordenador del gasto durante toda la audiencia de adjudicación de una licitación pública no vicia el acto de adjudicación, porque no existe una norma que lo obligue a estar presente en todo su desarrollo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ausencia de una norma que imponga la presencia permanente impide declarar la nulidad por violación del derecho de audiencia. Segunda, los cargos de nulidad por violación de las normas en que debía fundarse el acto y por falsa motivación deben probarse, y en el caso no lo fueron. En el caso, la providencia confirma la negativa de las pretensiones porque los cargos de nulidad contra el acto de adjudicación no quedaron probados. En la práctica, quien impugne una adjudicación por la ausencia de un servidor en la audiencia debe identificar la norma que exigía su presencia y acreditar el perjuicio que le causó la ausencia.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se interpuso dentro del término estipulado por la ley? ¿Procede la condena en costas al resolverse de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020140023702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El término de caducidad de treinta días del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empieza a correr desde el día en que se produce el hecho que lo activa, y si vence sin que se presente la demanda ni se radique la solicitud de conciliación extrajudicial, la caducidad debe declararse de oficio. La regla se apoya en el término de treinta días que fija la norma procesal aplicable al caso, y en que la solicitud de conciliación extrajudicial es una actuación que el demandante puede presentar dentro del mismo plazo. Por ello, el juez debe verificar el cómputo desde la fecha del acto y no aceptar la demanda extemporánea. En el asunto, el término comenzó a correr en una fecha determinada de 2012, venció sin que el demandante presentara la demanda ni la conciliación, y la Sala revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones para declarar probada la caducidad de oficio. En la práctica, la demanda de nulidad y restablecimiento contra el acto que niega la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica debe presentarse dentro de los treinta días siguientes para no caducar.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue promovido extemporáneamente? ¿Los actos proferidos antes de la celebración del contrato son demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho… ¿Se confirmará la condena en costas impuesta por el Tribunal en primera instancia, la cual será actualizada hasta la fecha de esta providencia?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La declaratoria de incumplimiento se efectuó en la Resolución

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 15001233100020020020401 ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado… ¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa? ¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
Consejo de Estado Providencia

Habrá lugar a proferir una sentencia complementaria cuando el juez del recurso deja de decidir alguno de estos asuntos

Auto interlocutorio — Auto que resuelve incidente de adición de la sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020090087102 ACCION CONTRACTUAL
¿Habrá lugar a proferir una sentencia complementaria cuando el juez del recurso deja de decidir alguno de estos asuntos que en virtud del escrito de impugnación o de la ley le corresponde resolver? Sí
Dado que el Código Contencioso Administrativo no contempla la figura de la adición de la sentencia en los procesos de esta jurisdicción, en virtud de la remisión que hace su artículo 267 a las normas del Código de Procedimiento Civil, resulta aplicable el artículo 311 de este último.… Según la primera parte de la norma, cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria. Esto es aplicable tanto para la sentencia de primera instancia, como para la proferida por el ad-quem.
También resuelve: ¿Hay lugar a adicionar la parte resolutiva de la providencia frente a la alegada falta de competencia funcional de la entidad demandada para proferir el acto administrativo en el que se declaró un… ¿Hay lugar a adicionar la parte resolutiva de la providencia por falta de pronunciamiento frente a los cargos de violación de los artículos 1602, 1603 y 1622 del Código Civil? ¿El juez de segunda instancia omitió resolver el cargo referente a la violación de los artículos 31 y 58 de la Ley 80 de 1993 alusivos a la publicación de los actos sancionatorios?
ACCEDE
Consejo de Estado Providencia

La Sala no tiene sustrato jurídico que pueda ser objeto de estudio en esta instancia, la confirmará

Sentencia — Sentencia 2022-06-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150245501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas? ¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia? ¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
Consejo de Estado Providencia

Se varió la causa petendi consignada en el libelo introductorio con lo que se vulnera la regla de la congruencia

Sentencia — Sentencia 2023-11-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130165702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se varió la causa petendi consignada en el libelo introductorio con lo que se vulnera la regla de la congruencia? Sí
El juez no puede fallar sobre fundamentos distintos a los que la parte expuso en la demanda, pues la sentencia debe ser congruente con la causa petendi y con las pretensiones, según el artículo 281 del Código General del Proceso, y que los nuevos argumentos planteados en la apelación no se estudian si alteran esa causa. Una razón es que los reparos sobre violación del derecho a la igualdad y sobre las reglas de terminación de los contratos mineros no controvierten los fundamentos del fallo de primera instancia, que consideró vigente la zona de utilidad pública y la exigencia de autorización previa de la gestora del proyecto. Otra razón es que esos reproches cambian el fundamento de la demanda, lo que vulneraría la regla de congruencia. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto de adjudicación. Su consecuencia práctica es que la parte no puede sustituir en la apelación el fundamento de la demanda, pues el juez de segunda instancia no lo decide.síntesis automática
También resuelve: ¿A la parte actora o al juez les es dable variar el fundamento de la pretensión formulada en la demanda mediante la introducción de nuevas consideraciones? ¿En la demanda se afirmó que la decisión adoptada por la administración en los actos cuestionados fue la modificación del contrato minero? ¿El juez puede abordar materias que se señalan en la apelación que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Concretamente tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios

Sentencia — Sentencia 2024-10-03 Sección Primera GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Rad. 11001032400020200024800 LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
[D]eterminar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6.°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011, y los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]” Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos establecidos por la universidad en sus reglamentos internos, como la aprobación de exámenes preparatorios, ya que estos son vinculantes para toda la comunidad educativa y aseguran la calidad de la formación académica. La universidad debe demostrar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos para optar por el título, y en este caso, la entidad no presentó suficiente evidencia de que el estudiante hubiera aprobado los exámenes preparatorios requeridos, lo que implica que el acto administrativo que otorgó el título es nulo. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos por las universidades para la obtención de títulos profesionales.síntesis automática
ANULA
Consejo de Estado Providencia

¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad?

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100019980164701 ACCION CONTRACTUAL
¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad? Sí
El contratista debe presentar los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria en la vía gubernativa antes de demandarlos, para que el juez de lo contencioso administrativo pueda estudiar de fondo las pretensiones de nulidad, ya que omitir este paso genera ineptitud sustantiva de la demanda y obliga al juez a inhibirse de pronunciarse sobre ellas. Además, el juez puede declarar oficiosamente la nulidad de algunas cláusulas del pliego de condiciones si estas forman parte integrante del contrato de suministro pactado por las partes, siempre y cuando no se haya perfeccionado un nuevo documento que las sustituya. Estas reglas implican que el accionante debe cumplir con los principios de congruencia y justicia rogada, precisando con claridad los cargos de anulación y las causales de nulidad del acto administrativo, evitando así la ineptitud de la demanda y permitiendo al juez emitir un pronunciamiento fundado sobre los hechos y pretensiones presentados.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria oficiosa de nulidad por parte del juez de algunas de las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones era procedente por ser parte integrante del contrato de suministro a… ¿El principio de justicia rogada y el deber de precisar con toda claridad los cargos de anulación y el concepto de violación… ¿El régimen prevalente que informa la celebración y ejecución de los contratos de las prestadoras de servicios públicos es el derecho privado y no permiten la inclusión de cláusulas que habiliten a…
Consejo de Estado Providencia

Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, para conocer del litigio y del recurso de apelación, en atención

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 15001233100020070013602 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, para conocer del litigio y del recurso de apelación, en atención a la naturaleza de la entidad demandada y a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios originados en la actividad contractual de un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y por la Ley 1107 de 2006. La regla se sostiene en tres razones: la naturaleza de la entidad demandada como entidad territorial determina que el litigio se origine en su actividad y no en otra; el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, por la vocación de doble instancia, según los artículos 129, 132, numeral 6, y 181 del Código Contencioso Administrativo; y la cuantía de la demanda, a la fecha de su presentación, superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que confirma la competencia de la Corporación en segunda instancia. Por ello, la providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.síntesis automática
También resuelve: ¿Es la acción contractual el mecanismo procesal idóneo para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada de un contrato estatal… ¿Procede el estudio de pretensiones dirigidas a la nulidad del acto de adjudicación cuando su ilegalidad no fue invocada como fundamento de la nulidad absoluta del contrato celebrado? ¿Es procedente pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias cuando, a través de ellas, se solicita la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal puede acudir al medio de control

Sentencia — Sentencia 2026-03-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 20001233900020160024402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.… ¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales… ¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El referido artículo actúa como «un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa».

Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar 2026-06-01 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 76001233300020230055901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo cuando la demanda invoca normas superiores y del cotejo inicial con el acto acusado surge violación clara, además el demandante acredita sumariamente perjuicio dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 231 del CPACA? Sí
El juez contencioso administrativo evalúa la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional mediante el cotejo inicial entre el acto acusado y las normas superiores invocadas en la demanda. La facultad del juez administrativo para suspender los efectos de los actos administrativos es una potestad de rango constitucional consagrada en el artículo 238 de la Constitución Política, concebida con el propósito de proteger el ordenamiento superior cuando los actos administrativos incurren en violación de las normas en que deben fundarse. Bajo este contexto, el artículo 231 del CPACA previó condiciones especiales para la procedencia de las medidas cautelares, exigiendo que la ilegalidad surja del análisis inicial sin que resulte procedente prejuzgar sobre actuaciones administrativas no demandadas ante la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve: ¿Desconoce la ANI el debido proceso con la liquidación unilateral sin agotamiento de la reversión prevista en la cláusula 129, pese a su regulación para la liquidación bilateral? ¿Desconoce la ANI el debido proceso cuando ejerce la liquidación unilateral del contrato sin sometimiento previo a la cláusula compromisoria pactada… ¿Desconoce la ANI el debido proceso al liquidar unilateralmente el contrato sin agotamiento de la reversión prevista en la cláusula 129…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Concretamente tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios

Sentencia — Sentencia 2024-10-03 Sección Primera GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Rad. 11001032400020200024500 LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
Determinar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3°, 6° y 137 de la Ley 1437 de 2011, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]”. Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos de grado establecidos por la universidad, como la aprobación de exámenes preparatorios y pruebas de suficiencia en idioma extranjero, ya que estos son componentes obligatorios del currículo académico y la universidad tiene la facultad de exigirlos para garantizar la calidad de la formación de sus egresados. La entidad universitaria debe acreditar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos, y el sistema de registro de notas SIMCA no es el único mecanismo para verificar la información académica, ya que existen archivos físicos y contables que sirven como soporte. La Sala anuló el acto administrativo que otorgó el título profesional, reiterando la jurisprudencia sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos.síntesis automática
ANULA
Consejo de Estado Providencia

La Sala liquidará el contrato según lo pretendido

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 47001233100019990077801 ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve: ¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla? ¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso? ¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: el juez de la anulación puede determinar la naturaleza de los actos administrativos demandados en sede arbitral

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020220015500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El juez de la anulación puede determinar la naturaleza de los actos administrativos demandados en sede arbitral para establecer si el tribunal era competente pronunciarse respecto de estos, pues sólo cuando se estime que ellos tienen el carácter de actos administrativos contractuales es que debe estudiarse la competencia del panel arbitral a la luz de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1563 de 2012? Sí
Aunque comparto la decisión de declarar infundado el recurso de anulación, estoy en desacuerdo con las consideraciones de la sentencia respecto de la competencia del Consejo de Estado como juez de la anulación para pronunciarse sobre la naturaleza de los actos administrativos demandados en el proceso arbitral cuando en el recurso se invoque la causal segunda relativa a la falta de competencia de los árbitros. 1.- En la sentencia se afirma que la determinación del tribunal arbitral relativa a que los actos administrativos demandados en el proceso arbitral eran definitivos y tenían tal naturaleza y no eran simples actos de trámite, no podía ser analizada por el juez de la anulación «por ser un tema sustancial sobre el análisis del fondo de la controversia…
Consejo de Estado Providencia

La reducción de la cláusula penal y la anulación parcial de actos sancionatorios improceden si las pruebas no acreditan un grado de cumplimiento contractual diferente.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2026-08-26 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 76001233300720170164401 Controversias contractuales
¿Los elementos probatorios del expediente acreditan un grado de cumplimiento contractual que justifique la anulación parcial de los actos administrativos y la reducción de la cláusula penal impuesta? No
El juez no puede reducir la cláusula penal pecuniaria ni declarar la nulidad parcial de los actos administrativos de caducidad si las pruebas del expediente no acreditan un nivel de ejecución contractual diferente al establecido por la administración. La parte demandante solicitó subsidiariamente revisar la proporcionalidad de la sanción impuesta en las Resoluciones del contrato de concesión. Aunque el tribunal de primera instancia accedió a disminuir la pena pecuniaria por estimar un cumplimiento superior, la Sala revocó dicha determinación al constatar que el análisis probatorio no respaldaba un grado de ejecución distinto al tasado originalmente. Por lo tanto, subsiste íntegramente la sanción pecuniaria al carecer de respaldo fáctico la reducción pretendida.síntesis automática