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EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

Lo que tendrá es un derecho para que la entidad contratante lo lleve a "un punto de no pérdida" el cual podrá solicitar directamente a la entidad, acudir ante el juez del contrato para su reconocimiento.

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 17001233300020180045101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Bajo la figura del restablecimiento del equilibrio económico, el contratista está facultado para pedir al juez del contrato su revisión mientras este se encuentra en ejecución? No
El contratista no está facultado para solicitar al juez del contrato la revisión del contrato estatal mientras este se encuentra en ejecución, conforme a la Ley 80 de 1993 y el Decreto 410 de 1971, que establecen que las partes deben buscar acuerdos para conjurar efectos de situaciones imprevistas, pero no permiten al juez modificar los términos contractuales durante la vigencia del contrato. En este caso, la demandante presentó su demanda cuando el contrato aún estaba en ejecución, por lo que sus pretensiones fueron improcedentes. Además, no se acreditó el desequilibrio económico del contrato, ya que la rentabilidad mínima no considera el impacto del impuesto al valor agregado, y la demandante no presentó pruebas suficientes para demostrar la afectación del incremento en la tarifa del IVA en la ecuación contractual. Como el recurso de apelación no prosperó, los apelantes deben ser condenados en costas y agencias en derecho, de acuerdo con el artículo 188 del Código Procesal Administrativo y los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato? ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 11001334305920230029501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Como la ejecución del contrato tuvo lugar tanto en el municipio de Arauca como en Bogotá, la competencia recae sobre el juez administrativo de Arauca, al haber sido este el lugar en el que se radicó la demanda? Sí
En las motivaciones que dieron lugar a la celebración del negocio jurídico, se consagró que la E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca presentaba cuentas de servicios pendientes por facturar y/o cobrar al Fondo de Solidaridad y Garantías -Fosyga- (actualmente administrado por el ADRES), por concepto de atención a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos; por esa razón se hizo necesario contratar los servicios profesionales de una persona natural o jurídica con experiencia especializada en la realización de dichos cobros; además, se constató que AAACPT Consultores S.A.S. contaba con sede en Bogotá D.C., lo que implicaba que no debía incurrir en costos de desplazamientos o representación para realizar las gestiones de cobro.… En la cláusula décima primera se pactó que el domicilio contractual del negocio jurídico, para todos los efectos legales, sería el municipio de Arauca.… En el contrato 22451 de 2016…
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre juzgados administrativos de distinto distrito judicial? ¿Para determinar la competencia judicial por razón del territorio en los procesos de controversias contractuales, debe establecerse el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato?
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado Providencia

Está obligado el juez a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda

Sentencia — Sentencia 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 44001234000020200034501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Está obligado el juez a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda, aunque no se hubieren consignado salvedades contractuales durante la ejecución del contrato? Sí
El juez está obligado a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda, incluso cuando no se hayan consignado salvedades contractuales durante la ejecución del contrato, ya que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha unificado la posición de que es necesario analizar las pretensiones presentadas, independientemente de la existencia de salvedades en los negocios jurídicos celebrados entre las partes. Esta nueva interpretación implica que el juez debe determinar el alcance de los acuerdos celebrados durante la ejecución del contrato para evaluar su relación con lo reclamado judicialmente, lo que modifica la obligación previa de consignar salvedades en otrosíes, prórrogas o adicionales.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta aplicable una sentencia de unificación jurisprudencial proferida con posterioridad a la sentencia de primera instancia y a la interposición del recurso de apelación? ¿Tiene validez jurídica la renuncia de derechos realizada por un contratista en el marco de un contrato estatal, cuando dicha renuncia no ha sido impuesta ni condicionada? ¿Tienen validez los acuerdos celebrados en el marco de un contrato estatal que establece la renuncia del contratista a la reclamación judicial?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han hecho referencia a esta figura como la teoría de la imprevisión, esto puede dar lugar a que esta figura sea confundida con la teoría de la imprevisión como supuesto de ruptura del equilibrio económico de los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Sentencia — Sentencia 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233300020230039301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la declaración de excesiva onerosidad sobrevenida cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o terminación judicial? No
La excesiva onerosidad sobrevenida no procede cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o de terminación judicial, pues la figura exige que la alteración de las condiciones afecte prestaciones pendientes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 868 del Código de Comercio consagra la figura, que la doctrina y la jurisprudencia también denominan teoría de la imprevisión, sin que deba confundirse con otras instituciones; el régimen de derecho privado del contrato, conforme a los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, excluye las disposiciones del Estatuto General de Contratación sobre equilibrio económico; y la pretensión debe interpretarse dentro del marco de la excesiva onerosidad, para verificar si se configura. Por ello, cuando las prestaciones ya fueron ejecutadas, no existe objeto sobre el cual predicar el ajuste judicial de la prestación. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a esta pretensión.síntesis automática
También resuelve: ¿Cumple el Consorcio la carga argumentativa y probatoria necesaria para controvertir la decisión de primera instancia? ¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia cuando el recurso de apelación de la parte demandante recibe una decisión desfavorable?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 66001233300020170001001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del… ¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades? ¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se configura el incumplimiento contractual y desequilibrio económico del contrato por falta de ajuste anual de precios al contrato estatal que se rige por el derecho privado.

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020190066601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configura el incumplimiento contractual y desequilibrio económico del contrato por falta de ajuste anual de precios al contrato estatal que se rige por el derecho privado? Sí
En los contratos estatales sometidos al derecho privado, las normas del Estatuto General de la Contratación Pública sobre el desequilibrio económico de la ecuación contractual no son aplicables, y por ello no procede la pretensión de desequilibrio por falta de ajuste anual de precios. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 somete el contrato al derecho privado, de modo que el régimen público del equilibrio económico no lo rige. Segunda, la falta de ajuste anual de precios no genera por sí sola un incumplimiento cuando el contrato no pactó esa cláusula ni la ley la impone. En el caso, la providencia confirma la negativa de las pretensiones de desequilibrio económico, porque el contrato se rige por el derecho privado. En la práctica, quien pretenda el reequilibrio de un contrato regido por el derecho privado debe fundar su pretensión en el régimen contractual aplicable y no en las normas del estatuto público.síntesis automática
También resuelve: ¿La revisión judicial de las obligaciones de un contrato se debe hacer durante su ejecución y solo procede cuando circunstancias extraordinarias… ¿La obligación de revisar los precios del contrato no conlleva necesariamente al reajuste de precios? ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda el incumplimiento contractual y desequilibrio económico del contrato por…
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Consejo de Estado Providencia

Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180099801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal? ¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior? ¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
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Consejo de Estado Providencia

La resolución demandada se analizará como un acto jurídico convencional

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020210106601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La resolución expedida por el departamento, mediante la cual se adoptó el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, puede ser analizada como un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad? No
El contratista no puede demandar la nulidad de la resolución expedida por la entidad estatal que adopta el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, ya que este acto se considera un acto jurídico convencional y no un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad, en virtud de que el convenio interadministrativo no incorpora las facultades unilaterales establecidas en la Ley 80 de 1993, y las partes no pactaron expresamente que una de ellas pudiera liquidar unilateralmente el convenio. Además, el juez no puede adoptar la liquidación del convenio y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio cuando no existen pruebas suficientes que permitan determinar con certeza el costo de dichas obras ni el balance final de cuentas. Esta decisión modifica la interpretación previa de la naturaleza del acto administrativo en convenios interadministrativos, limitando las posibilidades de declarar la nulidad de resoluciones similares y restringiendo la capacidad del juez para determinar el valor de las obras ejecutadas sin pruebas concluyentes.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento estaba jurídicamente facultado para adoptar de manera unilateral la liquidación de un convenio interadministrativo? ¿Puede el juez adoptar la liquidación de un convenio interadministrativo y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio… ¿Es posible establecer el valor de las obras ejecutadas y el porcentaje de inversión de los recursos aportados por el departamento?
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Consejo de Estado Providencia

El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-06-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020170001400 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA que permite la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento, no ha operado la caducidad y el mismo juez sea competente para conocer de todas? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en única instancia para procesos que involucran la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento y no haya operado la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA. Esta regla especial de competencia por conexidad no viola el principio de la doble instancia y se aplica a casos específicos, como la nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. En un caso particular, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol para determinar si el medio de control de nulidad simple es aplicable, dado que la entidad se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, incluyendo sus reglamentos internos, lo que implica que no son actos administrativos sujetos a control jurisdiccional.síntesis automática
También resuelve: ¿Por razón de la solicitud de saneamiento del proceso, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol que se cuestionan en este proceso? ¿Ecopetrol se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, lo cual incluye el alcance y validez de sus reglamentos internos? ¿El cuestionamiento en contra del manual de contratación no conlleva un estricto juicio de legalidad que deba abordarse a través del medio de control de nulidad simple por no ser un acto…
REMITE POR COMPETENCIA
Consejo de Estado Providencia

Las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad para celebrar contratos con el Estado.

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020140060203 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad para celebrar contratos con el Estado? Sí
El contratista puede celebrar contratos con el Estado a través de uniones temporales, figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas que la Ley 80 de 1993 les confiere capacidad para presentar ofertas y contratar con entidades estatales, aunque los miembros responden hasta por el monto de su participación. La Sala confirma que la ampliación del plazo del contrato no puede realizarse respecto de un solo miembro de la unión temporal, ya que el contrato fue suscrito por la asociación de las personas jurídicas y no individualmente. Además, las actas demandadas no se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes, pues estas se refieren a la interpretación, modificación, terminación y caducidad de los contratos, no a la prórroga. Finalmente, no hubo violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones del director de la ANTV, ya que estas no requerían seguir el procedimiento para el ejercicio de facultades exorbitantes. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la capacidad contractual de uniones temporales y la aplicación de facultades exorbitantes en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La ampliación del plazo del contrato podía hacerse respecto de uno de los miembros de la unión temporal contratista? ¿Las actas demandadas se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes? ¿Existió violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones adoptadas por parte del director de la Agencia Nacional de Televisión?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La entidad pública demandada estaba habilitada para liquidar de manera unilateral el contrato

Sentencia — Sentencia 2023-12-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 44001233100020020058501 ACCION CONTRACTUAL
¿La entidad pública demandada estaba habilitada para liquidar de manera unilateral el contrato, al haber operado la terminación del contrato conforme a la cláusula sexta del mismo? Sí
La entidad estatal está habilitada para liquidar unilateralmente el contrato cuando no existe acuerdo entre las partes sobre la liquidación y la terminación ha operado por una causal pactada en el contrato, conforme al artículo 61 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la falta del mínimo de usuarios y la correspondiente acta de compromiso eran causas suficientes para la terminación según la cláusula sexta, de modo que la resolución no fue un motivo falso que viciara el acto. Otra razón es que aunque la entidad invitó en varias oportunidades a liquidar bilateralmente, el contratista se opuso y pidió la conformación de un comité de conciliación para controvertir la terminación, mientras la entidad rechazó esa solicitud, de manera que no existió acuerdo sobre la liquidación. En el caso, el contratista sostenía que la liquidación era improcedente y debía continuarse con la construcción, por lo que la entidad podía liquidar por resolución. La Sala revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de nulidad. Su consecuencia práctica es que la falta de acuerdo sobre la liquidación habilita a la entidad para liquidar unilateralmente.síntesis automática
También resuelve: ¿Los contratos de adecuación de tierras son un instrumento estatal que suscribe el Instituto Nacional de Tierras y asociaciones de usuarios con entidades públicas o privadas, previamente autorizadas… ¿Las partes pactaron que si la ejecución del proyecto de adecuación de tierras San Juan del Cesar, no lograba pasar a la tercera etapa de construcción… ¿La terminación automática del contrato era procedente al no cumplirse las condiciones previstas para el inicio de la etapa tres de construcción…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El artículo 164 numeral 2 literal j) del CPACA establece varios supuestos para la determinación del momento a partir del cual debe computarse el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales.

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020180015601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando el contrato requiere liquidación, debe computarse a partir del vencimiento del plazo para liquidarlo? Sí
El contratista debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato cuando este requiera liquidación, ya que la liquidación es la etapa en la que se realiza el balance final de la ejecución del contrato y se determina quién le debe a quién y cuánto, existiendo la posibilidad de que se transen o se reconozcan reclamaciones económicas que pudieren presentarse en sede judicial. La entidad estatal debe contar el término de caducidad de las pretensiones principales, como la nulidad del acto de terminación unilateral y el restablecimiento del derecho, de forma independiente al término aplicable a la pretensión subsidiaria de liquidación judicial del contrato, ya que la liquidación no es necesaria para resolver la nulidad del acto contractual. La administración debe proceder a la liquidación judicial del contrato solo una vez que haya vencido el plazo negocial y no haya sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral. Esta decisión modifica precedentes anteriores y establece que el cómputo del término de caducidad no debe adicionarse al plazo para la liquidación bilateral y unilateral.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad de las pretensiones principales de nulidad del acto de terminación unilateral y de restablecimiento del derecho debe computarse de manera independiente al término aplicable a… ¿La liquidación judicial del contrato procede cuando este no ha sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral, y únicamente una vez fenecido el plazo negocial? ¿En el impuesto sobre las ventas (IVA), el sujeto pasivo económico puede ser distinto del sujeto pasivo jurídico o responsable…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020190008401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de las pretensiones de nulidad absoluta del contrato de concesión, por haber transcurrido más de cinco años desde su perfeccionamiento hasta la presentación de la demanda? Sí
Un contrato de concesión minera se perfecciona con su inscripción en el Registro Minero Nacional, y desde ese momento corre el término de caducidad para demandar su nulidad absoluta. Esta regla se apoya en los artículos 14 y 50 de la Ley 685 de 2001, que condicionan la existencia del negocio a la inscripción, y en la jurisprudencia de la Corporación que entiende que el acuerdo de voluntades solo se celebra cuando se agota ese trámite. Por ello el término se cuenta desde la inscripción y no desde la suscripción del contrato. Cuando la demanda se presenta después de vencido el plazo máximo para alegar la nulidad absoluta, la pretensión está caducada. En el caso concreto el contrato fue suscrito en agosto de 2008 y registrado en octubre de ese año, la demanda se presentó después de transcurrido el término legal, y la sala confirmó la declaratoria de caducidad. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de inscripción minera, y no la de la firma, fija el inicio de la caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿El medio de control procedente para reclamar la nulidad absoluta del contrato y el desequilibrio financiero del mismo, es el de controversias contractuales? ¿La caducidad es una limitación al derecho de acción para poder ejercer de forma oportuna cada uno de los medios de control judicial y, por regla general…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 17001233300020130020501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La ausencia de salvedades en los actos modificatorios suscritos para prorrogar el plazo de ejecución contractual, revela una plena conformidad de las partes, que enerva los vicios de la omisión en la planeación inicial? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden subsanar vicios de planeación inicial mediante acuerdos modificatorios que adicionen tiempo y valor al contrato, siempre y cuando estos ajustes estén respaldados por justificaciones técnicas y sean aceptados libremente por ambas partes sin reproches en el momento de la firma. La ausencia de salvedades en estos actos modificatorios revela una plena conformidad entre las partes, mitigando así las consecuencias negativas del incumplimiento original y permitiendo el cumplimiento efectivo del objeto contractual. La Sala reitera que la carga de la prueba para acreditar daños por falta de planeación recae sobre el contratista, quien debe demostrar con certeza el tiempo y costo adicionales generados, lo que no ocurrió en este caso. Esta regla fortalece la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y permite una mayor flexibilidad en la ejecución de contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve: ¿Se cumplieron los presupuestos procesales de competencia, oportunidad y legitimación para estudiar de fondo el asunto? ¿La sustentación del recurso de apelación estuvo dirigida a enjuiciar el incumplimiento del deber de planeación, en el marco de la teoría de la responsabilidad contractual y no en virtud de la figura… ¿De acuerdo con el principio de planeación, la Administración debe adelantar las gestiones necesarias para conseguir que el objetivo de la contratación se cumpla diligente y oportunamente…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El departamento de Casanare está en la obligación de reconocer y pagar las mayores cantidades de obra al contratista

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 85001233300020150021101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El departamento de Casanare está en la obligación de reconocer y pagar las mayores cantidades de obra al contratista, por haber sido avaladas por la interventoría y recibidas a satisfacción por la administración? Sí
En los contratos de obra pública, las mayores cantidades de obra que son esenciales para el objeto contractual, y que la interventoría avaló y la administración recibió a satisfacción, deben pagarse al contratista. La regla se sostiene en dos razones. Primera, esas cantidades solo modifican las cantidades originalmente previstas y no alteran el precio unitario de cada ítem ni incluyen ítems nuevos. Segunda, el contratista tiene derecho al reconocimiento porque la administración recibió la obra y aceptó su funcionalidad. En el caso, las mayores cantidades eran necesarias para que los pozos fueran funcionales, y la providencia revoca la decisión que había negado su pago, con lo que la entidad territorial queda obligada a reconocerlas. Esta conclusión se sustenta en la recepción a satisfacción de la obra por parte de la administración. En la práctica, el contratista debe documentar el aval de la interventoría y la recepción a satisfacción para reclamar el pago de cantidades adicionales que no alteran los precios unitarios.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales en las que sea parte una entidad pública? ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la fecha de la liquidación bilateral del contrato? ¿Las pretensiones de la demanda de controversias contractuales solamente pueden prosperar cuando el demandante ha dejado, en relación con ellas…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El primer cargo de la apelación no está llamado a prosperar

Sentencia — Sentencia 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 76001233300820140056601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La celebración de un contrato bajo la modalidad de “llave en mano” implica que el contratista asume la obligación de entregar un producto terminado, incluyendo todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias, sin que sea necesario especificarlas individualmente? Sí
El contratista asume la obligación de entregar un producto terminado, incluyendo todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias, sin necesidad de especificarlas individualmente en un contrato de llave en mano a precio global, ya que esta modalidad implica su responsabilidad integral en la ejecución del proyecto desde su diseño hasta su entrega, asumiendo riesgos y beneficios inherentes a la ejecución eficiente del contrato. La regla reitera que el contratista no debe recibir un valor adicional por áreas no limitadas explícitamente si los documentos contractuales y los pliegos definen con claridad su alcance, lo que implica que la interpretación del contrato debe ajustarse a los términos pactados y al lenguaje técnico propio de la disciplina, garantizando la integridad del acuerdo y la responsabilidad del contratista en la ejecución del proyecto.síntesis automática
También resuelve: ¿En los contratos celebrados bajo la modalidad de precio global y llave en mano, el contratista asume el riesgo de mayores o menores cantidades necesarias para la ejecución de la obra… ¿En un contrato celebrado bajo la modalidad de llave en mano y precio global, es válido interpretar que el contratista asume integralmente el diseño y la construcción del proyecto… ¿En un contrato celebrado bajo la modalidad de llave en mano y precio global, el contratista está obligado a entregar el objeto en condiciones de funcionalidad conforme a su finalidad…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y debe ser declarada de oficio por el juez.

Sentencia — Sentencia 2025-06-18 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 15001233300020190001701 LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Puede un juez declarar de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada, sin que medie solicitud de parte? Sí
El juez declara de oficio la caducidad del medio de control cuando esta se encuentra probada en el proceso, por tratarse de un mecanismo irrenunciable de seguridad jurídica. La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe considerarse de manera separada el término de caducidad para las pretensiones de nulidad de un contrato estatal y de los actos administrativos que lo declaran terminado anticipadamente? ¿Opera la caducidad respecto de la acción de nulidad absoluta de una cláusula contractual cuando el supuesto vicio era conocido desde el perfeccionamiento del contrato y la demanda se presentó por… ¿La demanda presentada fue radicada dentro del término de caducidad respecto de los actos administrativos impugnados?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130093501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme a lo pactado en el contrato, la obligación de pagar el remanente del valor global para obras de construcción era exigible una vez el contratista cumpliera con la entrega de la totalidad de los trabajos comprendidos en la obra de construcción y las obras de redes, por tratarse de una obligación de resultado? Sí
El pago del remanente de un contrato de obra pública cuyo precio se condiciona a la entrega total de los trabajos y de la memoria técnica es exigible solo cuando esa condición se cumple y las obras son recibidas a satisfacción, de modo que antes de ese recibo no hay mora. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el pago estaba condicionado a la entrega de la totalidad de las obras de construcción y de redes, recibidas a satisfacción por la entidad contratante. Segunda, el recibo debía formalizarse con el acta respectiva y con las constancias de paz y salvo de las empresas de servicios públicos, y la entrega de planos récord era un requisito verificable. Tercera, el único documento que consta el recibo a satisfacción es el acta posterior, de modo que el plazo de pago de sesenta días no se contó antes. La providencia revoca la decisión que había reconocido la mora. La consecuencia práctica es que la exigibilidad de un pago condicionado a la entrega de obra se determina por el cumplimiento de la condición pactada, y no por la ejecución material.síntesis automática
También resuelve: ¿Transmilenio incurrió en mora al pagar el remanente del valor global de obras de construcción, en un plazo de 60 días, contados desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción de las obras… ¿El IDU tenía la obligación de compensar los costos de administración que no fueron amortizados y las utilidades frustradas como consecuencia de la supresión de las obras de adecuación de desvíos… ¿Una vez el contratista cumple con su deber de ejecución idónea y oportuna del contrato, nace para el contratante la obligación correlativa de pagar oportunamente la remuneración?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es definitivo que este tipo de convenios están excluidos de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y por mandato legal su régimen es el derecho privado.

Sentencia — Sentencia 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 23001233300020170028702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El convenio especial celebrado entre las partes está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP)? No
El contratista no está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) cuando celebra un convenio especial de cooperación, ya que este tipo de acuerdo no se inscribe en la noción de contrato estatal debido a la naturaleza asociativa y no conmutativa del interés jurídico que lo rige, lo que lo sitúa bajo el régimen del derecho privado. Esta caracterización implica que las facultades excepcionales y los actos administrativos previstos en el EGCAP no son aplicables a estos convenios, y cualquier atribución de potestades administrativas por las partes debe respetar la naturaleza contractual del acuerdo, sin poder convertirlo en actos administrativos. La Sala matiza la interpretación de que los convenios de cooperación científica y tecnológica pueden ser sometidos a procedimientos administrativos previstos en el EGCAP, estableciendo que las facultades de declarar incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal deben surgir del acuerdo entre las partes y no de la ley, lo que limita la capacidad de la administración para actuar en estos casos como si estuvieran sometidos al EGCAP.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ejercer potestades excepcionales y expedir actos administrativos en el marco de un convenio regido por… ¿Puede el Departamento, en el marco de un convenio regido por el derecho privado, ejercer las facultades previstas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para declarar incumplimiento y hacer… ¿Puede hacerse efectiva la cláusula penal pecuniaria sin la constatación previa del incumplimiento de una obligación principal?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Debe negarse el reconocimiento de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra cuando las partes ya acordaron expresamente

Sentencia — Sentencia 2026-02-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 76001233300020230020301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe negarse el reconocimiento de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra cuando las partes ya acordaron expresamente, mediante suspensiones, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos no generarían pagos adicionales al precio pactado? Sí
El juez niega el reconocimiento judicial de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra pública cuando las partes contratantes acuerdan expresamente, mediante actas de suspensión, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos modificatorios no generarán pagos adicionales al precio inicialmente pactado. En este proceso de controversias contractuales, la decisión se fundamenta en los principios constitucionales de pacta sunt servanda y previsibilidad, así como en la rigurosa distribución del riesgo contractual establecida en la matriz negocial, distribuyendo las agencias en derecho entre los integrantes del consorcio según su exacto porcentaje de participación.síntesis automática
También resuelve: ¿En los contratos estatales sometidos a un régimen especial distinto del general, el contratista posee un derecho implícito a la preservación del equilibrio económico del contrato… ¿Debe imponerse condena en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, fijando las agencias en derecho conforme a criterios objetivos y distribuyéndolas entre…
CONFIRMA