⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Providencia
No debe revocarse la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2026-02-18
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)
JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA
Rad. 11001334306120180038101
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, en tanto se acreditó en el proceso las causales de nulidad alegadas por la parte actora? No
El contratista no puede solicitar la revocación de la sentencia de primera instancia para declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, ya que no se acreditaron causales de nulidad del pliego de condiciones, y se demostró que el proceso de selección se basó en un estudio técnico que no fue desvirtuado. El pliego de condiciones tiene una doble naturaleza jurídica: es un acto administrativo general que rige el proceso de selección y, una vez celebrado el contrato, se convierte en el marco jurídico del negocio jurídico. Además, solo los actos administrativos de carácter definitivo, como el pliego de condiciones, el acto administrativo de adjudicación y el que declara desierto el proceso, son susceptibles de control judicial, mientras que los actos de trámite, como el que ordena la apertura del proceso de selección, no lo son. Esta decisión reitera y confirma la jurisprudencia existente, lo que implica que las partes deben acreditar claramente las causales de nulidad en el proceso para que puedan ser consideradas por la jurisdicción.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
Las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto están falsamente motivadas
Sentencia — Sentencia
2022-03-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 68001233300020130014601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto, ambas de 2011, están falsamente motivadas ya que al corregirse la identificación del nombre de la aseguradora se le vulneró el debido proceso de la demandante y no se le permitió interponer recursos contra la Resolución No. 97 del 19 de agosto de 2011? Sí
El contratista no puede alegar nulidad por falsa motivación ni vulneración del debido proceso por errores en la notificación del acto administrativo, ya que estos vicios no afectan la materialidad del acto sino su ejecutoriedad, y la falta de competencia de la entidad estatal no puede ser analizada de oficio si no fue planteada en la demanda inicial. La Sala reitera que la nulidad por falsa motivación requiere que el error de hecho o derecho sea suficiente para llevar al administrado a cuestionar la decisión, y que la notificación es un acto independiente del acto administrativo que no invalida este último. Esto implica que el contratista no puede interponer recursos basados en estos vicios y que la entidad estatal debe tener competencia para expedir el acto administrativo en el momento de su expedición.síntesis automática
También resuelve:
¿Es posible analizar de oficio la falta de competencia de la entidad estatal municipal para la expedición del acto administrativo que declara la caducidad del contrato?
¿La indebida notificación del acto administrativo se constituye en un vicio de nulidad del acto administrativo?
¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Consejo de Estado
Providencia
No es procedente la declaratoria de incumplimiento del contrato celebrado entre la Corporación
Sentencia — Sentencia
2023-10-04
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100020080038201
ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente la declaratoria de incumplimiento del contrato celebrado entre la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (CORVIDE) y el demandado, pese a que la entidad efectuó la liquidación unilateral del acuerdo negocial? No
La liquidación unilateral del contrato… goza de presunción de legalidad, hecho que no fue cuestionado por el extremo demandante y tampoco fue puesto en duda por el demandado -al contrario, la aceptó expresamente en su contestación-. En tales circunstancias, es improcedente que, mediante pretensiones declarativas - como ocurre en este asunto-, se pretenda reclamar conceptos diferentes al establecido en el balance final del contrato, como ocurre con el daño emergente y el lucro reclamado en la demanda… . Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que, si la liquidación del contrato fue unilateral, el contratista queda en libertad de reclamar por cualquier inconformidad que tenga con ocasión de la ejecución del negocio.
También resuelve:
¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?
¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad territorial en virtud de la cesión de derechos y obligaciones, y la transferencia de bienes de CORVIDE…
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la liquidación del contrato de servidumbre?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020090094301
ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve:
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa…
¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación…
¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala no encuentra atendible el primer reparo del apelante a la sentencia impugnada
Sentencia — Sentencia
2024-12-06
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 20001233300020150052702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública? Sí
El contratista es responsable de las multas impuestas por incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra pública, ya que existen pruebas documentales que demuestran su inejecución de obligaciones contractuales, como retrasos en la entrega de áreas de trabajo y falta de personal calificado. Además, la justificación del contratista para ejecutar actividades no previstas no guarda relación directa con las observaciones previas de la interventoría y no puede considerarse un hecho imprevisible. La Sala confirma que la entidad estatal actuó correctamente al expedir los actos administrativos sancionatorios, reafirmando la importancia de la motivación y la congruencia en el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante…
¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes?
¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado
Sentencia — Sentencia
2024-06-04
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 25000233600020190086702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007? Sí
Las partes de la relación contractual no pactaron un término de liquidación distinto del previsto en la Ley 1150 de 2007 para efectos de adelantar el trámite de liquidación contractual, norma que, ante la ausencia de un plazo convencional, prevé: i) que la liquidación bilateral se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término de ejecución, ii) en defecto de lo anterior la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes a dicho término, y iii) que si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha producido la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente.… Así, la competencia temporal de la administración para ejercer sus facultades a través de un acto administrativo (elemento subjetivo de validez del mismo) se verifica en el momento en que esa manifestación de voluntad se forma…
También resuelve:
¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos…
¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y…
¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio
Sentencia Unificación — Sentencia
2024-05-09
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas…
¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…
¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso
Sentencia — Sentencia
2022-02-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020100066001
ACCION CONTRACTUAL
¿Qué incidencia tiene el recurso de apelación en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia? Sí
El juez de segunda instancia solo puede pronunciarse sobre las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación, limitando así su competencia funcional a los aspectos específicamente impugnados en la apelación, sin poder abordar cuestiones no debatidas en esta etapa, a menos que sean de resolución de oficio. Esto implica que si la parte no presenta reparos frente a determinados puntos en el recurso de apelación, el juez ad quem no puede pronunciarse sobre ellos, incluso si se reiteran en etapas posteriores del proceso, como los alegatos de conclusión, ya que estas no son oportunidades preclusivas para sustentar el recurso de apelación. Esta regla reitera la importancia del principio de congruencia y la preclusión en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia, salvaguardando el debido proceso y la defensa de las partes.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuáles son los presupuestos, la finalidad y cómo es la ejecutoriedad de la garantía de cumplimiento en el contrato estatal?
¿Cuál es la normatividad aplicable en todo lo relacionado con la garantía de cumplimiento en el contrato estatal y cuáles son sus presupuestos?
¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de calidad y el riesgo de funcionamiento?
Consejo de Estado
Providencia
La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal puede acudir al medio de control
Sentencia — Sentencia
2026-03-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 20001233900020160024402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve:
¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.…
¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales…
¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2023-10-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020170032201
LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio procedente para demandar los actos administrativos mediante los cuales la entidad declara el incumplimiento de un contrato de obra, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la sentencia cuando la cuantía de la pretensión supera el umbral legal, conforme a los artículos 104, 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos y contratos en los que interviene una entidad pública, y el acto de incumplimiento fue expedido por una entidad del orden nacional. Otra razón es que la demanda pedía la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento y el restablecimiento del derecho, pretensiones que el juez debe estudiar con la vía contractual, así como la cuantía fijada para la doble instancia. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. Su consecuencia práctica es que las resoluciones que declaran el incumplimiento de un contrato de obra se impugnan por controversias contractuales y no por nulidad y restablecimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?
¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: existe una diferencia entre el régimen sustantivo aplicable y la naturaleza del acto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-06-06
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, corresponden a la categoría de actos administrativos? Sí
Considero que los actos de las ESP -precontractuales o contractuales- son administrativos, pues todo acto unilateral de la administración destinado a producir efectos jurídicos goza de esta naturaleza, al margen del régimen contractual que sea aplicable -en el caso de estas entidades, el derecho privado-. En el proveído del cual me aparto se condiciona la existencia o inexistencia del acto administrativo al uso de prerrogativas de poder público. Este criterio, en mi opinión, es limitado, pues reduce las actuaciones de la administración pública a expresiones de imperio, soberanía, poder o autoridad. Si bien es cierto que la administración actúa de diferentes maneras, no en todas ellas está involucrado el poder coercitivo del Estado… .
También resuelve:
¿Resulta procedente afirmar que son de naturaleza privada los actos que emite una entidad estatal en desarrollo de su actividad contractual, cuando se observa que está regida por un régimen mixto…
¿El hecho de que no sean administrativos los actos contractuales de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…