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¿Deben anularse las Resoluciones mediante las cuales el departamento de Antioquia dispuso cobrar, con cargo a la póliza única de cumplimiento 6974 expedida por Segurexpo S.A., el siniestro de correcta administración y buen manejo del anticipo contra Varego Ltda. en desarrollo del convenio 2007-CO20-8375, bajo la consideración de que, para la fecha en que se profirieron tales actos ese riesgo asegurado ya había desaparecido, como consecuencia de la cesión que de la posición de contratista realizó Varego Ltda. a Explanan S.A., en la cual aquella asumió la responsabilidad plena por el manejo del anticipo? ¿Transgredió el departamento de Antioquia el principio de buena fe, pues si bien al aprobar la cesión del convenio aceptó que el cedente sería el único responsable por el manejo del anticipo, lo cierto es que al expedir los actos que declararon el siniestro de correcta administración y manejo del anticipo, cobró con cargo a la póliza de cumplimiento 6974 expedida por Segurexpo S.A. los perjuicios que se generaron, lo que supuso una falta de congruencia con sus propios actos? Sí
En este punto, corresponde a la Sala determinar si el riesgo relativo al correcto manejo del anticipo que fue amparado por Segurexpo S.A., a través de la póliza de cumplimiento 697473, desapareció como consecuencia de la suscripción del contrato de cesión suscrito entre Varego Ltda. y Explanan S.A.74, en virtud del cual la primera cedió a la segunda su posición de contratista dentro del convenio 2007-CO-20-8375 suscrito con el departamento de Antioquia .
También resuelve:¿Vulneró el departamento de Antioquia el derecho al debido proceso de Segurexpo S.A. al proferir las Resoluciones con las cuales declaró el siniestro de correcta administración y manejo del anticipo…¿Es procedente la imposición de costas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-17Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 70001233300020240006601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente decretar la suspensión provisional de las Resoluciones 103 y 136 de 2013 expedidas por Metro Sabanas S.A.S.? Sí
El juez decreta la suspensión provisional de un acto administrativo cuando se demuestra que este vulnera las normas superiores invocadas y concurren los requisitos legales pertinentes para tal fin. En el caso bajo examen, la Sala revoca la decisión del tribunal y decreta la suspensión provisional de las Resoluciones 103 de 2023 y 136 de 2023, expedidas por Metrosabanas, mediante las cuales declaró el siniestro de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo y confirmó dicha decisión, debido a que operó la prescripción ordinaria y se afectó el derecho de audiencia y defensa de la aseguradora al no ser vinculada previamente al procedimiento administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede suspender los efectos de un acto administrativo de trámite?¿La suspensión del acto administrativo procede cuando la violación de la ley surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio…¿Operó la prescripción ordinaria del contrato de seguros?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El medio de control de controversias contractuales se entiende presentado dentro del término legal cuando la demanda se interpone oportunamente dentro del plazo de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA. La contabilización del término de caducidad se efectúa a partir del vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del contrato, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende dicho término hasta la fecha en que se declare formalmente fallida la diligencia.síntesis automática
También resuelve:¿Es jurídicamente posible suspender o prorrogar un contrato ya finalizado?¿La Empresa Aguas de Facatativá actuó de mala fe al trasladar al contratista obligaciones propias de la planeación y ejecución previa del proyecto…¿Los demandados acreditaron que subsistían las causas de suspensión del contrato y que estas configuraban una excepción de contrato no cumplido o una causa extraña que exonerara a la contratista de…
¿Procede declarar la nulidad de las resoluciones 103 de 20 de agosto de 2013 y 127 de 17 de octubre de 2013, por medio de las cuales EMERSOPÓ ESP declaró que el contrato número 026 de 2011 estaba incurso en causales de nulidad y lo dio por terminado? Sí
El contratista puede obtener la nulidad de las resoluciones administrativas que terminan unilateralmente un contrato de obra pública por causales de nulidad absoluta cuando dichas resoluciones persiguen una finalidad distinta a la del buen servicio y no demuestran la falta de ejecución contractual o la inversión del anticipo, como lo establece la Sala al revocar la decisión que declaró la nulidad del contrato número 026 de 2011 y la liquidación unilateral del mismo, al considerar que la entidad no probó adecuadamente la falta de ejecución y que la liquidación unilateral está viciada de falsa motivación al fundamentarse en la supuesta nulidad del contrato, lo cual solo puede ser declarado por el juez. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la terminación de contratos estatales y la liquidación unilateral, estableciendo que la entidad debe demostrar adecuadamente la falta de ejecución y la inversión del anticipo para justificar la terminación del contrato y la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declarar la nulidad de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato de obra y determinó que no había lugar a pagar ninguna suma al contratista porque…¿Se demostró que sí hubo inversión de los recursos del anticipo, por lo cual hay lugar a decretar la nulidad por falsa motivación de las Resoluciones números 090 y 121 de 2014 en tanto hicieron…¿El contratista probó el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa de servicios públicos contratante?
"¿tal y como lo afirma la parte demandante, hubo incumplimiento por parte de la Entidad contratante en el contrato de obra No. 369 de 2017, al no contar con la licencia de construcción, ni los permisos correspondientes, al tratarse de un predio declarado como bien de interés cultural, y al presentarse atrasos en la ejecución por causas no imputables al contratista? ¿si hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones 00022 del 26 de junio de 2020 y 00028 del 16 de julio de 2020, mediante las cuales se resolvió una actuación administrativa de debido proceso por la presunta no inversión del anticipo en el marco del Contrato No. 369 de 2017? ¿si se debe declarar la nulidad de la Resolución 1992 del 7 de octubre de 2020, mediante la cual, la entidad demandada liquidó unilateralmente el contrato y en su lugar, realizar la liquidación judicial del mismo? ¿si se demostraron los perjuicios solicitados en la demanda? (...)" No
El contratista no puede alegar que la entidad contratante incumplió el contrato de obra No. 369 de 2017 al no contar con la licencia de construcción y los permisos correspondientes, ya que estos problemas no fueron el fundamento para expedir las resoluciones que cuestiona, las cuales se basan en la no inversión y no amortización del anticipo. A pesar de los atrasos en la ejecución por causas no imputables al contratista, el contrato fue ampliado en el plazo mediante un modificatorio, y la entidad actuó conforme a la falta de inversión del anticipo. La Sala reitera que el contratista debe desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos impugnados, y no puede basar su argumento únicamente en las circunstancias ajenas a su responsabilidad que afectaron la amortización del anticipo. Esto implica que los contratistas deben acreditar claramente que cualquier incumplimiento por parte de la entidad contratante no es el motivo principal de las resoluciones impugnadas, y deben centrarse en desvirtuar la legalidad de los actos administrativos basados en hechos específicos del contrato.síntesis automática
¿Es procedente la orden de seguir adelante con la ejecución, al acreditarse la debida integración del título ejecutivo complejo con el que se persigue el pago de la cláusula penal por incumplimiento del contrato? Sí
El título ejecutivo complejo se integra con los documentos que lo componen aportados en original o en copia auténtica, y el acta de liquidación del contrato no es exigible cuando se persigue el pago de la cláusula penal por incumplimiento. Esta regla se apoya en el numeral 4 del artículo 297 del CPACA, que exige los documentos del título, y en que la cláusula penal no está ligada a la liquidación del contrato. La liquidación es un cruce final de cuentas que no tiene por objeto suspender la exigibilidad de obligaciones previas. Por ello, la entidad estatal puede exigir por vía ejecutiva el cumplimiento de la cláusula penal sin esperar la liquidación. En el caso concreto el título se encontraba debidamente integrado, por lo que se ordenó seguir adelante con la ejecución, con una modificación en la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta del acta de liquidación no impide ejecutar la cláusula penal pactada para el incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen normativo aplicable al presente proceso ejecutivo es el Código General del Proceso?¿Las excepciones previas alegadas podrán ser objeto de pronunciamiento en esta instancia en aras de verificar la exigibilidad y los requisitos de forma del título?¿Los documentos que integran el título base de recaudo, deberán aportarse en original o en copia auténtica?
¿En asuntos que son iniciados por las aseguradoras garantes del cumplimiento de los contratos estatales y donde se demandan los actos administrativos contractuales declarativos del siniestro, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse a partir de la ejecutoria del acto, por ello en este caso la demanda se interpuso en tiempo? Sí
La entidad aseguradora garante del cumplimiento contractual interpone oportunamente la acción de controversias contractuales dentro del término preclusivo de dos años previsto en el artículo 136 numeral 10 del CCA al computarse desde el día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo declarativo del siniestro, mientras el juez de segunda instancia examina los argumentos del apelante conforme al artículo 320 del Código General del Proceso y el artículo 164 del CCA, advirtiendo con total claridad que la negativa indefinida sobre el ejercicio del derecho de defensa traslada procesalmente a la entidad demandada la carga probatoria de demostrar el cumplimiento efectivo de las comunicaciones administrativas previas dentro del trámite procesal adelantado por la jurisdicción en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Al declarar el siniestro de manejo del anticipo, en ejercicio de la prerrogativa que le asiste, el INVÍAS violó el debido proceso porque…¿Al anular parcialmente el acto que declaró la efectividad de la garantía única de cumplimiento, el Tribunal profirió un fallo incongruente, porque, en este proceso…
¿Es procedente en esta instancia analizar una petición que no fue elevada oportunamente por el medio que el ordenamiento previó para tal efecto? No
El contratista no puede plantear súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, ya que esto vulnera el principio de congruencia, y si la entidad demandada tenía la intención de que la jurisdicción emitiera un pronunciamiento sobre el anticipo no amortizado por su contraparte, debió presentar una demanda de reconvención dentro del lapso legalmente establecido. La Sala confirma que no es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal, lo que implica que la entidad accionada no puede invocar nuevos argumentos en el recurso de apelación que no fueron planteados en primera instancia, matizando precedentes sobre la procedencia de la demanda de reconvención y la necesidad de agotar los medios procesales adecuados para reclamar créditos.síntesis automática
También resuelve:¿No pueden plantearse súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, porque con ello se vulnera el principio de congruencia?¿Si la entidad demandada tenía la intención de que la Jurisdicción emitiera un pronunciamiento atinente al anticipo no amortizado por su contraparte debió presentar demanda de reconvención dentro del…¿No es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando ello no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal?
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
¿La ausencia de salvedades en los actos modificatorios suscritos para prorrogar el plazo de ejecución contractual, revela una plena conformidad de las partes, que enerva los vicios de la omisión en la planeación inicial? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden subsanar vicios de planeación inicial mediante acuerdos modificatorios que adicionen tiempo y valor al contrato, siempre y cuando estos ajustes estén respaldados por justificaciones técnicas y sean aceptados libremente por ambas partes sin reproches en el momento de la firma. La ausencia de salvedades en estos actos modificatorios revela una plena conformidad entre las partes, mitigando así las consecuencias negativas del incumplimiento original y permitiendo el cumplimiento efectivo del objeto contractual. La Sala reitera que la carga de la prueba para acreditar daños por falta de planeación recae sobre el contratista, quien debe demostrar con certeza el tiempo y costo adicionales generados, lo que no ocurrió en este caso. Esta regla fortalece la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y permite una mayor flexibilidad en la ejecución de contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿Se cumplieron los presupuestos procesales de competencia, oportunidad y legitimación para estudiar de fondo el asunto?¿La sustentación del recurso de apelación estuvo dirigida a enjuiciar el incumplimiento del deber de planeación, en el marco de la teoría de la responsabilidad contractual y no en virtud de la figura…¿De acuerdo con el principio de planeación, la Administración debe adelantar las gestiones necesarias para conseguir que el objetivo de la contratación se cumpla diligente y oportunamente…
¿Está probado que la mayor permanencia del contratista en obra por las suspensiones del contrato, hubiera generado un rompimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos? No
El contratista que reclame sobrecostos por una mayor permanencia en obra debido a las suspensiones del contrato debe acreditar costos adicionales a los previstos en el contrato que efectivamente afecten su patrimonio, pues la sola presencia de personal, equipos y maquinaria en la obra no demuestra por sí misma el desequilibrio. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contratista renuncia a los costos por el tiempo adicionado, solo pueden revisarse los sobrecostos causados después de agotado el plazo original y durante los periodos de suspensión. Segundo, los gastos que el contratista afronta por actividades connaturales a sus obligaciones no constituyen sobrecostos reclamables. Tercero, cuando las suspensiones tienen origen, en parte, en riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos del contrato, como la demora en el trámite de licencias ambientales, el reclamo no prospera. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista debe demostrar costos efectivamente incurridos y ajenos a los riesgos que le fueron asignados.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio de una de las partes, frente a las modificaciones o adiciones del contrato, constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones en un proceso…¿Conforme al principio de buena fe contractual, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre las estipulaciones acordadas por las partes en relación con las prórrogas del contrato…¿Para que la mayor permanencia en obra configure una ruptura del equilibrio financiero del contrato, es necesario acreditar un incumplimiento del contratante o la ocurrencia de un riesgo imprevisible…
¿Se incumplió el contrato por cuanto el ente contratante no pagó la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral? Sí
El contratista puede obtener la condena al pago de la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral del contrato, siempre que demuestre la obligación prestacional exigible y la falta de cumplimiento por parte del ente contratante, como lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad contratante no puede descontar la pena pecuniaria de las sumas adeudadas al contratista en la liquidación unilateral del contrato si no se cumplen los requisitos para la tasación del monto de la pena, según el artículo 1596 del Código Civil. Además, no se condenará al pago de intereses sobre la suma entregada como anticipo al contratista si no se pactó explícitamente en el contrato que los rendimientos financieros del anticipo pertenecen al ente contratante, lo que implica que el contratista no está obligado a reintegrar dichos rendimientos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la liquidación unilateral del contrato y la obligación de pago, estableciendo criterios claros para la condena al pago y la imposición de penas pecuniarias en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El ente contratante tenía la facultad de descontar en la liquidación unilateral del contrato la pena pecuniaria de las sumas que le debía a la contratista por la ejecución de las obras objeto del…¿Se debe condenar al pago de intereses sobre la suma entregada al contratista como anticipo?¿Se excluyó explícitamente la posibilidad de solicitar el reajuste como consecuencia de los incrementos de precio previsibles al momento de proponer?
¿Se produjo un fallo incongruente en primera instancia, por haber liquidado el contrato con un saldo a favor del ente demandado, pese a que no se haya pretendido la liquidación del contrato ni se haya formulado demanda de reconvención? Sí
El juez adopta un fallo extra petita cuando se pronuncia sobre asuntos no pedidos en la demanda o condena por causa diferente a la invocada, quebrantando el principio procesal de consonancia consagrado en el ordenamiento jurídico, de acuerdo con el cual la sentencia debe guardar estricta correspondencia con los hechos y pretensiones de la demanda, su contestación y las excepciones probadas. En materia contractual contenciosa, la liquidación judicial del contrato constituye una pretensión legítima cuando no ha existido acuerdo bilateral ni liquidación unilateral por parte de la administración dentro de las prerrogativas conferidas por la ley. Por consiguiente, resulta improcedente que el juzgador proceda a liquidar oficiosamente el contrato o imponga condenas a favor de la entidad demandada sin que exista una pretensión principal en tal sentido o demanda de reconvención, configurando así una incongruencia que obliga a revocar la decisión de primera instancia conforme a la jurisprudencia aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿La aseguradora garante del buen manejo y la correcta inversión del anticipo debe ser condenada a indemnizar al beneficiario de la póliza por causa de la falta de amortización de ese anticipo…¿Incurrió el a quo en una vía de hecho por defecto fáctico, al omitir la valoración del dictamen y el testimonio practicado, que darían cuenta los sobrecostos en la ejecución del contrato?¿El ente demandado debió ser condenado al pago de perjuicios morales, por haber sido vencido en este proceso?
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer pretensión de nulidad relativa del contrato de seguro cuando el negocio amparado es un contrato estatal? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea para declarar la nulidad relativa del contrato de seguro cuando el negocio amparado es un contrato estatal, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de dichas pretensiones en virtud del fuero de atracción, pero el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años desde el perfeccionamiento del contrato de seguro, sin posibilidad de extenderse durante toda la vigencia del contrato principal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior al establecer que la caducidad opera frente a las pretensiones de nulidad relativa, independientemente del estado del contrato principal, lo que implica que las acciones presentadas después del término bienal son extintivas. Además, las compañías que participan en un contrato de coaseguro conforman un litisconsorcio cuasinecesario para las pretensiones relacionadas con la declaración del siniestro y la efectividad de la póliza, pero no necesariamente deben intervenir todas las aseguradoras para fallar de fondo. Por último, la Sala considera que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro puede ser suspendida por circunstancias excepcionales, como la emergencia sanitaria declarada en 2020, lo que impide declarar la prescripción extintiva de la acción en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensiones dirigidas a declarar la nulidad relativa del contrato de seguro?¿Las compañías que profieren el cuaseguro conforman un litisconsorcio cuasinecesario de cara a la pretensión de nulidad de los actos que declaren el siniestro y ordenen hacer efectiva la póliza?¿Debió el a quo declarar la prescripción extintiva de la acción derivada del contrato de seguro?
¿Los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliaros en el desarrollo de su actividad contractual son actos administrativos? No
El contratista no puede expedir actos administrativos en el marco de su actividad contractual como empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no emanan de prerrogativas públicas ni del régimen legal aplicable, sino que se rigen por el derecho privado salvo disposición constitucional o legal en contrario. La entidad prestadora de servicios, en este caso Emsersopó, carece de competencia para proferir actos administrativos, y un contrato de seguro entre particulares no puede conferirle tales facultades. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, por lo que deben ser analizados bajo las normas del derecho común y las condiciones estipuladas en el contrato, sin someterse a los controles de legalidad aplicables a los actos administrativos. Esto implica que las condiciones generales de la póliza de seguro deben interpretarse conforme a la intención de las partes y el régimen legal aplicable, sin restar efecto a lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El pacto de facultades unilaterales por las partes del contrato estatal, en este caso, tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva la garantía…¿El seguro de cumplimiento es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que…¿Emsersopó siguió el procedimiento establecido en las condiciones generales de la póliza de cumplimiento, para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y…
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca?¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede…¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
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