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¿La imposición de multas al contratista sólo procede mientras el incumplimiento persista? Sí
El contratista no debe ser sancionado con multas una vez haya cumplido con la obligación incumplida, ya que las multas tienen una función conminatoria y no sancionatoria, según establece el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad estatal no puede imponer multas cuando el incumplimiento ya ha cesado, ya que ello violaría el debido proceso y la igualdad, pues no se respetaría la finalidad preventiva de las multas. La Sala reitera la regla de que las multas solo son procedentes mientras el incumplimiento persista, lo que implica que las entidades estatales deben abstenerse de imponer sanciones una vez el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos de competencia del Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía?¿Cómo se cuenta el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato debió liquidarse pero las partes no lo hicieron ni bilateral ni unilateralmente?¿ Procede la imposición de multas cuando la obligación por la cual se conmina al contratista ya ha sido cumplida?
¿Se presenta cruce definitivo de cuentas que impida la prosperidad de las reclamaciones económicas objeto del presente proceso, a pesar de las salvedades manifestadas por las partes en el acta de liquidación bilateral del negocio? No
El contratista no puede impedir la prosperidad de sus reclamaciones económicas mediante un cruce definitivo de cuentas cuando existen salvedades en la acta de liquidación, especialmente si el contratante no ha descontado multas impuestas y el contratista ha cuestionado su legalidad. Además, la Sala confirma la sentencia de primera instancia en cuanto a la imposición de multas al contratista, dado que el contrato se rige por el derecho privado y las partes no limitaron en el tiempo la posibilidad de imponer multas, lo que permite su aplicación incluso después del término del contrato. Asimismo, el contrato de seguro es válido respecto de las modificaciones de la póliza ocurridas antes de la configuración de la inhabilidad sobreviniente del contratista, y no prospera el argumento de ineficacia del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿Procede confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto a la multa impuesta al contratista, dada la naturaleza sancionatoria de las multas pactadas y la posibilidad de imponerlas por fuera del…¿El contrato de seguro es ineficaz respecto de las modificaciones de la póliza ocurridas presuntamente con posterioridad a la configuración de la inhabilidad sobreviniente del contratista?¿Se presenta ausencia de prueba de la compensación del valor de las multas con los saldos en favor del contratista?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-01-31Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020220025000CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
En el marco de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-153 de 2022, ¿Existe un procedimiento que se debe seguir en aquellos convenios interadministrativos que se encuentran en plena ejecución, y en las siguientes circunstancias: 1. Con cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales. 2. Con presunto incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones contractuales? Sí
El contratista no puede ser sancionado con multas unilateralmente por la entidad estatal en un contrato interadministrativo en ejecución, salvo que dicha facultad esté prevista en la ley, debido a que la imposición de multas es una prerrogativa que debe estar legalmente establecida para evitar la violación del principio de legalidad en la contratación estatal. La Sala de Consulta del Consejo de Estado reitera que la prohibición de contratación directa durante el período previo a las elecciones presidenciales, conforme a la Ley 996 de 2005, abarca cualquier sistema que no implique convocatoria pública y pluralidad de oferentes, excluyendo así modalidades como la licitación pública. Además, la Corte Constitucional declaró inexequible con efectos retroactivos la modificación al artículo 38 de la Ley 996 de 2005, que permitía a la Nación celebrar convenios interadministrativos con entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos del Presupuesto General de la Nación, por violar la reserva de ley estatutaria y el principio de unidad de materia. Esto implica que los convenios interadministrativos celebrados en el marco de dicha modificación están sujetos a la anulación y a la revisión de su legalidad por parte de la Contraloría General de la República.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la aplicación de las cláusulas de multa y penal pecuniaria a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios interadministrativos de…¿Deben ser objeto de terminación y liquidación, todos los convenios interadministrativos suscritos a partir del 13 de noviembre de 2021 y hasta la terminación de la restricción de ley de garantías…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-01-31Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020220025000CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
En el marco de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-153 de 2022, ¿Existe un procedimiento que se debe seguir en aquellos convenios interadministrativos que se encuentran en plena ejecución, y en las siguientes circunstancias: 1. Con cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales. 2. Con presunto incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones contractuales? Sí
La Corte Constitucional, en su fallo erga omnes confirió efectos retroactivos a su decisión, debido a que estimó necesario restablecer el orden constitucional y sancionar una violación flagrante y deliberada de la Constitución. Entonces, para efectos de cumplir lo ordenado en la sentencia C-153 de 2022, los convenios interadministrativos celebrados al amparo del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 que se encuentren en ejecución, deben ser terminados y liquidados inmediatamente sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar entre las entidades que los suscribieron. Si alguna de las entidades que son parte en los convenios se niega a terminarlos y/o a liquidarlos, la otra estaría facultada para demandar la terminación y/o la liquidación a efectos de obtener la devolución de los recursos públicos a que haya lugar.
También resuelve:¿Procede la aplicación de las cláusulas de multa y penal pecuniaria a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios interadministrativos de…¿Deben ser objeto de terminación y liquidación, todos los convenios interadministrativos suscritos a partir del 13 de noviembre de 2021 y hasta la terminación de la restricción de ley de garantías…
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos que impusieron multas al contratista, por falta de competencia del INVIAS para tal efecto, dado que en vigencia de la Ley 80 de 1993, y con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales no tenían la facultad para declarar el incumplimiento del contrato e imponer multas de manera unilateral? Sí
El contratista no debe pagar las multas impuestas por la entidad estatal antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, ya que en ese momento la entidad no tenía la competencia para declarar el incumplimiento del contrato y imponer multas unilateralmente. La facultad para imponer multas de manera unilateral solo se estableció con la Ley 1150 de 2007, que entró en vigor seis meses después de su promulgación. En este caso, las resoluciones que impusieron las multas fueron expedidas en 2002, antes de que la ley permitiera a las entidades estatales imponer multas unilateralmente. Aunque inicialmente la Sala había aceptado que la administración tenía competencia para imponer multas unilateralmente, esta posición fue revisada y se concluyó que la administración perdió esa competencia con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y solo la recuperó con la Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, la entidad estatal actuó sin competencia al declarar el incumplimiento del contrato y expedir las multas, lo que implica que dichos actos administrativos deben declararse nulos.síntesis automática
¿La declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho del apelante? Sí
El demandante solicita el restablecimiento del derecho y el reintegro de dineros pagados tras obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios. La parte apelante fundamenta su inconformidad en que la declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta. La sociedad aseguradora pretendió, además de la nulidad de la multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto. En ese contexto, la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del CPACA, aunque se examinan las renuncias y exclusiones específicas de los consorciados para confirmar la decisión apelada.síntesis automática
También resuelve:¿Se puede establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos anulados?¿En forma previa al perfeccionamiento de la cesión del contrato, se suscribió el acta de acuerdo, que incluyó renuncia a reclamaciones económicas por parte del cedente?¿El consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU, razón que impone confirmar la sentencia apelada?
¿La ausencia de salvedades en los documentos de suspensión y prórroga del contrato son suficientes para abstenerse la Sala del estudio de fondo de la reclamación fundada en la ruptura del equilibrio económico del contrato? No
El contratista no puede abstenerse de estudiar el fondo de la reclamación por la ruptura del equilibrio económico del contrato solo por la ausencia de salvedades en los documentos de suspensión y prórroga, ya que no se demostró que el desabastecimiento de materiales excediera el riesgo asumido contractualmente. Además, la entidad estatal no incurrió en nulidad al imponer una multa después del vencimiento del plazo contractual, siempre y cuando la multa tenga un fin conminatorio y las obligaciones pendientes puedan ser cumplidas dentro del plazo del contrato. Sin embargo, si la multa se impone después de que el contrato haya terminado, carece de competencia temporal y es nula. Asimismo, la liquidación unilateral del contrato no es nula por realizarse fuera del término legal si el contratista no acuerda la liquidación bilateral y el plazo de cuatro meses para la liquidación unilateral no se ha cumplido. Por último, la liquidación unilateral no viola el debido proceso si no afecta derechos fundamentales más allá del monto de la multa, que pierde fuerza ejecutoria si la multa es nula por falta de competencia temporal.síntesis automática
También resuelve:¿Existe nulidad del acto de imposición de multa por haberse emitido una vez vencido el plazo dispuesto para tal fin?¿Se presenta nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por haberse realizado por fuera de los términos establecidos en la ley?¿Se presenta nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por violación del derecho al debido proceso?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, y el tribunal administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales cuya cuantía excede tres millones quinientos mil pesos. La Sala se pronuncia de fondo sobre un acto administrativo expedido extemporáneamente, declarando su nulidad cuando no se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales, y restablece el derecho afectado por la liquidación unilateral, considerando que las multas impuestas por la entidad estatal fueron declaradas nulas en sentencias con efectos de cosa juzgada. Esta regla reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la procedencia del control judicial de actos administrativos extemporáneos, con implicaciones significativas para la protección de los derechos de los contratistas en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el control judicial de acto administrativo expedido extemporáneamente?¿Procede la declaración de nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por haber sido proferida extemporáneamente?¿Procede el restablecimiento del derecho afectado con la liquidación unilateral, teniendo en cuenta que existen dos decisiones con efectos de cosa juzgada que resolvieron que las multas impuestas por…
¿El deber de vigilancia a cargo del interventor es una actividad indivisible que exige que las intervenciones y recomendaciones sean entendidas de forma integral? Sí
El interventor está obligado a ejercer una vigilancia integral y continua del contrato, de manera que las intervenciones y recomendaciones deben ser evaluadas como un todo indivisible, lo que implica que no se puede discriminar el valor de cada actividad específica si no está previsto en el contrato y no se altera el objeto del mismo. La entidad estatal puede liquidar unilateralmente el contrato si ha cumplido con la convocatoria al contratista para liquidar bilateralmente, y si este no responde o no se llega a un acuerdo, la entidad queda habilitada para liquidar el contrato de manera unilateral dentro del plazo legal. Además, en la liquidación del contrato, las autoridades pueden incorporar todas las deudas y saldos causados durante el contrato, incluyendo multas impuestas, para definir integralmente el estado de cuenta del negocio. En cuanto a las costas, la entidad demandante asume las costas de la segunda instancia cuando el recurso de apelación es resuelto desfavorablemente, incluyendo las agencias en derecho por la intervención del apoderado, independientemente de si este interviene activamente en el proceso o guarda silencio estratégico.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible que en la liquidación del contrato, al realizar el cruce de cuentas las autoridades incorporen todas las deudas y saldos que a lo largo del contrato se han causado…¿La entidad demandada estaba habilitada para realizar la liquidación unilateral del contrato?¿Procede la condena en costas en los eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Es procedente el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico, que había sido denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, pese a que la contratista no atacó la legalidad de la decisión denegatoria y de su confirmación en la demanda de controversias contractuales? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, si no impugnó la legalidad del acto administrativo que lo rechazó en la vía judicial, debido a la presunción de legalidad y la fuerza ejecutoria del acto administrativo. Además, la entidad estatal no incurrió en incumplimiento por el impago de costos adicionales del componente global de manejo de tráfico, señalización y desvíos, ya que los pliegos de condiciones establecieron que estos se pagaban a precio global fijo sin ajustes. Finalmente, el funcionario que impuso la multa era competente para hacerlo, ya que la facultad de imponer multas o cláusulas penales de apremio es inherente a las facultades generales de ejecución del contrato, aunque no esté expresamente delegada en la normatividad vigente. Estas reglas reafirman la importancia de la impugnación oportuna de actos administrativos y la interpretación restrictiva de las facultades delegadas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó un incumplimiento de las obligaciones del IDU por el impago de los costos adicionales del componente global de los costos de manejo de tráfico…¿El funcionario que impuso la multa, era competente para ello, de conformidad con la normatividad vigente en su momento?¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa contractual, por su carácter apremiante, que la hace procedente únicamente cuando el contrato, y particularmente las obligaciones incumplidas…
¿Los perjuicios por inversiones realizadas y utilidad dejada de percibir fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral, por lo que no podían revivirse vía liquidación del contrato? Sí
Las sumas que la entidad incluye en la liquidación unilateral del contrato a cargo del contratista, correspondientes a una multa impuesta por una autoridad ambiental, no constituyen el ejercicio de una facultad de imposición de multas contractuales, y que los perjuicios por inversiones y utilidad dejada de percibir que fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral no pueden revivirse mediante la liquidación del contrato. Una razón es que la multa había sido impuesta por la autoridad ambiental al contratista por incumplir normas ambientales en la construcción de un horno incinerador, y la entidad solo la incluyó en el cruce definitivo de cuentas. Otra razón es que las partes acordaron en el acta de terminación bilateral esos reclamos de desequilibrio, inversiones y utilidad, y además no se acreditaron en el proceso. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas. Su consecuencia práctica es que los conceptos transados en el acta de terminación no pueden reabrirse en la liquidación, y que la sanción de una autoridad ambiental no equivale a una multa contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La multa a la que se refiere la liquidación unilateral fue impuesta a la Concesionaria por el incumplimiento de normas ambientales?¿Se probó que existieran vicios en el consentimiento en la suscripción del acta bilateral de terminación del Contrato?¿Las estipulaciones del contrato fueron pactadas por las partes frente a los efectos que tendría la terminación bilateral del contrato?
¿Se probó que la oferta del consorcio demandante habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el Consorcio demandado no habría resultado adjudicatario en esa situación? No
Quien impugna un acto de adjudicación en un proceso de selección debe probar que su oferta habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el adjudicatario no habría resultado seleccionado en esa situación, pues sin esa prueba no hay lugar a declarar la irregularidad de la adjudicación. Esta carga procesal se explica por dos razones. Una razón es que la adjudicación solo puede anularse si se demuestra que la selección desconoció la oferta más favorable, y la mera prueba del rechazo de la propuesta no basta para establecer ese orden. Otra razón es que el consorcio demandante concentró sus pruebas en demostrar el rechazo sin justificación y el cuantum de los perjuicios, sin aportar elementos sobre la calificación técnica de las propuestas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda, y la conciliación aprobada y el dictamen sobre perjuicios no suplieron esa falta de prueba. Su consecuencia práctica es que el proponente que reclama la adjudicación debe demostrar, con la evaluación técnica, que su oferta era la mejor calificada.síntesis automática
También resuelve:¿El consorcio demandante cumplió con la carga de probar que su oferta era la mejor para la entidad?¿El demandante probó que su oferta era la mejor de conformidad con la fórmula establecida en el pliego?¿Una vez celebrado el contrato sin que se hubieran enjuiciado los actos previos, estos sólo eran demandables en ejercicio de la acción de controversias contractuales?
¿Cuáles son los parámetros para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales? Sí
La Subsección Competencia para la Resolución del Recurso de Apeal establece que el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en controversias contractuales, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer el proceso en primera instancia en razón de la cuantía, según el numeral 5 del artículo 152 del mismo código.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda el acto administrativo contractual que impone una multa?¿Al imponer la multa el acreedor puede continuar exigiendo la obligación principal, sin que el cumplimiento del contratista, generado como consecuencia de la conminación…¿Cuando vence el plazo de ejecución del contrato y el acto administrativo que impone la multa que no ha quedado en firme, pierde el carácter conminatorio la multa?
¿Existió una vulneración al debido proceso en el procedimiento sancionatorio minero contra el demandante? No
Cuando el titular minero es requerido en un procedimiento sancionatorio, el derecho de contradicción se garantiza mediante providencia notificada por estado, sin que sea exigible una notificación personal fuera de las excepciones previstas en la normativa especial. La regla se apoya en tres razones. Primera, la normativa minera admite la notificación por anotación en estados de las providencias del procedimiento, y el demandante reconoció que los primeros autos se notificaron de esa forma. Segunda, la declaratoria de caducidad se fundamentó en el incumplimiento parcial de los requerimientos, y la multa en la falta de entrega de formularios básicos, de modo que la falta de notificación alegada no configura causal de nulidad. Tercera, no existen expectativas legítimas contrarias al ordenamiento que justifiquen desconocer reglas de derecho público de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, el cambio de dirección para notificaciones personales resulta irrelevante y no se vulneró el debido proceso. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera debe estar precedida de un procedimiento administrativo donde se le permita al concesionario conocer las causas de ésta y ejercer su…¿La falta de ejecución del contrato excusa al contratista de la obligación de mantener vigente la garantía minero ambiental?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
¿Para darle solución a los conflictos temporales en la aplicación de las leyes, se deben observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad? Sí
El contratista debe observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad para resolver conflictos temporales en la aplicación de las leyes, según establecen los artículos 1 y 2 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 5 de la Ley 57 de 1887. En el caso específico, la Sala determina que la Ley 685 de 2001, como ley especial, prevalece sobre la Ley 1450 de 2011, que es una ley general, al aplicar el criterio de especialidad. Además, se confirma que el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 prevalece sobre el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 en virtud del principio de favorabilidad, ya que establece una sanción más favorable. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la prelación normativa y el principio de especialidad, lo que implica que en casos similares, la aplicación de leyes especiales prevalecerá sobre las generales, siempre y cuando no se trate de una derogación explícita.síntesis automática
También resuelve:¿La Ley 685 de 2001 (ley especial) es la aplicable al presente asunto en forma preferente a la ley posterior y general (ley 1450 de 2011), con fundamento en el criterio de especialidad?¿El artículo 115 de la Ley 685 de 2001 por contener una sanción inferior a la posteriormente prevista en el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011, prevale en virtud del principio de favorabilidad?¿Hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la Resolución no. 001045 de 15 de noviembre de 2019 mediante la cual se impuso multa al concesionario y…
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las “deducciones por incumplimiento”¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión? Sí
El juez de segunda instancia resuelve la apelación únicamente sobre los reparos concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de pronunciarse de oficio sobre las cuestiones necesarias para decidir el mérito, como la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la indebida escogencia de la acción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable en segunda instancia por remisión del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, limita el objeto del recurso a los reparos concretos del apelante. Segunda, el artículo 328 del mismo código restringe la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones oficiosas que la ley prevé. Tercera, los alegatos de conclusión no son la oportunidad para formular pretensiones ni plantear o reformular cargos del recurso, de modo que el cargo propuesto en esa etapa no se estudia. La providencia confirma la decisión y no analiza el cargo introducido en los alegatos. La consecuencia práctica es que los argumentos nuevos, incluidos los que se presentan en los alegatos de conclusión, no sustituyen los reparos del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro de la oportunidad prevista por la Ley?¿Los incumplimientos de las obligaciones contractuales que condujeron a la imposición de la multa desaparecieron debido a las modificaciones contractuales realizadas por las partes?¿El Tribunal se equivocó al valorar los testimonios practicados, o por valorar documentos que no fueron mencionados durante el procedimiento administrativo de imposición de la multa?
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer la demanda instaurada contra los actos administrativos expedidos por la Aeronáutica Civil con ocasión de la ejecución y liquidación de un contrato estatal? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer las demandas instauradas contra los actos administrativos expedidos por las entidades estatales con ocasión de la ejecución y liquidación de los contratos estatales, de conformidad con el artículo 104 del CPACA. En este proceso, dicha jurisdicción conoció sobre la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial y definitivo de un contrato de obra, se impusieron multas, se hizo efectiva la cláusula penal y se liquidó unilateralmente el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Aerocivil impuso multas, declaró el incumplimiento contractual…¿Concurre legitimación en la causa por activa y por pasiva entre las partes de la relación contractual de la cual surgieron los actos administrativos contractuales objeto de demanda?¿Impone el principio de congruencia al juez contencioso administrativo, en sede de apelación, el deber de resolver únicamente los motivos de inconformidad propuestos por la parte recurrente y los…
¿Se cumplen, en este caso, los tres presupuestos necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra pública, cuando también debe tenerse en cuenta que, se trata de un argumento nuevo pues no fue alegado como pretensión ni medio exceptivo? No
El contratista no puede obtener la nulidad absoluta del contrato de obra pública de oficio cuando el argumento no fue alegado como pretensión ni medio exceptivo, y no se cumplen los requisitos legales para su declaratoria oficiosa, que incluyen que el vicio sea palmario, que el contrato haya sido invocado en el litigio y que las partes hayan concurrido en el proceso. La Sala reitera que la facultad del juez de declarar la nulidad absoluta de oficio debe ejercerse bajo estrictos lineamientos legales para garantizar la seguridad jurídica, y que las causales de nulidad deben estar consagradas expresamente en la ley. En este caso, no se evidencian vicios palmarios ni se alegan violaciones a las normas imperativas que podrían configurar la nulidad absoluta, por lo que la declaratoria de nulidad es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El a quo debió reconocer el valor del acta parcial de ejecución de obra 3 en la liquidación que efectuó del contrato?¿El a quo al descontar los valores de las estampillas del acta 1 en la liquidación del contrato incurrió en un error?¿El a quo debió incluir el valor de las multas y de la cláusula penal del contrato, al no existir una responsabilidad compartida por la suscripción del acta de suspensión?
¿La pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento? Sí
El contratista no puede reducir la pena pecuniaria impuesta por incumplimiento de entrega de documentos si esta se basa en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante, ya que la proporcionalidad de la sanción se mantiene siempre que se ajuste al daño efectivamente causado, como lo establece el Contrato 194 de 2005 y la Ley 80 de 1993. La Sala reitera la jurisprudencia que permite a la entidad estatal liquidar el monto de la cláusula penal pecuniaria en función del daño real, sin necesidad de que este sea inferior al estipulado contractualmente, lo que implica que la proporcionalidad de la pena pecuniaria se mantiene siempre que se ajuste a la cuantificación razonada del perjuicio.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de la oportunidad prevista en la ley?¿Tienen valor probatorio las copias simples?¿El funcionario que profirió los actos impugnados era competente para imponer multas o penas de apremio en el contrato Estatal?