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¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? No
El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista…¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista?¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos?¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato?¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión?¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública? Sí
El contratista es responsable de las multas impuestas por incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra pública, ya que existen pruebas documentales que demuestran su inejecución de obligaciones contractuales, como retrasos en la entrega de áreas de trabajo y falta de personal calificado. Además, la justificación del contratista para ejecutar actividades no previstas no guarda relación directa con las observaciones previas de la interventoría y no puede considerarse un hecho imprevisible. La Sala confirma que la entidad estatal actuó correctamente al expedir los actos administrativos sancionatorios, reafirmando la importancia de la motivación y la congruencia en el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante…¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes?¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?
¿En los contratos interadministrativos una de las entidades estatales actúa como contratante y puede declarar el incumplimiento para hacer efectiva la póliza? Sí
En los contratos interadministrativos, una de las entidades estatales actúa como contratista, con los derechos y obligaciones que ello comporta, de modo que la otra entidad puede ejercer sus potestades unilaterales para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la póliza. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el alcance del régimen contractual en los contratos interadministrativos reconoce que una entidad estatal ocupa la posición de contratista, y esa condición no le quita la capacidad de ser sujeto de las consecuencias del incumplimiento. Segunda, la competencia de la entidad contratante para declarar el incumplimiento se desprende de la función de control del contrato, que la ley le atribuye. En el caso, la providencia revoca la decisión de primera instancia y reconoce la competencia de la entidad demandada para ejercer esas potestades. En la práctica, la entidad que contrate con otra entidad estatal debe pronunciarse de forma expresa sobre sus potestades unilaterales, porque su silencio puede dar lugar a cuestionamientos sobre su competencia.síntesis automática
También resuelve:¿La indebida notificación del acto administrativo afecta su eficacia más no su validez?¿El periodo de garantía, soporte y mantenimiento iniciaba con el acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato suministro?¿Procede la condena en costas cuando prosperan parcialmente las súplicas de la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020180026701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad declaró la caducidad del contrato, cuya consecuencia jurídica fue darlo por terminado y se ordenó la liquidación de este negocio jurídico? Sí
El contratista debe liquidar el contrato de obra pública dentro del plazo de cuatro meses desde su terminación, y si no lo hace, la entidad puede liquidarlo unilateralmente en los dos meses siguientes, con la consiguiente declaración de caducidad del contrato y el inicio del cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir de la liquidación unilateral. La teoría de los actos encadenados implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse después de la liquidación del contrato, no desde la terminación del mismo, y la Sala revoca la decisión que rechazó la demanda de reconvención, considerando que la presentación de esta fue oportuna, ya que se realizó dentro del plazo de caducidad calculado desde la fecha límite para la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿En el acto que se declaró la caducidad del contrato se ordenó su liquidación para que la misma se realizara con posterioridad?¿Ante la ausencia de una liquidación unilateral o bilateral era necesario contabilizar a partir de la fecha de terminación del contrato?
¿La no citación de la SAE en el procedimiento administrativo que antecedió la declaratoria de caducidad del contrato vulneró sus derechos como administradora de Aposmar? No
La falta de citación de la entidad que tiene el interés en la actuación administrativa de caducidad no vulnera los derechos del administrado cuando el depositario del patrimonio está llamado a velar por esos intereses y la declaratoria de caducidad no lo exige. La regla se apoya en que el tribunal señaló que la citación no era necesaria para declarar la caducidad, y en que el depositario debía velar por los intereses de la entidad, lo que sustenta la decisión de instancia. Además, la apelación no cumple la carga de sustentación cuando se limita a reiterar los argumentos de la demanda sin reparos concretos contra el razonamiento del fallo, pues no habilita al juez de segunda instancia a revocarlo. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la sentencia que declara la caducidad sin citación de la entidad interesada se confirma cuando el recurrente no controvierte de manera específica las razones del tribunal.síntesis automática
También resuelve:¿La SAE vio vulnerados sus derechos por no haberse acreditado probatoriamente las conductas que justificaban la caducidad del contrato adjudicado a Aposmar?¿La declaratoria de caducidad del contrato vulneró el mandato legal de mantener productivos los activos administrados por la SAE durante el proceso de extinción de dominio…
¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007? Sí
Las partes de la relación contractual no pactaron un término de liquidación distinto del previsto en la Ley 1150 de 2007 para efectos de adelantar el trámite de liquidación contractual, norma que, ante la ausencia de un plazo convencional, prevé: i) que la liquidación bilateral se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término de ejecución, ii) en defecto de lo anterior la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes a dicho término, y iii) que si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha producido la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente.… Así, la competencia temporal de la administración para ejercer sus facultades a través de un acto administrativo (elemento subjetivo de validez del mismo) se verifica en el momento en que esa manifestación de voluntad se forma…
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos…¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y…¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme?
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito…¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente?¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-04-16Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia, toda vez que la ordenada en el fallo emitido por esta Corporación fue desestimada por el juez de primera instancia al liquidar la condena en abstracto? Sí
No obstante, la orden contenida en la ratio decidendi de la sentencia proferida por esta Subsección el 30 de enero de 2013, en el sentido de que la liquidación de la condena en abstracto debía apoyarse en una prueba pericial, el Tribunal Administrativo de Sucre llevó a cabo por su propia iniciativa la correspondiente liquidación… , desestimó el dictamen pericial para efectos de acreditar la cuantía de los perjuicios ocasionados a la sociedad actora… .
También resuelve:¿En virtud del desequilibrio económico del contrato provocado por el Municipio al modificar la tasa de alumbrado público acordada al suscribir el negocio jurídico…¿El decreto de las pruebas de oficio no es solo una facultad del juez sino también un deber legal del que emana la obligación de adoptar las medidas necesarias para poder fallar con suficiente…¿La parte demandante debe sufragar la totalidad de los gastos que se deriven de la práctica de la prueba, pero tiene derecho a recobrar a la entidad demandada el 50% de los mismos por tratarse de una…
¿Debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos y no controvierten concretamente las razones por las cuales el a quo desestimó los cargos de nulidad? No
El juez de segunda instancia limita su competencia funcional al examen de la providencia recurrida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante en el escrito de sustentación. En la sentencia proferida, el Consejo de Estado rechaza por genéricos los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión del tribunal que desestimó los cargos de nulidad de actos administrativos contractuales, destacando que el artículo 320 y el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 exigen señalamientos precisos sobre las razones de inconformidad, sin que proceda un análisis oficioso de inconformidades abstractas sobre la ruptura del equilibrio contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada ruptura de la ecuación económica del contrato constituye una causa que exonere al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales?¿Pierde la entidad estatal contratante la competencia para declarar la caducidad del contrato cuando el contratista ha demandado previamente ante el juez del contrato el incumplimiento de la entidad…¿Puede el juez de lo contencioso administrativo estudiar el cargo de falta de competencia de la entidad que expidió el acto administrativo demandado…
¿Para que opere el silencio administrativo positivo respecto de la renuncia del contrato de concesión minera, se deben cumplir los siguientes requisitos: presentar por parte del concesionario de la manifestación unilateral de renuncia al contrato de concesión minera; y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su radicación.? Sí
Para que el silencio administrativo positivo opere en el contexto de la renuncia al contrato de concesión minera, es necesario que el concesionario presente una manifestación unilateral de renuncia y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta días hábiles. En este caso, la Sala ha confirmado que la configuración del silencio administrativo positivo se da cuando la Administración no responde a la solicitud de renuncia dentro del plazo establecido, lo que implica la aceptación tácita de la renuncia.síntesis automática
También resuelve:¿Configura el silencio administrativo positivo el vencimiento del término legal otorgado a la Administración para resolver una petición…¿Opera el silencio administrativo positivo frente a la renuncia al contrato de concesión minera cuando el concesionario presenta la solicitud de renuncia y la autoridad minera deja vencer el término…¿Conservaba la Agencia Nacional de Minería competencia para proferir actos administrativos sobre la renuncia al contrato de concesión minera después de configurarse el silencio administrativo…
¿Se configuró la caducidad de las pretensiones de incumplimiento contractual y nulidad de los actos de terminación y liquidación unilateral, incorporadas mediante reforma de la demanda, circunstancia que impide su análisis judicial? Sí
El contratista no puede reformar la demanda para incluir pretensiones de nulidad de actos de terminación y liquidación unilateral del contrato estatal después de que vence el término de caducidad, ya que este es un lapso único que no puede ser interrumpido ni suspendido, y su vencimiento impide que el juez de segunda instancia analice dichas pretensiones, lo que limita la competencia del juez para pronunciarse sobre ellas. La Sala modifica la postura anterior al establecer que el término de caducidad es ininterrumpible, por lo que la reforma de la demanda presentada fuera de este plazo no puede ser admitida, lo que impide que las pretensiones adicionales sean objeto de pronunciamiento judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Deben prosperar las pretensiones de incumplimiento y desequilibrio económico del contrato cuando los actos administrativos que dispusieron su liquidación unilateral conservaron su presunción de…¿Procede condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y fijar agencias en derecho a favor de la parte demandada…
¿La resolución antes de ser firmada por el demandado fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad demandante? Sí
El contratista debe considerar que la resolución antes de ser firmada por el funcionario responsable fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad estatal, lo cual implica que la expedición del acto administrativo contó con la asesoría de quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional necesaria para llevar a cabo la actuación administrativa. En el caso concreto, se evidenció que la resolución anulada fue revisada y aprobada por la oficina de contratación y la secretaría general de la entidad demandante, lo que significa que el funcionario no actuó de manera descuidada ni negligente, sino que se valió de asesoría técnica y jurídica para tomar la decisión. Además, se demostró que la entidad actuó de acuerdo con la jurisprudencia vigente en el momento de la expedición del acto, lo que desestima la presunción de culpa grave y la aplicación del medio de control de repetición. Esto implica que la entidad estatal puede continuar con la expedición de actos administrativos basándose en la asesoría técnica y jurídica adecuada, siempre y cuando se cumplan con los trámites internos y se tenga en cuenta la jurisprudencia vigente.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado exdirector fue asesorado por quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional para llevar a cabo la actuación administrativa?¿Se acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado vigente para ese momento en relación con las declaratorias de insubsistencia de los nombramientos provistos en provisionalidad?¿El criterio según el cual debían motivarse los actos administrativos que desvinculaban del servicio público a los funcionarios provisionales…
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
¿Tiene eficacia probatoria el dictamen pericial practicado en el proceso, por una abogada, para acreditar si la oferta de la demandante se ajustaba a los pliegos de condiciones y que al ser la mejor se le debía adjudicar el contrato? No
El dictamen pericial rendido por una persona que carece de la idoneidad técnica exigida para el objeto de la prueba no tiene mérito probatorio, especialmente cuando absuelve cuestiones de derecho reservadas al juez. Una razón es que en el proceso el dictamen fue rendido por una abogada, y para establecer si la propuesta cumplía especificaciones constructivas de la obra era necesario un perito de ingeniería civil, arquitectura o profesión afín. Otra razón es que el dictamen se limitó a fijar el alcance general de un pliego de condiciones y los efectos de un contrato a precios unitarios, puntos que corresponden exclusivamente al juez, sin contener análisis técnico sobre la oferta del demandante. En el caso, la Sala concluyó que el dictamen no acreditó la conformidad de la propuesta con el pliego, de modo que no se probó que debiera adjudicarse el contrato al demandante. La providencia confirmó la decisión de primera instancia. No indica que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la prueba pericial en procesos de adjudicación debe rendirla un experto en la materia técnica objeto del pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada?¿La oferta presentada por el demandante sirve para pretender la nulidad del acto de adjudicación y su confirmación?¿Probó el demandante que al valorar los costos en los precios unitarios no modificó las especificaciones de construcción previstas en el pliego de condiciones y con ello desvirtuó la presunción de…
41001233300020160031501 de 20262026-05-19Sección TerceraRad. 41001233300020160031501
El contratista no puede impugnar en un nuevo proceso judicial aspectos ya decididos en sentencias ejecutoriadas, debido a la aplicación de la cosa juzgada, lo que impide revisar cuestiones como la vinculación del contratista al proceso o el incumplimiento contractual, ya que estos asuntos fueron definidos en decisiones judiciales anteriores que adquirieron fuerza de cosa juzgada. La Sala reitera que las reclamaciones judiciales del contratista y la aseguradora pueden ser resueltas de forma independiente, ya que cada parte ejerce sus derechos subjetivos individuales, conforme al artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta regla limita la revisión de aspectos ya decididos y establece que la sentencia en un proceso tiene efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y causa, lo que implica que no puede revisarse la determinación del incumplimiento contractual en el nuevo litigio.síntesis automática
También resuelve:Cosa juzgada: excepción, aplicación, imposibilidad de analizar argumentos de la apelación, cosa juzgadaRégimen jurídico de la ese: Ley 100 de 1993 artículo 195, posibilidad de utilizar cláusulas exorbitantes, egcapActos expedidos por prestadores de servicios públicos: sentencia de unificación, no ostenta naturaleza de actos administrativos, derecho privado, análisis desde la perspectiva del cumplimiento contractual
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley?¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante?¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?
¿Es procedente la declaratoria de incumplimiento del contrato celebrado entre la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (CORVIDE) y el demandado, pese a que la entidad efectuó la liquidación unilateral del acuerdo negocial? No
La liquidación unilateral del contrato… goza de presunción de legalidad, hecho que no fue cuestionado por el extremo demandante y tampoco fue puesto en duda por el demandado -al contrario, la aceptó expresamente en su contestación-. En tales circunstancias, es improcedente que, mediante pretensiones declarativas - como ocurre en este asunto-, se pretenda reclamar conceptos diferentes al establecido en el balance final del contrato, como ocurre con el daño emergente y el lucro reclamado en la demanda… . Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que, si la liquidación del contrato fue unilateral, el contratista queda en libertad de reclamar por cualquier inconformidad que tenga con ocasión de la ejecución del negocio.
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad territorial en virtud de la cesión de derechos y obligaciones, y la transferencia de bienes de CORVIDE…¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la liquidación del contrato de servidumbre?