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OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

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Consejo de Estado Providencia

Contrato de obra: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 47001233300120140035401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las dificultades asociadas a los diseños fueron la causa que impidió a la contratista cumplir sus obligaciones contractuales? No
La Sala encuentra suficientemente acreditado que hasta cierto momento, las obras no pudieron adelantarse debido, en parte, a que los diseños que le fueron entregados a la contratista no se ajustaban a las condiciones de los niveles del río Cesar al momento de la ejecución de los trabajos.… Pese a lo anterior, el hecho de que AREMCA no ejecutara las obras en el tiempo pactado no puede explicarse en razón de las dificultades asociadas a los diseños, en la medida que las partes adoptaron acciones y llegaron a acuerdos que una vez implementados las llevaron a concluir que tales aspectos habían sido superados y que, por tanto, las obras se podían ejecutar.… Así las cosas, dado que tanto el Municipio como la Asociación estimaron que con los lineamientos e instrucciones que dio la interventoría en la reunión del 10 de julio de 2012 estaban dadas las condiciones técnicas asociadas a los diseños para ejecutar las obras…
También resuelve: ¿En los contratos de obra, cuando su celebración esté precedida de licitación pública, la interventoría debe contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista? ¿La alegada ausencia de interventoría en obra justifica el incumplimiento del contratista? ¿Procede la condena en costas a la parte demandante?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La solicitud de vinculación de terceros con interés legítimo es improcedente si se formula cuando el proceso está ingresado para sentencia.

Sentencia — Sentencia 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020230057301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el proceso se encuentra acreditada la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El tercero procesal o subcontratista que pretenda intervenir en un medio de control de controversias contractuales debe formular su solicitud de vinculación dentro de la oportunidad legal comprendida desde la admisión de la demanda y hasta antes del auto que fija fecha para la audiencia inicial. En esta sentencia, la Sala confirma la decisión apelada que declaró probada la caducidad del medio de control de controversias contractuales y, asimismo, declara improcedente la solicitud de vinculación presentada por una sociedad en calidad de tercero con interés legítimo por haber actuado como subcontratista. Dicha petición se extinguió temporalmente conforme al artículo 224 del CPACA al ser formulada de manera tardía, cuando el expediente ya se encontraba en el despacho judicial para resolver de fondo el litigio.síntesis automática
También resuelve: ¿Las partes estipularon que el contrato sería objeto de liquidación bilateral o unilateral dentro de los seis meses siguientes a su vencimiento? ¿Al no sustituir el interventor a la entidad contratante, esta última es quien debe suscribir el acta de recibo de las obras y el acta de liquidación del contrato? ¿La Sala confirma la sentencia anticipada, teniendo en cuenta que se concluye que la demanda fue presentada de manera extemporánea?
DECLARA IMPROCEDENTE
Consejo de Estado Providencia

La Sala explicará por qué no había lugar a declarar el incumplimiento

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020190007401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad contratista incumplió el contrato de interventoría, al no garantizar la entrega de la obra pública contratada, la calidad de los materiales empleados y del proceso constructivo, teniendo en cuenta que el contrato de obra y el de interventoría tienen objetos distintos y, que no obra prueba del uso de materiales y métodos constructivos incorrectos? No
El contratista no incumple el contrato de interventoría al no garantizar la entrega de la obra pública y la calidad de los materiales empleados y del proceso constructivo, ya que el contrato de obra y el de interventoría tienen objetos distintos y no se presentan pruebas de uso incorrecto de materiales y métodos constructivos. La Sala rechaza la solicitud de nulidad procesal por pretermitir el trámite integral del llamamiento en garantía, argumentando que la causal es distinta a las establecidas en el Código General del Proceso y que la solicitud no fue propuesta oportunamente. Además, se condena al Fondo Adaptación en costas de segunda instancia y se fija un salario mínimo mensual legal vigente por concepto de agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe rechazarse de plano la solicitud de nulidad procesal relativa a haberse pretermitido el trámite ¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP…
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 52001233300020150075801 ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su… ¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Obligaciones condicionales: el establecimiento de una condición suspensiva es posible en cualquier clase de negocio jurídico

25000233600020210004301 de 2025 2025-05-30 Rad. 25000233600020210004301
Es por esto que los efectos de un contrato conmutativo pueden quedar sometidos a la realización de una condición suspensiva, sin que por ello mute su naturaleza a la de un contrato aleatorio. Las obligaciones del contrato de interventoría consisten en seguir, verificar y promover la correcta ejecución de otro contrato. Es por lo anterior que el interventor no asume la obligación de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual realiza la vigilancia técnica, eso corresponde al contratista del otro negocio jurídico; de manera que si éste incumple no significa automáticamente que aquél también lo haya hecho, en cada caso tendrán que analizarse las obligaciones que a cada uno corresponde, pues, aunque relacionados entre sí en función de la consecución de la finalidad pública que se pretenda satisfacer, se trata de dos negocios jurídicos autónomos e independientes.
También resuelve: Obligaciones condicionales: acontecimiento futuro e incierto, obligaciones suspensivas, naturaleza Obligaciones suspensivas: definición, condiciones suspensivas, suspensión del nacimiento de la obligación, exigibilidad Condición suspensiva: acuerdo de voluntades, contratos conmutativos, acaecimiento de la condición, no altera la naturaleza del contrato
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la sentencia apelada que denegó las súplicas de las demandas

Sentencia — Sentencia 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020190071601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El porcentaje de cumplimiento del contrato de obra coincide con el porcentaje de costos variables reconocidos al consorcio interventor? Sí
El contratista no puede reclamar el reconocimiento de costos variables adicionales al porcentaje de cumplimiento del contrato de obra, ya que estos costos dependen directamente del avance de la obra verificado por la interventoría. La Sala establece que el consorcio interventor reconoció un 25,51% de avance en el contrato de obra, por lo que ese mismo porcentaje es el que corresponde a los costos variables, coincidiendo con el informe final y la acta de liquidación del contrato. La regla reitera que el pago de costos variables en contratos de interventoría está vinculado al avance efectivo de la obra, y no puede ser reclamado por el contratista si no se demuestra un incumplimiento por parte de la entidad estatal en la verificación del avance de obra.síntesis automática
También resuelve: ¿El reconocimiento de los costos variables dependía de la verificación del avance de obra de un tercero, circunstancia conocida por el consorcio interventor desde el inicio del proceso de selección… ¿La parte actora no logró acreditar que el Distrito Capital de Bogotá con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría hubiera incurrido en una errónea lectura del porcentaje ejecutado por… ¿Dado que la propia interventoría determinó en el informe final del contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El contrato celebrado es un parámetro indispensable para estimar las prestaciones mutuas ejecutadas que deben devolverse luego de adoptada judicialmente la nulidad del negocio.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-04-26 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 44001233100020000054002 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

El término para interponer la acción de repetición es de dos años

Sentencia — Sentencia 2023-08-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 81001233100020080010702 ACCION DE REPETICION
¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de la condena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001), pues la sentencia expedida por el Juzgado Único Promiscuo de Saravena, Arauca, en el proceso ordinario laboral en el que resultó condenado el INCORA, fue expedida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006).
También resuelve: ¿Al presente proceso le son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001? ¿Para encontrar acreditada la responsabilidad del agente del Estado, es necesario que la conducta del mismo deba calificarse como culpa grave o dolo? ¿La falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA, es atribuible al demandado a título de culpa grave?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación o sobre argumentos

Sentencia — Sentencia 2026-05-22 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300120150080501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación o sobre argumentos que no fueron planteados oportunamente en la demanda? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación ni revocar la sentencia por razones que no fueron impugnadas, aunque se acojan los cargos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita el recurso al examen de la cuestión decidida en relación con los reparos concretos; el artículo 328 del CGP obliga al superior a pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y cuando una de las razones que fundamentan la negativa de las pretensiones no fue impugnada, esa razón queda firme y la sentencia no puede revocarse por los demás cargos. Por ello, la sentencia se mantiene, pues la razón no apelada basta para sostener la decisión. Esta regla opera aun cuando el recurrente acoja todos los demás cargos de su recurso.síntesis automática
También resuelve: ¿La prolongación del plazo de ejecución de un contrato genera, por sí sola, la obligación del contratante de reconocer y pagar los mayores costos asumidos por el contratista? ¿Se acreditaron las causas que justificaron la prórroga de los convenios interadministrativos objeto de interventoría para la procedencia de las obligaciones reclamadas? ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020180035101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve: ¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado? ¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista? ¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La supervisión es una modalidad de seguimiento que se aplica cuando no se requieren conocimientos especializados; en cambio, la interventoría es el mecanismo al que se apela cuando el seguimiento del contrato sí requiere de un conocimiento especializado y específico.

Sentencia — Sentencia 2024-10-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 54001233300020170075702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contratista demandado -Aecom- tenía la obligación de verificar la calidad de los diseños de las obras de acceso al casco urbano de Gramalote? No
El contratista no tiene la obligación de verificar la calidad de los diseños de las obras de acceso al casco urbano de Gramalote, ya que dicha responsabilidad no surge del contrato de gerencia del proyecto ni del nexo entre este y los contratos de interventoría de diseños y consultoría para la elaboración de diseños. La Sala establece que cada contrato tiene su objeto específico y que el principio de relatividad de los contratos implica que cada contratista es responsable ante la entidad estatal de las obligaciones derivadas de su propio contrato, sin asumir responsabilidades por las actuaciones de otros contratistas. Además, los estudios previos del contrato de gerencia integral del proyecto no establecen la obligación de revisar la calidad de los diseños ni de examinar los criterios técnicos utilizados por el interventor. Esta decisión reitera la importancia de definir claramente las responsabilidades en los contratos de obra y matiza la interpretación de la obligación de resultado en contratos de gerencia de proyecto.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe condenarse en costas a la parte demandante Fondo de Adaptación, puesto que, el recurso de apelación le fue desfavorable?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría.

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020180015602 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría? Sí
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría, debido a que la Ley 1150 de 2007 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establecen que las entidades públicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor cuando se requieren conocimientos especializados. Además, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 precisa que el interventor tiene la facultad de solicitar informes y aclaraciones sobre el desarrollo del contrato y de alertar a la entidad sobre cualquier inconsistencia que pueda poner en riesgo su cumplimiento, lo que implica que el interventor debe mantener informada a la entidad contratante sobre el estado del contrato. Esta regla reitera y matiza la responsabilidad del interventor, subrayando que aunque éste no tiene una obligación de resultado, sí tiene un deber de medio que incluye la vigilancia y el seguimiento técnico del contrato, lo que implica que el interventor no se libera del deber de la entidad de controlar y vigilar los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de un contrato de interventoría relega a la entidad contratante de su deber de vigilancia y control de los contratos que suscribe? ¿Se configuró el incumplimiento del contrato por parte del interventor? ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Recurso extraordinario de revisión infundado: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-06-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020190000300 LEY 1437 RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION
¿El recurso extraordinario de revisión es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes? No
El recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes, sino que su naturaleza es limitada a revisar la legalidad de la sentencia y las causales específicas establecidas en la ley. La Sala declaró infundado el recurso interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la denegación de las pretensiones de nulidad del acto administrativo en un proceso de controversias contractuales. La Sala sostuvo que las pruebas documentales pudieron haber sido aportadas durante el proceso ordinario si la parte recurrente hubiera actuado con diligencia, y que la imposibilidad de aportarlos no obedeció a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Además, los documentos recuperados no desvirtuaron la legalidad de los actos administrativos por los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de interventoría. Esta decisión reitera la limitación del recurso extraordinario de revisión y subraya la importancia de la diligencia procesal en la presentación de pruebas.síntesis automática
También resuelve: ¿Las pruebas documentales pudieron ser aportados durante el curso del proceso ordinario si el recurrente hubiera ejercido diligentemente las actuaciones que llevó a cabo con posterioridad a la… ¿La imposibilidad de aportar los documentos al proceso ordinario obedeció a circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria? ¿El contenido de los documentos tiene la aptitud para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000233600020170147301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas? ¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras? ¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es procedente el recurso de apelación contra un auto

Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 19001233300020240007901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente el recurso de apelación contra un auto que niega una medida cautelar dentro de un proceso con vocación de doble instancia? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación contra un auto que niega una medida cautelar en un proceso con vocación de doble instancia, conforme al artículo 243-5 del CPACA, y el Consejo de Estado es competente para conocerlo, en concordancia con los artículos 125 y 150 del mismo cuerpo normativo. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no solo en juicios de anulación, y deben estar relacionadas con las pretensiones de la demanda, según el artículo 229 del CPACA. El juez puede decretar medidas cautelares basándose en la apariencia del buen derecho, sin necesidad de verificar la certeza del derecho debatido en esa etapa procesal, de acuerdo con el artículo 231-1 del CPACA, lo que garantiza la protección del ordenamiento jurídico y del interés público.síntesis automática
También resuelve: ¿Las medidas cautelares pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo que se tramite en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? ¿Puede el juez decretar una medida cautelar con base en la apariencia del buen derecho, sin necesidad de verificar en esa etapa procesal la certeza del derecho debatido? ¿Se acreditó la titularidad del derecho reclamado?
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

La Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la entidad territorial

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 17001233300020230004301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , cumple con todos los presupuestos procesales? Sí
El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas cumple con todos los presupuestos procesales, incluyendo la jurisdicción, competencia, ejercicio oportuno de la acción y legitimación en la causa, lo que permite a la Sala resolver el recurso presentado por la entidad territorial, el consorcio demandado y la aseguradora llamada en garantía. Además, la Sala confirma que la interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante, según lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, y que la sentencia de primera instancia no vulneró el principio de congruencia al no analizar obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda, lo que implica que la entidad estatal debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones del interventor en relación con el seguimiento y control de los contratos de obra.síntesis automática
También resuelve: ¿La interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio, y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante? ¿Con la sentencia de primera instancia se vulneró el principio de congruencia, al referirse a obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda? ¿Las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El juez a quo profirió un fallo inhibitorio

Sentencia — Sentencia 2022-04-22 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020010001601 ACCION CONTRACTUAL
¿El auto de unificación de 18 de abril de 2013 puede ser aplicado a demandas que se interpusieron antes de esta fecha ? No
El contratista no puede aplicar el auto de unificación de 18 de abril de 2013 a demandas presentadas antes de dicha fecha, ya que la jurisprudencia posterior estableció que dicha providencia no es retroactiva. Además, el Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, siempre y cuando la cuantía de la demanda exceda el límite establecido. La Sala también valorará las copias simples aportadas al proceso, siempre y cuando no hayan sido tachadas de falsas durante el desarrollo del mismo. Asimismo, la corporación ha diferenciado el incumplimiento contractual del desequilibrio económico del contrato estatal, estableciendo que el incumplimiento es una actuación culposa que genera consecuencias distintas al desequilibrio económico, que se fundamenta en situaciones lícitas y busca recuperar la conmutatividad del contrato. Finalmente, la terminación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo no implica la indemnización de perjuicios, ya que el vínculo jurídico termina de manera normal y no por una terminación unilateral.síntesis automática
También resuelve: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera… ¿Procede la valoración de las copias simples aportadas al proceso? ¿Se acreditó que el departamento de Antioquia terminó unilateral el contrato de interventoría sin que se hubiese cumplido con el objeto del mismo?
Consejo de Estado Providencia

Su participación como intermediario entre las partes del contrato supervisado no lleva consigo la representación de la voluntad de la entidad pública contratante, por lo que al interventor “no le corresponde concertar modificación a la normativa del contrato objeto de su control o fiscalización, convenir el precio de actividades no previstas, convenir prórrogas, transar o conciliar diferencias, etc.”.

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170091102 LEY 1437 REPETICION
¿La interventora ETA incurrió en culpa grave o dolo por infringir las obligaciones del contrato de interventoría de obra que celebró con el IDU, al conceptuar que no debía adquirir la extensión de un predio para construir la obra vigilada, cuya ocupación permanente, producto de la ejecución de la obra, fue posteriormente sancionada con sentencia condenatoria pagada por la entidad? No
La responsabilidad del interventor en la acción de repetición se evalúa dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales, y que su concepto no compromete por sí la voluntad de la entidad contratante, de modo que el dolo o la culpa grave deben demostrarse con su conducta concreta. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las obligaciones del interventor son de control y vigilancia sobre la ejecución de otro contrato, y no incluyen la representación de la voluntad de la entidad. Segunda, cuando los hechos son anteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, las disposiciones sobre dolo y culpa grave de esa ley no se aplican, y el análisis se apoya en la Constitución y el Código Civil. Tercera, la demandante no satisfizo la carga de probar el elemento subjetivo de la conducta del interventor, indispensable para la repetición. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el concepto negativo de un interventor sobre la adquisición de un predio no basta, por sí solo, para atribuirle culpa grave si la entidad no acredita su conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve: ¿La responsabilidad del interventor del contrato en el medio de control de repetición debe evaluarse dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales? ¿Existen presupuestos constitucionales para la configuración de la responsabilidad del funcionario público? ¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los instrumentos expedidos por la contratante en ese marco no tienen la connotación de actos administrativos

Sentencia — Sentencia 2025-12-03 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 08001233300020200061901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El negocio jurídico estuvo gobernado por el derecho privado y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos? Sí
El contratista no puede emplear la vía contenciosa para sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes, ya que el negocio jurídico celebrado para la vigilancia de las obras afectadas por el fenómeno de La Niña está gobernado por el derecho privado, y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos. La entidad contratante puede perseguir por vía judicial el cierre financiero del contrato si el balance definitivo no se ha producido pese al interés reiterado de la contratante y el plazo convencional ha expirado, siempre que no pueda practicar la liquidación de forma unilateral. Además, las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para el uso de la jurisdicción contenciosa en casos de liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Existe causa suficiente para que la entidad hiciera uso de la pretensión de perseguir por vía judicial el cierre financiero del negocio… ¿Son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia… ¿La sociedad contratista detenta la condición de extremo pasivo de la relación jurídico procesal, por lo cual no se encuentra habilitada para formular pretensiones que introduzcan cuestiones…
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Consejo de Estado Providencia

No tiene competencia el Consejo de Estado para conocer de la pretensión de pago de los costos ociosos

Sentencia — Sentencia 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 27001233300020200017401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer de la pretensión de pago de los costos ociosos que el consorcio tuvo que asumir durante la paralización del contrato, con miras a tener la disponibilidad necesaria para recibir las obras cuando los plazos se reanudaran, cuando resulta un argumento nuevo pues no fue expuesto en la demanda? No
El Consejo de Estado no tiene competencia para conocer de la pretensiones de pago de costos ociosos que el consorcio tuvo que asumir durante la paralización del contrato, ya que estos argumentos no fueron expuestos en la demanda inicial, lo que viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso, al no permitir que la contraparte tenga la oportunidad de debatir sobre aspectos nuevos introducidos en etapas posteriores del proceso. Además, el tribunal reitera que el contrato de interventoría y el contrato de obra pública son negocios jurídicos autónomos, por lo que las estipulaciones de uno no se trasladan automáticamente al otro, impidiendo analizar la interventoría en función de lo convenido en el contrato de obra. Esta decisión limita la posibilidad de introducir nuevos argumentos en etapas posteriores del proceso y restringe la interpretación del contrato de interventoría en función del contrato de obra pública.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede analizarse lo convenido en el contrato de interventoría en función de lo convenido en el contrato de obra? ¿Se debe ordenar el reconocimiento y pago de las labores de interventoría que se habrían desarrollado durante la suspensión del contrato… ¿Procede condenar en costas a la parte demandante debido a que vencida en su recurso de apelación?
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