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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2024-06-17Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 05001233100020110134401ACCION DE REPETICION
¿Hay en la sentencia concepto o frase que genere incertidumbre? No
Cuando una parte solicita la aclaración de una sentencia, esta solo procede si contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, de conformidad con el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. La regla se sostiene en tres razones: la aclaración no es un medio para revisar la decisión, sino para precisar frases oscuras de la sentencia; la motivación que explica la causal de responsabilidad y su aplicación al caso es comprensible y no genera incertidumbre; y el fallo que declaró la responsabilidad a título de culpa grave fue explicado con fundamento en la ley, la jurisprudencia y las pruebas del expediente. En el caso, la Sala concluyó que no existía concepto o frase que generara incertidumbre, por lo que negó la aclaración solicitada por la entidad demandante. El documento cita precedentes sobre aclaración de providencias, pero no señala que reitere o modifique la regla; la consecuencia práctica es que la solicitud de aclaración no puede utilizarse para discutir el sentido o la motivación de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandada presentó oportunamente la solicitud de aclaración de la sentencia?¿El juez podrá aclarar los conceptos o frases que ofrezcan duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella?
Sentencia — Sentencia2023-01-26Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020220004400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal? Sí
La Sala negará la procedencia del recurso. En oportunidades anteriores se ha indicado que la causal 7, sobre el laudo en conciencia o equidad, se configura cuando el laudo carece realmente de motivación probatoria. Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal. Por una parte, no argumenta que el laudo haya ignorado el acervo probatorio. Por la otra, tampoco señala que la decisión adoptada en el laudo no esté soportada en las pruebas del proceso arbitral.
También resuelve:¿El argumento que tuvo en cuenta el tribunal para asignar la responsabilidad al contratista fue el alcance del principio de planeación?¿Las conclusiones a las que arribó el tribunal se sustentan en las pruebas?¿Cuando se declare infundado el recurso de anulación se condenará al recurrente al pago de las costas?
¿En el proceso se encuentra acreditada la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El tercero procesal o subcontratista que pretenda intervenir en un medio de control de controversias contractuales debe formular su solicitud de vinculación dentro de la oportunidad legal comprendida desde la admisión de la demanda y hasta antes del auto que fija fecha para la audiencia inicial. En esta sentencia, la Sala confirma la decisión apelada que declaró probada la caducidad del medio de control de controversias contractuales y, asimismo, declara improcedente la solicitud de vinculación presentada por una sociedad en calidad de tercero con interés legítimo por haber actuado como subcontratista. Dicha petición se extinguió temporalmente conforme al artículo 224 del CPACA al ser formulada de manera tardía, cuando el expediente ya se encontraba en el despacho judicial para resolver de fondo el litigio.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes estipularon que el contrato sería objeto de liquidación bilateral o unilateral dentro de los seis meses siguientes a su vencimiento?¿Al no sustituir el interventor a la entidad contratante, esta última es quien debe suscribir el acta de recibo de las obras y el acta de liquidación del contrato?¿La Sala confirma la sentencia anticipada, teniendo en cuenta que se concluye que la demanda fue presentada de manera extemporánea?
¿El consorcio contratista debe pagar la totalidad del valor de los perjuicios actualizados según fue solicitado en la demanda? Sí
El contratista debe pagar la totalidad del valor actualizado de los perjuicios causados al ente estatal, según lo determinado en la demanda, ya que la Sala revoca parcialmente la sentencia para declarar probada la excepción de prescripción de la acción derivada del seguro e ineficacia del llamamiento en garantía por extemporáneo, y negar el llamamiento en garantía formulado por el ente estatal a la aseguradora. La decisión implica que el término de prescripción ordinario y extraordinario de las acciones derivadas del contrato de seguro se había consolidado antes de que el ente estatal formulara el llamamiento en garantía, y que este fue presentado más de tres años después de iniciado el proceso, lo que constituye una irregularidad procesal saneada por la omisión de la aseguradora en su impugnación oportuna.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo se llamó en garantía a la aseguradora ya se había consolidado el término de la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro respecto de los deterioros que presentó…¿El llamamiento en garantía fue formulado más de tres años después de haber iniciado el proceso?¿Los términos de prescripción extraordinaria y ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro corren desde su ocurrencia y desde el momento en que el beneficiario conoció o debió tener…
¿El medio de control de repetición está ideado para los eventos en que el Estado sea condenado a responder patrimonialmente por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes? Sí
La acción de repetición no puede emplearse para repetir el pago contra un sujeto solidariamente obligado ni para determinar de nuevo la responsabilidad de quien ya fue condenado solidariamente con efectos de cosa juzgada, porque ese medio de control está concebido para el caso en que el Estado sea condenado a responder por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. La regla se apoya en que, bajo el Decreto 01 de 1984, no resulta procedente adecuar la acción de repetición al cauce procesal correspondiente cuando se ha elegido otra vía. Por ello, la escogencia indebida de la acción conduce a la ineptitud sustantiva de la demanda. En el asunto, la Sala revocó la sentencia desestimatoria de primera instancia y declaró probada, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción. En la práctica, la entidad que pretende repetir contra un condenado solidario debe escoger la vía procesal que corresponda a su pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición puede ser empleada por las autoridades para replantear o reabrir el debate sobre la responsabilidad definida de manera solidaria en fallo judicial anterior?¿La acción de repetición deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa?¿La empresa Corelca S.A. ESP pretende que su contratista le pague una suma de dinero correspondiente al valor que la demandante tuvo que cancelar como producto de una condena solidaria?
¿En el seguro de cumplimiento como garantía de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la prescripción ordinaria es aplicable a todo interesado que tenga o haya debido tener conocimiento del siniestro? Sí
El contratista debe cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato estatal, y en caso de incumplimiento, la entidad estatal como beneficiaria del seguro de cumplimiento tiene la obligación de reconocer el siniestro y notificarlo al asegurador dentro del término legal. Según el artículo 1081 del Código de Comercio, la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinariamente en dos años desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del siniestro. La entidad estatal, al tener la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del contrato, debe actuar con diligencia y notificar cualquier incumplimiento en tiempo y forma. Si la entidad estatal conoce del siniestro pero no lo notifica oportunamente, la prescripción puede ocurrir antes de que el asegurador pueda actuar, lo que implica que la entidad estatal debe ser diligente en su vigilancia y control del contrato para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿La prescripción del contrato de seguro no solo se cuenta desde que el interesado conoce el siniestro sino también desde cuando debió haberlo conocido?¿El término de los dos años que prevé la norma ya había fenecido para el momento en que se emitió la resolución que declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento y, por ende…¿No se discute la responsabilidad del contratista frente a la aseguradora derivado del contrato sino la extinción del derecho del asegurado a cobrarle a la compañía de seguros?
¿Los perjuicios por inversiones realizadas y utilidad dejada de percibir fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral, por lo que no podían revivirse vía liquidación del contrato? Sí
Las sumas que la entidad incluye en la liquidación unilateral del contrato a cargo del contratista, correspondientes a una multa impuesta por una autoridad ambiental, no constituyen el ejercicio de una facultad de imposición de multas contractuales, y que los perjuicios por inversiones y utilidad dejada de percibir que fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral no pueden revivirse mediante la liquidación del contrato. Una razón es que la multa había sido impuesta por la autoridad ambiental al contratista por incumplir normas ambientales en la construcción de un horno incinerador, y la entidad solo la incluyó en el cruce definitivo de cuentas. Otra razón es que las partes acordaron en el acta de terminación bilateral esos reclamos de desequilibrio, inversiones y utilidad, y además no se acreditaron en el proceso. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas. Su consecuencia práctica es que los conceptos transados en el acta de terminación no pueden reabrirse en la liquidación, y que la sanción de una autoridad ambiental no equivale a una multa contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La multa a la que se refiere la liquidación unilateral fue impuesta a la Concesionaria por el incumplimiento de normas ambientales?¿Se probó que existieran vicios en el consentimiento en la suscripción del acta bilateral de terminación del Contrato?¿Las estipulaciones del contrato fueron pactadas por las partes frente a los efectos que tendría la terminación bilateral del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 68001233300020190087901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se modificará parcialmente la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que rechazó la demanda? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que se calcula a partir de la fecha de entrega de la obra o de la suscripción del acta de entrega, según lo estipulado en el contrato y la ley. En este caso, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó la demanda por considerar que la presentación fue extemporánea para todos los tramos de la obra, pero la Sala modificó parcialmente dicha decisión al determinar que la demanda fue oportuna para 14 tramos de la vía sustitutiva, cuyo término de caducidad corrió entre el 24 de junio de 2018 y el 24 de junio de 2020, mientras que para los 4 tramos restantes la caducidad debía contarse a partir de la suscripción del Acta de entrega, es decir, entre el 1 de mayo de 2015 y 1 de mayo de 2017, por lo que la demanda no fue oportuna. Esta decisión implica que el cómputo del término de caducidad debe hacerse de manera distinta según las circunstancias específicas del contrato y la obra en cuestión.síntesis automática
También resuelve:¿Subsistieron obligaciones exigibles con posterioridad a la entrega material de la obra?¿INVIAS tuvo conocimiento de los problemas presentados en los túneles previo a la fecha alegada en el recurso de apelación?¿El contratista sigue siendo responsable por los defectos que puedan manifestarse durante el período de garantía o por los vicios ocultos?
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad frente a las pretensiones de la demanda de reconvención? Sí
Cuando el contrato no se liquida ni de forma bilateral ni de forma unilateral, el término de dos años para demandar su controversia se cuenta una vez cumplido el plazo de dos meses para la liquidación bilateral contado desde el vencimiento del plazo convenido, al cual se suma el plazo de la liquidación unilateral. Esta regla se apoya en el numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que fija esa subregla para los contratos cuya liquidación no se realizó. Por ello el cómputo no inicia en la terminación del contrato, sino al agotarse los plazos de liquidación pactados o legales. En el caso concreto la cláusula del contrato permitía liquidar bilateralmente dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo y la entidad tenía dos meses adicionales para liquidar unilateralmente, y como ninguna liquidación se produjo, se aplicó la subregla. La sala modificó la sentencia en cuanto a la caducidad de la reconvención. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de liquidación del contrato extiende el término de caducidad hasta el agotamiento de los plazos de liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato por parte del consorcio por cuanto se demostró que el levantamiento arquitectónico del Hospital fue defectuoso?¿Procede la condena únicamente del pago de la cláusula penal porque el Ministerio no acreditó perjuicios adicionales?¿La aseguradora debe responder por el valor asegurado por garantía de cumplimiento y no por garantía de calidad?
¿El régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave inherente al medio de control de repetición resulta aplicable a contratistas, interventores, consultores y asesores, siempre que el hecho en virtud del cual se llame a responder, y que constituya un incumplimiento del contrato, haya acaecido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001? Sí
El régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave propio del medio de control de repetición se aplica a contratistas, interventores, consultores y asesores cuando el hecho que da lugar a la responsabilidad, y que constituye incumplimiento del contrato, ocurrió después de la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001, según el artículo 38 numeral 2 de la Ley 153 de 1887. Si los hechos son anteriores, la repetición resulta improcedente y el asunto se tramita por controversias contractuales, bajo los artículos 4 numeral 7 y 52 de la Ley 80 de 1993 y el Código Civil. Una razón es que el criterio temporal define el régimen aplicable al hecho generador de la responsabilidad. Otra razón es que en el caso el agente fue llamado a responder por el incumplimiento de un contrato de interventoría suscrito en diciembre de 2002, cuyos hechos fueron posteriores a la vigencia de esa ley. La Subsección confirmó la decisión y declaró aplicable la Ley 678. La providencia reitera el criterio de la Subsección, citado en notas de relatoría; su consecuencia práctica es que la fecha de los hechos incumplidos, y no la del contrato, determina si la repetición es procedente.síntesis automática
También resuelve:¿Los preceptos de la Ley 678 de 2001 resultan aplicables al proceso, toda vez que los hechos ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho mandato?¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los 18 meses siguientes al pago de la condena?¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición, teniendo en cuenta que (…), el plazo máximo para presentar la demanda expiraba el 6 de julio de 2019 —fecha que correspondió a un día inhábil— y que se radicó el 8 de julio de 2019, primer día hábil siguiente? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de repetición cuando el plazo máximo para presentar la demanda vence en un día inhábil, ya que el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente, sin ampliar el plazo legal. La Sala establece que los términos de caducidad en meses o años deben computarse en unidades exactas de tiempo calendario, sin excluir los días inhábiles durante su transcurso, pero si el día final coincide con un día inhábil, el plazo se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. En el caso concreto, el pago de la sentencia condenatoria se realizó el 5 de julio de 2017, iniciándose el plazo de caducidad el 6 de julio de 2017 y venciendo el 6 de julio de 2019, un sábado, por lo que la demanda radicada el 8 de julio de 2019 fue oportuna. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo de plazos en días inhábiles, garantizando la oportunidad de los medios de control en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿La conducta desplegada por el personal médico de la Fundación SAP Salud, en su condición de contratista de la ESE Hospital San Rafael de Facatativá, configura culpa grave…
¿Se acreditó la demora injustificada en la firma del acta de inicio por parte del contratante? No
La Sala empieza por señalar que el contratista tramitó oportunamente la póliza una vez se perfeccionó el contrato, pero al hallar ciertos errores de fechas, la Universidad pidió su corrección en enero y febrero; así las cosas, el tiempo que transcurrió en este trámite fue producto de ajustes que el contratista efectuó el 27 de enero de 2015, periodo justificado, incluso si se considera el error en que al parecer incurrió la Universidad el 3 de febrero al pedir otra corrección, de manera que, al menos por ese lapso, no hay reproches relevantes que endilgar a la contratante bajo la tesis de que se presentó una demora de tres meses en la firma del acta de inicio.
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento de obligaciones por parte del contratante durante la ejecución del contrato de procesamiento bibliográfico?¿El dictamen pericial debe exponer la metodología usada y tener coherencia con el objeto de su decreto para que proceda su valoración?¿Es improcedente la tacha de testigos por quien solicitó la prueba?
¿Debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos y no controvierten concretamente las razones por las cuales el a quo desestimó los cargos de nulidad? No
El juez de segunda instancia limita su competencia funcional al examen de la providencia recurrida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante en el escrito de sustentación. En la sentencia proferida, el Consejo de Estado rechaza por genéricos los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión del tribunal que desestimó los cargos de nulidad de actos administrativos contractuales, destacando que el artículo 320 y el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 exigen señalamientos precisos sobre las razones de inconformidad, sin que proceda un análisis oficioso de inconformidades abstractas sobre la ruptura del equilibrio contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada ruptura de la ecuación económica del contrato constituye una causa que exonere al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales?¿Pierde la entidad estatal contratante la competencia para declarar la caducidad del contrato cuando el contratista ha demandado previamente ante el juez del contrato el incumplimiento de la entidad…¿Puede el juez de lo contencioso administrativo estudiar el cargo de falta de competencia de la entidad que expidió el acto administrativo demandado…
¿Se acreditaron los presupuestos de mayor permanencia en obra a causa de suspensiones contractuales? No
La reclamación de mayor permanencia en obra derivada de suspensiones contractuales exige acreditar el alcance específico de las obligaciones del contratista, para lo cual deben aportarse el pliego de condiciones del contrato y la matriz de riesgos o el acta de asignación de estos, pues sin ellos no es posible establecer cómo las partes distribuyeron las obligaciones y las consecuencias de las circunstancias ocurridas durante la ejecución. Además, cuando el contratista renuncia a reclamar esos reconocimientos al momento de pactar las prórrogas del contrato, esa renuncia no puede desconocerse después, porque los actos propios de quienes suscribieron las prórrogas no pueden ser desconocidos sin que hayan sido anulados por la jurisdicción. En el caso concreto, el contratista había planteado reclamaciones durante las tratativas, pero renunció a cobrarlas al suscribir las prórrogas, de modo que se mantuvo la negativa del reconocimiento por ese concepto. La sentencia modificó la decisión de primera instancia en lo relativo a la mayor permanencia derivada de las suspensiones. Como consecuencia práctica, el contratista que pretenda ese reconocimiento debe probar con los documentos contractuales el alcance de sus obligaciones, y debe tener presente que la renuncia expresa al cobro al suscribir prórrogas tiene efectos que se mantienen.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el reconocimiento económico por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato, pese a que el contratista renunció a reclamar en el momento de pactarlas?¿Procede reconocer al contratista el pago del saldo final del precio cuyo pago quedó diferido para el momento de la liquidación del contrato, suma que el IDU reconoce deber?¿Es procedente descontar el valor de las retenciones en la fuente practicadas a los pagos recibidos por el contratista?
¿Los demandados en repetición tenían la condición de empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado? No
La acción de repetición solo procede contra quien tenga la calidad de servidor público, trabajador oficial o contratista del Estado, o de particular que ejerza función pública, de modo que los demandados que no tienen ninguna de esas calidades carecen de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que los profesionales de la salud que atendieron al paciente no tenían relación legal y reglamentaria, vínculo contractual ni de otra índole con la entidad pública condenada, por lo que no eran servidores públicos. Otra razón es que el expediente muestra que sus vínculos se originaban en un contrato de prestación de servicios de salud con un tercero, lo que no los convierte en agentes del Estado ni en particulares que cumplan funciones públicas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda de repetición, por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin necesidad de examinar la culpa grave. Su consecuencia práctica es que la entidad que pretende repetir debe demostrar, antes de estudiar la conducta, que el demandado tiene la calidad de agente del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandados tenían la condición de servidor público, se trataba de particulares que ejercían funciones públicas o eran contratistas del Estado?¿Se encontró algún vínculo contractual o laboral de la entidad demandante con los profesionales demandados?¿La demanda presentada se interpuso dentro de la oportunidad legal?
¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos del recurso de apelación? Sí
En la apelación, la competencia funcional de la Sala como juez de segunda instancia se limita a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio en los casos previstos por la ley. La regla se apoya en dos razones. Primera, el artículo 328 del Código General del Proceso fija ese límite de manera expresa para el juez de segunda instancia. Segunda, el principio dispositivo atribuye al recurrente la delimitación del objeto de la impugnación con su formulación y sustentación. La providencia confirma la sentencia y aplica esta regla a la apelación formulada en el proceso de repetición, de modo que el análisis se restringe a los argumentos que el apelante propuso. En la práctica, los argumentos no planteados en el recurso no serán resueltos por el juez de segunda instancia, salvo que la ley autorice una decisión de oficio, por lo que el recurrente debe formular y sustentar cada reproche contra la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo dentro de un proceso de…¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿Cómo en este caso los hechos que dieron lugar a la condena en contra del INVÍAS se produjeron el 7 de febrero de 1998, con la muerte de Ó.
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado?¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista?¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
Basta con la lectura de… la apelación para concluir que el demandante no expuso razones de oposición fundamentadas en la viabilidad de analizar el asunto por la vía de la reparación directa, que en últimas fue a lo que se rehusó el a quo en su decisión. La Sala concluye que la recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones con fundamento en las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones, en tanto que en la impugnación la parte actora se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda, que fue resuelto en su integridad, y el único cargo nuevo no guarda congruencia con la base de la decisión de primera instancia, de manera que la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación, ni suponer las razones de inconformidad de quien apela, por lo que confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.
También resuelve:¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa?¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda?¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
¿Se acreditó que los demandados dejaron de cumplir algún compromiso pactado en los contratos, con incidencia en la causación del accidente que derivó en la sentencia que impuso la condena? No
El contratista no es responsable por el incumplimiento del contrato estatal y la consecuente responsabilidad del Estado frente a terceros, si no se acredita plenamente la existencia de los elementos que constituyen el incumplimiento contractual con medios de prueba conducentes, pertinentes y útiles. La Sala determina que la sentencia de acción de reparación directa no es suficiente para establecer la responsabilidad contractual del contratista o del interventor, ya que solo demuestra la responsabilidad del Estado y no la del contratista. Además, la jurisprudencia establece que el régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave aplicable a contratistas, interventores, consultores y asesores, se rige por la Ley 678 de 2001 si los hechos que originaron la responsabilidad ocurrieron después de su entrada en vigencia, mientras que si los hechos ocurrieron antes, el medio de control procedente es el de controversias contractuales. Esto implica que para acciones de repetición contra contratistas, es crucial determinar la fecha de los hechos que dan origen a la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave propio del medio de control de repetición es aplicable a contratistas, interventores, consultores y asesores…¿Es procedente la adecuación del medio de control de repetición al de controversias contractuales, en tanto lo que se pretende es que se declare la responsabilidad del contratista y del interventor…¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, al tratarse de una acción de regreso en la que se pretende que los demandados respondan por las indemnizaciones que la…
¿Es posible aplicar el término previsto en el artículo del 177 del CCA para el pago de las condenas ordinarias laborales? Sí
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA , la demanda de repetición debe presentarse en un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la fecha en la que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que la entidad contaba para pagar. En este caso, la condena cuya repetición se pretende no fue proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino por la jurisdicción ordinaria laboral. Sin embargo, esto no impide que las consideraciones de las sentencias que definieron la constitucionalidad de los artículos 136 del CCA y 11 de la Ley 678 de 2001 sean aplicables; de lo contrario, los agentes contra quienes se dirige la acción de repetición se encontrarían sujetos en forma indefinida a que la entidad condenada por el juez laboral decidiera darle cumplimiento a su condena.
También resuelve:¿El recurso de apelación constituye una oportunidad procesal para reformar las pretensiones de la demanda?¿Son aplicables las disposiciones sustanciales contenidas en la Ley 678 de 2001 teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en vigencia de dicha ley?¿Hay lugar a denegar las pretensiones de la demanda frente a la Compañía de Seguros Cóndor S.A. porque no se demostró su calidad de agente estatal?