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RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO

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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: se negará la solicitud presentada por la parte demandada

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020180111402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de aclaración presentada por la parte demandada cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 285 del CGP para que el juez pueda aclarar, corregir o adicionar la sentencia, considerando que la decisión ya expuso de manera suficiente y clara los motivos que sustentan la parte resolutiva? No
El juez no puede aclarar, corregir o adicionar una sentencia cuando ya expuso de manera suficiente y clara los motivos que sustentan la parte resolutiva, conforme al artículo 285 del Código General del Proceso. En este caso, la sentencia ya incluyó el rubro solicitado por la parte demandada en la parte motiva, por lo que la solicitud de aclaración no cumple con los presupuestos establecidos para tal procedimiento. La Sala niega la solicitud de aclaración, reiterando que la aclaración solo es procedente en casos de errores u omisiones en la sentencia o cuando existen conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en la parte resolutiva. Esta decisión limita la posibilidad de que las partes soliciten aclaraciones innecesarias o que no cumplan con los requisitos legales establecidos.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 52001233300020220032601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido en primera instancia que negó medida cautelar? Sí
Corresponde al Consejo de Estado resolver en segunda instancia la apelación contra el auto que un tribunal administrativo dicta en primera instancia y que niega una medida cautelar, cuando el proceso tiene vocación de doble instancia. Esta competencia se apoya en el artículo 150 del CPACA, que atribuye a la corporación los recursos contra los autos de los tribunales susceptibles de apelación, en concordancia con el artículo 125 del mismo código. Por ello el factor que determina la competencia es la naturaleza de la providencia y la doble instancia del proceso, y no el contenido de la medida solicitada. En el caso concreto la sala se declaró competente para resolver la apelación contra el auto que negó la medida cautelar en un proceso contractual, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la apelación contra la negativa de una medida cautelar en un proceso de doble instancia se tramita ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Las medidas cautelares de suspensión en materia contractual están limitadas a los actos administrativos que se expidan o a procedimientos que se adelanten antes o durante su ejecución? ¿No procede el decreto de la medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos del contrato por cuanto no se ha ejecutado dicho contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los particulares “podrán” renunciar a los derechos conferidos por las leyes “con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”.

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 66001233300020160038901 ACCION CONTRACTUAL
¿En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos? Sí
En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato no da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos, a menos que una disposición legal lo establezca o se le otorgue tal efecto al silencio de las partes en determinadas circunstancias, conforme al artículo 15 del Código Civil. En contratos de consultoría, las obligaciones y riesgos económicos del contratista se definen según las cláusulas del contrato, por lo que gastos y sobrecostos no asumidos por el contratante no implican una obligación adicional para la entidad estatal, salvo que esté pactado explícitamente en el contrato. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la necesidad de que las obligaciones y riesgos en los contratos de derecho privado estén claramente definidos y pactados por las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿Los gastos y sobrecostos ser asumidos por el contratista en virtud de las cláusulas del contrato?
Consejo de Estado Providencia

El tratamiento del dictamen solicitado fue anormal

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020150268701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Fue anormal el tratamiento del dictamen solicitado, pero dicha irregularidad quedó saneada por la ausencia de la interposición del reposición contra del auto que decretó el dictamen? Sí
El contratista puede obtener la aclaración o adición de un dictamen pericial presentado fuera de término en la audiencia inicial, siempre y cuando no interponga recurso de reposición contra el auto que decretó el dictamen, lo que implica que la irregularidad en el trámite quedó saneada por la ausencia de impugnación. Esta Sala matiza la posición anterior que consideraba que la falta de aclaración o adición del dictamen por parte del demandado no sanaba la irregularidad, y ahora establece que la omisión del recurso de reposición es suficiente para considerar que la parte afectada acepta la situación. En relación con la liquidación judicial del contrato, la entidad estatal no debe reconocer un saldo a favor del contratista que no fue solicitado en la demanda y que va en contra de lo afirmado por el demandante, ya que el reconocimiento de intereses moratorios sobre una cifra no reclamada es improcedente. Asimismo, el juzgador no debe conceder perjuicios por obras ejecutadas y no pagadas sin considerar las obligaciones asumidas por las partes y la distribución de riesgos contractuales, especialmente cuando dichas obras se realizaron sin autorización y sin respaldo presupuestal.síntesis automática
También resuelve: ¿Procedía el reconocimiento de un saldo a favor del contratista, que no hizo parte de las pretensiones de la demanda? ¿Los perjuicios reconocidos por el juzgador de primera instancia referente a las obras ejecutadas y no pagadas, fueron concedidos sin tener en consideración las obligaciones asumidas por las partes…
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 73001233300020190001101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente la condena en costas al advertirse que más allá de perseguir un interés público, el recurrente tenía un interés particular y económico en relación con las resultas del proceso contencioso de controversias contractuales? Sí
Cuando en un proceso de controversias contractuales ambos extremos son entidades públicas, la excepción de la condena en costas prevista en el artículo 188 del C.P.A.C.A. no es aplicable por el solo hecho de que la controversia involucre recursos públicos, pues el medio de control es de carácter subjetivo y cada entidad tiene un interés económico particular en el resultado. La regla se sostiene en tres razones: la pretensión de reintegrar recursos públicos no implica por sí misma un interés público que haga improcedente la condena; la decisión judicial impacta favorable o desfavorablemente las aspiraciones económicas de cada parte; y aceptar lo contrario dejaría sin condena en costas a todos los asuntos contractuales en que intervenga una entidad pública. En el caso, el recurrente tenía un interés particular y económico en las resultas del proceso, por lo que se confirmó la condena en costas. El documento cita una sentencia de la sección sobre la procedencia de la condena en costas; la consecuencia práctica es que la condena en costas en controversias contractuales entre entidades públicas es la regla, salvo que el asunto sea de interés público en sentido estricto.síntesis automática
También resuelve: ¿Es competente el Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para discutir el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior… ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empezó a contar desde el vencimiento del plazo para liquidar bilateralmente el convenio?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual.

Sentencia — Sentencia 2026-09-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020200021301 Controversias contractuales
¿Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual? Sí
Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo con iglesias y confesiones religiosas, celebrado conforme al literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009, se resuelven con las normas civiles y comerciales pertinentes y con la regulación especial del sector educativo, no con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 establece un régimen que excluye la aplicación de las normas de contratación pública y somete el negocio al derecho privado; la regulación especial del servicio educativo rige aspectos concretos, como la idoneidad del prestador, la planeación, la cobertura y el cálculo de la remuneración; y la mención de la Ley 80 de 1993 o de la Ley 1150 de 2007 en el encabezado o en algunas estipulaciones no cambia ese régimen. Por ello, el incumplimiento de este tipo de contratos debe analizarse conforme al derecho privado y a las reglas que regulan el incumplimiento contractual en ese ámbito. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve: ¿En el contrato estatal regido por el derecho privado, la facultad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato deriva exclusivamente del acuerdo de voluntades y no de los… ¿En el contrato de administración del servicio educativo regido por el Decreto 2355 de 2009, el valor fijo por alumno determinado con fundamento en los componentes de la canasta educativa ofrecidos… ¿Debe declararse el incumplimiento de la entidad territorial por no reconocer al contratista los costos derivados de la disminución de la matrícula estudiantil…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero.

Sentencia — Sentencia 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020150079701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio… ¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones… ¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia debe cumplir con la carga de sustentación y controvertir asuntos

Sentencia — Sentencia 2022-03-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 19001233300020120065201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia debe cumplir con la carga de sustentación y controvertir asuntos que fueron objeto de pronunciamiento por el aquo? Sí
El recurso de apelación debe cumplir con la carga de sustentación y controvertir asuntos que fueron objeto de pronunciamiento por el tribunal, según establece el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los artículos 320 y 322 del Código General del Proceso. La parte recurrente no solo debe manifestar su disenso con la decisión recurrida, sino que debe atacar específicamente los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, presentando razones claras de disenso frente a los argumentos del tribunal. La Sala reitera que el juez de segunda instancia no puede revisar de oficio la corrección de la decisión del tribunal si no se presentan reparos concretos y sustentados en el recurso de apelación, limitando así su autonomía y competencia funcional.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación confronta las razones esgrimidas por el Tribunal para negar la indemnización en relación con los sobrecostos que alega el contratista? ¿Está prohibido para el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos alegados en el recurso de apelación que variaron la causa petendi? ¿La parte apelante asumió una conducta omisiva que da lugar a negar las pretensiones del recurso de apelación, al no debatir los fundamentos centrales de la sentencia de primera instancia?
Consejo de Estado Providencia

Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020200029801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su… ¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras… ¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-03-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160067201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas… ¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles? ¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200039601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional? ¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito? ¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El plazo inicial de ejecución del contrato 37 de 2011 fue de 9 meses

Sentencia — Sentencia 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170142802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Está probado que la mayor permanencia del contratista en obra por las suspensiones del contrato, hubiera generado un rompimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos? No
El contratista que reclame sobrecostos por una mayor permanencia en obra debido a las suspensiones del contrato debe acreditar costos adicionales a los previstos en el contrato que efectivamente afecten su patrimonio, pues la sola presencia de personal, equipos y maquinaria en la obra no demuestra por sí misma el desequilibrio. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contratista renuncia a los costos por el tiempo adicionado, solo pueden revisarse los sobrecostos causados después de agotado el plazo original y durante los periodos de suspensión. Segundo, los gastos que el contratista afronta por actividades connaturales a sus obligaciones no constituyen sobrecostos reclamables. Tercero, cuando las suspensiones tienen origen, en parte, en riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos del contrato, como la demora en el trámite de licencias ambientales, el reclamo no prospera. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista debe demostrar costos efectivamente incurridos y ajenos a los riesgos que le fueron asignados.síntesis automática
También resuelve: ¿El silencio de una de las partes, frente a las modificaciones o adiciones del contrato, constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones en un proceso… ¿Conforme al principio de buena fe contractual, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre las estipulaciones acordadas por las partes en relación con las prórrogas del contrato… ¿Para que la mayor permanencia en obra configure una ruptura del equilibrio financiero del contrato, es necesario acreditar un incumplimiento del contratante o la ocurrencia de un riesgo imprevisible…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El cargo de la apelación resulta infundado

Sentencia — Sentencia 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 50001233100020070115101 ACCION CONTRACTUAL
¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia? ¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones? ¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130093501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme a lo pactado en el contrato, la obligación de pagar el remanente del valor global para obras de construcción era exigible una vez el contratista cumpliera con la entrega de la totalidad de los trabajos comprendidos en la obra de construcción y las obras de redes, por tratarse de una obligación de resultado? Sí
El pago del remanente de un contrato de obra pública cuyo precio se condiciona a la entrega total de los trabajos y de la memoria técnica es exigible solo cuando esa condición se cumple y las obras son recibidas a satisfacción, de modo que antes de ese recibo no hay mora. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el pago estaba condicionado a la entrega de la totalidad de las obras de construcción y de redes, recibidas a satisfacción por la entidad contratante. Segunda, el recibo debía formalizarse con el acta respectiva y con las constancias de paz y salvo de las empresas de servicios públicos, y la entrega de planos récord era un requisito verificable. Tercera, el único documento que consta el recibo a satisfacción es el acta posterior, de modo que el plazo de pago de sesenta días no se contó antes. La providencia revoca la decisión que había reconocido la mora. La consecuencia práctica es que la exigibilidad de un pago condicionado a la entrega de obra se determina por el cumplimiento de la condición pactada, y no por la ejecución material.síntesis automática
También resuelve: ¿Transmilenio incurrió en mora al pagar el remanente del valor global de obras de construcción, en un plazo de 60 días, contados desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción de las obras… ¿El IDU tenía la obligación de compensar los costos de administración que no fueron amortizados y las utilidades frustradas como consecuencia de la supresión de las obras de adecuación de desvíos… ¿Una vez el contratista cumple con su deber de ejecución idónea y oportuna del contrato, nace para el contratante la obligación correlativa de pagar oportunamente la remuneración?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Desequilibrio financiero del contrato estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-03-04 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 15001233300020170084701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La ausencia de salvedades en los documentos de suspensión y prórroga del contrato son suficientes para abstenerse la Sala del estudio de fondo de la reclamación fundada en la ruptura del equilibrio económico del contrato? No
El contratista no puede abstenerse de estudiar el fondo de la reclamación por la ruptura del equilibrio económico del contrato solo por la ausencia de salvedades en los documentos de suspensión y prórroga, ya que no se demostró que el desabastecimiento de materiales excediera el riesgo asumido contractualmente. Además, la entidad estatal no incurrió en nulidad al imponer una multa después del vencimiento del plazo contractual, siempre y cuando la multa tenga un fin conminatorio y las obligaciones pendientes puedan ser cumplidas dentro del plazo del contrato. Sin embargo, si la multa se impone después de que el contrato haya terminado, carece de competencia temporal y es nula. Asimismo, la liquidación unilateral del contrato no es nula por realizarse fuera del término legal si el contratista no acuerda la liquidación bilateral y el plazo de cuatro meses para la liquidación unilateral no se ha cumplido. Por último, la liquidación unilateral no viola el debido proceso si no afecta derechos fundamentales más allá del monto de la multa, que pierde fuerza ejecutoria si la multa es nula por falta de competencia temporal.síntesis automática
También resuelve: ¿Existe nulidad del acto de imposición de multa por haberse emitido una vez vencido el plazo dispuesto para tal fin? ¿Se presenta nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por haberse realizado por fuera de los términos establecidos en la ley? ¿Se presenta nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por violación del derecho al debido proceso?
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto

Sentencia — Sentencia 2022-09-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130021101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público? Sí
La jurisdicción competente para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público, sigue las reglas de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "CPACA"). En tal sentido, el recurso de apelación es competente para la Sala en segundo instancia, ya que la cuantía de las pretensiones de la demanda impone su juzgamiento por esta Corporación en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo para la liquidación del contrato? ¿En los contratos pactados bajo la modalidad de precio global o alzado, el incremento del precio del contrato siempre supondrá la modificación del objeto contractual? ¿Las partes incurrieron en la prohibición vertida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque el tope legal impuesto para suscribir adiciones al contrato núm. 163 de 2006 fue…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual.

Sentencia — Sentencia 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233100020100050001 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia? ¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión? ¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300020240013101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella? No
El contratista no puede introducir en el recurso de apelación un nuevo argumento sobre enriquecimiento sin causa basado en la ejecución de mayores cantidades de obra, ya que no fue planteado en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de defenderse, lo que violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso aplicado por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el análisis de nuevos cargos en segunda instancia es improcedente, limitando así el pronunciamiento del juez a las pretensiones y argumentos presentados en la demanda original.síntesis automática
También resuelve: ¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas… ¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande… ¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-10-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020120058002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La resolución expedida por la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, se fundó en normas vigentes al momento de su expedición, basándose en los informes de su consultor y asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin que se evidencie un desequilibrio económico del contrato a partir de dicha decisión? Sí
El contratista no puede impugnar la resolución de la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, ya que esta se basó en normas vigentes y en los informes de su consultor, asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin evidenciar un desequilibrio económico del contrato. La CNTV, como entidad encargada de la inspección, vigilancia, seguimiento y control de la prestación del servicio público de televisión, tiene la facultad de determinar el valor de la prórroga conforme a los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 010 de 2006. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la legalidad de los actos administrativos que fijan el valor de la prórroga en contratos de concesión, protegiendo así la confianza y la estabilidad del mercado de bienes y servicios.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber de los concesionarios del servicio nacional de televisión pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión… ¿Los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales, toda vez que… ¿La aceptación expresa del valor de la prórroga por parte del concesionario en la etapa contractual, hace improcedente la configuración de un vicio invalidante por tratarse de un acto propio de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente

Sentencia — Sentencia 2026-07-17 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 76001233300020130005602 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la liquidación bilateral del contrato estatal, cuando esta se realiza después de vencidos los plazos legales, pero dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término para su liquidación unilateral? Sí
Cuando las partes liquidan de mutuo acuerdo un contrato estatal después de vencido el término legal para hacerlo, pero dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales comienza a correr desde el día siguiente a esa liquidación bilateral. La regla se sostiene en tres razones: el apartado iii del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA fija el cómputo para los contratos que requieren liquidación y que se liquidan de común acuerdo; la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera adopta la misma lectura del cómputo; y la suspensión del término por la conciliación prejudicial prolonga la caducidad en el tiempo que dure ese trámite. Por ello, la demanda presentada dentro del término suspendido es oportuna. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve: ¿Están legitimados en la causa por activa los integrantes del Consorcio Pretroncales y por pasiva Metro Cali S. A., por ser partes del contrato de obra objeto de controversia? ¿Corresponde exclusivamente al juez determinar si se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal y si esta es jurídicamente imputable a la entidad contratante? ¿Los contratos celebrados por Metro Cali S.A. para el cumplimiento de su objeto social, antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007…
CONFIRMA