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ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO

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Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 50001233300020160055101 LEY 1437 REPETICION
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Esta competencia se extiende a la revisión de apelaciones en segunda instancia siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo a las entidades públicas obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados indebidamente.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede considerarse vulnerado el derecho fundamental al debido proceso —en particular los principios de cosa juzgada y non bis in ídem consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política—… ¿Debe considerarse que existe cosa juzgada —y, por ende, que resulta improcedente emitir un nuevo pronunciamiento judicial— cuando en un proceso posterior se pretende debatir hechos y pretensiones… ¿Debe abstenerse el juez de imponer costas y agencias en derecho en segunda instancia cuando la parte demandada estuvo representada por un curador ad litem que actuó de manera gratuita como defensor…
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Consejo de Estado Providencia

No existen expectativas legítimas en contravía del ordenamiento jurídico

Sentencia — Sentencia 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020190013901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existió una vulneración al debido proceso en el procedimiento sancionatorio minero contra el demandante? No
Cuando el titular minero es requerido en un procedimiento sancionatorio, el derecho de contradicción se garantiza mediante providencia notificada por estado, sin que sea exigible una notificación personal fuera de las excepciones previstas en la normativa especial. La regla se apoya en tres razones. Primera, la normativa minera admite la notificación por anotación en estados de las providencias del procedimiento, y el demandante reconoció que los primeros autos se notificaron de esa forma. Segunda, la declaratoria de caducidad se fundamentó en el incumplimiento parcial de los requerimientos, y la multa en la falta de entrega de formularios básicos, de modo que la falta de notificación alegada no configura causal de nulidad. Tercera, no existen expectativas legítimas contrarias al ordenamiento que justifiquen desconocer reglas de derecho público de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, el cambio de dirección para notificaciones personales resulta irrelevante y no se vulneró el debido proceso. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera debe estar precedida de un procedimiento administrativo donde se le permita al concesionario conocer las causas de ésta y ejercer su… ¿La falta de ejecución del contrato excusa al contratista de la obligación de mantener vigente la garantía minero ambiental? ¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 20001233300020150014401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sola permanencia en obra es causa suficiente por sí misma, para tener por acreditada una afectación a la ecuación financiera del negocio? No
El contratista no puede acreditar una afectación a la ecuación financiera del contrato basándose únicamente en la mayor permanencia en obra, sino que debe demostrar que la prolongación se debió a un riesgo no imputable a él, que sufrió perjuicios económicos adicionales y que estos perjuicios fueron lo suficientemente graves como para afectar el equilibrio financiero del contrato. La Sala reitera que la modificación contractual no puede considerarse como una renuncia expresa a reclamar por sobrecostos, y que la afectación debe ser tal que lleve al contratista a un punto de pérdida, lo cual no se cumplió en este caso. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas más sólidas para acreditar un desequilibrio financiero adverso y que la mera permanencia en obra no es suficiente para justificar un reclamo de reequilibrio económico.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base la valoración probatoria del dictamen contable efectuada por el a… ¿Se trasgredió el debido proceso del contratista en el marco del procedimiento administrativo que culminó con las Resoluciones DO-DA1294 y DO-DA1295 de 2013? ¿El apelante logró demostrar la falsa motivación en las Resoluciones DO-DA1294 y DODA1295 de 2013?
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Consejo de Estado Providencia

Se ha concluido que dichas manifestaciones no pueden analizarse como actos administrativos

Sentencia — Sentencia 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 25000233600020220029201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede afirmarse que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 —modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011— y a la jurisprudencia reiterada de la Sala, el contrato No. 1298 de 2017 celebrado por el Fondecun, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades en competencia con el sector privado, se encuentra sometido al régimen de derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera que las decisiones adoptadas por la entidad en ejercicio de las facultades pactadas contractualmente (como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria) constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos? Sí
Las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no quedan sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino a las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Por ello, las decisiones que la entidad adopta en ejercicio de las facultades pactadas en el contrato, como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria, constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos. La regla se apoya en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, y en que el objeto misional de la entidad, al efectuar captaciones, prestar asesoría y adelantar operaciones de financiación, la coloca en competencia con el sector privado. La providencia reitera la jurisprudencia de la subsección, según la cual esta clase de entidades no se rige por el estatuto general. Como consecuencia práctica, las controversias sobre esas decisiones deben tramitarse como asuntos contractuales de derecho privado y no como impugnaciones de actos administrativos.síntesis automática
También resuelve: ¿El Tribunal desconoció que la cesión de la posición contractual pactada entre la Unión Temporal Centros Día y Construir XXI S.A.S. produjo efectos de cara al contrato No. 1298 de 2017? ¿Conforme a lo pactado en la cláusula decimosegunda del contrato No. 1298 de 2017 y al procedimiento seguido por el Fondecun, la entidad contratante estaba facultada para declarar el incumplimiento… ¿Se debió reconocer en favor de los demandantes el pago de la suma pretendida por la ejecución de la fase 1 del citado contrato, que habría realizado la Unión Temporal Construir Día?
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-01-15 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 41001233300020170017002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al proceso le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación, esto es, la Ley 2080 de 2021, la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso? Sí
A los procesos contencioso-administrativos en curso se aplican las disposiciones procesales vigentes en la fecha de presentación del recurso de apelación, que en el caso eran el CPACA con las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 y, por integración del artículo 306 del mismo código, las del Código General del Proceso. Así se evita aplicar normas ya no vigentes al acto procesal que se está surtiendo. La providencia precisa además tres puntos. Primero, el auto que niega el decreto de pruebas es apelable según el numeral 7 del artículo 243. Segundo, el magistrado ponente, y no la Sala, es competente para resolver la impugnación contra esa providencia, conforme al numeral 3 del artículo 125. Tercero, el recurso de apelación contra un auto proferido en audiencia debe presentarse y sustentarse en la misma audiencia. Finalmente, el documento no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que el litigante debe radicar y sustentar la apelación en el momento procesal correcto, y que el ponente resuelve esos autos.síntesis automática
También resuelve: ¿La providencia que decide la impugnación contra el auto que niega el decreto de pruebas corresponde a la sala de decisión? ¿El recurso de apelación contra el auto proferido en audiencia debe presentarse y sustentarse en audiencia? ¿Se cumplen los requisitos para el decreto de las pruebas testimoniales solicitadas por la parte demandante?
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Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 25000233600020200032902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de la prueba cumple con los requisitos para ser decretada en segunda instancia? No
El contratista no puede solicitar pruebas en segunda instancia si no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 212 del Código Procesal Administrativo, como ser solicitadas de común acuerdo por las partes, no haber sido negadas o dejadas de practicar en primera instancia, o no versar sobre hechos posteriores a la oportunidad para pedirlas en primera instancia. La Sala confirmó la negativa del decreto de pruebas en segunda instancia, rechazando argumentos que buscaban desvirtuar la condena en costas impuesta por la sentencia de primera instancia, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales del recurrente y que la condena en costas es una contingencia previsible y legalmente establecida. Asimismo, se reitera que el juez no está obligado a decretar pruebas de oficio en segunda instancia cuando las partes lo soliciten, salvo que las considere necesarias para esclarecer dudas sobre el fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve: ¿Con la negación del decreto de pruebas se vulneraron los derechos fundamentales del recurrente? ¿Puede considerarse como un hecho nuevo, para efectos probatorios en sede de apelación, la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia? ¿Está obligado el juez de segunda instancia a decretar pruebas de oficio cuando las partes lo soliciten?
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Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la sentencia apelada porque

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 44001234000020170012901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El procedimiento administrativo previo adelantado a la declaratoria de incumplimiento del contrato, se hizo con violación del debido proceso? No
La declaratoria unilateral de incumplimiento de un contrato estatal respeta el debido proceso cuando la entidad cita al contratista, le informa los cargos concretos y las obligaciones presuntamente incumplidas, y le permite presentar descargos y pedir pruebas antes de la decisión definitiva. Una razón es que en el procedimiento el contratista presentó descargos, solicitó pruebas que fueron practicadas y asistió a la audiencia, de modo que tuvo la oportunidad de defenderse. Otra razón es que el contratista no interpuso el recurso de reposición en la audiencia, que era la oportunidad para cuestionar la decisión, y tampoco se acreditó un hecho extraño que hubiera incidido en la resistencia de los pavimentos. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto que declaró el incumplimiento, porque el dictamen de parte no desvirtuó los motivos de la entidad. Su consecuencia práctica es que el contratista que no recurre en la audiencia de incumplimiento pierde el reproche de debido proceso sobre esa etapa.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato, toda vez que el contratista cumplió con los estándares de resistencia de los pavimentos? ¿En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas?
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Consejo de Estado Providencia

No es admisible estimar que se trata de una simple decisión declarativa de la efectividad del seguro que puede adoptarse de plano, interpretación contraria a la Constitución y a la ley.

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020210062101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe la administración, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, garantizar plenamente el derecho al debido proceso del contratista y de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, al tratarse de un acto que implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual y que, por tanto, exige la posibilidad de ser oído, controvertir las pruebas y presentar las que se consideren pertinentes? Sí
El contratista y la aseguradora del cumplimiento del contrato estatal tienen derecho al debido proceso antes de que la administración declare la ocurrencia del siniestro y haga efectiva la garantía única de cumplimiento, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011. Este derecho implica la posibilidad de ser oídos, controvertir las pruebas y presentar las que consideren pertinentes para defender sus intereses, ya que la declaración de siniestro implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual. La Sala reitera la necesidad de garantizar el debido proceso en estas circunstancias, lo que implica que la administración debe permitir a las partes involucradas participar en un procedimiento reglado antes de adoptar decisiones que afecten sus intereses.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe el municipio de Soacha ser condenado en costas en la segunda instancia, conforme al numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, dado que su recurso de apelación no prosperó?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La decisión administrativa demandada fue posterior a la liquidación del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-02-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130202601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el que se demanda la nulidad de una acto proferido después de la liquidación del contrato estatal, ante la falta de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto administrativo impugnado, puede tenerse en cuenta la fecha de ejecución del acto respectivo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio, por suponer, además de la presunción de legalidad, que el acto surtió la respectiva notificación o comunicación al afectado, y que quedó en firme en los términos del procedimiento administrativo correspondiente? Sí
El contratista puede utilizar la fecha de ejecución del acto administrativo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio como punto de partida para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en ausencia de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto impugnado, dado que la ejecutoria del acto supone su notificación y comunicación al afectado, y su firmeza en los términos del procedimiento administrativo correspondiente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y permite a los contratistas formular oportunamente la demanda en casos en que no se cuente con la fecha exacta de notificación del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Cualquier posible situación que fuera conocida por el Consultor relativa a una inestabilidad en las redes de servicios públicos objeto del contrato de consultoría… ¿Hubo falsa motivación en las decisiones administrativas impugnadas, teniendo en cuenta que la administración declaró el siniestro de mala calidad de los productos entregados en virtud del contrato… ¿El IDU violó el debido proceso del Consorcio al incluir, en la resolución que resolvió el recurso por aquel interpuesto, un hecho nuevo…
Consejo de Estado Providencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020160147201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos? Sí
El contratista tiene competencia para interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía del daño emergente y lucro cesante supere el monto mínimo establecido en la Ley 1437 de 2011. Esta posición se sustenta en el artículo 150 de la misma ley, que otorga al Consejo de Estado la facultad de conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de los tribunales administrativos. Además, la Sección Tercera puede conocer de casos que normalmente serían de competencia de la Sección Primera, siempre y cuando no haya objeciones por parte de las partes y el acto no sea precontractual. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia existente sobre la competencia de la Sección Tercera en casos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con la adjudicación de rutas de transporte.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda fue presentada dentro del término para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? ¿La resolución demandada se profirió con falta de competencia por cuanto el procedimiento administrativo ya se había agotado? ¿Se acreditaron en debida forma los perjuicios materiales para que proceda su reconocimiento?
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Consejo de Estado Providencia

Las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración.

Sentencia — Sentencia 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233100019970125702 ACCION CONTRACTUAL
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.síntesis automática
También resuelve: ¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado… ¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso… ¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La decisión del Tribunal Administrativo sobre la caducidad de estas reclamaciones se mantendrá en esta instancia

Sentencia — Sentencia 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020070063601 ACCION CONTRACTUAL
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que se demanda la nulidad absoluta del contrato estatal liquidado unilateralmente, se contabiliza desde el momento en que se celebra el negocio jurídico, por lo que, en el caso concreto, para la fecha de presentación de la demanda, se tiene que la acción ya se encontraba caducada, pese a que el último día del término se encontraba dentro de la vacancia judicial respectiva? Sí
El término de caducidad de la acción contractual de nulidad absoluta de un contrato estatal liquidado unilateralmente se cuenta desde la celebración del contrato, esto es, desde el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación elevado a escrito, y si su último día cae en vacancia judicial el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que, según el artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, el cómputo para un contrato liquidado unilateralmente se rige por el literal d de esa norma. La segunda es que la aseguradora, como garante del contrato, podía demandar desde su perfeccionamiento el 28 de diciembre de 2005, de modo que el término bienal vencía el 29 de diciembre de 2007, dentro de la vacancia judicial. La tercera es que, al extenderse al primer día hábil, el término vencía el 11 de enero de 2008, y la demanda presentada el 12 de febrero de 2008 llegó tarde. En consecuencia, se mantiene la decisión del tribunal que declaró la caducidad. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿En torno a la formulación de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos contractuales, la caducidad de la acción de controversias contractuales… ¿Cuándo de la acción de controversias contractuales se trata, y esta procede contra los actos administrativos que se profieran en el marco de la actividad contractual, en principio… ¿La representación legal, judicial y extrajudicial, así como la ordenación del gasto de los fondos de desarrollo locales, corresponde al Alcalde Mayor del Distrito Capital…
Consejo de Estado Providencia

Se debe definir el régimen jurídico que disciplinó ese contrato

Sentencia — Sentencia 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300020140070701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato para la introducción y comercialización de licores, celebrado entre el departamento de Valle del Cauca y la sociedad demandante, estaba regido por la Ley 80 de 1993 y debió haber estado precedido de un procedimiento licitatorio para la selección del contratista? Sí
Cuando el departamento celebra contratos para la introducción y comercialización de licores en desarrollo del monopolio de arbitrio rentístico, esos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993 y la selección del contratista debe hacerse por un procedimiento competitivo, como la licitación pública. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 permiten celebrar esos negocios dentro de las normas de contratación vigentes. Segunda, el Consejo de Estado ha concluido que, desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el departamento debe ceñirse a esa ley, al no existir un régimen especial para la selección de los contratistas. Tercera, a falta de una regla específica, la modalidad de selección de contratistas particulares por parte del departamento era la licitación. En consecuencia, la providencia revoca la decisión que había considerado el contrato regido por el derecho privado. El documento reitera esa línea sobre el régimen de estos contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se declaró la terminación unilateral del contrato, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional por la pretermisión… ¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato para la introducción y ¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve parcialmente favorable el recurso de…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre la existencia de una condena

Sentencia — Sentencia 2023-03-03 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 76001233300020120048001 LEY 1437 REPETICION
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre la existencia de una condena, el pago y la calidad de agente estatal del demandado, como presupuestos del medio de control de repetición, considerando que, respecto de las conclusiones adoptadas por el fallador de instancia, no se formuló ningún cuestionamiento en el recurso de apelación? No
La Sala estima pertinente señalar que, aunque los asuntos relativos a la existencia de una condena, el pago y la calidad de agente estatal del demandado para la época de los hechos constituyen presupuestos del medio de control de repetición, el fallador de instancia ya los analizó y respecto de sus conclusiones no se formuló ningún cuestionamiento en el recurso de apelación, por lo que se entiende que quedaron fijados con la decisión del a quo.
También resuelve: ¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida… ¿En procura de garantizar el derecho al debido proceso de las partes, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de… ¿Dado que en el proceso de repetición se persigue un interés público, resulta improcedente la condena en costas en contra de la entidad demandante?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente

Sentencia — Sentencia 2023-03-03 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020120076502 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, conforme lo establece la ley? Sí
El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales conforme lo establece la Ley 1437 de 2011, siempre que la demanda se interponga dentro del término de dos años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral o unilateral del contrato. En este caso, la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, que declaró la caducidad del contrato, quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2011, por lo que el plazo para la liquidación bilateral expiró el 2 de abril de 2012 y el plazo para la liquidación unilateral venció el 2 de junio de 2012. A partir del 3 de junio de 2012, comenzó a correr el término de dos años para presentar la demanda, que venció el 3 de junio de 2014. Como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2012, resulta oportuna, además de que la parte presentó solicitud de conciliación extrajudicial antes de interponer la demanda. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la oportunidad del medio de control de controversias contractuales y garantiza el debido proceso en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿En aras de resolver el cargo de violación del debido proceso que alegó la recurrente, por no haber sido estudiado en la sentencia de primera instancia… ¿Estaba llamado a prosperar el cargo de violación del debido proceso que, como sustento de la pretensión principal de nulidad del acto… ¿Es posible que la Sala realice la liquidación judicial del contrato, toda vez que no obra en el expediente la información suficiente y necesaria para llevar a cabo el respectivo corte de cuentas del…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Tiene un consorcio la capacidad para ser parte en un proceso judicial

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 18001234000020160002102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Tiene un consorcio la capacidad para ser parte en un proceso judicial en el que se controvierte la adjudicación de un contrato estatal, pese a que el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación del contrato a otro proponente? Sí
El consorcio tiene capacidad para ser parte en un proceso judicial que controvierte la adjudicación de un contrato estatal, incluso si el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación a otro proponente. La Sala ha determinado que, pese a la disposición del acuerdo consorcial que limita su vigencia hasta la adjudicación a otro proponente, el consorcio aún cuenta con capacidad para comparecer en el trámite, en virtud de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013. Esto se debe a que cada uno de los integrantes del consorcio concurrió directamente al proceso con la alegada afectación de su derecho a ser contratista del Estado, lo cual refuerza la posibilidad de adoptar una decisión de fondo en el sub lite.síntesis automática
También resuelve: ¿Se configura la caducidad de las pretensiones acumuladas de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de adjudicación y de nulidad del contrato estatal… ¿Se limita la competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos formulados en los recursos de apelación, sin que resulte viable examinar nuevamente los aspectos desfavorables de la… ¿La falta de firmeza de la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) de uno de los integrantes de la unión temporal adjudicataria al cierre del proceso de selección constituye una causal de…
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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-09 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000232600020100034602 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de una demanda de controversias contractuales presentada para resolver sobre la legalidad de las resoluciones que impusieron la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de obra suscrito entre un consorcio y un órgano del Distrito Capital? Sí
El contratista tiene competencia para interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia, para impugnar la legalidad de las resoluciones que imponen una cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual en un contrato de obra pública, dado que la controversia se enmarca en la jurisdicción contenciosa administrativa y la cuantía económica supera los 500 SMLMV al momento de presentar la demanda. La acción es procedente y oportuna, conforme a los artículos 87 del Código Contencioso Administrativo y 77 de la Ley 80 de 1993, y las partes tienen legitimación en la causa por su participación en el contrato y como destinatarios o emisores de los actos administrativos en cuestión. La Sala modifica la jurisprudencia existente, lo que implica que en casos similares, el Consejo de Estado será competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales relacionadas con cláusulas penales pecuniarias en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato e… ¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales interpuesta para demandar demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de… ¿El consorcio demandante y la Secretaría de Educación Distrital tienen legitimación en la causa por activa y pasiva, no solo por haber intervenido como extremos negociales en el contrato de obra…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso

Sentencia — Sentencia 2022-02-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020100066001 ACCION CONTRACTUAL
¿Qué incidencia tiene el recurso de apelación en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia? Sí
El juez de segunda instancia solo puede pronunciarse sobre las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación, limitando así su competencia funcional a los aspectos específicamente impugnados en la apelación, sin poder abordar cuestiones no debatidas en esta etapa, a menos que sean de resolución de oficio. Esto implica que si la parte no presenta reparos frente a determinados puntos en el recurso de apelación, el juez ad quem no puede pronunciarse sobre ellos, incluso si se reiteran en etapas posteriores del proceso, como los alegatos de conclusión, ya que estas no son oportunidades preclusivas para sustentar el recurso de apelación. Esta regla reitera la importancia del principio de congruencia y la preclusión en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia, salvaguardando el debido proceso y la defensa de las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos, la finalidad y cómo es la ejecutoriedad de la garantía de cumplimiento en el contrato estatal? ¿Cuál es la normatividad aplicable en todo lo relacionado con la garantía de cumplimiento en el contrato estatal y cuáles son sus presupuestos? ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de calidad y el riesgo de funcionamiento?
Consejo de Estado Providencia

La entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente

Sentencia — Sentencia 2023-05-08 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 63001233300020180023401 LEY 1437 REPETICION
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición en el caso sub examine, considerando que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984? Sí
Para efectos de determinar si la demanda se presentó en la oportunidad legal prevista, la Sala estima conveniente precisar que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984, de ahí que el municipio de Calarcá debía cumplirla en los términos del artículo 177 de ese cuerpo normativo. De este modo, la entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío, lo cual ocurrió el 14 de febrero de 2017… , por ende, el plazo para el pago venció el 15 de agosto de 2018.… Lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero.
También resuelve: ¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de la demandante en cuanto es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, es decir… ¿El juez de primera instancia desconoció el principio de congruencia de la sentencia, al pronunciarse sobre unas actuaciones que no fueron imputadas en la demanda? ¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada que no hicieron parte del petitum y de la causa petendi de la demanda?
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Consejo de Estado Providencia

Se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 20001233300020140003501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento de un contrato de obra? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales una entidad declara el incumplimiento de un contrato estatal, y que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de ellos por tratarse de un acto de una entidad pública, conforme a los artículos 104 y 141 del CPACA. Una razón es que el artículo 141 permite a cualquiera de las partes pedir la declaratoria de incumplimiento, la indemnización de perjuicios y las demás declaraciones consecuenciales, de modo que la nulidad del acto que declara el incumplimiento se encauza por esa vía y no por la de nulidad y restablecimiento. Otra razón es que la competencia de segunda instancia depende de la cuantía, que en el caso superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. En el caso, el tribunal había resuelto la demanda contra la resolución que declaró el incumplimiento de un contrato de obra, y el Consejo de Estado confirmó la decisión. Su consecuencia práctica es que la impugnación del acto de incumplimiento debe tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? ¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
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