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Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-05-19
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020220038401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:
¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?
¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?
¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La tesis del municipio carece de sustento
Sentencia — Sentencia
2024-11-18
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 85001233300020150014901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Departamento de Casanare entregó la titularidad de los recursos a los beneficiarios de los subsidios, por lo cual es improcedente el reembolso de estos al no ser ejecutados? No
El contratista no puede evitar el reembolso de los subsidios no ejecutados si la entidad estatal no transfirió la titularidad de los recursos a los beneficiarios de manera definitiva, reservándose el derecho de reasignar los fondos en caso de incumplimiento. En este caso, el departamento entregó los recursos al municipio para la construcción de viviendas, pero estableció condiciones y requisitos que los beneficiarios debían cumplir para consolidar el subsidio, y en caso de incumplimiento, los fondos retornarían al departamento. El municipio, responsable de la administración de los recursos, entregó el dinero a la junta de beneficiarios sin verificar el cumplimiento de las condiciones, lo que facilitó el mal manejo de los fondos y la falta de construcción de las viviendas acordadas. Por lo tanto, la entidad estatal puede exigir el reembolso de los subsidios no ejecutados, lo que implica que los contratistas deben cumplir con las condiciones establecidas para evitar responsabilidades financieras.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó que la Unión Temporal recibió parte de los fondos aportados por el Departamento para la ejecución del proyecto de vivienda?
¿Ante la prosperidad parcial de los recursos de apelación procede la condena en costas?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020180099801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?
¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?
¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La la Contraloría General de la República -Gerencia Departamental Colegiada del Cauca- es la autoridad competente
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2023-08-30
Sala Consulta y Servicio Civil
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020230010800
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La la Contraloría General de la República -Gerencia Departamental Colegiada del Cauca- es la autoridad competente para conocer y resolver de fondo la denuncia ciudadana anónima en contra del IGAC por el presunto detrimento patrimonial en la celebración de 80 contratos de prestación de servicios para el cumplimiento del Contrato Interadministrativo núm. 2020180002169-7 del 21 de diciembre de 2020, celebrado entre dicha entidad y el municipio de Popayán? Sí
La Sala considera que la autoridad llamada a resolver la denuncia por un presunto detrimento patrimonial en la celebración de 80 contratos de prestación de servicios suscritos por el IGAC, para dar cumplimiento al contrato interadministrativo núm. 2020180002169-7, del 21 de diciembre de 2020, celebrado entre dicha entidad y el Municipio de Popayán, es la Contraloría General de la República- Gerencia Departamental Colegiada del Cauca por cuanto: Los recursos cuya vigilancia se solicita en la denuncia son los pagados en la celebración de los 80 contratos que suscribió el IGAC para apoyo operativo del proceso de actualización catastral multipropósito en el municipio de Popayán Cauca.
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
Decidir lo contrario, implicaría un palmario quebranto de la norma procedimental que exige la debida sustentación del recurso de apelación.
Sentencia — Sentencia
2023-02-17
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 15001233100020060079601
ACCION DE REPETICION
¿La competencia del ad quem se contrae a revisar la decisión impugnada de cara a los motivos de censura expuestos por el apelante? Sí
La competencia del juez de segunda instancia se contrae a revisar la decisión impugnada frente a los motivos de censura que formula el apelante, y no puede pronunciarse de fondo sobre una sentencia que no fue cuestionada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la apelación exige una debida sustentación que refute los fundamentos de la providencia, y si el recurrente plantea hechos distintos a los de la demanda, se desconecta de la razón de la decisión. Segunda, el juez de segunda instancia no puede analizar oficiosamente los argumentos del tribunal ni los del recurso, porque la instancia no es una nueva oportunidad para estudiar el asunto como si nunca hubiera sido analizado. Tercera, la sentencia de primera instancia quedó libre de censura, por lo que no procede reformarla. En consecuencia, se confirma el fallo que negó las pretensiones. El documento reitera la exigencia de debida sustentación del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿El apelante no cumplió adecuadamente la carga de sustentar el recurso, pues los argumentos que planteó no refutan los fundamentos de la sentencia?
¿El apelante nada dijo respecto de la conducta de los demandados ni argumentó que hubiese existido una destinación diferente de recursos?
¿El impugnante con la sustentación del recurso de apelación pretende variar los hechos en los que fundó su demanda inicial?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales
Sentencia — Sentencia
2024-04-08
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 88001233300020190002001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales en las que incurrieron los ex gobernadores del departamento demandado, en la celebración de dicho negocio jurídico? Sí
Las sentencias condenatorias sirven de plena prueba de lo que en ellas se decidió, esto es, que tanto la señora… como el señor… al celebrar el contrato… y sus adicionales no se guiaron por los fines que se procuran satisfacer a través de la contratación estatal, defraudando el patrimonio público.
También resuelve:
¿Tiene valor probatorio el preacuerdo suscrito entre el ex gobernador del departamento y la Fiscalía General de la Nación?
¿Los preacuerdos suscritos por los ex gobernadores del departamento demandado y la Fiscalía, contaron con respaldo probatorio y gozan de validez al haber sido aprobados por el juez…
¿El reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas dentro de un contrato que posteriormente es declarado nulo por objeto o causa ilícita…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El recurso extraordinario de anulación tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales
Sentencia — Sentencia
2023-06-28
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020220019600
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales? Sí
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral tiene por objeto únicamente el estudio de posibles errores procesales, de modo que no permite revisar los criterios, las valoraciones probatorias ni las interpretaciones que el tribunal arbitral hizo de la materia controvertida. La regla se apoya en el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, que margina expresamente esos aspectos del alcance del recurso. Además, el cargo que reprocha la motivación con que el tribunal resolvió un punto de la controversia desnaturaliza la finalidad de la anulación y no puede prosperar por esa vía. En el asunto, el cargo planteaba un reproche a la motivación del tribunal, y la Sala lo despachó desfavorablemente y no encontró configurada la causal del numeral 2 del artículo 41. En la práctica, las críticas de fondo al laudo deben formularse por la vía que la ley ofrece para ellas y no por el recurso de anulación.síntesis automática
También resuelve:
¿Como a juicio de la convocante, la demanda se presentó oportunamente, resulta claro que este punto no podrá ser objeto de análisis en sede del recurso de anulación por considerarse como un vicio in…
¿La causal de anulación por la caducidad de la acción fue instituida con el fin de garantizar la seguridad jurídica en cabeza de las partes del litigio?
¿En opinión del recurrente, la visita buscaba determinar si el contratista cumplió con la totalidad de las observaciones formuladas por el municipio de Garagoa frente a la entrega de la obra?
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233300020170020701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:
¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?
¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…
¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal puede acudir al medio de control
Sentencia — Sentencia
2026-03-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 20001233900020160024402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve:
¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.…
¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales…
¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer litigios sobre convenios de apoyo financiero suscritos por entidades públicas.
Sentencia — Sentencia
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 44001234000020140008101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero…
¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo…
¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Lo planteado en segunda instancia no constituye un mero desarrollo argumentativo de los cargos originalmente formulados
Sentencia — Sentencia
2026-08-10
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 76001233300720170164401
Controversias contractuales
¿Desbordó la parte apelante los límites del recurso de apelación al introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, modificando con ello la causa petendi y desconociendo el principio de congruencia y el derecho al debido proceso? Sí
El contratista no puede introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, ya que esto modifica la causa petendi y viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia se limita a los aspectos esgrimidos en contra de la decisión de primer grado, y que las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles. En consecuencia, cualquier argumento nuevo que no guardó relación con el litigio tal como fue fijado por el juez de primera instancia no puede ser abordado en segunda instancia. Esta regla reitera y confirma precedentes anteriores sobre el marco de competencia del juez en segunda instancia y la importancia del principio de congruencia en el proceso de contratación estatal, lo que implica que las partes deben presentar todos los argumentos y pretensiones en primera instancia para evitar la improcedencia de nuevos cargos en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó la nulidad del otrosí n.° 1 del contrato de concesión por haber modificado la destinación de los recursos de la subcuenta de gestión predial y el esquema de asignación de riesgos…
¿Se encontraba ajustada a derecho la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, al haberse acreditado un incumplimiento grave y directamente relacionado con el objeto contractual que…
¿Se respetaron el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para evaluar la legalidad de los actos contractuales proferidos por empresas estatales.
Sentencia — Sentencia
2026-06-01
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 05001233300020160107902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de…
¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos…
¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no se aportó al proceso el clausulado de la póliza que permitiera determinar cuáles fueron los amparos otorgados
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020180099801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se aportó al proceso el clausulado de la póliza que permitiera determinar cuáles fueron los amparos otorgados por la aseguradora? No
Aclaro que la imposibilidad de determinar si el no reintegro de los recursos entregados a [la asociación indígena] estaba cubierto por la garantía del convenio derivó del hecho consistente en que no se aportó al proceso el clausulado de la póliza que permitiera determinar en forma inequívoca cuáles fueron los amparos otorgados por [la aseguradora] en este específico asunto, por lo cual acompañé la decisión de hacer efectivo el amparo de cumplimiento únicamente hasta el monto del valor de la cláusula penal reducida en proporción al porcentaje de cumplimiento, aspecto que la aseguradora no discutió.
Consejo de Estado
Providencia
La responsabilidad contractual exige la demostración de incumplimiento culpable y daño en los negocios del Estado.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-03-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020190027001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El hecho de que no siempre la concreción de un riesgo propio del proyecto objeto del convenio interadministrativo conduce a la responsabilidad de la parte a cuyo cargo estaba la ejecución de la respectiva obligación es una caracteristica distintiva de este tipo de negocios respecto los demas contratos estatales? No
El incumplimiento de una obligación contractual por parte de un contratante exige la concurrencia de un comportamiento culpable y la producción de un daño para generar responsabilidad. Aunque en los convenios interadministrativos se analizan los negocios jurídicos bajo un prisma particular, la exigencia de un incumplimiento culpable y un daño aplica en toda controversia contractual relativa a la inejecución de obligaciones pactadas, sin constituir un aspecto exclusivo de dichos convenios frente a los demás contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿Es posible considerar cumplida una obligación contractual en proyectos de vivienda de interés social cuando no se demuestra de manera clara la aprobación integral de los diseños técnicos exigidos ni…
¿Puede estimarse alcanzado el fin público de un convenio interadministrativo cuando los recursos asignados a un proyecto cancelado se redistribuyen a otros distintos sin la aprobación expresa de una…
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: la declaratoria de incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Agricultura fue una decisión judicial
Salvamento voto — Salvamento de voto
2023-11-10
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020120028501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaratoria de incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Agricultura fue una decisión judicial que violó el principio de congruencia por no estar dentro de las pretensiones de la demanda? Sí
Considero, en primer lugar, que el fallo del cual me aparto incurrió en violación del principio de congruencia al declarar el incumplimiento del Ministerio de Agricultura por expedir las resoluciones enjuiciadas y dejar sin efecto las mismas, pese a que el incumplimiento contractual de esa entidad estatal no era una pretensión de la demanda. Las solicitudes del libelo, reiteradas en la apelación, se encaminaron expresamente a la nulidad de unas decisiones unilaterales adoptadas por el Ministerio, bajo la consideración de que se trataba de actos administrativos; conclusión ésta que, además, comparto con la parte demandante, pues toda declaración unilateral de la voluntad de una entidad administrativa, que genere determinados efectos jurídicos, constituye acto administrativo, al margen del régimen jurídico del contrato en cuyo marco se expida.
También resuelve:
¿El negocio jurídico objeto de controversia contractual cumplió los requisitos para ser tenido como un convenio especial de cooperación científica y tecnológica?
¿El régimen normativo aplicable al convenio era el Estatuto General de Contratación Estatal al tratarse de un negocio jurídico con elementos de carácter netamente contractual?
¿El Ministerio de Agricultura tenía la competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento contractual del IICA e imponerle la cláusula penal…