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ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acto administrativo general: resulta aplicable el fenómeno de la caducidad para demandar los actos previos al contrato

88001233300020190001802 de 2025 2025-08-12 Rad. 88001233300020190001802
El contratista no puede impugnar el acto de apertura de la licitación mediante un medio de control de nulidad simple después de vencido el término de caducidad, ya que este acto es considerado un acto administrativo general con efectos jurídicos directos, no un acto de mero trámite, por lo que su impugnación debe realizarse dentro del plazo de cuatro meses desde la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, según el caso. La Sala revoca parcialmente la sentencia del tribunal administrativo y declara de oficio la falta de oportunidad del medio de control, negando así las pretensiones de la demanda, lo que implica que los actos administrativos de apertura de licitación deben ser impugnados dentro del plazo legal para evitar la caducidad del medio de control.síntesis automática
También resuelve: Acto administrativo que da apertura a la licitación pública: acto de apertura, acto administrativo general, impugnación del acto administrativo general, naturaleza Medio de control de nulidad: caducidad del medio de control de nulidad, acto precontractual, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, configuración del término de caducidad del medio de control
Consejo de Estado Providencia

¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados?

Sentencia — Sentencia 2024-03-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170033401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve: ¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas? ¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009? ¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020150067101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito? ¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio? ¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.

Sentencia — Sentencia 2026-10-08 Sección Primera CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Rad. 85001233300020240006301 LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve: ¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso… ¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2026-04-27 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 50001233100020051033401 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo en las controversias contractuales cuya cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponde a la corporación de cierre de la jurisdicción, en segunda instancia. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del CCA, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del CCA atribuye a la Corporación la resolución de los recursos de apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 132, numeral 5, del CCA fija el umbral de cuantía, que en el caso se supera con la cuantía estimada en la demanda. Por ello, la competencia en razón de la cuantía determina que la alzada sea conocida por el Consejo de Estado. La providencia confirma esa competencia y resuelve el recurso en los términos de esa regla.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa por pasiva corresponde a quien es parte material de la relación jurídica sustancial controvertida? ¿Puede una autoridad administrativa transferir válidamente el ejercicio de sus funciones a colaboradores u otras autoridades con funciones afines o complementarias mediante acto de delegación… ¿Puede el representante legal de una entidad estatal delegar integralmente la competencia para adelantar procesos de selección y celebrar contratos…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Tiene la entidad estatal, facultades para corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier tiempo, y por el contrario, para la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones si deben sujetarse a las limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas.

Sentencia — Sentencia 2026-05-22 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020220003800 LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
¿Tiene la entidad estatal, facultades para corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier tiempo, y por el contrario, para la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones si deben sujetarse a las limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas? Sí
Las entidades estatales pueden corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier momento, pero la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones debe sujetarse a limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas, según establecen los artículos 30 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Estas limitaciones prohíben modificar el pliego de condiciones dentro de los tres días anteriores al cierre del proceso de selección y establecen que no se pueden alterar aspectos sustanciales como el objeto del contrato o las reglas fundamentales de la competencia. La facultad de corrección no puede dar lugar a cambios en el sentido material de la decisión, según el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, la Sala declaró nula la Resolución que suspendió el proceso de licitación y extendió el plazo de presentación de ofertas, ya que esta modificación constituye una adenda no permitida por la ley.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución mediante la cual se suspendió el proceso de Licitación Pública y se adoptó un nuevo cronograma con ampliación del plazo… ¿La expedición de una resolución que, bajo la figura del saneamiento o corrección de un error contenido en el pliego de condiciones… ¿Debe la Sala abstenerse de imponer condena en costas cuando se trata de un proceso de nulidad de un acto administrativo de carácter general promovido por una veeduría ciudadana…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-06-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020170001400 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA que permite la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento, no ha operado la caducidad y el mismo juez sea competente para conocer de todas? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en única instancia para procesos que involucran la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento y no haya operado la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA. Esta regla especial de competencia por conexidad no viola el principio de la doble instancia y se aplica a casos específicos, como la nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. En un caso particular, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol para determinar si el medio de control de nulidad simple es aplicable, dado que la entidad se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, incluyendo sus reglamentos internos, lo que implica que no son actos administrativos sujetos a control jurisdiccional.síntesis automática
También resuelve: ¿Por razón de la solicitud de saneamiento del proceso, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol que se cuestionan en este proceso? ¿Ecopetrol se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, lo cual incluye el alcance y validez de sus reglamentos internos? ¿El cuestionamiento en contra del manual de contratación no conlleva un estricto juicio de legalidad que deba abordarse a través del medio de control de nulidad simple por no ser un acto…
REMITE POR COMPETENCIA
Consejo de Estado Providencia

El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23

Sentencia — Sentencia 2026-02-05 Sección Primera GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Rad. 85001233300020240010501 LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La nulidad del negocio es originaria del acuerdo de voluntades

Sentencia — Sentencia 2024-03-01 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130153501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve: ¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad? ¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas? ¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 15001233300020150073101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores a la terminación del contrato? No
La obligación de mantener vigentes los amparos posteriores a la terminación del contrato no es exigible al contratista cuando la cobertura se extingue por la toma de posesión y liquidación de la aseguradora, si no obra constancia de que el contratista fue informado por los medios legalmente establecidos de la terminación del contrato de seguro. En ese supuesto, la insatisfacción del interés de la entidad estatal en mantener el riesgo de estabilidad y calidad de la obra no constituye un incumplimiento imputable al contratista, porque se trata de un acontecimiento extraño que impide atribuirle el desamparo a su hecho o culpa. El régimen de los contratos de seguro terminados por la toma de posesión de la aseguradora prevé la devolución al tomador del porcentaje no devengado de la prima. En el caso concreto, no obra constancia de que el consorcio constructor hubiera sido informado de la terminación del seguro y no se probó que se le devolviera la prima no devengada, de modo que la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la entidad que pretenda imputar al contratista el desamparo de la garantía postcontractual debe acreditar que este conoció la terminación del amparo o que recibió la prima no devengada.síntesis automática
También resuelve: ¿Atendiendo que no se configuró el incumplimiento contractual reprochado al consorcio constructor, es improcedente pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda? ¿El esquema general del proceso de contratación estatal se desarrolla a través de las fases precontractual, contractual y postcontractual? ¿Una de las obligaciones a cargo del contratista, es el amparo de la calidad y estabilidad cuya cobertura inicia desde la entrega a satisfacción de las obras, hasta el término acordado ex post?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150247701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión minera por incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario es nulo por violación del debido proceso? No
La declaratoria de caducidad de un contrato de concesión minera, precedida de requerimientos para cumplir las obligaciones del concesionario, no vulnera el debido proceso cuando el concesionario omite atender esos requerimientos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los requerimientos consistieron en aportar la póliza minero ambiental y pagar el canon superficiario del segundo año de exploración, y el concesionario no los atendió antes de la caducidad. Segunda, el concesionario conocía desde la solicitud que el área presentaba superposición con la reserva forestal, por lo que no puede alegar desconocimiento de la situación que motivó la actuación. Tercera, la resolución del ministerio que suspendió trámites de sustracción no suspendió las obligaciones propias del contrato. La providencia confirma la sentencia apelada. La consecuencia práctica es que la suspensión de trámites administrativos ajenos no exime al concesionario de cumplir sus obligaciones contractuales, y la caducidad puede declararse tras el requerimiento previo.síntesis automática
También resuelve: ¿La expedición de la resolución conducía a la suspensión del cumplimiento de las obligaciones por la demandante en virtud del contrato de concesión? ¿El acto administrativo con el que fue declarada la caducidad del contrato de concesión minera por el incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario, es nulo, debido a que… ¿Los contratos de concesión se entienden perfeccionados a partir de su inscripción en el registro minero nacional?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial para garantizar su conservación

Sentencia — Sentencia 2023-03-03 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020130182202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial para garantizar su conservación? Sí
Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial porque son áreas de manejo especial reservadas para conservar valores sobresalientes de fauna, flora y paisajes, de modo que en ellas solo pueden realizarse actividades de conservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura. La regla se apoya en tres razones. Primera, el Decreto ley 2811 de 1974 considera el ambiente patrimonio común y crea las áreas de manejo especial, dentro de las cuales se encuentra el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Segunda, el artículo 63 de la Constitución atribuye a los parques naturales las prerrogativas de los bienes de uso público, es decir, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Tercera, el artículo 34 del Código de Minas impide ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas delimitadas como de protección, entre ellas los parques nacionales naturales. En el caso se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El acto administrativo mediante el cual se declara, reserva, delimita y alindera un Parque Nacional Natural goza de ejecutividad y ejecutoriedad desde su publicación en el Diario Oficial? ¿El contrato de concesión minera otorga a favor del concesionario un derecho real de dominio sobre el área otorgada o sobre los minerales que se encuentran en ella? ¿Ante la nulidad absoluta del contrato de concesión minera, se hace viable la restitución que normalmente conlleva esta declaratoria de anulación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-04 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020140121301 LEY 1437 REPETICION
¿La conducta de la accionada, en condición de directora encargada de la UAESP, puede ser calificada como dolosa según la presunción prevista en el artículo 5.1 de la Ley 678 de 2001, porque el acto integrador que comunicó la supresión de un cargo, que aquella expidió, fue anulado por falsa motivación? No
En la acción de repetición, la presunción de dolo prevista en el artículo 5.1 de la Ley 678 de 2001 exige que el hecho indicador sea suficiente para deducir la conducta dolosa, y no basta con la anulación de un acto por falsa motivación. Cuando la actuación administrativa se compone de un acto que define la situación jurídica y de otro que le da eficacia y expresa la decisión, el juez debe examinar cada etapa para establecer si la conducta del agente repercutió en la configuración del daño. La primera razón es que el acto integrador por sí solo no revela la intención del agente. La segunda es que la nulidad del acto no prueba el propósito de la conducta. La tercera es que la presunción solo opera cuando el indicador está acreditado en el caso concreto. La providencia revoca la decisión de primera instancia porque el hecho indicador resultó insuficiente. En la práctica, la entidad debe demostrar cómo la actuación del servidor en cada etapa contribuyó al daño y no puede apoyarse solo en la nulidad del acto.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición? ¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos? ¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La acción de repetición caducará a los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado

Sentencia — Sentencia 2022-02-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 15001233100020120011701 ACCION DE REPETICION
¿La acción de repetición caducará a los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses? Sí
El contratista puede ejercer la acción de repetición dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad estatal, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses establecido por la Ley 678 de 2001, lo que ocurra primero. Esta regla se fundamenta en que la acción de repetición es la adecuada para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública es condenada o concilia producto de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. La regla reitera la jurisprudencia existente y permite a los contratistas actuar en tiempo y forma para recuperar los daños causados por la entidad estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál es la normativa aplicable a la acción de repetición? ¿Cuáles son los presupuestos de la acción de repetición? ¿Se acreditó una condena contra el Estado por la responsabilidad de la entidad pública?
Consejo de Estado Providencia

¿Compete a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia del recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral proferido el 31 de mayo de 2023, en el marco del contrato de concesión No. 001 de 2011 suscrito entre Transmilenio S.A. y Recaudo Bogotá S.A.S., considerando la naturaleza jurídica de Transmilenio como sociedad por acciones con participación pública y la intervención de una entidad pública en el contrato?

Sentencia — Sentencia 2025-06-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020230015000 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Compete a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia del recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral proferido el 31 de mayo de 2023, en el marco del contrato de concesión No. 001 de 2011 suscrito entre Transmilenio S.A. y Recaudo Bogotá S.A.S., considerando la naturaleza jurídica de Transmilenio como sociedad por acciones con participación pública y la intervención de una entidad pública en el contrato? Sí
El contratista no puede acudir a una segunda instancia ordinaria contra un laudo arbitral, sino que debe recurrir al Consejo de Estado en única instancia, conforme a la naturaleza jurídica de Transmilenio como sociedad anónima con participación pública y la intervención de una entidad estatal en el contrato. La competencia del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación se fundamenta en la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1563 de 2012, que establecen la jurisdicción de este organismo en casos de contratos celebrados por entidades públicas o en los que intervengan. La justicia arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que se rige por el principio de voluntariedad y es temporal y excepcional, limitándose a resolver controversias de libre disposición. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en única instancia para conocer de recursos de anulación contra laudos arbitrales en contratos de concesión con participación estatal, protegiendo así el debido proceso y limitando la revisión a errores in procedendo.síntesis automática
También resuelve: ¿La justicia arbitral se caracteriza por ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos; regirse por el principio de voluntariedad o libre habilitación; ser de carácter temporal y excepcional? ¿El recurso de anulación de laudo arbitral se caracteriza por ser de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario; por estar orientado a la protección del derecho al debido proceso en cabeza de… ¿Mientras la jurisdicción corresponde a la facultad de administrar justicia, la competencia representa la facultad de administrar justicia en determinados asuntos…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

DirecTV cumplió todas las obligaciones a su cargo objeto del acuerdo de pago

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020160122302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve: ¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? ¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito… ¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

En vigencia del CPACA se acogió la teoría de los actos separables

Sentencia — Sentencia 2021-12-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 88001233300020170002301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo el Tribunal delimita los actos precontractuales sobre los cuales se tratará la controversia, en atención a su categorización como definitivos y, por ende, pasibles de control ante esta jurisdicción y fijó el litigio en la audiencia inicial como una acción de nulidad simple, pues el debate se limitó a los actos que no tienen una relación directa con derechos o intereses del demandante, el medio de control que se revisa en segunda instancia es el de simple nulidad? Sí
El contratista no puede impugnar judicialmente los actos precontractuales que no tienen relación directa con sus derechos o intereses, y que el tribunal categoriza como definitivos y pasibles de control, limitándose el medio de control a la simple nulidad, conforme a la teoría de los actos separables y el artículo 141 del CPACA. Esto implica que los actos de trámite, como los informes de evaluación técnica y jurídica, no son susceptibles de control judicial, ya que no constituyen decisiones definitivas que creen, modifiquen o definan una situación jurídica, sino que son preparatorios y deben ser revisados por la entidad antes de tomar una decisión final. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la distinción entre actos definitivos y de trámite, y limita el alcance de los medios de control disponibles para los actos precontractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Son susceptibles de control judicial los informes de evaluación técnica y jurídica de un proceso de selección de contratistas? ¿Cuándo el acto de apertura no consagra una previsión de fondo relativa al proceso de selección, sino que se limita a darle impulso al mismo… ¿adolece de nulidad del pliego de condiciones del proceso de selección abreviada para contratar el servicio de transporte escolar cuando se fundamenta en normas que no le son aplicables a un…
Consejo de Estado Providencia

Se cumplió la exigencia prevista en las condiciones generales del contrato de seguro consistente

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020120074803 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplió la exigencia prevista en las condiciones generales del contrato de seguro consistente en la liquidación previa del contrato como presupuesto para declarar la ocurrencia del siniestro, aun cuando previamente se hubiera producido la cesión de la posición contractual del contratista? Sí
El “contrato” del que emanaban las obligaciones cuyo incumplimiento constituía el riesgo asegurado por la compañía sí se liquidó antes de que el INVÍAS declarara la ocurrencia del siniestro. En el acta del 9 de noviembre de 2009, suscrita entre el INVÍAS y el Consorcio Cesionario, se liquidó el contrato de obra 1609 del 9 de septiembre de 2005. En este documento se dejó constancia de que la entidad estatal había entregado al Consorcio Constructor, a título de anticipo, la suma de $3.821.461.730,30, de la cual no fueron amortizados $2.761.333.656,30, monto por el que se hizo efectiva la garantía. Este instrumento fue suscrito con anterioridad a la expedición de los actos demandados, dictados el 20 de abril y el 29 de diciembre de 2010.
También resuelve: ¿La liquidación del contrato estatal, es una actuación que solo procede con posterioridad a la terminación del contrato y que tiene como finalidad definir integralmente el estado económico del… ¿La cesión de la posición contractual supone la continuidad del negocio jurídico con la sustitución de una de las partes, manteniéndose intactos los derechos y obligaciones en cabeza del cesionario? ¿Conservaba la entidad estatal la competencia para liquidar el contrato y declarar la ocurrencia del siniestro, pese a la cesión de la posición contractual y a la suscripción del acta de recibo…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los plazos fijados para el finiquito se prolongaron hasta el 30 de noviembre de 2009

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 41001233100020120015501 ACCION CONTRACTUAL
¿Vulneró el Departamento del Huila el debido proceso de la contratista al liquidar unilateralmente el contrato después de vencidos los términos previstos para la liquidación bilateral y unilateral, aun cuando conservaba competencia durante el término de caducidad de la acción contractual y se habían adelantado previamente gestiones para lograr, sin éxito, la liquidación de mutuo acuerdo? No
La entidad estatal conserva competencia para liquidar unilateralmente el contrato dentro del término de caducidad de la acción contractual, aun cuando hayan vencido los plazos de liquidación bilateral y unilateral, si no hubo acuerdo entre las partes y la liquidación evita la latencia de la relación contractual. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 fija la liquidación bilateral dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución, salvo el plazo pactado; el artículo 61 de la misma ley permite a la administración realizar el finiquito unilateral cuando los contratantes no logran pacto o el contratista no se presenta; y el numeral 10, literal d, del artículo 44 de la Ley 446 de 1998 concuerda con esa facultad para que la entidad liquide dentro del término de caducidad. Por ello, la liquidación unilateral adelantada tras gestiones previas de liquidación de mutuo acuerdo no vulnera el debido proceso del contratista. La providencia se revoca.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico de un contrato de concesión cuando las circunstancias alegadas como extraordinarias e imprevisibles corresponden a riesgos asignados al… ¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión por la disminución del consumo de aguardiente y la consecuente afectación de la cuota mínima anual de ventas… ¿Procede el reconocimiento de una compensación económica a favor del concesionario por el incumplimiento de la entidad contratante en la fijación de la cuota de promoción y degustación…
REVOCA