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DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

Las que, como parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso constituyen la “garantía de referencia con que cuentan las personas para determinar en qué momentos la conducta de los jueces o de la administración, se sale ilegítimamente de los cauces de la legalidad”.

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233300520140034601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Resolución 1658 del 26 de diciembre de 2011 constituyó un acto definitivo en el procedimiento administrativo sancionatorio? Sí
La Sala revocará la sentencia impugnada, pues advierte que el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado bajo la Resolución 475 del 7 de mayo de 2010, fue decidido a través de la Resolución 1658 de diciembre de 2011 la que, como se pasa a demostrar, sí constituyó una decisión de fondo. A tal conclusión se arriba, al considerar: (i) Que el procedimiento administrativo concluye cuando se resuelven los recursos interpuestos. (ii) Que verificada la secuencia razonada y coherente de análisis del procedimiento administrativo adelantado, la Resolución 1658 de diciembre de 2011 resolvió el recurso de reposición contra la decisión de declarar la caducidad del contrato de concesión, la que, por su alcance y contenido exhibe que se trató de una decisión definitiva de tal actuación.
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la sentencia apelada porque

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 44001234000020170012901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El procedimiento administrativo previo adelantado a la declaratoria de incumplimiento del contrato, se hizo con violación del debido proceso? No
La declaratoria unilateral de incumplimiento de un contrato estatal respeta el debido proceso cuando la entidad cita al contratista, le informa los cargos concretos y las obligaciones presuntamente incumplidas, y le permite presentar descargos y pedir pruebas antes de la decisión definitiva. Una razón es que en el procedimiento el contratista presentó descargos, solicitó pruebas que fueron practicadas y asistió a la audiencia, de modo que tuvo la oportunidad de defenderse. Otra razón es que el contratista no interpuso el recurso de reposición en la audiencia, que era la oportunidad para cuestionar la decisión, y tampoco se acreditó un hecho extraño que hubiera incidido en la resistencia de los pavimentos. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto que declaró el incumplimiento, porque el dictamen de parte no desvirtuó los motivos de la entidad. Su consecuencia práctica es que el contratista que no recurre en la audiencia de incumplimiento pierde el reproche de debido proceso sobre esa etapa.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato, toda vez que el contratista cumplió con los estándares de resistencia de los pavimentos? ¿En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Debe examinarse la conducta desplegada por el contratista

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233300020150023002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? No
El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista… ¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista? ¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No existen expectativas legítimas en contravía del ordenamiento jurídico

Sentencia — Sentencia 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020190013901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existió una vulneración al debido proceso en el procedimiento sancionatorio minero contra el demandante? No
Cuando el titular minero es requerido en un procedimiento sancionatorio, el derecho de contradicción se garantiza mediante providencia notificada por estado, sin que sea exigible una notificación personal fuera de las excepciones previstas en la normativa especial. La regla se apoya en tres razones. Primera, la normativa minera admite la notificación por anotación en estados de las providencias del procedimiento, y el demandante reconoció que los primeros autos se notificaron de esa forma. Segunda, la declaratoria de caducidad se fundamentó en el incumplimiento parcial de los requerimientos, y la multa en la falta de entrega de formularios básicos, de modo que la falta de notificación alegada no configura causal de nulidad. Tercera, no existen expectativas legítimas contrarias al ordenamiento que justifiquen desconocer reglas de derecho público de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, el cambio de dirección para notificaciones personales resulta irrelevante y no se vulneró el debido proceso. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera debe estar precedida de un procedimiento administrativo donde se le permita al concesionario conocer las causas de ésta y ejercer su… ¿La falta de ejecución del contrato excusa al contratista de la obligación de mantener vigente la garantía minero ambiental? ¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La declaratoria de incumplimiento se efectuó en la Resolución

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 15001233100020020020401 ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado… ¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa? ¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
Consejo de Estado Providencia

La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación.

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 76001233300020140106601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública? Sí
El contratista puede solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal cuando la entidad demandada ejerza la terminación unilateral sin justificar adecuadamente su decisión ni garantizar el derecho de defensa del contratista, ya que aunque la terminación unilateral por decisión autónoma no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la entidad debe actuar de manera transparente y justa. La Sala reitera que el ejercicio de la terminación unilateral debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa, y que la falta de claridad en la terminación unilateral puede generar un escenario injusto para el contratista, lo que implica que la entidad debe exponer las razones que sustentan su decisión para permitir una discusión efectiva ante el juez del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse el incumplimiento del contrato estatal por el ejercicio abusivo de la facultad de terminación unilateral por parte la Empresa Social del Estado demandada… ¿Debe reconocerse el pago de la cláusula penal pecuniaria a favor del contratista, pero de forma proporcional en virtud del cumplimiento parcial de las prestaciones por parte de la administración? ¿Deben reconocerse perjuicios adicionales al pago de la clausula penal pecuniaria, esto es, por encima de su valor, dado el incumplimiento parcial del contrato por la administración?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300620180021701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sentencia que negó la nulidad de los mismos actos administrativos contractuales en otro proceso produce efectos de cosa juzgada respecto de un cargo de nulidad que no hizo parte de la causa petendi juzgada? No
El inciso primero del artículo 189 del CPACA dispone que (se trascribe): “la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada”. De los cargos de nulidad formulados en la demanda que dio origen al proceso de la referencia, la Sala centrará su análisis en aquel según el cual los actos administrativos fueron expedidos con desconocimiento del debido proceso, debido a que, durante el procedimiento administrativo, el Distrito negó injustificadamente una prueba pericial que cumplía todos los requisitos para ser decretada y que tenía por objeto demostrar el porcentaje de ejecución del contrato de concesión y controvertir lo señalado al respecto en un informe de interventoría.
También resuelve: ¿Las aseguradoras garantes de un contrato estatal, pese a ser terceros respecto de este, están legitimadas en la causa por activa para pretender la declaratoria de nulidad absoluta de un acuerdo… ¿Están legitimadas en la causa por activa las aseguradoras que actúan como garantes del contratista para pretender que se declare el incumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de la… ¿Procede declarar la nulidad absoluta de un acuerdo modificatorio de un contrato estatal por desviación de poder y causa ilícita…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El acta de recibo final de la obra constituye un instrumento formal por medio del cual se verifica y deja constancia de la cantidad

Sentencia — Sentencia 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020210061701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? No
El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo? ¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades? ¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato

Sentencia — Sentencia 2024-09-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020170082501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La interventoría consiste en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato que realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando medie mandato legal, cuando supone conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen? Sí
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal debido a la falta de designación de un interventor o un gerente del proyecto, cuando el contrato no establece claramente la obligación de nombrar a estos roles y las actividades asignadas a estos puestos pueden ser realizadas internamente por la entidad. La Sala precisa que la interventoría es obligatoria solo para contratos de obra derivados de licitaciones públicas, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y que para otros contratos, la vigilancia puede ser efectuada por la misma entidad mediante supervisores, siempre y cuando no se requiera conocimiento especializado. En este caso, las funciones del interventor se limitaban a emitir directrices generales y verificar la afiliación al sistema de seguridad social de los empleados del contratista, tareas que la entidad pudo realizar sin necesidad de contratar a un tercero especializado. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del concepto de interventoría, subrayando que la designación de un interventor no es siempre obligatoria y que la entidad puede asumir directamente las funciones de vigilancia, lo que implica que los contratistas deben revisar cuidadosamente los términos del contrato antes de alegar incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿La Secretaría Distrital de Planeación incumplió el contrato 299 de 2012 debido a la falta de designación de un gerente de proyecto y de un interventor del proyecto… ¿En la Resolución 678 del 19 de junio de 2015, y en la que la que la confirmó, actos administrativos mediante los cuales se impuso una multa, se vulneró el debido proceso del sancionado… ¿Cuenta con valor probatorio el dictamen pericial allegado por el demandante para demostrar las especificaciones técnicas del software y la funcionalidad del sistema desarrollado…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Lo planteado en segunda instancia no constituye un mero desarrollo argumentativo de los cargos originalmente formulados

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 76001233300720170164401 Controversias contractuales
¿Desbordó la parte apelante los límites del recurso de apelación al introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, modificando con ello la causa petendi y desconociendo el principio de congruencia y el derecho al debido proceso? Sí
El contratista no puede introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, ya que esto modifica la causa petendi y viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia se limita a los aspectos esgrimidos en contra de la decisión de primer grado, y que las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles. En consecuencia, cualquier argumento nuevo que no guardó relación con el litigio tal como fue fijado por el juez de primera instancia no puede ser abordado en segunda instancia. Esta regla reitera y confirma precedentes anteriores sobre el marco de competencia del juez en segunda instancia y la importancia del principio de congruencia en el proceso de contratación estatal, lo que implica que las partes deben presentar todos los argumentos y pretensiones en primera instancia para evitar la improcedencia de nuevos cargos en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó la nulidad del otrosí n.° 1 del contrato de concesión por haber modificado la destinación de los recursos de la subcuenta de gestión predial y el esquema de asignación de riesgos… ¿Se encontraba ajustada a derecho la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, al haberse acreditado un incumplimiento grave y directamente relacionado con el objeto contractual que… ¿Se respetaron el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Sala liquidará el contrato según lo pretendido

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 47001233100019990077801 ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve: ¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla? ¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso? ¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración.

Sentencia — Sentencia 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233100019970125702 ACCION CONTRACTUAL
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.síntesis automática
También resuelve: ¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado… ¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso… ¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233100020120035901 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos celebrados por Metrolínea S.A., dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
Cuando un contrato celebrado por una empresa de transporte masivo, entidad pública de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, es objeto de controversia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia si la cuantía de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo atribuye a la jurisdicción las controversias en las que la entidad sea parte; el artículo 129 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y el artículo 132, numeral 5, fija el umbral de la doble instancia, que se determina con la cuantía de la demanda al presentarse. En el caso, la demanda se presentó en 2012 y la pretensión mayor superó el umbral, por lo que la corporación asumió la competencia de la apelación. La excepción de falta de jurisdicción propuesta en los alegatos de conclusión no prosperó. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda define la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse la excepción de falta de jurisdicción alegada en los alegatos de conclusión de primera instancia, dada la existencia de cláusula compromisoria y la fecha en la que se presentó la… ¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para demandar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa… ¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal puede acudir al medio de control

Sentencia — Sentencia 2026-03-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 20001233900020160024402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad aseguradora, en su calidad de garante de un contrato estatal, puede acudir al medio de control de controversias contractuales para controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contratista, se impusieron multas y se hicieron efectivas la cláusula penal pecuniaria y la póliza de cumplimiento? Sí
La sociedad aseguradora que actúa como garante de un contrato estatal, aunque no sea parte del contrato, está legitimada para ejercer el medio de control de controversias contractuales contra los actos administrativos expedidos durante la ejecución que declaren el incumplimiento, impongan multas o hagan efectivas la cláusula penal y la póliza, cuando el reproche se origina en perjuicios o en una afectación derivada de esas declaraciones. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 141 del CPACA reconoce a cualquiera de las partes del contrato estatal la facultad de demandar la nulidad de actos administrativos contractuales, sin que se limite a las partes en sentido estricto; la jurisprudencia de la Sección ha reconocido la investidura de la aseguradora como garante, en virtud de su función de otorgamiento de pólizas; y el interés de la aseguradora se refiere a la afectación de sus obligaciones derivadas de la póliza. Por ello, la aseguradora puede cuestionar la legalidad de esos actos. La providencia confirma la legitimación.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó dentro del término de caducidad de dos años el medio de control de controversias contractuales ejercido por la sociedad Seguros del Estado S.A.… ¿Se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva las partes dentro del presente medio de control de controversias contractuales… ¿Es posible que un acto administrativo, aun cuando exista y haya nacido a la vida jurídica, sea declarado inválido o inoponible cuando presenta vicios en sus elementos de validez o eficacia…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción contencioso administrativa es competente para evaluar la legalidad de los actos contractuales proferidos por empresas estatales.

Sentencia — Sentencia 2026-06-01 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 05001233300020160107902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de… ¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos… ¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
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