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Novedades de contratación estatal y CCE

Lo más reciente del Consejo de Estado y de Colombia Compra Eficiente, contado por su problema jurídico.

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Destacada Consejo de Estado · SentenciaProcedimiento administrativo especial Regla

El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 estructura el procedimiento a partir del informe de interventoría, de modo que la entidad puede apoyarse en los conceptos técnicos del interventor, siempre que la decisión sea suya y esté motivada.

El contratista no puede alegar la violación de sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción cuando la entidad estatal, en el procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento contractual basado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, trata adecuadamente la prueba técnica presentada, garantiza la oportunidad de controvertir los informes de interventoría y permite el conocimiento y la contradicción de los elementos que sustentan la imputación de incumplimiento. En este caso, el IDU valoró correctamente el informe de CIG Ingenieros, no delegó en la interventoría la valoración de la prueba y permitió al contratista conocer y controvertir los informes de interventoría, incluso cuando no se trasladaron de manera autónoma. Además, el contratista tuvo oportunidad de presentar descargos y alegatos durante el procedimiento, y la diferencia entre la consecuencia inicial y final no implicó una nueva oportunidad de defensa. Este precedente confirma que la entidad estatal cumple con sus obligaciones procesales cuando garantiza el debido proceso y la contradicción efectiva del contratista.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 1150 de 2007, art. 17
  • Ley 1437 de 2011, arts. 47 y 48
  • Ley 1474 de 2011, art. 86
En este casoRespuesta NoDecisión Confirma
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección A)
Consejero ponente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Radicado
25000233600020210004902
Número interno
71727
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaCompetencia para contratar Regla

Nulidad absoluta del contrato: la ilicitud no deriva de las prestaciones que integran materialmente el objeto del contrato

El contratista no puede celebrar contratos estatales sin la debida habilitación legal, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que limita la delegación de competencias a servidores públicos que ocupen cargos directivos o ejecutivos en la entidad. Si el delegatario no cumple con estos requisitos, la celebración del contrato constituye una contravención del derecho público, lo que configura la nulidad absoluta del negocio jurídico conforme al artículo 1519 del Código Civil. La Sala reitera que el juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta cuando el vicio sea manifiesto y las partes concurren al proceso, relevando así al tribunal del examen de otros cargos de apelación que presuponen la validez del contrato. Esta regla implica que cualquier celebración contractual por parte de un delegatario que no cumple con los requisitos legales para ejercer la competencia estatal será nula de pleno derecho, sin posibilidad de ratificación.síntesis automática

  • Nulidad absoluta del contrato: declaratoria oficiosa, estudio preferente de la validez del negocio jurídico, orden de análisis de los cargos de apelación, el artículo 1746 del Código Civil –Contrato Anulado
  • Contrato estatal: nulidad absoluta, Artículo 44 de la Ley 80 de 1993, Artículo 1741 del Código Civil –Ilicitud del Objeto
  • Nulidad absoluta: facultad de declaratoria de oficio, artículos 45 de la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código Civil, inexistencia de exigencia de pretensión autónoma de nulidad, límites de la facultad judicial
Radicado
13001233300020130049101
Fecha
Leer la providencia
Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaDesequilibrio económico del contrato En este caso

Desequilibrio económico del contrato: 66001233300020160067204 de 2026

El desequilibrio económico del contrato… no es un eximente de responsabilidad y, en consecuencia, no excusa a las partes del incumplimiento del contrato” Las entidades estatales contratantes deben tener en cuenta que, si sus contratistas las demandan con base en unos hechos y fundamentos de derecho a partir de los cuales pretenden declarar unilateralmente un incumplimiento del contrato, las demandas son admitidas y esta actuación procesal les es notificada, no pueden posteriormente ejercer la facultad unilateral en cuestión, y, en esa medida, si pretenden obtener la declaratoria de incumplimiento de sus contratistas, así como la efectividad de la cláusula penal o la condena al pago de perjuicios, tienen que demandarlos en reconvención en el mismo proceso o presentar por separado una demanda en contra de ellos.

  • Desequilibrio económico del contrato: noción
  • Incumplimiento del contrato: declaratoria unilateral, competencia, administración, notificación
  • Incompetencia de la entidad contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento: sustraen dicha competencia demandas notificadas antes de la firmeza de declaratoria de incumplimiento, literal C Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
Radicado
66001233300020160067204
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaLucro cesante En este caso

Suspensión del contrato: 54001233300020200005202 de 2026

El contratista no puede exigir el cumplimiento de sus obligaciones contractuales cuando circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o interés público impiden temporalmente su ejecución, por lo que la suspensión del contrato, como medida excepcional, procede por acuerdo de las partes y debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición razonables y proporcionales, excluyendo su imposición unilateral. Además, el lucro cesante no se identifica con el valor bruto de la porción del contrato no ejecutada, sino con la utilidad que el contratista habría obtenido de haber podido cumplir con sus obligaciones, lo que requiere que la parte demandante demuestre la estructura económica de la oferta y la utilidad prevista, aportando pruebas suficientes para establecer su causación. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, estableciendo criterios más precisos para la suspensión del contrato y el cálculo del lucro cesante en casos de inejecución.síntesis automática

  • Suspensión del contrato: postura del Consejo de Estado, medida excepcional, procedencia, elementos
  • Lucro cesante: metodología, cálculo, prestaciones no ejecutadas, ganancias dejadas de percibir
Radicado
54001233300020200005202
Fecha
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Colombia Compra Eficiente · ConceptoExperiencia Regla

Los rubros presupuestales o códigos del Catálogo de Clasificación Presupuestal no constituyen criterios idóneos para determinar la experiencia o idoneidad de los proponentes, pues su función consiste en clasificar y gestionar el gasto público y no en identificar las actividades, obras o servicios efectivamente ejecutados por los contratistas.

Las entidades estatales pueden establecer requisitos habilitantes de experiencia en los pliegos de condiciones, pero esa facultad está sujeta a los límites del régimen de contratación estatal, en especial a los principios de proporcionalidad y libre concurrencia. Los requisitos habilitantes son exigencias de participación que se distinguen de los criterios de evaluación, pues estos solo asignan puntaje para establecer el orden de elegibilidad. La experiencia que acredita el proponente debe corresponder a actividades iguales o similares al objeto del contrato y clasificarse según el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, con su valor expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ello, solo puede computarse la experiencia derivada de contratos que hayan generado una contraprestación económica cuantificable, incluida la registrada en el Registro Único de Proponentes. Cuando el proponente es plural, la experiencia se verifica por cada bien, obra o servicio que ofrece, identificado en ese mismo nivel del clasificador. En la práctica, la entidad debe fijar en el pliego reglas verificables y ligadas al objeto a contratar, de modo que la exigencia no restrinja de forma injustificada la participación de los interesados capaces.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 1150 de 2007
  • Decreto 1082 de 2015
  • Decreto 552 de 2026
Número
C-1531 de 2026
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaCaducidad del contrato Regla

Caducidad del contrato: pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación

La enajenación de los productos correspondía, conforme al régimen vigente para la fecha de celebración del contrato, a una de las actividades comprendidas en el monopolio rentístico de licores. Así pues, dado que la explotación de los licores constituye un monopolio rentístico reservado a los Departamentos (sic), que a su vez se erige como fuente de financiación de servicios públicos inherentes a la función social del Estado y puesto que, según el numeral 2º, artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en los contratos celebrados con el objeto de ejercer esas actividades imperativamente y por ministerio de la ley se entenderán incluidas las diversas cláusulas excepcionales, entre ellas la de caducidad administrativa contractual, resulta obligado concluir que en el contrato No. 013 de 1996, a pesar de no haberse pactado dicha exorbitancia expresamente, se deba entender incluida, toda vez que es propia de ese tipo de convenios.

  • Régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado: Ley 489 de 1998 artículo 85, derecho privado, evolución normativa, Ley 80 de 1993 artículo 2
  • Régimen jurídico del contrato: Ley aplicable en el tiempo, Ley 489 de 1998 artículo 93, actos y contratos, sala de consulta y servicio civil
  • Cláusulas excepcionales en contratos regidos por el derecho privado: caducidad no pactada, Ley 80 de 1993 artículo 14 numeral 2, contenido material del negocio, monopolio rentístico
Sección y subsección
Sección Tercera
Radicado
76001233100020050412205
Fecha
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Colombia Compra Eficiente · ConceptoDocumentos tipo Regla

Documentos tipo: C-1517 de 2026

El contratista debe acreditar la experiencia específica de enrocados o escolleras marítimas según la Matriz 1 de la experiencia en documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, lo que implica que la entidad estatal no puede ampliar el alcance de esta experiencia a enrocados ejecutados en ambientes fluviales, a pesar de que la experiencia general permita proyectos en ambos entornos. La entidad estatal no puede modificar ni precisar el alcance de la experiencia específica establecido en la matriz, ya que esta define las condiciones de experiencia que deben observarse en los procesos de contratación pública, lo que implica que cualquier interpretación distinta requeriría una modificación formal de la matriz por parte de Colombia Compra Eficiente.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 2022 de 2020, art. 1
  • Ley 1682 de 2013, art. 4
  • Decreto 1082 de 2015
Número
C-1517 de 2026
Fecha
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Colombia Compra Eficiente · ConceptoCapacidad residual Relevancia Reitera la postura. Regla

La causal del literal X se presenta cuando el proponente deja de informar la totalidad de los contratos que tiene en ejecución antes del cierre o no reporta la información de los contratos exigida en el documento base.

La entidad estatal que adelanta un proceso de obra pública de infraestructura de transporte puede prever en sus pliegos las causales de rechazo de las ofertas que considere pertinentes, siempre que no contradigan la ley ni los principios de la contratación estatal. Solo es exigible en contratos de obra pública y, como no se acredita a través del RUP, la entidad debe fijar en el pliego la forma en que el proponente demuestra sus indicadores. Cuando la entidad utiliza documentos tipo, la regla de inalterabilidad limita esa facultad, pues no puede incluir condiciones habilitantes distintas a las previstas en ellos. Así, las causales de rechazo asociadas a la capacidad residual deben armonizar con el documento tipo aplicable, que para la licitación de obra de transporte versión 4 contempla al menos tres causales relacionadas con esta condición. En la práctica, la entidad debe verificar que cada causal sea compatible con el documento tipo y con el pliego, para que el rechazo no se funde en condiciones no previstas previamente.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 1150 de 2007, arts. 2 y 6
  • Ley 2022 de 2020, art. 1
  • Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.4
Número
C-1538 de 2026
Fecha
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Colombia Compra Eficiente · ConceptoCausales de rechazo de las ofertas Regla

La falta de documentos puede ser materia de estipulación de causales de rechazo en los pliegos de condiciones, pero teniendo en cuenta que las entidades no podrán establecer causales de rechazo referentes a meros requisitos formales o rechazar las ofertas por esa razón.

El contratista puede subsanar errores en la oferta siempre que estos no afecten la asignación de puntaje ni sean circunstancias ocurridas después del cierre del proceso, y no puede entregar la garantía de seriedad de la oferta fuera del plazo establecido. La regla general permite la subsanación hasta el término de traslado del informe de evaluación, salvo para procesos de mínima cuantía y subasta, donde la subsanación no es posible. La entidad estatal puede solicitar aclaraciones a la oferta para entenderla integralmente, pero estas no deben alterar sustancialmente la propuesta. La prevalencia del derecho sustancial sobre las formas implica que las normas de subsanabilidad deben propender por la efectividad del derecho subjetivo. Esta regla reitera y matiza precedentes, proporcionando mayor claridad sobre los límites de la subsanabilidad y las aclaraciones en la práctica contractual.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 80 de 1993, art. 24.5 lit. b
  • Ley 1150 de 2007, art. 5
  • Ley 1882 de 2018, art. 5
Número
C-1646 de 2026
Fecha
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Colombia Compra Eficiente · ConceptoContrato estatal Regla

La elaboración de un acta de inicio constituye una herramienta para establecer las fechas ciertas y determinadas de inicio y finalización del plazo contractual.

El contratista puede establecer el cómputo del plazo de ejecución de un contrato estatal atendiendo a las reglas de contabilización de términos previstas en los artículos 59 y 62 de la Ley 4 de 1913, que determinan que los plazos terminan a la medianoche y que los días feriados se suprimen en los plazos de días, y que los meses se computan conforme al calendario, extendiéndose el plazo hasta el día hábil siguiente cuando el mes termine en día feriado o vacante; o bien, siguiendo la voluntad de las partes expresada en las cláusulas del contrato, siempre que no se contravengan principios de equidad, proporcionalidad y buena fe contractual. Este concepto reitera la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes en la determinación del cómputo del plazo y del pago de honorarios en contratos de prestación de servicios, lo que implica que las entidades estatales deben negociar claramente estos términos para evitar controversias futuras.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 4 de 1913, arts. 59 y 62
  • Ley 80 de 1993, arts. 13 y 32
  • Ley 1150 de 2007
Número
C-1596 de 2026
Fecha
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Colombia Compra Eficiente · ConceptoContratación directa Regla

Software: la Agencia ha sostenido que el contrato de prestación de servicios profesionales no es la tipología adecuada para aprovisionarse de software

El contratista no puede acudir a la contratación directa por la causal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, prevista en el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, para contratar la instalación, configuración y funcionamiento de una solución de software, ya que esta causal está reservada para servicios intelectuales intuitu personae y no para la adquisición de herramientas tecnológicas. La naturaleza real del objeto contractual determina su clasificación, no la denominación que la entidad le asigne, y la contratación directa es una excepción restrictiva a la regla general de selección objetiva y libre concurrencia. Este concepto reitera la interpretación restrictiva de la causal h y subraya la necesidad de utilizar modalidades de contratación que garanticen la pluralidad de oferentes para la adquisición de software.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 1150 de 2007, art. 2
  • Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.2.1.2.2, 2.2.1.2.1.4.8 y 2.2.1.2.1.4.9
Número
C-1551 de 2026
Fecha
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Colombia Compra Eficiente · ConceptoRegistro presupuestal Regla

La ausencia de erogación presupuestal no debe entenderse, como una regla que permita prescindir del Registro Presupuestal en todos los casos, ni supone que deba expedirse un registro por valor de cero, pues su procedencia debe analizarse atendiendo a la naturaleza de las obligaciones contractuales y a las disposiciones presupuestales aplicables.

El registro presupuestal es un requisito legal de ejecución de los contratos estatales, pero su exigibilidad depende de la existencia de un compromiso que demande la afectación de recursos del presupuesto de la entidad. Cuando un contrato no genera erogaciones ni compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de la entidad, no es necesario expedir un registro presupuestal, ya que no hay una apropiación que deba comprometerse para respaldar un compromiso de esa naturaleza. Esto implica que la exigibilidad del registro presupuestal debe interpretarse de acuerdo con la naturaleza y las condiciones económicas del negocio jurídico, y no se aplica en casos donde no hay desembolso de recursos públicos ni compromisos presupuestales. Esta interpretación matiza la regla general y permite una mayor flexibilidad en la aplicación del requisito, evitando la expedición innecesaria de registros presupuestales en contratos que no implican erogaciones presupuestales.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 80 de 1993, art. 41
  • Ley 1150 de 2007, art. 23
Número
C-1542 de 2026
Fecha
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Colombia Compra Eficiente · ConceptoContratos y convenios interadministrativos Regla

La liquidación constituye un balance final de la relación negocial, dirigido a establecer el estado de cumplimiento de las obligaciones, efectuar los ajustes económicos y jurídicos correspondientes y determinar los saldos a favor o a cargo de las partes.

El contratista no puede ejecutar recursos después del vencimiento del plazo de un convenio interadministrativo y antes de su liquidación, ya que esta etapa no constituye una prórroga tácita del convenio ni habilita a las partes para continuar ejecutando su objeto. La liquidación es el ajuste de cuentas donde las partes hacen un balance económico, técnico y jurídico del cumplimiento del convenio, por lo que la ejecución de recursos que nunca fueron comprometidos después del vencimiento del plazo implica ampliar el tiempo de ejecución, lo que requiere una modificación del convenio antes del vencimiento, con los soportes presupuestales correspondientes. Esta regla matiza la interpretación previa de que la liquidación permitía la ejecución de recursos adicionales, limitando así la flexibilidad en la administración de convenios interadministrativos.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 80 de 1993, arts. 39, 41 y 60
  • Ley 1150 de 2007, arts. 11 y 14
  • Ley 1474 de 2011, arts. 83 y 84
Número
C-1602 de 2026
Fecha
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Colombia Compra Eficiente · ConceptoDeclaratoria de desierta Relevancia Matiza la jurisprudencia. Regla

La tercera tesis plantea que una vez se han recibido las propuestas, el acto de apertura no puede ser objeto de revocatoria directa en forma unilateral por parte de la Administración, sin el consentimiento expreso del mejor proponente.

El contratista no puede oponerse a la revocación directa del acto administrativo de apertura de un proceso de selección, incluso después de que se han presentado propuestas, ya que la administración tiene la facultad de revisar sus propias decisiones sin mutar la naturaleza general del acto de apertura, siempre y cuando la revocación no sea imputable a errores propios de la administración y no impida la selección objetiva. La revocación directa es un mecanismo unilateral de la administración que permite corregir errores sin necesidad de consentimiento previo de los oferentes, aunque esto puede generar un daño antijurídico que la administración debe reparar. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la revocación directa es viable incluso después de la presentación de propuestas, siempre que se mantenga el interés general y se respete el deber de indemnización por daños causados.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 80 de 1993, arts. 25, 49 y 77
  • Ley 1437 de 2011, arts. 93, 95 y 97
  • Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.2.2.6
Número
C-1589 de 2026
Fecha
Leer el concepto
Colombia Compra Eficiente · ConceptoContrato de encargo fiduciario Regla

La sola autorización del órgano legislativo no es suficiente; la decisión de recurrir al esquema de sociedad de economía mixta para la prestación del servicio debe motivarse y sustentarse en estudios que demuestren su idoneidad.

El contratista que presta el servicio público de alumbrado público a través de una sociedad de economía mixta con participación estatal mayor al 50% se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo cuando desarrolle actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, en cuyo caso se aplican las disposiciones legales y reglamentarias específicas de sus actividades económicas. En cualquier caso, la entidad debe cumplir con principios de la función administrativa y gestión fiscal, inhabilidades e incompatibilidades, publicidad en el SECOP II y transparencia en la contratación con recursos públicos. Esto implica que las sociedades de economía mixta con participación estatal deben seguir rigurosamente las normas de contratación estatal en la prestación del servicio de alumbrado público, matizando la interpretación de que estas entidades están exentas del EGCAP en todas sus actividades.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 80 de 1993, arts. 2 y 32
  • Ley 100 de 1993, art. 195
  • Ley 142 de 1994, arts. 1, 15 y 17
Número
C-1509 de 2026
Fecha
Leer el concepto
Colombia Compra Eficiente · ConceptoContratos de concesión de alumbrado público Regla

La sola autorización del órgano legislativo no es suficiente; la decisión de recurrir al esquema de sociedad de economía mixta para la prestación del servicio debe motivarse y sustentarse en estudios que demuestren su idoneidad.

El contratista que presta el servicio público de alumbrado público a través de una sociedad de economía mixta con participación estatal mayor al 50% se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo cuando desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado, en cuyo caso se aplica el régimen especial de contratación previsto en la Ley 1150 de 2007. En estos casos, la entidad debe cumplir con principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, someterse a inhabilidades e incompatibilidades y publicar su actividad contractual en el SECOP II cuando se financie con recursos públicos. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza jurídica de las sociedades de economía mixta y sus obligaciones en materia de contratación estatal, lo que implica mayor transparencia y control en la gestión de recursos públicos.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 80 de 1993, arts. 2 y 32
  • Ley 100 de 1993, art. 195
  • Ley 142 de 1994, arts. 1, 15 y 17
Número
C-1500 de 2026
Fecha
Leer el concepto
Colombia Compra Eficiente · ConceptoConsorcios y uniones temporales Regla

Y atención a los argumentos anteriormente expuesto corresponde a la entidad estatal determinar si la utilización de la cuenta individual de uno de los integrantes constituye o no una forma válida de presentación de la oferta por parte del consorcio o unión temporal en SECOP II.

El contratista plural, conformado por un consorcio o unión temporal, debe registrarse como tal en SECOP II y presentar su oferta desde la cuenta específica del proponente plural, no desde la cuenta individual de uno de sus integrantes, debido a que la plataforma registra la oferta a nombre del usuario desde el cual se realiza la presentación, generando inconsistencias entre el oferente registrado y el sujeto que participa en el proceso. Esta regla reitera la obligación de los proponentes plurales de cumplir con los procedimientos establecidos en SECOP II para garantizar la validez y trazabilidad de sus ofertas, evitando así situaciones que impidan la adjudicación y suscripción del contrato electrónico.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 80 de 1993, arts. 368 y 555
  • Decreto 1082 de 2015
  • Decreto 552 de 2026
Número
C-1359 de 2026
Fecha
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Colombia Compra Eficiente · ConceptoAlcance Regla

Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.

El contratista no puede celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, según el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, ya que estos acuerdos implican una colaboración entre entidades para cumplir propósitos comunes y no una relación de intercambio económico como en los contratos interadministrativos. La Sección Tercera del Consejo de Estado reitera que la prohibición se aplica específicamente a los convenios interadministrativos y no a los contratos interadministrativos, lo que implica que las entidades estatales pueden celebrar contratos interadministrativos durante este periodo, siempre y cuando no se trate de convenios interadministrativos destinados a la ejecución de recursos públicos. Esta interpretación limita la aplicación de la prohibición a los convenios interadministrativos y no la extiende a otros tipos de contratos, lo que permite a las entidades continuar con la contratación directa para servicios onerosos durante el periodo electoral.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38
  • Decreto Ley 4170 de 2011, art. 3
  • Ley 489 de 1998, art. 95
Número
C-1572 de 2026
Fecha
Leer el concepto
Colombia Compra Eficiente · ConceptoContrato estatal Regla

Corresponde a la entidad verificar las condiciones del contrato que pretende adelantar, sin que este pronunciamiento general implique validar la procedencia del régimen especial en un caso particular.

De acuerdo con el problema jurídico de su consulta, se expresa que el hecho de que una Empresa Industrial y Comercial del Estado —EICE— ejecute recursos transferidos o administrados en virtud de un contrato con otra entidad estatal no determina, por sí solo, su sometimiento al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —EGCAP—. El régimen aplicable debe establecerse a partir de las disposiciones legales que regulan a la entidad y al negocio jurídico correspondiente. En particular, conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, las EICE están sujetas, por regla general, al EGCAP, salvo aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector público o privado, nacional o internacional, o en mercados regulados, las cuales se rigen por las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales.

Fundamentos
  • Ley 80 de 1993, arts. 2, 13 y 14
  • Ley 489 de 1998, art. 93
  • Ley 1150 de 2007, arts. 2, 13 y 14
Número
C-1588 de 2026
Fecha
Leer el concepto
Colombia Compra Eficiente · ConceptoAdición Regla

La entidad estatal debe garantizar la trazabilidad de cada modificación contractual que implique adiciones o disminuciones en el valor del contrato, dejando debidamente documentadas y motivadas las razones que las justifican.

El límite máximo de adición de un contrato estatal está fijado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que impide adicionarlo en más del cincuenta por ciento de su valor inicial. Esa restricción aplica a cualquier incremento del valor inicial, sin importar la denominación que las partes den al acuerdo, sea otrosí, adición o modificación. Cuando el valor del contrato se expresa en salarios mínimos legales mensuales vigentes, el límite se determina en el número de SMLMV por los cuales puede adicionarse el contrato. Fuera de esos límites cuantitativos y de la cláusula excepcional de modificación, las normas no desarrollan reglas específicas, por lo que los requisitos de orden temporal, formal, material y axiológico han sido construidos por la jurisprudencia, la función consultiva del Consejo de Estado y la doctrina. Estos límites deben ser respetados para preservar los principios de origen legal que rigen la contratación. En la práctica, antes de suscribir una adición o un otrosí, la entidad debe verificar que el incremento acumulado no supere el límite legal.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 80 de 1993, art. 4
  • Ley 1474 de 2011, art. 85
  • Decreto 1082 de 2015
Número
C-1573 de 2026
Fecha
Leer el concepto
Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaContrato estatal de prestación de servicios Regla

Sentencia de unificación: el objeto del contrato de prestación de servicios es bastante amplio

El contratista no genera relación laboral ni prestaciones sociales en un contrato estatal de prestación de servicios, salvo que se demuestren los elementos configurativos de una relación laboral, en cuyo caso la realidad prevalece sobre la forma y la entidad debe reconocer y pagar las prestaciones sociales. Este contrato debe celebrarse por un término estrictamente indispensable para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, no puede cubrir necesidades permanentes y el contratista debe mantener un alto grado de autonomía en la ejecución del trabajo. La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado unifica jurisprudencia al establecer que la existencia de una relación laboral no confiere la calidad de empleado público, a menos que se cumplan los requisitos de nombramiento o elección y posesión. Esta regla ofrece certeza jurídica a las autoridades y garantiza el derecho a la igualdad en la justicia contencioso-administrativa.síntesis automática

  • Sentencia de unificación: alcance de la unificación, temporalidad, solución de continuidad, efectos
  • Relación laboral: elementos, artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, marco jurídico aplicable, ausencia de estatuto del trabajo
  • Contrato estatal de prestación de servicios: características, contrato típico, objeto, funciones ocasionales
Sección y subsección
Sala Plena
Radicado
0088-15
Fecha
Leer la providencia
Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaAcción de tutela Regla

Acción de tutela: por regla general la acción de tutela es improcedente cuando se interpone en contra de una decisión judicial

El contratista no puede interponer una acción de tutela contra una providencia judicial salvo que se cumplan requisitos excepcionales que garantizan la efectividad de los derechos fundamentales sin menoscabo de la seguridad jurídica y la autonomía judicial. Estos requisitos incluyen la legitimación en la causa, la subsidiariedad, la inmediatez, la identificación razonable de los hechos, la relevancia constitucional, la irregularidad procesal y la no cuestión de providencias judiciales en acciones constitucionales. En el caso de decisiones de altas cortes, la Corte ha establecido un estándar más riguroso que exige una argumentación calificada que demuestre una anomalía que requiere la intervención del juez constitucional. En este caso, la Corte reiteró que la acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes debe ser restrictiva y excepcional, lo que implica que el juez de tutela debe limitar su análisis a los argumentos del accionante y no puede reabrir debates meramente legales. Esto limita significativamente el uso de la acción de tutela en estos casos, protegiendo así la estabilidad y la uniformidad del sistema judicial.síntesis automática

  • Acción de tutela contra providencias judiciales: requisitos generales de procedencia, carácter excepcional, juicio de validez y no de corrección, Artículo 86 de la Constitución Política
  • Acción de tutela: legitimación en la causa por activa, personas jurídicas, representación legal o apoderamiento judicial, titularidad de derechos fundamentales
  • Arbitraje: relevancia constitucional de la competencia de los árbitros, Artículo 116 de la Constitución Política, habilitación de las partes, remisión a la Ley
Sección y subsección
Sala Plena
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaContratos de suministro de complementos alimentarios para niños, niñas y adolescentes Regla

Contratación estatal: la administración no tiene la facultad de declarar a su arbitrio desierto un proceso de selección

La administración no tiene la facultad de declarar a su arbitrio desierto un proceso de selección, decisión que solo resulta procedente cuando medien las causales y circunstancias contempladas en la Ley, entre ellas, que no exista una propuesta susceptible de ser escogida objetivamente conforme a las condiciones establecidas en el pliego, evento en el cual la entidad debe culminar el procedimiento con una decisión motivada y contraria a la adjudicación. La sola inhabilitación del otro proponente convierta a la demandante, por descarte, en la única oferta del proceso, pero no en la mejor como parece sugerirlo el recurso al ubicarla en el primer orden de elegibilidad, pues ese razonamiento presupone como condición lógica inexcusable que respecto de la oferta de quien lo invoca no subsistiera impedimento alguno para acceder a la asignación de puntaje.

  • Seguridad jurídica otorgada por el pliego de condiciones en los procesos contractuales: es la norma principal del proceso, vinculante para las partes, no se puede modificar una vez finalizada la etapa correspondiente, herramientas de interpretación del pliego en caso de vacíos o ambigüedades
  • Selección objetiva: adjudicación, declaratoria de desierta, causales que impiden la escogencia objetiva, Artículo 23 y subsiguientes de la Ley 80 de 1993
  • Declaratoria de desierta de un proceso de selección: no es una decisión arbitraria de la administración, procedencia
Radicado
18001233300020210004901
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaContrato estatal atípico Regla

Nulidad absoluta del contrato: el juez contencioso tiene la habilitación legal expresa para pronunciarse sobre la nulidad absoluta de un contrato

El juez administrativo tiene la facultad legal de declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando esté plenamente demostrada en el proceso y las partes contratantes o sus causahabientes intervengan, lo que constituye una excepción al carácter rogado de la jurisdicción y al principio de congruencia. La Sala establece que la nulidad absoluta por objeto ilícito se configura cuando el contrato nace contrariando normas imperativas de la contratación estatal, especialmente aquellas que garantizan la selección objetiva del contratista, y que la licitación pública simulada o aparente puede llevar a la nulidad absoluta del contrato, independientemente de la existencia de una pretensión autónoma contra el acto de adjudicación. Esta decisión reitera y matiza precedentes, permitiendo al juez analizar la licitación y declarar la nulidad absoluta si se vulneran principios fundamentales como la publicidad y la libre concurrencia, lo que implica que el contrato nace con un vicio congénito que afecta su formación misma.síntesis automática

  • Nulidad absoluta del contrato: facultad del juez administrativo para declararla de oficio, presupuestos de procedencia, excepción al carácter rogado de la jurisdicción y al principio de congruencia
  • Nulidad absoluta del contrato estatal: licitación pública simulada o aparente, procedencia de la declaración de nulidad absoluta sin pretensión autónoma contra el acto de adjudicación, vulneración de los principios de selección objetiva, publicidad y libre concurrencia, objeto ilícito
Radicado
66001233300020140025001
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaAplicación del estatuto general de contratación Regla

Aplicación del estatuto general de contratación: la declaración oficiosa de nulidad absoluta del contrato no comporta

El contratista debe cumplir con las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) en el proceso de selección, salvo que la entidad estatal tenga un régimen especial. En el caso del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, la naturaleza jurídica de la entidad y los documentos que soportan el procedimiento precontractual determinan que se apliquen las normas del EGCAP. La Resolución que adjudica la licitación pública constituye un acto administrativo precontractual sometido al control de legalidad. La caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es un fenómeno jurídico de orden público que el juez debe declarar de oficio, sin considerar la voluntad de las partes. La Sala reitera que, aunque la acción de nulidad puede caducar, el juez puede examinar la validez del contrato de manera autónoma, siempre que se verifiquen los presupuestos legales. Esto implica que los jueces deben ser cautelosos al declarar la nulidad absoluta del contrato estatal, considerando las causales específicas previstas en la ley.síntesis automática

  • Aplicación del estatuto general de contratación: licitación pública, proceso de selección del contratista, naturaleza jurídica de la entidad estatal, distrito especial
  • Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: caducidad del medio de control, alcance del recurso de apelación, poder oficioso del juez, límites
  • Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho: término de caducidad, cómputo del término de caducidad, acto administrativo precontractual, procedencia del medio de control
Radicado
08001233300020190004601
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaCarga de la prueba Regla

Carga de la prueba: la segunda no depende de esa contemplación sino de la estructura de la remuneración

El contratista no está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) en un contrato de administración del servicio educativo, salvo en aspectos específicos regulados por normas del sector educativo, conforme al artículo 200 de la Ley 115 de 1994. Esta regla se mantiene incluso si el contrato remite convencionalmente a otras leyes como la 80 de 1993 y la 1150 de 2007, ya que estas no transforman el régimen legal establecido por la ley. Además, las manifestaciones de la entidad contratante en desarrollo del contrato no constituyen actos administrativos, sino actos jurídicos contractuales sujetos a lo pactado y a las normas del derecho privado, careciendo de presunción de legalidad y siendo inaplicables las causales de nulidad propias de los actos administrativos. Esto implica que controversias contractuales en este tipo de contratos se resuelven desde el cumplimiento del contrato y las reglas del incumplimiento contractual, sin recurrir a las causales de nulidad ni al deber legal de restablecimiento del equilibrio económico.síntesis automática

  • Contrato de administración del servicio educativo: régimen jurídico aplicable, Artículo 200 de la Ley 115 de 1994, sometimiento a las reglas de contratación entre particulares, exclusión del egcap salvo en los aspectos regulados por las normas del servicio educativo
  • Contrato estatal regido por el derecho privado: manifestaciones de la entidad contratante, actos jurídicos contractuales y no actos administrativos, facultades unilaterales de origen convencional, carecen de presunción de legalidad
  • Controversias contractuales: calificación jurídica formulada por el demandante, no vincula al juez, examen de la controversia desde el cumplimiento del contrato, contrato estatal regido por el derecho privado
Radicado
05001233300020200021301
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaAgotamiento del trámite conciliatorio extrajudicial Regla

Conciliación extrajudicial: fontur es un patrimonio autónomo o fondo de naturaleza pública

En consecuencia, el operador judicial no puede fallar de fondo sin verificar y encontrar el cumplimiento de los presupuestos procesales y, en ese contexto, cuando no se acredita el agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, el ordenamiento jurídico exige, expresamente, que se rechace de plano la demanda. Si esto último no ocurre, el juez no está habilitado para dictar una sentencia de mérito. En cuanto a que el requisito de procedibilidad del trámite conciliatorio constituye, a lo sumo, la excepción previa de ineptitud formal de la demanda, y que el CPACA solo habilita al juez a declarar oficiosamente las de mérito, debe señalarse que el Tribunal no estaba relevado del deber de pronunciarse al respecto en el fallo, en tanto el trámite de la conciliación extrajudicial constituye un requisito de procedibilidad de la demanda y un presupuesto procesal de la sentencia de mérito.

  • Conciliación extrajudicial: requisito de procedibilidad en el medio de control de controversias contractuales y demás asuntos conciliables, requisito de procedibilidad como presupuesto procesal
  • Agotamiento del trámite conciliatorio extrajudicial: requisitos de procedibilidad, presupuesto procesal, ineptitud formal de la demanda, debido proceso
Radicado
17001233300020230026701
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaActos precontractuales Regla

Sociedades de naturaleza publica: el análisis del asunto no puede agotarse en la mera identificación de la naturaleza jurídica de la entidad

El contratista debe someterse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para procesos de selección destinados al mantenimiento de infraestructura pública, ya que la excepción del artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, que permite la aplicación del derecho privado, se aplica solo a actividades desarrolladas en competencia o en mercados regulados o monopolísticos, no a la conservación de bienes de uso público esencial para servicios públicos. Además, una vez celebrado el contrato, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para reclamar perjuicios por actos precontractuales caduca si no se ejerce dentro de los 30 días siguientes a la comunicación, notificación o publicación de dichos actos, salvo la pretensión de nulidad del contrato, que puede ser examinada dentro del medio de control contractual incluso después de vencido este plazo.síntesis automática

  • Sociedades de naturaleza publica: aplicación del derecho privado, excepciones al Estatuto General de Contratación de la Administración Público
  • Régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado: excepciones, Artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, aplicación del derecho privado en actividades desarrolladas en competencia, excepciones según la finalidad contractual
  • Actos precontractuales: impugnación judicial, término de caducidad, efectos de la celebración del contrato, reconocimiento de perjuicios o
Radicado
25000232600020100014401
Fecha
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Consejo de Estado · SentenciaCaducidad del medio de control de controversias contractuales Regla

La condena solicitada en la pretensión 3ª de la demanda no corresponde a la indemnización de perjuicios causados por la expedición de esos actos administrativos.

El contratista no puede presentar una pretensión indemnizatoria por costos y gastos causados antes de la liquidación del contrato o antes de la expedición de resoluciones que generen perjuicios, ya que el término de caducidad para demandar comienza a correr desde la fecha de liquidación del contrato o desde la expedición de las resoluciones que causen los perjuicios. En este caso, la Unión Temporal reclamó costos y gastos que se originaron antes de la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato, el 8 de junio de 2012, y antes de la expedición de las Resoluciones 083 y 120 de 2016. La Sala determinó que el término de caducidad para la pretensión tercera venció el 9 de junio de 2014, y la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 7 de septiembre de 2018, cuando ya había operado la caducidad. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, estableciendo que la caducidad opera respecto de la pretensión tercera cuando los perjuicios reclamados corresponden a costos y gastos causados antes de la expedición de las resoluciones mencionadas, lo que implica que el contratista debe presentar sus reclamos dentro del término legal para evitar la caducidad.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2
En este casoRespuesta SíDecisión Modifica
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección A)
Consejero ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicado
25000233600020180098501
Número interno
74896
Fecha
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Consejo de Estado · SentenciaAplicación del código contencioso administrativo Regla

Se generaba la caducidad de la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho

El acto administrativo de adjudicación expedido antes de la celebración del contrato estatal puede demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Si el contrato se celebra antes de vencer ese término, la acción de nulidad y restablecimiento se extingue y la ilegalidad del acto debe invocarse a través de la acción de controversias contractuales, preservando el término de treinta días que ya había comenzado a correr. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, fija el término para demandar los actos previos al contrato; una vez suscrito el contrato, la ilegalidad de esos actos solo puede plantearse como causal de nulidad contractual; y la jurisprudencia distingue tres hipótesis según la oportunidad de la demanda frente a la celebración del negocio. Así se evita que la celebración del contrato impida el control de los actos de adjudicación. Como la demanda se presentó el 30 de octubre de 2003, el proceso se rigió por esa regulación, y la sentencia se modifica conforme a ella.síntesis automática

Fundamentos
  • Decreto 01 de 1984, art. 87 inc. 2
  • Ley 446 de 1998, art. 32
En este casoRespuesta SíDecisión Modifica
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección A)
Consejero ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicado
13001233100020030210001
Número interno
71365
Fecha
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Consejo de Estado · SentenciaCaducidad del medio de control de controversias contractuales Regla

Se configuró la caducidad de las pretensiones de incumplimiento contractual y nulidad de los actos

El contratista no puede reformar la demanda para incluir pretensiones de nulidad de actos de terminación y liquidación unilateral del contrato estatal después de que vence el término de caducidad, ya que este es un lapso único que no puede ser interrumpido ni suspendido, y su vencimiento impide que el juez de segunda instancia analice dichas pretensiones, lo que limita la competencia del juez para pronunciarse sobre ellas. La Sala modifica la postura anterior al establecer que el término de caducidad es ininterrumpible, por lo que la reforma de la demanda presentada fuera de este plazo no puede ser admitida, lo que impide que las pretensiones adicionales sean objeto de pronunciamiento judicial.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2
En este casoRespuesta SíDecisión Modifica
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección A)
Consejero ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Radicado
88001233300020240000901
Número interno
74541
Fecha
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Consejo de Estado · SentenciaMedio de control de controversias contractuales Regla

La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad

La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos. En el caso de los convenios interadministrativos, su razón de ser se dirige a la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes, en el marco de las funciones que la ley asigna a cada una de ellas. Esta alianza genera una dinámica que potencializa el quehacer administrativo, siendo que todas ellas enlazan sus esfuerzos en una expresión única y objetiva del interés general.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 489 de 1998, art. 95
  • Ley 84 de 1873, art. 1524
En este casoRespuesta SíDecisión Modifica
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección A)
Consejero ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicado
05001233300020250126101
Número interno
74681
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaCaducidad del medio de control de controversias contractuales Regla

Contrato de mandato: debe indicarse que el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra

Aun cuando no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, al revisar los presupuestos procesales, la Sala encuentra que el referido al ejercicio oportuno de la acción no se satisface y, por ende, dicha circunstancia debe ser declarada de oficio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, que le exige al fallador decidir “sobre cualquiera otra [excepción] que… encuentre probada”.

  • Caducidad del medio de control de controversias
  • Contractuales: declaratoria de oficio, cpaca artículo 187, presupuestos procesales, régimen jurídico del contrato
  • Contrato de mandato: Código Civil artículos 2142 y 2177, mandatario que contrata en nombre del mandante, vinculación obligacional de la entidad pública, contrato de subrogación
Radicado
52001233300020180020901
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaAcreditación de la capacidad técnica exigida por el pliego de condiciones Regla

Pliego de condiciones: tampoco es posible acceder al reparo relacionado con la nulidad del contrato

El contratista no puede demandar el pliego de condiciones mediante un recurso ordinario de nulidad simple, sino que debe solicitar específicamente su declaratoria de nulidad, ya que este acto administrativo de carácter general fija las reglas que regirán el procedimiento de selección y el posterior contrato estatal. El juez de lo contencioso administrativo no puede extender su control judicial a actos no solicitados en la demanda, y aunque la Ley 1437 de 2011 permite acumular pretensiones distintas, la parte actora no lo hizo en este caso. Además, las condiciones habilitantes previstas en el pliego de condiciones son exigibles a todos los oferentes y no pueden ser modificadas unilateralmente por la entidad. La verificación de cumplimientos técnicos debe coincidir con las especificaciones técnicas del pliego, y no basta con la existencia física y funcionamiento del equipo. La Sala reitera la necesidad de que los argumentos presentados en la demanda sean precisos y suficientes para cuestionar la conformación jurídica de la adjudicataria, y matiza que la circunstancia de que un establecimiento de comercio matriculado con la misma denominación que una unión temporal no permite concluir que se trata de oferentes plurales distintos. Esto implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y presentar sus argumentos de manera clara y precisa desde la demanda.síntesis automática

  • Pliego de condiciones: naturaleza jurídica y control de legalidad, medio idóneo para demandar el pliego de condiciones, acto administrativo de carácter general, susceptible del medio de control de nulidad simple
  • Acumulación de pretensiones: Ley 1437 de 2011, nulidad del pliego de condiciones y del acto de adjudicación, pretensiones distintas y dirigidas a diversos actos administrativos, debe cumplir los requisitos del artículo 88 del Código General del Proceso
  • Verificación de condiciones habilitantes previstas en el pliego de condiciones: no son accidentales, son exigibles a todos los oferentes partícipes del proceso contractual
Sección y subsección
Sección Tercera
Radicado
0500123330002022012850
Fecha
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Rama Judicial · recopilada por CCE · ProvidenciaRequisitos habilitantes En este caso

Requisitos habilitantes: 47001233300020170037901 de 2026

En esta providencia se precisó que antes de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, los Decretos 150 de 1976 y 222 de 1983, dando prevalencia a la cultura del formalismo procesal, se limitaba la posibilidad concedida a los proponentes para subsanar los yerros al satisfacer los requisitos y exigencias del pliego de condiciones. Además, se ha entendido que la subsanación no puede versar sobre el cumplimiento del requisito habilitante como tal, sino sobre la documentación aportada para su acreditación, por lo que solo procede frente a aquello que a pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección, es decir, no permite probar aquello de lo cual se carece o no existe al momento de ofertar, pues lo subsanable son las inexactitudes o dudas que detecte la entidad contratante al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

  • Requisitos habilitantes: exigencias básicas, experiencia, capacidad financiera, capacidad jurídica
  • Subsanabilidad: defectos subsanables e insubsanable, deber de selección objetiva, requisitos habilitantes y factores de ponderación, elementos subsanables
Radicado
47001233300020170037901
Fecha
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Consejo de Estado · SentenciaSentencia de segunda instancia Relevancia Reitera la jurisprudencia. Regla

La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.

Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática

  • ¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…
  • ¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
En este casoRespuesta NoDecisión Revoca
Sección y subsección
Sección Primera
Consejero ponente
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Radicado
85001233300020240006301
Número interno
858
Fecha
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Consejo de Estado · SentenciaAcción de controversias contractuales Regla

Por regla general e inclusive en contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las manifestaciones de voluntad que las entidades estatales emiten durante la ejecución del contrato corresponden a actos contractuales de derecho privado y no a actos administrativos con presunción de legalidad y fuerza ejecutoria.

El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 489 de 1998, art. 94
En este casoRespuesta NoDecisión Confirma
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección B)
Consejero ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Radicado
68001233100020090040001
Número interno
71041
Fecha
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Consejo de Estado · SentenciaMedio de control de controversias contractuales Regla

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

La entidad estatal no incurre en incumplimiento contractual al abstenerse de pagar el precio de un contrato de suministro, si el contratista ha acreditado la radicación oportuna de los documentos exigidos para la ratificación y legalización del pago, conforme a la modalidad de pago pactada. La entidad estatal debe cumplir con su obligación de pago, y su retraso no constituye incumplimiento si el contratista ha cumplido con sus obligaciones previas.síntesis automática

Fundamentos
  • Decreto 410 de 1971, art. 871
  • Ley 57 de 1887, arts. 1602 y 1603
En este casoRespuesta SíDecisión Confirma
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección B)
Consejero ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Radicado
66001233300020240025401
Número interno
73646
Fecha
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Consejo de Estado · SentenciaCaducidad del medio de control de repetición Regla

El término de caducidad del medio de control de repetición debe comenzar a correr desde el acontecimiento

El término de caducidad del medio de control de repetición debe comenzar a correr desde el acontecimiento que ocurra primero entre el pago efectivo de la condena por la entidad pública y el vencimiento del plazo legalmente previsto para efectuar dicho pago. En este caso, la entidad pública hizo efectivo el pago de la condena el 27 de julio de 2022, por lo que el plazo para demandar precluyó el 12 de noviembre de 2021, ya que la demanda fue presentada el 24 de mayo de 2023.síntesis automática

Fundamentos
  • Decreto Ley 01 de 1984, art. 177 inc. 4
  • Ley 1437 de 2011, arts. 164 núm. 2 y 192
  • Ley 678 de 2001, art. 11
En este casoRespuesta SíDecisión Confirma
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección B)
Consejero ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Radicado
66001233300020230007101
Número interno
74782
Fecha
Leer la sentencia
Consejo de Estado · SentenciaMedio de control de controversias contractuales Regla

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

El inciso primero del artículo 189 del CPACA dispone que (se trascribe): “la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada”. De los cargos de nulidad formulados en la demanda que dio origen al proceso de la referencia, la Sala centrará su análisis en aquel según el cual los actos administrativos fueron expedidos con desconocimiento del debido proceso, debido a que, durante el procedimiento administrativo, el Distrito negó injustificadamente una prueba pericial que cumplía todos los requisitos para ser decretada y que tenía por objeto demostrar el porcentaje de ejecución del contrato de concesión y controvertir lo señalado al respecto en un informe de interventoría.

Fundamentos
  • Ley 1437 de 2011, art. 189 inc. 1
En este casoRespuesta NoDecisión Revoca
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección B)
Consejero ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Radicado
76001233300620180021701
Número interno
73705
Fecha
Leer la sentencia
Consejo de Estado · SentenciaRecurso de apelación Regla

El juez de segunda instancia examina la decisión exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante.

El juez de segunda instancia limita su competencia funcional al examen de la providencia recurrida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante en el escrito de sustentación. En la sentencia proferida, el Consejo de Estado rechaza por genéricos los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión del tribunal que desestimó los cargos de nulidad de actos administrativos contractuales, destacando que el artículo 320 y el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 exigen señalamientos precisos sobre las razones de inconformidad, sin que proceda un análisis oficioso de inconformidades abstractas sobre la ruptura del equilibrio contractual.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 1437 de 2011, art. 306
  • Ley 1564 de 2012, arts. 320 y 328
En este casoRespuesta NoDecisión Cosa juzgada
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección B)
Consejero ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Radicado
66001233300020160067204
Número interno
70491
Fecha
Leer la sentencia
Consejo de Estado · SentenciaMedio de control de controversias contractuales Relevancia Reitera la jurisprudencia. Regla

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia de un Tribunal Administrativo, siempre que la cuantía de la demanda supere los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. La Sala confirma que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue competente para conocer del proceso en primera instancia por la naturaleza del asunto y la cuantía. Además, la oportunidad de la demanda inicial y las pretensiones adicionadas mediante reforma se evalúan en relación con la liquidación del contrato y el cómputo del término de caducidad, según lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera su jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad a partir del día siguiente a la firma del acta de liquidación bilateral, lo que implica que las pretensiones adicionadas se presentaron dentro del plazo legal.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 1437 de 2011, art. 150
En este casoRespuesta SíDecisión Confirma
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección B)
Consejero ponente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Radicado
25000233600020220006701
Número interno
73815
Fecha
Leer la sentencia
Consejo de Estado · SentenciaJurisdicción de lo contencioso administrativo Regla

Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática

Fundamentos
  • Decreto 410 de 1971, art. 1233
  • Decreto 663 de 1993, art. 270 lit. F
  • Ley 1437 de 2011, art. 104 núm. 2
En este casoRespuesta SíDecisión Confirma
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección B)
Consejero ponente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Radicado
25000233600020220001501
Número interno
73587
Fecha
Leer la sentencia
Consejo de Estado · SentenciaMedio de control Regla

En esta última fecha se configuró el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 84 del CPACA

Para que el silencio administrativo positivo opere en el contexto de la renuncia al contrato de concesión minera, es necesario que el concesionario presente una manifestación unilateral de renuncia y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta días hábiles. En este caso, la Sala ha confirmado que la configuración del silencio administrativo positivo se da cuando la Administración no responde a la solicitud de renuncia dentro del plazo establecido, lo que implica la aceptación tácita de la renuncia.síntesis automática

Fundamentos
  • Ley 1437 de 2011, art. 84
  • Ley 685 de 2001, art. 108
En este casoRespuesta SíDecisión Confirma
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección B)
Consejero ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Radicado
25000233600020190053101
Número interno
69117
Fecha
Leer la sentencia
Consejo de Estado · SentenciaMedio de control de controversias contractuales Regla

Tiene un consorcio la capacidad para ser parte en un proceso judicial

El consorcio tiene capacidad para ser parte en un proceso judicial que controvierte la adjudicación de un contrato estatal, incluso si el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación a otro proponente. La Sala ha determinado que, pese a la disposición del acuerdo consorcial que limita su vigencia hasta la adjudicación a otro proponente, el consorcio aún cuenta con capacidad para comparecer en el trámite, en virtud de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013. Esto se debe a que cada uno de los integrantes del consorcio concurrió directamente al proceso con la alegada afectación de su derecho a ser contratista del Estado, lo cual refuerza la posibilidad de adoptar una decisión de fondo en el sub lite.síntesis automática

  • ¿Se configura la caducidad de las pretensiones acumuladas de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de adjudicación y de nulidad del contrato estatal…
  • ¿Se limita la competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos formulados en los recursos de apelación, sin que resulte viable examinar nuevamente los aspectos desfavorables de la…
  • ¿La falta de firmeza de la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) de uno de los integrantes de la unión temporal adjudicataria al cierre del proceso de selección constituye una causal de…
En este casoRespuesta SíDecisión Revoca
Sección y subsección
Sección Tercera (Subsección B)
Consejero ponente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Radicado
18001234000020160002102
Número interno
72696
Fecha
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