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¿Debe adicionarse la sentencia del 17 de junio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en el sentido de no condenar a la aseguradora al pago de la cláusula penal pecuniaria, pues está demostrado que fue expresamente excluida del contrato de seguro? Sí
El contratista no puede exigir al asegurador el pago de la cláusula penal pecuniaria del contrato estatal cuando esta ha sido excluida expresamente en el contrato de seguro, ya que la cobertura de la póliza no incluye sanciones pecuniarias impuestas al garantizado, siendo estas de cargo del afianzado. La Sala adiciona la sentencia del 17 de junio de 2024 para modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva, exonerando a la aseguradora del pago de la cláusula penal, lo que implica que las exclusiones de la póliza de seguro deben ser rigurosamente cumplidas para determinar la responsabilidad contractual de la compañía de seguros. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la cobertura de cláusulas penales en contratos de seguro de cumplimiento, limitando la responsabilidad de las aseguradoras en casos similares.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2025-10-23Sección Segunda (Subsección A)JUAN CAMILO MORALES TRUJILLORad. 11001031500020250355101ACCIONES DE TUTELA
¿La acción de tutela ejercida cumple con el requisito de relevancia constitucional, habida cuenta que el actor no argumentó los reparos respecto de la sentencia del 19 de mayo de 2025, que confirmó la decisión de primera instancia de acceder a las pretensiones del medio de control de controversias contractuales Nº 63001-23-33- 000-2022-00125-00/01, en el que Axia Energía S.A.S. fue condenada a pagar la cláusula penal estipulada en el contrato EDEQ CT-002-2019, suscrito con la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ) SA E.S.P.? Sí
La acción de tutela contra una providencia judicial solo es procedente cuando la demanda supera el requisito general de relevancia constitucional, lo que exige una carga argumentativa mínima que permita al juez identificar la violación de derechos fundamentales, pues no basta relatar hechos y etapas del proceso. La regla se sostiene en dos razones. Por un lado, la tutela no es una tercera instancia para reabrir debates ya resueltos por el juez ordinario. Por otro, cuando la irregularidad alegada es procesal, el ordenamiento ofrece mecanismos idóneos dentro del mismo proceso, como el incidente de nulidad. En el caso, el accionante reiteró que no se tuvieron en cuenta sus alegatos de conclusión sin desarrollar ese reproche, y el asunto ya había sido debatido en la apelación contra la sentencia de primera instancia. Por eso se confirmó la improcedencia declarada en primera instancia. La providencia reitera la exigencia de carga argumentativa en tutelas contra decisiones judiciales.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2026-02-27Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020170045901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez puede emitir una aclaración cuando la parte solo expresa inconformidades con la decisión sin señalar un punto de la sentencia que cause duda real o afecte su cumplimiento, conforme al principio de inmutabilidad? No
El juez niega la solicitud de aclaración o adición de una providencia cuando la parte interesada se limita a expresar inconformidades con la decisión adoptada sin demostrar la existencia de frases dudosas o puntos litigiosos omitidos. Conforme al principio de seguridad jurídica y de inmutabilidad consagrado en el Código General del Proceso, las sentencias son irreformables por el mismo funcionario judicial que las profiere, y los mecanismos de aclaración y adición tienen un carácter restrictivo que impide de manera absoluta reabrir el debate procesal ya decidido en el litigio.síntesis automática
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contratista y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, con fundamento en los argumentos expuestos por las aseguradoras demandantes y por la Unión Temporal Auditores en Salud? No
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no procede la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y la No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato de consultoría 080 de 2018, por parte de la UNION TEMPORAL AUDITORES DE SALUD...
También resuelve:¿Procede el reintegro de las sumas pagadas por las aseguradoras con ocasión de los actos administrativos demandados?
¿Se desvirtuó la legalidad de las Resoluciones 603 del 20 de junio de 2017 y 650 del 27 de junio de 2017, a través de las cuales el municipio de Soacha declaró el incumplimiento total del contrato objeto de la litis, hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y dispuso que Seguros Mundial debía responder en su condición de garante? No
La sentencia ejecutoriada proferida en un proceso previo produce cosa juzgada respecto del núcleo común ya decidido, esto es, la legalidad de las resoluciones que declararon el incumplimiento, pero no abarca todos los cargos planteados en el proceso posterior, sino solo los que ya fueron resueltos por el juez contencioso. La regla se sostiene en tres razones: la excepción de cosa juzgada se limita a los cargos decididos sobre la inexistencia de incumplimiento imputable al contratista, la incidencia de terceros y la falta de planeación de la entidad; los cargos no decididos, como la cuantificación de la cláusula penal, deben examinarse en el nuevo proceso; y la decisión anterior opera como parámetro vinculante frente a los puntos coincidentes. Por ello, el juez debe estarse a lo resuelto en el proceso precedente para esos puntos y resolver los demás cargos de manera independiente. La providencia se decide conforme a esa delimitación.síntesis automática
¿A través de la reparación directa es posible perseguir el cumplimiento de las prestaciones de un contrato no estatal, no suscrito por las entidades demandadas? No
El contratista no puede perseguir el cumplimiento de las prestaciones de un contrato no estatal, no suscrito por las entidades demandadas, a través de la acción de reparación directa, ya que esta vía está diseñada para remediar daños derivados de hechos, omisiones o operaciones administrativas, no para resolver controversias contractuales privadas. La fuente del daño determina la acción procedente, y las normas que regulan las condiciones para el ejercicio de cada acción son de orden público, por lo que no están al arbitrio del interesado. La Sala revoca la decisión de primera instancia para declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda e inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones, lo que implica que los actores deben acudir a los mecanismos contractuales y judiciales privados para resolver sus controversias.síntesis automática
También resuelve:¿El actor puede escoger libremente la acción procedente para reclamar un daño, sin tener en cuenta la fuente de este?¿Hay lugar a condenar en costas cuando la conducta de las partes evidencia una actuación caprichosa, arbitraria o temeraria?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020190086001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala confirma la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede modificar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, ya que esta norma procesal es de orden público y obligatorio cumplimiento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad al considerar que la demanda presentada por el contratista fue extemporánea, pues venció el plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo el 31 de mayo de 2017, y la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2019, fuera del término legal. La Sala confirma esta decisión, rechazando la demanda y no pronunciándose sobre la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, lo que implica que el contratista no podrá ejercer las pretensiones planteadas en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la liquidación bilateral venció el 31 de mayo de 2017, siendo esta la fecha a tener en cuenta para realizar el cómputo de la caducidad?¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal por haber operado la caducidad del medio de control y la prescripción derivada del contrato de seguro?
¿Se probó un caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 64 del Código Civil; esto es, de un imprevisto que no era posible resistir? No
El caso fortuito o la fuerza mayor, en los términos del artículo 64 del Código Civil, exige un imprevisto que no era posible resistir, de modo que la parte que lo invoca debe demostrar tanto su imprevisibilidad como su irresistibilidad. Una razón es que las solicitudes que la parte presentó a la entidad contenían las razones que, a su juicio, justificaban el cambio de predios, pero no se demostró el carácter imprevisible ni irresistible de esas razones. Otra razón es que aunque los documentos acompañados demostraron el compromiso e inversión de recursos y algunas actividades previstas, no se acreditó que esos recursos se invirtieran según el plan operativo anual ni que las actividades se ajustaran a las exigencias técnicas del convenio. En el caso, la Sala no encontró probada la fuerza mayor alegada para el incumplimiento del convenio, por lo que modificó la sentencia apelada en el monto a restituir y en el valor proporcional de la cláusula penal. Su consecuencia práctica es que el asociado que invoca la fuerza mayor para justificar el incumplimiento debe demostrar la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho y la correcta ejecución de los recursos.síntesis automática
También resuelve:¿Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta?¿Procede la condena en costas contra la parte a la que se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación?
¿La imposición de la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad contratante como consecuencia directa e inequívoca de la declaratoria de caducidad del contrato, se encontraba sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato estatal? Sí
El contratista no puede imponer la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad estatal como consecuencia directa de la declaratoria de caducidad del contrato estatal, ya que esta decisión está sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La cláusula penal se efectiviza como resultado de la caducidad del contrato, por lo que si esta declaratoria es anulada, la efectividad de la cláusula penal también queda sin sustento. Además, el valor de la condena impuesta debe actualizarse para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que esto represente una reforma en contra del apelante, utilizando la fórmula de actualización de la condena basada en el IPC. Esta decisión reitera y refuerza la obligación de respetar los plazos contractuales y la necesidad de actualizar las condenas monetarias para mantener su valor real.síntesis automática
También resuelve:¿El valor de la condena impuesta se debe actualizar para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que ello corresponda a alguna reforma de la decisión en contra del apelante?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que el contrato estatal no fue liquidado inicia desde el día siguiente a la fecha en la que debió ser este liquidado? Sí
El contratista puede iniciar una acción de controversias contractuales cuando el contrato estatal no ha sido liquidado, y el término de caducidad de dos años para presentar la demanda comienza a computarse desde el día siguiente a la fecha en que debió ser liquidado el contrato, lo que implica que si el contrato no fue liquidado en la fecha prevista, el plazo para la acción de controversias inicia desde esa fecha. Además, ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo, salvo que se demuestre que el incumplimiento es imputable a factores externos no controlables por la entidad. En casos de incumplimiento parcial, la entidad debe reintegrar solo lo no ejecutado, mientras que los recursos efectivamente invertidos no son objeto de devolución, a menos que se pruebe que la entidad no cumplió con sus obligaciones contractuales de manera diligente. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre el cómputo del término de caducidad y los efectos del incumplimiento en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo?¿Procede la devolución del dinero de lo que se ejecutó en el contrato ante el incumplimiento por parte de la entidad en la ejecución de este?
¿El monto a cargo de la aseguradora por concepto de cláusula penal derivada del incumplimiento parcial del convenio de asociación, se calcula de forma proporcional a partir del valor asegurado en la póliza de cumplimiento? No
El contratista no puede calcular el monto a cargo de la aseguradora por concepto de cláusula penal derivada del incumplimiento parcial del convenio de asociación de forma proporcional al valor asegurado en la póliza de cumplimiento, sino que debe hacerlo respecto al valor del contrato tal como fue estipulado en el convenio. La reducción proporcional de la cláusula penal se realiza respecto del monto de la pena estipulada, no del valor asegurado, y la aseguradora será condenada a pagar la suma correspondiente a la cláusula penal proporcionalmente al incumplimiento, sin superar el valor asegurado. Al confirmarse la sentencia de primera instancia, la parte que interpone el recurso de apelación y resulta desfavorablemente resuelta será condenada en costas y agencias en derecho, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la condena en costas y agencias en derecho en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2026-07-15Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 85001233300020210004401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La segunda instancia denegó la proporcionalidad por el hecho de que las obligaciones de no informar la inhabilidad sobreviniente y ceder el contrato sin autorización son indivisibles, estimando que no es viable aplicarla en forma proporcional? Sí
El contratista no puede solicitar la proporcionalidad de la cláusula penal pecuniaria cuando las obligaciones incumplidas son indivisibles, ya que la segunda instancia considera que no es viable aplicarla de manera proporcional en estos casos. La compañía aseguradora demandada propuso la excepción de inexigibilidad de la totalidad del amparo de cumplimiento por ejecución parcial del contrato, argumentando que la proporcionalidad de la pena le otorgaba derecho a la reducción proporcional de la cláusula penal. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia denegó la proporcionalidad debido a que las obligaciones de no informar sobre una inhabilidad sobreviniente y ceder el contrato sin autorización son indivisibles, por lo que no es posible aplicar la proporcionalidad en este caso. Esta decisión quedó clara y precisa en el acápite resolutivo, sin dejar lugar a dudas.síntesis automática
También resuelve:¿La cláusula penal no se pidió en subsidio de las multas sino de la indemnización de perjuicios derivados del incumplimiento?¿La compañía aseguradora solo podía reclamar compensación de las acreencias en su favor, pero no estaba legitimada para pedirla respecto de lo adeudado al contratista?¿Lo pretendido por la solicitante es plantear en forma extemporánea la excepción de prescripción extintiva, y esto riñe con la posibilidad de adicionar las decisiones judiciales?
¿La empresa de servicios públicos demandada tenía competencia para liquidar de manera unilateral el contrato, hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento y la cláusula penal? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente un contrato estatal regido por el derecho privado, hacen efectiva la póliza de seguro de cumplimiento y cobran la cláusula penal, siempre y cuando se demuestre que la entidad estatal no tenía competencia para expedir dichos actos y que estos obstaculizaron el cumplimiento del contrato. La Sala revocará la sentencia de primera instancia y declarará la nulidad de los actos administrativos impugnados, ordenando la restitución de las sumas pagadas por el contratista y el pago del daño emergente, pero denegará el cobro de la utilidad dejada de percibir como comisión de éxito. Además, se determina que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se contabiliza desde la ejecutoria del acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato, según el literal d) del inciso 2 del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Se presenta caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Procede de oficio declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio demandado, al evidenciarse que éste no hizo parte de la relación contractual?
¿El objeto del contrato, producto de una actividad intelectual, es indivisible? Sí
El contratista debe demostrar la entrega del producto acordado con las especificaciones estipuladas en el contrato para hacerse acreedor al pago total, ya que la entidad estatal no puede considerar que se ha cumplido efectivamente con la obligación si no se presentan pruebas que respalden la entrega del estudio con las características acordadas. La Sala sostiene que el objeto del contrato, que consiste en la entrega de un estudio sobre la calidad ambiental de recursos naturales, es indivisible, por lo que la entrega de un producto con deficiencias constituye un incumplimiento del contrato. Además, la entidad estatal no empleó facultades unilaterales para declarar el incumplimiento, sino que se limitó a efectuar un cruce de cuentas ordinario para determinar el estado de las obligaciones contractuales. En otro caso, la Sala matiza la obligación de citar al contratista para intentar la liquidación bilateral del contrato antes de proceder a una liquidación unilateral, al establecer que esta condición no regía en el momento de la celebración del contrato en cuestión, ya que la norma que la establece aún no estaba en vigor.síntesis automática
También resuelve:¿El cruce de cuentas contractual ordinario conlleva el ejercicio de potestades unilaterales?¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, debió citarse al contratista para intentar la liquidación bilateral?¿El contratista debió demostrar la entrega del producto acordado con las especificaciones estipuladas en el contrato?
¿Se configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista no incurre en caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando presenta la demanda dentro del plazo ampliado por la liquidación del contrato y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19, lo que garantiza la oportunidad del proceso. La entidad estatal incumple el contrato de cuentas en participación al impedir el acceso al predio, cosechar y vender el fruto sin ceder el pago al gestor, y dificultar la determinación de las utilidades del cultivo, lo que justifica la liquidación judicial y el reconocimiento de derechos económicos al gestor. La Sala reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y matiza la responsabilidad del socio no gestor en contratos de cuentas en participación, estableciendo que el incumplimiento puede dar lugar a la liquidación judicial y la condena en abstracto para determinar las utilidades del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió el partícipe no gestor el contrato de cuentas en participación y en consecuencia, procede la liquidación judicial y el reconocimiento de derechos económicos al gestor?¿Es procede el reconocimiento de la cláusula penal?
¿Procede la cláusula penal de forma proporcional al cumplimiento del contrato? Sí
El contratista incumple el contrato cuando no ejecuta la obra en su totalidad, por lo que la cláusula penal es aplicable de forma proporcional al grado de cumplimiento, tal como lo determinó el tribunal en primera instancia. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en fuerza mayor que justifique la exención del contratista de su responsabilidad contractual. Además, el dictamen pericial presentado por la aseguradora no cumple con los requisitos legales para ser valorado, ya que no se acompañaron los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del perito ni los que le sirven de fundamento. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir con los requisitos legales para la valoración de los dictámenes periciales y subraya la importancia de la proporcionalidad en la aplicación de la cláusula penal en casos de incumplimiento parcial.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo?¿En los contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales comenzará a contar a partir de los dos meses siguientes al vencimiento del…¿El dictamen aportado por la Aseguradora cumple con los requisitos establecidos el artículo 226 del CGP?
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de la cuantía del asunto conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala confirma el incumplimiento del contrato por parte de la Unión Temporal, basándose en pruebas adicionales al informe de auditoría, y estima procedente la condena por la cláusula penal pactada, que tiene una función meramente compensatoria y no sancionatoria, por lo que no se aplica el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Se corrige el monto de la cláusula penal a un 10% del valor del contrato, y se revoca la condena a la devolución del pago de servicios adicionales por falta de pruebas suficientes presentadas por la entidad. La Sala no condena en costas al considerar que el recurso prosperó parcialmente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato respecto de la oferta de vehículos de reposición realizada por la Unión Temporal?¿Es procedente la condena por la cláusula penal ante la acreditación del incumplimiento de algunas obligaciones contractuales a cargo de la contratista?¿ Procede la modificación del monto de la cláusula penal porque el tribunal condenó por un mayor valor al pactado en el contrato?
Sentencia — Sentencia2025-07-17Sección PrimeraNUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓNRad. 76001233100020130000401ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
[E]stablecer si el acto acusado está viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente, transgrediendo lo previsto en los artículos 13 y 25 de la Constitución Política; y la Ley 140 de 1994. No
El Concejo Municipal de Santiago de Cali tiene competencia para regular la publicidad exterior visual en su jurisdicción, aplicando el principio de rigor subsidiario para proteger el patrimonio ecológico, sin vulnerar el derecho a la igualdad ni limitar el ejercicio del trabajo, siempre y cuando no se demuestre un trato diferenciado injustificado o que afecte la confianza legítima de los actores económicos. La Sala confirma que el Acuerdo Municipal núm. 0179 de 2006, al establecer requisitos más rigurosos para la instalación de vallas publicitarias, no viola la Constitución ni la Ley 140 de 1994, y reitera jurisprudencia sobre la autonomía municipal y el principio de rigor subsidiario en materia ambiental.síntesis automática
¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación? No
El contratista no puede demostrar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato de interventoría por falta de motivación o por no cumplir con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, ya que no aporta los informes mensuales y el informe final de interventoría necesarios para verificar el cumplimiento de dichas exigencias. Además, los actos administrativos demandados se basan en razones distintas a las que motivaron la declaratoria de incumplimiento anterior, por lo que no se viola el principio del non bis in ídem. Asimismo, la entidad estatal no está obligada a probar los perjuicios sufridos para aplicar la cláusula penal pecuniaria, ya que el contrato contempla una estimación anticipada de los daños en caso de incumplimiento. Este precedente reitera la importancia de la documentación probatoria en los procesos de interventoría y refuerza la autonomía de la entidad estatal en la aplicación de las cláusulas penales contratuales.síntesis automática
También resuelve:¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor?
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