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¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? No
El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista…¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista?¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 68001233300020220004401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe revocarse el auto que decretó la medida cautelar, al no existir elementos para establecer procesalmente una relación directa entre la prohibición al Invías de declarar la caducidad del contracto y las pretensiones de la demanda? Sí
En torno al primer argumento de apelación, referente a la orden al Invías de no expedir ningún acto tendiente a la declaratoria de caducidad del contrato, estando la demanda encaminada a refutar las imposiciones de multa, se advierte que si bien las pretensiones del libelo no buscaron enjuiciar formalmente la legalidad de tales sanciones pecuniarias, no es menos cierto, en primer lugar, que en los fundamentos fácticos sí se cuestionó que el Invías multara por incumplimiento a Concay S.A. cuando persistían las discrepancias sobre los APU-NP, y en segundo lugar, que en todo caso la medida cautelar reprochada no guarda relación directa ni necesaria con ese punto, ni con el petitum objeto del juicio, como lo exige el artículo 230 del CPACA.… Aunque el Invías incurre en imprecisión al aducir que la demanda se interpuso “en contra de las Resoluciones No. 3888 del 3 de diciembre de 2021…
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de autos dictados por los tribunales administrativos?¿Las medidas cautelares fueron instituidas para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia?¿En los eventos en que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento administrativo, el juez en ejercicio de su facultad discrecional…
¿Se presenta cruce definitivo de cuentas que impida la prosperidad de las reclamaciones económicas objeto del presente proceso, a pesar de las salvedades manifestadas por las partes en el acta de liquidación bilateral del negocio? No
El contratista no puede impedir la prosperidad de sus reclamaciones económicas mediante un cruce definitivo de cuentas cuando existen salvedades en la acta de liquidación, especialmente si el contratante no ha descontado multas impuestas y el contratista ha cuestionado su legalidad. Además, la Sala confirma la sentencia de primera instancia en cuanto a la imposición de multas al contratista, dado que el contrato se rige por el derecho privado y las partes no limitaron en el tiempo la posibilidad de imponer multas, lo que permite su aplicación incluso después del término del contrato. Asimismo, el contrato de seguro es válido respecto de las modificaciones de la póliza ocurridas antes de la configuración de la inhabilidad sobreviniente del contratista, y no prospera el argumento de ineficacia del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿Procede confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto a la multa impuesta al contratista, dada la naturaleza sancionatoria de las multas pactadas y la posibilidad de imponerlas por fuera del…¿El contrato de seguro es ineficaz respecto de las modificaciones de la póliza ocurridas presuntamente con posterioridad a la configuración de la inhabilidad sobreviniente del contratista?¿Se presenta ausencia de prueba de la compensación del valor de las multas con los saldos en favor del contratista?
Auto interlocutorio — Auto que impone sanción en ejercicio de poderes correccionales del juez2022-06-30Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020140005201LEY 1437 REPETICION
¿El juez está facultado para imponer multas al perito que no aporte oportunamente el informe requerido? Sí
El juez está facultado para imponer multas al perito que no aporte oportunamente el informe requerido, ya que este incumplimiento demuestra una actuación descuidada y contraria a los deberes de los auxiliares de la justicia, perjudicando el proceso. La sanción se basa en los poderes correccionales del juez y en el artículo 230 del Código General del Proceso, que permite la imposición de multas a los auxiliares de la justicia por omisión en sus deberes. Además, el juez puede ordenar la compulsación de copias del proceso para que el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria - realice las investigaciones pertinentes. En casos como este, el juez también puede designar a otro perito para que complete la prueba decretada de oficio, asegurando así el avance del proceso y la efectividad de la justicia.síntesis automática
¿Los requisitos de la citación a audiencia de declaración de incumplimiento e imposición de multas pueden ser obviados? No
La citación a la audiencia de declaración de incumplimiento e imposición de multas no puede omitir los requisitos del literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, pues debe contener la mención expresa y detallada de los hechos y las normas o cláusulas posiblemente violadas con sus consecuencias para el contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la comunicación de citación no contenía esos elementos. La segunda es que tales requisitos no pueden obviarse, de modo que su omisión vulnera el debido proceso y lleva a declarar la nulidad de los actos sancionatorios. En el caso concreto la Sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de las resoluciones que declararon el incumplimiento e impusieron las multas. Como segunda cuestión, la utilidad dejada de percibir no se reconoce cuando dependía de las cantidades de obra ejecutadas, y la caducidad se declaró el último día del plazo de ejecución, por lo que no pudo haber una ejecución posterior que diera lugar a su pago. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la indemnización de perjuicios por concepto de utilidad dejada de percibir cuando esta dependía de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista y no existió una ejecución de obra que…
¿Las Resoluciones Nos. 220 del 25 de julio de 2017 y 157 del 5 de junio de 2018, fueron expedidas con violación a la causal de falsa motivación y debido proceso? Sí
El contratista no puede impugnar las resoluciones que imponen la cláusula penal por falsa motivación y violación al debido proceso, ya que la entidad estatal fundamentó sus decisiones en pruebas recogidas durante la auditoría del contrato, garantizando así el derecho a la defensa y el debido proceso. La Sala confirmó que el contratista no cumplió con las obligaciones específicas del contrato, especialmente en cuanto a la inversión de recursos, y no demostró adecuadamente el cumplimiento de estas obligaciones. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre la cláusula penal y la falsa motivación, reforzando la necesidad de que el contratista acredite debidamente su cumplimiento contractual para evitar la imposición de sanciones.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-20Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020230031701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos por medio de los cuales el IDU declaró el incumplimiento del contrato de obra e impuso una multa, al desconocer el límite temporal para su expedición? No
El contratista no puede obtener la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos por los cuales la entidad estatal declaró el incumplimiento del contrato y aplicó una multa, al desconocer el límite temporal para su expedición, porque la multa pactada en el contrato cumple funciones de apremio y también se considera una cláusula penal por incumplimiento parcial, lo que permite su aplicación incluso el penúltimo día de ejecución del contrato sin violar el límite temporal establecido en la Ley 1150 de 2007. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la suspensión provisional de los actos administrativos y el concepto de cláusula penal moratoria, lo que implica que los contratistas deben considerar cuidadosamente las condiciones específicas de su contrato antes de solicitar medidas cautelares.síntesis automática
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos que impusieron multas al contratista, por falta de competencia del INVIAS para tal efecto, dado que en vigencia de la Ley 80 de 1993, y con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales no tenían la facultad para declarar el incumplimiento del contrato e imponer multas de manera unilateral? Sí
El contratista no debe pagar las multas impuestas por la entidad estatal antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, ya que en ese momento la entidad no tenía la competencia para declarar el incumplimiento del contrato y imponer multas unilateralmente. La facultad para imponer multas de manera unilateral solo se estableció con la Ley 1150 de 2007, que entró en vigor seis meses después de su promulgación. En este caso, las resoluciones que impusieron las multas fueron expedidas en 2002, antes de que la ley permitiera a las entidades estatales imponer multas unilateralmente. Aunque inicialmente la Sala había aceptado que la administración tenía competencia para imponer multas unilateralmente, esta posición fue revisada y se concluyó que la administración perdió esa competencia con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y solo la recuperó con la Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, la entidad estatal actuó sin competencia al declarar el incumplimiento del contrato y expedir las multas, lo que implica que dichos actos administrativos deben declararse nulos.síntesis automática
¿La declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho del apelante? Sí
El demandante solicita el restablecimiento del derecho y el reintegro de dineros pagados tras obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios. La parte apelante fundamenta su inconformidad en que la declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta. La sociedad aseguradora pretendió, además de la nulidad de la multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto. En ese contexto, la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del CPACA, aunque se examinan las renuncias y exclusiones específicas de los consorciados para confirmar la decisión apelada.síntesis automática
También resuelve:¿Se puede establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos anulados?¿En forma previa al perfeccionamiento de la cesión del contrato, se suscribió el acta de acuerdo, que incluyó renuncia a reclamaciones económicas por parte del cedente?¿El consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU, razón que impone confirmar la sentencia apelada?
¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública? Sí
El contratista es responsable de las multas impuestas por incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra pública, ya que existen pruebas documentales que demuestran su inejecución de obligaciones contractuales, como retrasos en la entrega de áreas de trabajo y falta de personal calificado. Además, la justificación del contratista para ejecutar actividades no previstas no guarda relación directa con las observaciones previas de la interventoría y no puede considerarse un hecho imprevisible. La Sala confirma que la entidad estatal actuó correctamente al expedir los actos administrativos sancionatorios, reafirmando la importancia de la motivación y la congruencia en el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante…¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes?¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?
¿El procedimiento administrativo seguido contra el contratista, se hizo con afectación al debido proceso? No
El contratista no puede alegar que el procedimiento administrativo seguido por la entidad estatal para sancionar su incumplimiento del contrato estatal afectó su derecho al debido proceso, ya que el IDU mantuvo coherente el periodo de tiempo en el que se consideró el incumplimiento desde el inicio del procedimiento hasta su superación, sin alterar la fecha inicial del incumplimiento ni imponer una sanción más gravosa. Además, no se violó el principio de non reformatio in pejus, pues el IDU determinó el monto final de la sanción basándose en la fecha en que se superó el incumplimiento, lo cual no perjudicó al contratista. La Sala confirmó la resolución que desestimó las pretensiones de la demanda, condenando al contratista a asumir las costas procesales de la segunda instancia incluidas las agencias en derechos, de acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP.síntesis automática
También resuelve:¿Existió una violación al principio de la non reformatio in pejus por parte del IDU en la determinación del monto final de la sanción al contratista?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2026-07-15Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 85001233300020210004401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La segunda instancia denegó la proporcionalidad por el hecho de que las obligaciones de no informar la inhabilidad sobreviniente y ceder el contrato sin autorización son indivisibles, estimando que no es viable aplicarla en forma proporcional? Sí
El contratista no puede solicitar la proporcionalidad de la cláusula penal pecuniaria cuando las obligaciones incumplidas son indivisibles, ya que la segunda instancia considera que no es viable aplicarla de manera proporcional en estos casos. La compañía aseguradora demandada propuso la excepción de inexigibilidad de la totalidad del amparo de cumplimiento por ejecución parcial del contrato, argumentando que la proporcionalidad de la pena le otorgaba derecho a la reducción proporcional de la cláusula penal. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia denegó la proporcionalidad debido a que las obligaciones de no informar sobre una inhabilidad sobreviniente y ceder el contrato sin autorización son indivisibles, por lo que no es posible aplicar la proporcionalidad en este caso. Esta decisión quedó clara y precisa en el acápite resolutivo, sin dejar lugar a dudas.síntesis automática
También resuelve:¿La cláusula penal no se pidió en subsidio de las multas sino de la indemnización de perjuicios derivados del incumplimiento?¿La compañía aseguradora solo podía reclamar compensación de las acreencias en su favor, pero no estaba legitimada para pedirla respecto de lo adeudado al contratista?¿Lo pretendido por la solicitante es plantear en forma extemporánea la excepción de prescripción extintiva, y esto riñe con la posibilidad de adicionar las decisiones judiciales?
¿La pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento? Sí
El contratista no puede reducir la pena pecuniaria impuesta por incumplimiento de entrega de documentos si esta se basa en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante, ya que la proporcionalidad de la sanción se mantiene siempre que se ajuste al daño efectivamente causado, como lo establece el Contrato 194 de 2005 y la Ley 80 de 1993. La Sala reitera la jurisprudencia que permite a la entidad estatal liquidar el monto de la cláusula penal pecuniaria en función del daño real, sin necesidad de que este sea inferior al estipulado contractualmente, lo que implica que la proporcionalidad de la pena pecuniaria se mantiene siempre que se ajuste a la cuantificación razonada del perjuicio.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de la oportunidad prevista en la ley?¿Tienen valor probatorio las copias simples?¿El funcionario que profirió los actos impugnados era competente para imponer multas o penas de apremio en el contrato Estatal?
¿Procede la nulidad de las resoluciones 1420 de 10 de abril y 2979 de 11 de julio de 2007 proferidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), por cuanto fueron expedidas sin competencia para ello, con desconocimiento del debido proceso, del derecho a la igualdad y de la Ley 80 de 1993? Sí
Un acto administrativo que declara el incumplimiento de un contrato estatal e impone una multa es nulo cuando se expidió antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, porque antes de esa ley las entidades podían pactar multas y cláusula penal, pero no hacerlas efectivas de manera unilateral. La regla reitera la denominada tercera postura, que la Subsección ha mantenido desde 2005. Dos razones la sustentan. La primera es que la Ley 1150 de 2007 restableció la facultad unilateral, y su artículo 33 dispuso que la ley rige seis meses después de su promulgación. La segunda es que el pacto de la multa en el contrato no suple la competencia que solo nació con esa ley, de modo que las resoluciones expedidas el 10 de abril y el 11 de julio de 2007 carecían de competencia para imponer la multa. Por ello procede la nulidad por falta de competencia. Como obiter dictum, la providencia recuerda que la Ley 80 de 1993 derogó el Decreto-Ley 222 de 1983, que otorgaba a las entidades esa competencia. El documento no indica que cambie un precedente; su consecuencia práctica es la anulación de las resoluciones demandadas.síntesis automática
¿Resulta procedente la nulidad de los actos mediante los cuales se impuso una multa al titular de un contrato de concesión minera por el reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales, dada la falta de delimitación del área del Contrato luego de la declaratoria de utilidad pública e interés social decretada por el Ministerio de Minas y Energía? No
El contratista no puede obtener la nulidad de los actos mediante los cuales se impuso una multa por el reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales, ya que la Autoridad Nacional Minera (ANM) no estaba obligada a delimitar el área del contrato luego de la declaratoria de utilidad pública e interés social decretada por el Ministerio de Minas y Energía, y el contratista conocía la existencia de traslapes con terrenos destinados a un proyecto de utilidad pública. Además, la ANM no estaba obligada a inscribir en el Registro Minero Nacional el acto administrativo que declaró como de utilidad pública e interés social los terrenos destinados al proyecto hidroeléctrico, y el contratista no solicitó a la ANM que definiera el área del contrato. Por lo tanto, la Sala reitera que el incumplimiento del contrato no puede justificarse por la falta de definición del área del contrato, y que la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación debe ser condenada en costas y agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La supuesta falta de definición del área del contrato habilitaba al titular minero para dejar de cumplir las obligaciones a su cargo?¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-07Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020240056301LEY 1437 REPETICION
¿Es competente la Subsección para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de repetición cuando el pago realizado por la entidad estatal proviene de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ya que esta no constituye una condena judicial, conciliación u otro mecanismo que ponga fin a un conflicto por un daño antijurídico. La sanción administrativa se expide en el marco de un proceso sancionatorio por incumplimiento de normas y procedimientos, y no causa un daño antijurídico a la entidad, sino que se trata de un daño que está en el deber jurídico de soportar, en tanto es parte de las instituciones públicas sometidas al control del Estado como desarrollo de la facultad sancionatoria. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la procedencia del medio de control de repetición en casos de sanciones administrativas, lo que implica que el contratista no podrá obtener indemnización por dichas sanciones.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente cuando provenga de una condena judicial, de una conciliación u de otro mecanismo que haya puesto fin a un conflicto por un daño antijurídico?¿Es improcedente el medio de control de repetición cuando el pago realizado por la entidad proviene de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios…¿Es improcedente la condena en costas por cuanto no se causaron?
¿La propuesta presentada por el Consorcio demandante cumplió las exigencias del pliego de condiciones de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009 y, por lo tanto, debió haber sido declarada admisible por el IDU? Sí
La causal de rechazo de una propuesta por falta de veracidad en la información sobre cumplimiento de contratos estatales se circunscribe exclusivamente a las sanciones contractuales por incumplimiento impuestas por la respectiva entidad estatal. Esta regla se apoya en el texto del pliego de condiciones, que limitaba la exigencia a esas sanciones, y no en una interpretación amplia de la transparencia del proceso o de los antecedentes del proponente. Por ello, no puede rechazarse una propuesta por antecedentes distintos de las sanciones efectivamente impuestas por la entidad. En el caso concreto el consorcio había cumplido los requisitos del pliego, y la sala revocó la decisión del tribunal, al concluir que la propuesta debió declararse admisible. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el rechazo por falta de veracidad exige que exista una sanción contractual impuesta y que la exigencia esté expresamente prevista en el pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato de obra celebrado con ocasión de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009…¿Hay lugar al análisis de las pretensiones indemnizatorias y de restablecimiento del derecho formuladas en la demanda cuando el Tribunal declaró que respecto de ellas operó la caducidad y este punto…
¿El cómputo del término de caducidad en el medio de control de controversias contractuales es de dos años, contabilizados desde la terminación o liquidación del contrato? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de dos años se computa desde la terminación o liquidación del contrato, según el caso, y no desde la celebración del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA fija ese punto de partida, de modo que mientras el contrato no termine ni se liquide el plazo no empieza a correr. Segunda, la fecha de terminación se determina con la cláusula de plazo de ejecución y no con el momento de la suscripción del contrato. En el caso, el contrato tenía un plazo de ejecución de 300 meses contados desde su suscripción, y a la fecha de presentación de la demanda ese plazo no había expirado, por lo que el término de caducidad no había empezado a computarse. La providencia confirma la sentencia apelada porque la demanda fue presentada en tiempo. En la práctica, el demandante debe calcular la caducidad desde la terminación efectiva del contrato o desde su liquidación, verificando el plazo pactado en el propio contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La multa impuesta al concesionario procede ante el incumplimiento de la obligación de realizar la independización del servicio de energía eléctrica en aquellas zonas de los aeropuertos que no están…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿La acción contractual solo puede versar sobre aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el demandante hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo? Sí
La liquidación bilateral del contrato corresponde al balance económico de lo ejecutado y en esta se define la situación de los contratantes en relación con el estado de sus obligaciones para poder declararse a paz y salvo; en principio no es posible volver sobre lo allí acordado a menos que se consignen salvedades. Esta Corporación ha precisado que es posible consignar salvedades en dicha acta para posteriormente formular pretensiones en sede judicial, por lo tanto, esta recoge aquello que no fue objeto de acuerdo en el cruce cuentas y delimita los aspectos a discutirse a través de las controversias contractuales, en efecto, "la acción contractual solo puede versar sobre aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el demandante hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo".síntesis automática
También resuelve:¿Resulta viable el análisis de nulidad de los actos que impusieron la multa y declararon la caducidad del contrato de prestación de servicios postales…¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia, en contra de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Los perjuicios por inversiones realizadas y utilidad dejada de percibir fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral, por lo que no podían revivirse vía liquidación del contrato? Sí
Las sumas que la entidad incluye en la liquidación unilateral del contrato a cargo del contratista, correspondientes a una multa impuesta por una autoridad ambiental, no constituyen el ejercicio de una facultad de imposición de multas contractuales, y que los perjuicios por inversiones y utilidad dejada de percibir que fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral no pueden revivirse mediante la liquidación del contrato. Una razón es que la multa había sido impuesta por la autoridad ambiental al contratista por incumplir normas ambientales en la construcción de un horno incinerador, y la entidad solo la incluyó en el cruce definitivo de cuentas. Otra razón es que las partes acordaron en el acta de terminación bilateral esos reclamos de desequilibrio, inversiones y utilidad, y además no se acreditaron en el proceso. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas. Su consecuencia práctica es que los conceptos transados en el acta de terminación no pueden reabrirse en la liquidación, y que la sanción de una autoridad ambiental no equivale a una multa contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La multa a la que se refiere la liquidación unilateral fue impuesta a la Concesionaria por el incumplimiento de normas ambientales?¿Se probó que existieran vicios en el consentimiento en la suscripción del acta bilateral de terminación del Contrato?¿Las estipulaciones del contrato fueron pactadas por las partes frente a los efectos que tendría la terminación bilateral del contrato?