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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-11-25Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020180111402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de aclaración presentada por la parte demandada cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 285 del CGP para que el juez pueda aclarar, corregir o adicionar la sentencia, considerando que la decisión ya expuso de manera suficiente y clara los motivos que sustentan la parte resolutiva? No
El juez no puede aclarar, corregir o adicionar una sentencia cuando ya expuso de manera suficiente y clara los motivos que sustentan la parte resolutiva, conforme al artículo 285 del Código General del Proceso. En este caso, la sentencia ya incluyó el rubro solicitado por la parte demandada en la parte motiva, por lo que la solicitud de aclaración no cumple con los presupuestos establecidos para tal procedimiento. La Sala niega la solicitud de aclaración, reiterando que la aclaración solo es procedente en casos de errores u omisiones en la sentencia o cuando existen conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en la parte resolutiva. Esta decisión limita la posibilidad de que las partes soliciten aclaraciones innecesarias o que no cumplan con los requisitos legales establecidos.síntesis automática
¿Pese a que el interventor del contrato solicitó un cambio de especificaciones técnicas en el desarrollo del proyecto, los mayores costos resultantes de dicha modificación debían ser autorizados por la entidad para que le fueran reconocidos a la contratista, y como las demandantes no acreditaron esta circunstancia, eso es, que hubiesen informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra y que esta ultima hubiera aprobado tales modificaciones, los mayores costos no resultan imputables a la entidad contratante demandada? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de mayores costos resultantes de modificaciones solicitadas por el interventor sin la previa autorización por escrito de la entidad contratante, conforme a lo establecido en el contrato, y en ausencia de dicha aprobación, los mayores costos no son imputables a la entidad. La Sala establece que, aunque el interventor puede sugerir cambios en las especificaciones técnicas, estas modificaciones deben ser autorizadas por la entidad para que los sobrecostos sean reconocidos, y en este caso, las contratistas no acreditaron que hubieran informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra ni que esta entidad hubiera aprobado tales modificaciones. Además, la Sala reitera que en los contratos de obra por precio global, el contratista asume el deber de terminar la obra con la suma fija pactada, sin reconocimiento de obras adicionales no previstas, a menos que demuestre la ocurrencia de un desequilibrio económico. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los procedimientos de modificación establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete…
¿En el proceso se encuentra acreditada la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El tercero procesal o subcontratista que pretenda intervenir en un medio de control de controversias contractuales debe formular su solicitud de vinculación dentro de la oportunidad legal comprendida desde la admisión de la demanda y hasta antes del auto que fija fecha para la audiencia inicial. En esta sentencia, la Sala confirma la decisión apelada que declaró probada la caducidad del medio de control de controversias contractuales y, asimismo, declara improcedente la solicitud de vinculación presentada por una sociedad en calidad de tercero con interés legítimo por haber actuado como subcontratista. Dicha petición se extinguió temporalmente conforme al artículo 224 del CPACA al ser formulada de manera tardía, cuando el expediente ya se encontraba en el despacho judicial para resolver de fondo el litigio.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes estipularon que el contrato sería objeto de liquidación bilateral o unilateral dentro de los seis meses siguientes a su vencimiento?¿Al no sustituir el interventor a la entidad contratante, esta última es quien debe suscribir el acta de recibo de las obras y el acta de liquidación del contrato?¿La Sala confirma la sentencia anticipada, teniendo en cuenta que se concluye que la demanda fue presentada de manera extemporánea?
¿La demandante probó que cumplió las obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación del contrato? No
Quien alega haber cumplido sus obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación de un contrato interadministrativo debe probarlo con soportes que permitan verificar la ejecución real de esas actividades, y que los oficios de avance remitidos a la interventoría ni las decisiones de tutela que ordenan giros a beneficiarios acreditan por sí solos ese cumplimiento. Una razón es que los oficios remitidos por el contratista informaban el avance total del contrato, pero no tenían soportes que permitieran verificar la ejecución de actividades en un porcentaje no aceptado ni pagado. Otra razón es que la sentencia de tutela amparó el debido proceso de unos beneficiarios y ordenó girarles recursos, pero no acreditó que el contratista hubiera ejecutado un porcentaje mayor al certificado por la interventoría. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y la liquidación judicial que se había fijado con base en los certificados de la interventoría. Su consecuencia práctica es que el avance del contrato debe acreditarse con actas y soportes aceptados por la interventoría, y no con comunicaciones o decisiones de otro proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia de tutela acredita que la Universidad hubiera ejecutado actividades en un porcentaje mayor al certificado por la interventoría del Contrato?¿Las actividades realizadas por la universidad fueron objeto de revisión por la interventoría por lo cual no se requería que la entidad demandada ejerciera una supervisión adicional?¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció oportunamente?
¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación? No
El contratista no puede demostrar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato de interventoría por falta de motivación o por no cumplir con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, ya que no aporta los informes mensuales y el informe final de interventoría necesarios para verificar el cumplimiento de dichas exigencias. Además, los actos administrativos demandados se basan en razones distintas a las que motivaron la declaratoria de incumplimiento anterior, por lo que no se viola el principio del non bis in ídem. Asimismo, la entidad estatal no está obligada a probar los perjuicios sufridos para aplicar la cláusula penal pecuniaria, ya que el contrato contempla una estimación anticipada de los daños en caso de incumplimiento. Este precedente reitera la importancia de la documentación probatoria en los procesos de interventoría y refuerza la autonomía de la entidad estatal en la aplicación de las cláusulas penales contratuales.síntesis automática
También resuelve:¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato de obra celebrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en su calidad de establecimiento público distrital? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de controversias contractuales derivadas de contratos de obra celebrados por establecimientos públicos distritales, como el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998. La acción de controversias contractuales debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato, tal como ocurrió en este caso, donde la demanda fue interpuesta antes de que venciera el término de caducidad. Sin embargo, el reajuste de precios no es procedente si no se ha pactado una fórmula de ajuste en el contrato y no se ha demostrado la ruptura del equilibrio económico del contrato, lo que implica que la Sala revocará la sentencia del a quo en cuanto a este punto, matizando la jurisprudencia existente sobre la procedencia del reajuste en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la firmeza del acta de liquidación bilateral del contrato de obra?¿Era procedente el reajuste de precios dispuesto por el a quo a favor del consorcio contratista, por razón del incremento en los precios de los insumos para la construcción…¿Le asistía responsabilidad patrimonial a la interventora PAYC S.A., como llamada en garantía y frente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá…
¿Está legitimado en la causa por pasiva el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para responder por obligaciones contractuales derivadas de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista, pese a que su participación se circunscribió al ejercicio de funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías? No
La entidad nacional que ejerce funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías no está legitimada en la causa por pasiva para responder por las obligaciones de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 1602 del Código Civil establece que el contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y solo obliga a quienes forman parte de él, de acuerdo con el efecto relativo de los contratos previsto en los artículos 1506 y 1507 del mismo código; el contrato fue suscrito solo entre la entidad territorial y el contratista, sin que la entidad nacional asumiera obligaciones derivadas del negocio; y el artículo 21 del Decreto 416 de 2007, vigente al momento de la suscripción, asigna a esa entidad funciones de control y vigilancia que no la convierten en parte contractual. Por ello, la responsabilidad contractual debe dirigirse a quienes celebraron el negocio. La providencia se modifica en lo relativo a esa entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Debe la Sala limitar su análisis a los aspectos cuestionados por la parte demandante en el recurso de apelación y, para resolver el litigio…¿Puede considerarse válidamente liquidado de manera bilateral un contrato estatal cuando el documento de liquidación fue suscrito únicamente por el contratista y la interventoría…¿Incurre en ineptitud sustantiva la demanda cuando el demandante omite solicitar la nulidad de los actos administrativos de terminación y liquidación unilateral del contrato…
¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de la condena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001), pues la sentencia expedida por el Juzgado Único Promiscuo de Saravena, Arauca, en el proceso ordinario laboral en el que resultó condenado el INCORA, fue expedida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006).
También resuelve:¿Al presente proceso le son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001?¿Para encontrar acreditada la responsabilidad del agente del Estado, es necesario que la conducta del mismo deba calificarse como culpa grave o dolo?¿La falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA, es atribuible al demandado a título de culpa grave?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al pago efectuado por la entidad, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses para cumplir la condena, y que el Consejo de Estado conoce de la apelación en esos procesos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición según el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, y la apelación se rige por el artículo 150 del CPACA. Segunda, la condena se impuso bajo la vigencia de la Ley 678 de 2001 y del Código Contencioso Administrativo, de modo que aplica el plazo de dos años del numeral 9 del artículo 136 del CCA. Tercera, el pago total se efectuó en la fecha acreditada, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes. La providencia confirma la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que, cuando la demanda de repetición se radica dentro de los dos años posteriores al pago total, la caducidad no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad?¿La normativa aplicable al presente caso es la Ley 678 de 2001, toda vez que el hecho que dio lugar a la condena por incumplimiento de obligaciones laborales se estructuró a partir del 13 de…¿Para configurar la responsabilidad patrimonial del agente del Estado debe acreditarse que la actuación de éste en la causación del daño del cual derivó la condena judicial contra la Nación…
¿El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría? Sí
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría, debido a que la Ley 1150 de 2007 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establecen que las entidades públicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor cuando se requieren conocimientos especializados. Además, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 precisa que el interventor tiene la facultad de solicitar informes y aclaraciones sobre el desarrollo del contrato y de alertar a la entidad sobre cualquier inconsistencia que pueda poner en riesgo su cumplimiento, lo que implica que el interventor debe mantener informada a la entidad contratante sobre el estado del contrato. Esta regla reitera y matiza la responsabilidad del interventor, subrayando que aunque éste no tiene una obligación de resultado, sí tiene un deber de medio que incluye la vigilancia y el seguimiento técnico del contrato, lo que implica que el interventor no se libera del deber de la entidad de controlar y vigilar los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de un contrato de interventoría relega a la entidad contratante de su deber de vigilancia y control de los contratos que suscribe?¿Se configuró el incumplimiento del contrato por parte del interventor?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en desarrollo de contratos sometidos al régimen de derecho privado, tienen naturaleza de actos administrativos? No
El contratista no puede ejercer unilateralmente la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado basándose en disposiciones de la Ley 1474 de 2011, si las partes no incorporaron expresamente dicha ley en el acuerdo de voluntades. En este caso, la entidad estatal pretendió aplicar la Ley 1474 de 2011 para declarar el incumplimiento del contratista, sin que las partes hubieran acordado su inclusión en el contrato. La Sala estableció que la atribución de potestades unilaterales en contratos de derecho privado requiere un pacto claro y expreso, y no basta con la vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP. La regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, matizando que la incorporación de normas del EGCAP debe ser explícita y no puede ser asumida por la mera vigencia de la ley. Esto implica que las partes deben ser cuidadosas al definir las facultades y procedimientos que regirán el contrato, evitando asumir que las disposiciones del EGCAP se aplican automáticamente.síntesis automática
También resuelve:¿La facultad de la contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado podía ejercerse con fundamento en las…¿La Empresa conculcó el debido proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento contractual al agregar, con posterioridad a la citación…¿Le era exigible al actor formular la respectiva censura por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013?
¿Se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada? No
Cuando los daños en una obra pública se originan en un hecho externo irresistible al contratista, la garantía de estabilidad de la obra no le es exigible, porque ese hecho constituye una causa extraña que lo exime de su obligación de garantía. La regla se sostiene en tres razones: el contratista debe obrar con diligencia en métodos y calidad de materiales, pero no responde por un deterioro cuyo origen no esté en sus deficiencias; el peritaje debe demostrar que la causa del daño fue la condición externa y no un defecto de construcción; y la interventoría y el propio contratista deben haber informado oportunamente la circulación de vehículos de carga que afectaba la estructura desde el inicio de la obra. En el caso, no se probó que los daños tuvieran origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad, sino en el tránsito pesado previo a la entrega, por lo que los actos que atribuían el daño al contratista incurrieron en falsa motivación y fueron declarados ilegales, confirmándose la sentencia. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el contratista debe documentar oportunamente las causas externas que afectan la obra.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó el nexo causal entre el hecho de haberse excedido la capacidad de la vía por el tránsito de vehículos de carga pesada con el deterioro de la obra amparada con la garantía de estabilidad?¿Obra prueba de gestión alguna del municipio demandado tendiente a evitar o controlar el tránsito de vehículos de carga pesada en el segmento vial?¿La premisa fáctica que tuvo por acreditada el a quo fue los criterios que señalaban el tránsito de vehículos de carga pesada y la falta de idoneidad de la estructura de placa huella para el segmento…
¿La aplicación de la figura de la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual, estaba subordinada a la declaratoria judicial de nulidad? No
La ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual no se subordina a la declaratoria judicial previa de nulidad, porque opera por ministerio de la ley cuando se constata la causal que la establece, y que solo la ley puede atribuir esa consecuencia. Una razón es que a diferencia de las nulidades de los actos jurídicos, la ineficacia no depende de la invocación de causales ni de una pretensión de nulidad, y el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 declara ineficaces de pleno derecho las estipulaciones que contravienen sus exigencias. Otra razón es que la ineficacia produce el efecto de una sanción in limine, de modo que el juez solo debe pronunciarse cuando exista controversia entre los contratantes sobre su configuración. En el caso, la Sala se apartó del razonamiento del tribunal que exigía una pretensión de nulidad para estudiar la ineficacia de la cláusula, y confirmó la decisión por otros fundamentos. La providencia cita precedente de la Subsección sobre la ineficacia de pleno derecho; su consecuencia práctica es que la cláusula ineficaz puede desconocerse sin necesidad de demandar su nulidad, aunque la controversia sobre su configuración debe resolverla el juez.síntesis automática
También resuelve:¿Para solicitar o declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, deben invocarse las causales que taxativamente están previstas en la ley contractual?¿La imprecisión técnica en la que incurrió el demandante al invocar las causales de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato…¿Resulta posible supeditar el pago del contrato de interventoría al cumplimiento del contrato supervisado?
¿El medio de control de controversias contractuales es la vía procesal adecuada para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual y liquidaron unilateralmente el contrato de compraventa No. 1628 de 2010? Sí
El contratista puede utilizar el medio de control de controversias contractuales para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual y liquidaron unilateralmente un contrato estatal, conforme al artículo 141 del CPACA, que permite demandar la nulidad de actos administrativos contractuales. La Sala establece que el término de caducidad para este medio de control se computa a partir del día siguiente a la fecha en que se dejó sin efectos un contrato de transacción entre las partes, no desde la firmeza del acto administrativo de liquidación unilateral. Además, la Sala determina que no hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento contractual, ya que el interventor cumplió con sus obligaciones contractuales al realizar las pruebas necesarias para garantizar la seguridad vial y proteger los recursos públicos, y no hubo violación del derecho al debido proceso. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el uso del medio de control de controversias contractuales y el cómputo del término de caducidad en casos de transacción y liquidación unilateral de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se contabiliza a partir del día siguiente de la suscripción del documento que dejó sin efectos el contrato de transacción…¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución No. 045 de 2013 y de su confirmatoria, Resolución No. 049 de 2013, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento contractual de la UTML?¿La Secretaría Distrital de Movilidad incumplió el acta de acuerdo del 5 de noviembre de 2013 suscrito entre las partes?
¿Vulnera el juez de segunda instancia el principio de congruencia y el debido proceso cuando, al resolver el recurso de apelación, se pronuncia sobre la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual que no fue planteada en las pretensiones ni en los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, ni integrada oportunamente a la causa petendi del litigio? Sí
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre nuevos cargos y hechos que no fueron aducidos en la demanda, ni discutidos en el proceso, ni controvertidos por la parte demandada, porque el principio de congruencia delimita su competencia. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 281 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, obliga a que la sentencia guarde congruencia con los hechos y las pretensiones de la demanda; la competencia del superior se limita a la cuestión decidida, que se estructura a partir de la causa petendi y de las excepciones debidamente alegadas y probadas; y tener en cuenta una cláusula o un hecho no integrado oportunamente a la causa petendi vulnera el derecho de defensa de la contraparte. Por ello, la declaratoria de ineficacia de pleno derecho de una cláusula no pedida en la demanda excede el litigio y resulta violatoria del debido proceso. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia a los argumentos concretos expuestos en la sustentación del recurso de apelación…¿El incumplimiento de la carga de sustentación del recurso de apelación por parte del recurrente que se limita a reiterar los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión de primera instancia…¿Prospera el recurso de apelación cuyos argumentos, además de carecer de reparos concretos y específicos contra la sentencia de primera instancia…
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato?¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente?¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
¿El demandante omitió probar cuándo adquirió los elementos utilizados en las obras y cuánto le costaron? Sí
El contratista que alega un desequilibrio económico por el alza de los insumos debe probar cuándo adquirió los elementos utilizados en la obra y cuánto le costaron, pues sin esos datos no puede acreditarse la afectación económica. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que el anticipo, que equivale a la mitad del valor del contrato, está destinado a brindar liquidez al contratista para adquirir precisamente esos insumos, de modo que su correcta inversión es un dato relevante para el reclamo. Otra razón es que los nuevos ítems creados durante la ejecución se fijaron a partir de los precios unitarios presentados por el contratista y con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión, según los testimonios, y la parte actora no logró desvirtuarlo. En el caso, las adiciones y prórrogas no se objetaron por falta de precios de mercado, y el demandante omitió probar los costos reales. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el reclamo por sobrecostos exige soportes de adquisición y precios, y no basta con afirmar el incremento de los insumos.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de la creación de los nuevos ítems se hizo con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión?¿El contratista había presentado solicitud en relación con el reconocimiento del ajuste de los precios del contrato en dos ocasiones?¿Es suficiente con acreditar la mayor duración del contrato y las suspensiones o prórrogas para deducir la excesiva onerosidad supuestamente afrontada por el contratista?