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¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista no puede apelar ante el Consejo de Estado una sentencia proferida por un tribunal administrativo si la cuantía de la pretensión no supera los 500 SMLMV, pero en este caso la cuantía excede ese límite, por lo que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación. La Sala reitera que la acción de controversias contractuales es procedente cuando se alega la lesión enorme de un contrato, pero en este caso la acción se presentó fuera del plazo preclusivo previsto en el artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo, por lo que opera la caducidad de la acción. Además, no se acredita temeridad o mala fe en el actuar de las partes que justifique la condena en costas, por lo que no procede la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales cuando se alega la lesión enorme de un contrato?¿La acción de controversias contractuales se intentó dentro del plazo preclusivo previsto en la ley?¿Se acreditó temeridad o mala fe en el actuar de las partes que conlleve a la condena en costas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2023-11-08Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 85001233300020220012201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de queja interpuesto por el apoderado de la parte demandada cumple con los requisitos de procedibilidad? Sí
El recurso de queja es el mecanismo para cuestionar la decisión que no concede o rechaza una apelación, conforme al artículo 245 del CPACA, y que su procedencia exige haberlo interpuesto en subsidio del recurso de reposición, de acuerdo con el artículo 353 del Código General del Proceso al que remite esa norma. Además, la enumeración del artículo 243 del CPACA no es taxativa, según el auto de unificación de la Sala Plena del 31 de mayo de 2022, porque la ley admite apelar otras providencias de primera instancia previstas en el mismo código o en normas especiales, y el parágrafo segundo del artículo 243 remite a esas normas en los procesos regulados por otros estatutos. Estas razones sostienen que la queja interpuesta por la parte demandada cumplía los requisitos de procedibilidad, y que la apelación fue bien denegada. La providencia no indica si cambia precedente, pues aplica el auto de unificación; su consecuencia práctica es que el litigante debe interponer la reposición en subsidio antes de acudir en queja y que la apelación puede proceder contra autos no listados si una norma lo prevé.síntesis automática
También resuelve:¿La enunciación que establece el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 es taxativa?¿En el caso sub examine, la decisión que da por contestada la demanda es susceptible del recurso de apelación?¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, toda vez que se resolvió de forma desfavorable el recurso de queja interpuesto por el demandante?
¿Para darle solución a los conflictos temporales en la aplicación de las leyes, se deben observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad? Sí
El contratista debe observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad para resolver conflictos temporales en la aplicación de las leyes, según establecen los artículos 1 y 2 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 5 de la Ley 57 de 1887. En el caso específico, la Sala determina que la Ley 685 de 2001, como ley especial, prevalece sobre la Ley 1450 de 2011, que es una ley general, al aplicar el criterio de especialidad. Además, se confirma que el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 prevalece sobre el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 en virtud del principio de favorabilidad, ya que establece una sanción más favorable. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la prelación normativa y el principio de especialidad, lo que implica que en casos similares, la aplicación de leyes especiales prevalecerá sobre las generales, siempre y cuando no se trate de una derogación explícita.síntesis automática
También resuelve:¿La Ley 685 de 2001 (ley especial) es la aplicable al presente asunto en forma preferente a la ley posterior y general (ley 1450 de 2011), con fundamento en el criterio de especialidad?¿El artículo 115 de la Ley 685 de 2001 por contener una sanción inferior a la posteriormente prevista en el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011, prevale en virtud del principio de favorabilidad?¿Hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la Resolución no. 001045 de 15 de noviembre de 2019 mediante la cual se impuso multa al concesionario y…
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación2024-06-19Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020200041201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La providencia es apelable, en virtud del parágrafo 2° del artículo 243 del CPACA, en consideración a que el incidente de nulidad procesal es de aquellos que regula dicho ordenamiento y no se califica como un incidente previsto en norma especial? No
Ingresa el expediente al Despacho para proveer sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto del 27 de marzo de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección C, a través del cual se negó la solicitud de nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la demanda propuesta por TSG IT ADVANCE SYSTEMS LTD.… El artículo 243 del CPACA establece las providencias pasibles del recurso de apelación, dentro de las cuales no se contempla expresamente el que niegue una solicitud de nulidad procesal. El parágrafo 2° del artículo 243 ibídem prevé que, en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan.
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición? Sí
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su condicionamiento por la Corte Constitucional, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del C.C.A. La sentencia condenatoria fue proferida el 10 de noviembre de 2005 y quedó ejecutoriada el 3 de marzo de 2006 . El plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del C.C.A. corrió hasta el 4 de septiembre de 2007 y el último pago de la condena a favor de la beneficiaria se realizó el 27 de marzo de 2007 , dentro del término para pagar.
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición cuando el auto admisorio de la demanda se declara nulo por falta de competencia funcional?¿Cuáles son los presupuestos para el estudio de la responsabilidad en la acción de repetición, específicamente en la acreditación del dolo o la culpa grave cuando los hechos del proceso ocurrieron…¿Cuándo se entiende satisfecha la legitimación en la causa por pasiva en la acción de repetición?
¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato es de ejecución sucesiva y requiere liquidación? Sí
El contratista puede demandar la declaratoria de incumplimiento durante la vigencia del contrato de ejecución sucesiva y hasta dos años después de su liquidación, conforme al artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo, prevaleciendo esta norma especial sobre la regla general que computa el término de caducidad desde la ocurrencia del incumplimiento. Esto implica que si el contrato aún está en ejecución y no ha sido liquidado, el plazo para demandar no ha vencido, permitiendo analizar de fondo la configuración del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura incumplimiento contractual cuando hay cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones?¿La auditoría a los reportes de facturación por parte del municipio demandante constituía un requisito previo para que EPM pudiera facturar a los usuarios industriales y comerciales?¿Se configuró un incumplimiento parcial del contrato por parte de EPM al no cobrar el impuesto de alumbrado público a los usuarios industriales y comerciales oportunamente?
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos?¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato?¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
¿Los convenios interadministrativos parten del fundamento previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, se caracterizan por la unión de esfuerzos de entidades públicas que se adelanta con el objetivo de satisfacer una finalidad común, no se rigen de forma automática por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista y la entidad estatal, al celebrar un convenio interadministrativo, no se rigen automáticamente por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estos acuerdos se caracterizan por la unión de esfuerzos entre entidades públicas con el objetivo de satisfacer una finalidad común, como la promoción de la integración social y comunitaria. La regla se fundamenta en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que prevé la autorregulación de estos convenios por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que pueda prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad. Esta decisión reitera y confirma precedentes judiciales que establecen que los convenios interadministrativos no son contratos en el sentido estricto, sino acuerdos de colaboración que buscan el interés común sin contraposición de intereses entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo de voluntades objeto de estudio corresponde a un convenio interadministrativo suscrito entre entidades estatales, Nación –Ministerio del Interior y el municipio de Gualmatán…¿El Ministerio contó con la facultad de liquidar unilateralmente el acuerdo de voluntades?¿La demanda de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-12-09Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 15001233300020230036401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación es procedente contra el auto que rechazó la demanda? Sí
El recurso de apelación es procedente contra el auto que rechazó la demanda, conforme al artículo 243-1 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y su interposición dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto, conforme al artículo 244-3 del CPACA, también modificado por la Ley 2080 de 2021, garantiza su oportunidad. Además, la conciliación extrajudicial es un requisito previo obligatorio para demandar a entidades públicas cuando la parte demandante es una entidad pública, según la Ley 2220 de 2022, lo que implica el rechazo parcial de la demanda si no se agota frente a las entidades públicas demandadas, pero no frente a las privadas. Esta regla reitera la importancia de cumplir con los requisitos procesales y normativos para el ejercicio del medio de control de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda fue interpuesto dentro de los tres días siguientes a su notificación?¿Procede el rechazo parcial de la demanda por no agotar el requisito previo de la conciliación extrajudicial cuando quien demande sea una entidad pública y el extremo pasivo de la litis esté…
Sentencia — Sentencia2026-10-08Sección PrimeraCARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRORad. 85001233300020240006301LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 68001233300020250018601LEY 1437 REPETICION
¿El recurso de apelación cumplió los presupuestos para su procedencia? Sí
El juez contencioso administrativo computa el término de caducidad de la acción de repetición a partir del día siguiente a la fecha del pago o desde el vencimiento del plazo legal con que cuenta la administración para efectuarlo. De conformidad con el artículo 164 del CPACA, numeral 2, literal l, la demanda debe presentarse dentro del plazo de dos años contados desde dichos momentos, sin que resulte admisible contabilizar la caducidad únicamente desde el pago efectivo si este excede los plazos legales, pues ello contraviene la norma y genera inseguridad jurídica para los administrados.síntesis automática
También resuelve:¿Debe confirmarse la declaratoria de caducidad del medio de control de repetición cuando la demanda se presentó transcurridos más de dos años desde la fecha del pago o del vencimiento del plazo legal…¿Debe contarse el término de caducidad de la acción de repetición desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA para el pago de la condena…¿Debe aplicarse el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, y no el ampliado por la Ley 2195 de 2022, cuando la condena que dio origen a la acción de repetición quedó ejecutoriada…
¿Es posible declarar el incumplimiento del contrato cuando no se ha cuestionado su liquidación unilateral? No
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato cuando no ha cuestionado previamente la liquidación unilateral del mismo, ya que la legalidad de dicha liquidación se presume y no ha sido impugnada en el juicio. En este caso, la entidad estatal liquidó unilateralmente el contrato y el contratista no impugnó la legalidad de este acto administrativo, por lo que la Sala revocó la sentencia de primer grado y negó las pretensiones del contratista, considerando que la liquidación unilateral del contrato y sus efectos se mantienen incólumes al no haber sido cuestionados. Esto implica que para poder discutir el incumplimiento del contrato y la indemnización de perjuicios, el contratista debe primero cuestionar la legalidad del acto administrativo de liquidación unilateral, lo que no ocurrió en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿Las actividades del Instituto de Fomento Industrial, con fundamento en el contrato “Concesión de Salinas” celebrado con la nación…¿Cuando la administración realiza la liquidación unilateral del contrato se está ante una decisión que goza de presunción de legalidad y que vincula a ambas partes de la relación contractual…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-20Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020180031402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La regulación especial del artículo 236 del CGP, que excluye recursos contra la negativa de la inspección judicial, impide la apelación presentada contra el auto que negó dicha prueba? Sí
El contratista no puede apelar la negativa de la inspección judicial, según el artículo 236 del Código General del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CGP), que excluye recursos contra la negativa de esta prueba, prevaleciendo esta norma especial sobre el artículo 243 del mismo código que permite la apelación de autos que niegan pruebas. Además, la entidad estatal puede modificar la decisión que negó parcialmente el decreto de prueba por informes si esta incluye puntos conducentes, pertinentes y útiles para establecer un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos en el artículo 217 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Estas decisiones modifican y reiteran precedentes anteriores, limitando la apelación de negativas de pruebas específicas y estableciendo criterios claros para la admisibilidad de pruebas por informes en procesos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La inclusión de los puntos 7 y 8 dentro de la prueba por informes cumple los requisitos legales que permiten modificar la decisión que negó parcialmente su decreto?¿La solicitud formulada en el recurso de apelación para que se decreten testimonios con el fin de explorar valoraciones internas realizadas por funcionarios en la elaboración de documentos…¿La solicitud de la entidad demandada para que se decrete el testimonio técnico dirigido únicamente a exponer conocimiento general sobre un marco normativo…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-05-12Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020240007600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente el consejero ponente para resolver los recursos de reposición contra el auto del 10 de febrero de 2025 que admitió el recurso extraordinario de anulación interpuesto por COMCEL, rechazó de plano por extemporáneo el recurso extraordinario de anulación interpuesto por EMCALI y suspendió el cumplimiento del laudo arbitral proferido el 5 de marzo de 2024? Sí
El consejero ponente es competente para resolver los recursos de reposición contra el auto del 10 de febrero de 2025, según los artículos 125 y 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y los recursos de reposición presentados por COMCEL y EMCALI fueron interpuestos dentro del término legal de tres días. Además, la solicitud de suspensión del cumplimiento del laudo arbitral por parte de la entidad pública condenada en el laudo es procedente de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, sin necesidad de que se acompañe de un recurso extraordinario de anulación. Esta decisión reitera la competencia del consejero ponente y establece que la suspensión del cumplimiento del laudo puede solicitarse de manera independiente, favoreciendo la protección del patrimonio público.síntesis automática
También resuelve:¿Los recursos de reposición fueron interpuestos dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto¿Era procedente decretar la suspensión del cumplimiento del laudo arbitral por cuanto la solicitud provino de la entidad pública que fue condenada en el laudo recurrido?¿El auto del 10 de febrero de 2025 desconoció los dos (2) días de gracia de que tratan las Leyes 2080 de 2021 y 2213 de 2022 a efectos de notificar providencias por medios electrónicos?
¿Se condena al demandado en sede repetición a restituir la suma que la Nación pagó a las víctimas como consecuencia de la condena dictada en su contra en un proceso de reparación directa? Sí
Cuando el agente estatal es declarado responsable en un proceso de repetición por una conducta dolosa o gravemente culposa, debe restituir a la entidad pública la suma que esta pagó a las víctimas en cumplimiento de la condena, actualizada al momento de la sentencia. La regla se sostiene en tres razones: la repetición tiene carácter patrimonial y busca reintegrar lo que la entidad pagó por causa del agente, de modo que el monto a restituir corresponde al pago efectivamente realizado; la actualización del valor pagado preserva el poder adquisitivo de la suma; y la norma del Código General del Proceso sobre interrupción de la caducidad no es aplicable al proceso contencioso administrativo, pues el artículo 306 del C.P.A.C.A. remite al procedimiento civil solo en los aspectos no regulados por ese código. En el caso, el tribunal condenó al exagente a pagar a la entidad pública afectada la suma actualizada que la entidad pagó por la condena de reparación directa, y la sala confirmó esa condena. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el monto de la repetición corresponde al pago efectivo actualizado y debe probarse con la constancia del pago.síntesis automática
También resuelve:¿Dado que el CPACA regula el fenómeno de la caducidad no procede aplicar el artículo 94 del CGP en este proceso?¿Se declara la responsabilidad patrimonial extracontractual del exservidor por estar demostrados los elementos objetivos y subjetivos del medio de control de repetición?¿La parte demandada solo pidió que se verifique la existencia de la caducidad en los términos del artículo 94 del Código General del Proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-12-01Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 70001233300020240011901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El mandamiento de pago dentro de un proceso de cobro coactivo no es susceptible de control judicial, por tratarse de un acto de trámite que no está incluido entre los actos demandables según los artículos 101 del CPACA y 835 del Estatuto Tributario, ni en las excepciones reconocidas por la jurisprudencia? Sí
El mandamiento de pago dentro de un proceso de cobro coactivo no es susceptible de control judicial, ya que es un acto de trámite no incluido en los artículos 101 del Código Procesal Administrativo y 835 del Estatuto Tributario, ni en las excepciones reconocidas por la jurisprudencia. Los actos administrativos proferidos en el proceso de cobro coactivo que crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular, como la liquidación del crédito, la liquidación de costas y el acto que aprueba el remate, sí son demandables mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta decisión reitera la posición de la corporación sobre la naturaleza del mandamiento de pago como acto de trámite no susceptible de control judicial, mientras que mantiene el control sobre actos que resuelven situaciones de fondo en el proceso de cobro coactivo.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos proferidos en un proceso de cobro coactivo que sean susceptibles de control judicial deben demandarse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del…¿Aunque la jurisprudencia ha ampliado el control judicial a ciertos actos del cobro coactivo que resuelven situaciones de fondo…¿Frente a la Resolución 0226 del 9 de marzo de 2023 operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho —al haber sido notificada el 9 de marzo de 2023 y presentarse la…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-05-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020150125001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales cuando la entidad pública actúa en el marco del derecho privado y en desarrollo del giro ordinario de una entidad financiera estatal? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver controversias contractuales cuando la entidad financiera pública actúa en el marco del derecho privado y en el desarrollo de su giro ordinario, ya que la competencia para conocer de estos asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria según establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en que las entidades financieras públicas como FONADE (hoy ENTERRITORIO) tienen una naturaleza jurídica específica que las rige bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que incluye funciones y actividades que se consideran parte del giro ordinario de sus negocios. La Sala reitera que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita a los actos y contratos que no sean parte del giro ordinario de las entidades financieras públicas, lo que implica que las controversias relacionadas con actividades financieras ordinarias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Está excluido FONADE (hoy ENTERRITORIO), como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando actúa en…¿Debe aplicarse la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la controversia contractual se relaciona con actividades comprendidas dentro del giro ordinario…¿Debe excluirse de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa una controversia contractual relacionada con funciones propias del giro ordinario de una entidad financiera pública…
¿Cuál es la pauta del inicio del conteo del término de caducidad en asuntos de controversias contractuales cuando existen decisiones encadenadas de la Administración que subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato? Sí
El cómputo del término de caducidad para la acción de controversias contractuales comienza a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, salvo que la controversia esté directamente relacionada con la liquidación del contrato, en cuyo caso el plazo se inicia una vez concluida la liquidación o vencido el plazo para su realización. La Sala establece que cuando las decisiones administrativas subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato, el cómputo de la caducidad debe realizarse desde la ocurrencia de los hechos que dan origen a la controversia, lo que armoniza con la norma especial del artículo 136, numeral 10, literal d) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla matiza la jurisprudencia anterior y permite una aplicación más flexible del cómputo del plazo de caducidad en función de la naturaleza de los hechos que generan la controversia, evitando una aplicación rígida que podría dejar sin efecto controversias legítimas.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar las pretensiones de la demanda relacionadas con el incumplimiento de unas metas adicionales en venta, el conteo de la caducidad debió realizarse a partir de la liquidación del contrato?¿Cuáles son las hipótesis sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las particularidades del caso y el contrato?
¿La Unión Temporal, obligada a reexportar los equipos, demostró el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación? No
El contratista no demuestra el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación cuando está obligado a reexportar los equipos importados temporalmente, lo que implica que no cumple con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en la normativa que rige la importación temporal de corto plazo. En este caso, la Unión Temporal, como contratista, no cumplió con el deber de no venir en contra de sus propios actos, ya que en el otrosí N° 1 del contrato se pactó la obligación de mantener indemne a la entidad contratante respecto de las responsabilidades derivadas de las obligaciones de reexportación. Además, la entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales y la Unión Temporal no realizó las gestiones necesarias para la reexportación de los equipos, lo que llevó a la aprehensión de los camiones compactadores de basura por parte de la DIAN. La regla reitera la importancia de cumplir con los requisitos de la reexportación y las obligaciones contractuales para evitar incumplimientos y responsabilidades adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿Durante el lapso entre la entrega y la aprehensión de los camiones la arrendadora tampoco realizó las gestiones para la reexportación de los equipos?¿La arrendataria estuvo presta a cumplir la restitución de la cosa arrendada, pero la unión temporal se rehusó a recibir los equipos?¿El representante legal de la UT se rehusó a recibir los 21 camiones conforme a lo estipulado en el contrato de arrendamiento?
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.…¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales…¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…