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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2024-06-28Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020140022401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las providencias judiciales en las que se hubiese incurrido en error aritmético, por omisión, cambio de palabras o de alteración de éstas, son corregibles por el juez que las dictó de oficio o a petición de parte? Sí
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 286 [CGP], las providencias judiciales en las que se hubiese incurrido en un error puramente aritmético, por omisión, cambio de palabras o de alteración de éstas, son corregibles por el juez que las dictó de oficio o a petición de parte, en cualquier tiempo, siempre que la falencia se encuentre en la parte resolutiva o influya en esta. La Sala encuentra que no se cometieron errores en los literales a y c del ordinal segundo de la resolutiva primera de la sentencia, pues [se expuso] con claridad que la Unión Temporal tenía derecho a percibir $8.667’304.573, por haber ejecutado el 55% del contrato; no obstante, recibió $12.474’593.560 por concepto de anticipos y pagos parciales; por eso era procedente que devolviera la suma que recibió y no ejecutó, es decir, $3.807’288.987.
También resuelve:¿La obligación a cargo de La Previsora S. A. surge como consecuencia de la ocurrencia del siniestro por la cobertura del pago amparado por la póliza de seguro?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-11Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 66001233300020160019203LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El CPACA únicamente desarrolló en el artículo 224 la intervención de coadyuvantes, litisconsortes facultativos e intervenciones ad excludendum? Sí
El CPACA únicamente desarrolla en su artículo 224 la intervención de coadyuvantes, litisconsortes facultativos e intervenciones ad excludendum, lo que significa que no aborda el litisconsorcio cuasinecesario, para el cual debe aplicarse el artículo 62 del Código General del Proceso. La Sala determina que la aseguradora no puede ser vinculada como litisconsorte cuasinecesario ni como tercero, dado que no se discute el incumplimiento del contrato ni la ocurrencia de un siniestro que la afecte, y que la solicitud de su intervención llegó después del plazo establecido por el CPACA. Esta decisión reitera la interpretación restrictiva del artículo 224 del CPACA y limita la posibilidad de vincular a terceros en casos similares, afectando la estrategia procesal de aseguradores en controversias contractuales estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Los efectos jurídicos de la sentencia no se extenderían a la aseguradora, en la medida en que en el presente asunto no se discute el incumplimiento del contrato ni la ocurrencia de un siniestro que…¿La vinculación de la aseguradora no se puede hacer tampoco como tercero, dado que la solicitud se debía realizar desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profería el auto que fija…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020220038801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede confirmar la decisión proferida el 8 de junio 2023, por el el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó la demanda de reconvención? Sí
El contratista no puede interponer una demanda de reconvención para liquidar un contrato de obra pública después del término de caducidad, ya que este vence seis meses después de la finalización del plazo de ejecución del contrato, sin considerar el término adicional para la liquidación unilateral. La Sala determina que la suspensión del término de caducidad establecida en el Decreto 564 de 2020 no aplica al cómputo del plazo para liquidar el contrato, por lo que confirma la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó la demanda de reconvención. Esto implica que el contratista debe cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para la liquidación del contrato y no puede beneficiarse de disposiciones que suspenden términos para acciones judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente revocar el Auto de 22 de febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio del cual…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020220038802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede confirmar la decisión proferida el 8 de junio 2023, por el el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó la demanda de reconvención? Sí
El contratista no puede interponer una demanda de reconvención para liquidar un contrato de obra pública después del término de caducidad, ya que este vence seis meses después del plazo de ejecución del contrato, sin considerar la liquidación unilateral. La entidad estatal argumentó que la suspensión del término de caducidad por el Decreto 564 de 2020 no aplica para la liquidación del contrato, sino solo para acciones ante la rama judicial o tribunales arbitrales. La Sala confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó la demanda de reconvención, lo que implica que el término para liquidar el contrato debe cumplirse rigurosamente y no puede ser suspendido por disposiciones que no lo mencionen específicamente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente revocar el Auto de 22 de febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio del cual…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-12-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020130067102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
Cuando el asunto escapa al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, esta carece de competencia para resolver el fondo de la controversia, y la falta de jurisdicción debe declararse de oficio. Así sucede con los contratos celebrados por una aseguradora en el giro ordinario de sus negocios, que son de derecho privado y corresponden a la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 104 y 105 numeral 1 del CPACA. La razón es que la entidad aseguradora está vigilada por el organismo estatal de control financiero y su objeto social es propio de la actividad aseguradora, de modo que el contrato de seguro controvertido se inscribe en su giro ordinario. Además, cuando se declara de oficio la falta de jurisdicción, el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone que lo actuado conserva validez, salvo la sentencia, que es nula, y que el proceso debe enviarse de inmediato al juez competente. Su consecuencia práctica es que la nulidad de la sentencia debe declararse cuando el juez carece de jurisdicción y el expediente debe remitirse de inmediato.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato objeto de la controversia corresponde al giro ordinario de los negocios de la aseguradora demandada?¿Esta jurisdicción es competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con los contratos que la demandada suscriba en desarrollo de su objeto social?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-08Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020220039801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la solicitud de llamamiento en garantía propuesta por la aseguradora en contra del Consorcio demandado para recobrar el monto de lo pagado ante una eventual condena, cuando dicha aseguradora se subroga en los derechos del Consorcio tomador de la póliza, al que le sirvió como garante por el incumplimiento de sus obligaciones en el contrato de interventoría? No
El juez determina que no resulta procedente la solicitud de llamamiento en garantía propuesta por la aseguradora en contra del consorcio demandado para recobrar el monto de lo pagado ante una eventual condena, cuando dicha aseguradora se subroga en los derechos del consorcio tomador de la póliza, al que le sirvió como garante por el incumplimiento de sus obligaciones en el contrato de interventoría. Al respecto, la jurisprudencia precisa que no existe un vínculo legal dado por el artículo 1096 del Código de Comercio y el numeral 3 del artículo 203 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que sirva como fundamento para dicha vinculación en este medio de control de controversias contractuales. Asimismo, en aplicación del artículo 365 del Código General del Proceso, hay lugar a condenar en costas procesales a la parte a quien se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el llamamiento en garantía, y cuando se observa, además, que el superior confirma la decisión de primera instancia, incluyendo agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente condenar en costas procesales a quien se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación presentado contra el auto que niega el llamamiento en garantía…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020230029301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La petición de La Previsora consistente en que se decrete un dictamen pericial contable y financiero no cumple con el parámetro de pertinencia? Sí
El solicitante de una prueba pericial debe demostrar su pertinencia vinculándola directamente con las situaciones fácticas objeto del litigio bajo los parámetros legales establecidos. Lo relacionado con factores contables o financieros no tiene algún vínculo con las situaciones fácticas bajo las cuales la entidad estima que el daño no le es imputable a la póliza. El mencionado dictamen pericial no se solicitó, por ejemplo, para efectos de establecer la depreciación de los muebles que supuestamente resultaron afectados para la época de los hechos, de ahí que dicha prueba no se pidió con el fin de determinar la pérdida del valor de los equipos tecnológicos.síntesis automática
También resuelve:¿Se impone al asegurador la obligación de demostrar los hechos o circunstancias que lo exonerarían de su responsabilidad de indemnizar?¿Las partes del contrato de seguro pueden acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, mediante cualquier medio probatorio, siempre que sea lícito, idóneo, conducente y eficaz?¿El funcionario judicial debe analizar las solicitudes probatorias que eleven las partes y considerar si cumplen o no los requisitos de legalidad, conducencia y pertinencia?
¿La sociedad contratista acreditó la inversión del anticipo, cumplió con el objeto contractual y probó los eximentes de responsabilidad alegados? No
El contratista no acredita la inversión del anticipo ni el cumplimiento del objeto contractual, y no demuestra la configuración de eximentes de responsabilidad como fuerza mayor o hecho de un tercero. En este caso, el contratista no entregó las fotografías requeridas por el contrato y no presentó pruebas que evidenciaran la ocurrencia del fenómeno de El Niño durante el plazo y en las zonas de ejecución del contrato. Además, la demora de la Aerocivil en la expedición de los permisos no constituyó una eximente de responsabilidad, ya que el contratista debía contar con las aeronaves disponibles y los permisos para operar según su oferta. La Sala también determinó que el contratista no acreditó la inversión del anticipo en el objeto contractual, y que la acción derivada del contrato de seguro no prescribió, ya que la demanda fue presentada antes de que se configurara la prescripción. Finalmente, la entidad aseguradora debe reintegrar el valor del anticipo en virtud de la póliza de cumplimiento del contrato, ya que el anticipo fue entregado a título de inversión en la ejecución del contrato y no como pago anticipado.síntesis automática
También resuelve:¿Respecto a la acción derivada del contrato de seguro operó la prescripción?¿En virtud de la póliza de cumplimiento del contrato corresponde a la entidad aseguradora reintegrar el valor del anticipo?¿Procede la condena por la cláusula penal pactada en el contrato?
¿La parte demandante demostró que Corpometa incumplió sus obligaciones contractuales consistentes en la implementación de un agrocentro, implementación de una plataforma tecnologíca para comercio electrónico y la capacitación a pequeños empresarios en herramientas TIC? Sí
El contratista debe reintegrar a la entidad estatal lo desembolsado y no ejecutado, así como el valor de la cláusula penal pactada en el contrato, cuando incumple sus obligaciones de resultado, como la implementación de un agrocentro, una plataforma tecnológica para comercio electrónico y la capacitación de pequeños empresarios en herramientas TIC, ya que la carga de acreditar el cumplimiento de estas obligaciones recae sobre el contratista. La entidad estatal demostró que el contratista no cumplió con estas obligaciones mediante un informe de interventoría que Corpometa no desvirtuó ni contradijo, lo que lleva a la confirmación de la sentencia que condena al contratista a reintegrar el valor no ejecutado del contrato y a pagar la cláusula penal. Además, la aseguradora del contratista debe efectuar el pago de la garantía de cumplimiento del valor total de la condena, siempre y cuando no se haya configurado la prescripción de la acción de cobro, lo que en este caso no ocurrió ya que la entidad estatal presentó la demanda dentro del término legal de dos años desde que tuvo conocimiento del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Demostrado el incumplimiento del convenio de cooperación, debe la parte demandada, CORPOMETA, pagar lo pactado en la cláusula penal y reintegrar a la parte demandante el valor recibido y no…¿La aseguradora debe efectuar el pago de la garantía de cumplimiento del valor total de la condena que debe asumir Corpometa por el incumplimiento del convenio?¿Procede condenar en costas a las recurrentes debido a que el recurso de apelación no les fue favorable?
¿La prescripción de los derechos derivados del contrato de seguro dispone una consecuencia extintiva derivada de la inactividad del interesado en hacer efectivos sus derechos, mediante un término ordinario y otro extraordinario, cuya aplicación dependerá del tipo de sujeto que la alega, que para el caso del beneficiario, cuando se trata de una entidad estatal, será la ordinaria? Sí
La entidad estatal beneficiaria de un seguro de cumplimiento pactado como garantía de un contrato estatal está sujeta a la prescripción extintiva ordinaria de dos años prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio, dado que tiene la carga de verificar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones de su contratista. Mientras la prescripción extraordinaria corre por cinco años contra toda clase de personas desde que nace el respectivo derecho, la prescripción ordinaria se contabiliza desde el momento en que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del hecho que origina la acción, configurando una consecuencia extintiva derivada de la inactividad en hacer efectivos los derechos del contrato de seguro y no un plazo para avisar del siniestro al asegurador. En consecuencia, cuando la entidad contratante adquiere conocimiento pleno e inequívoco de los hechos constitutivos del siniestro de incumplimiento, como el desconocimiento de la obligación de revisar los diseños antes de iniciar la construcción, la prescripción ordinaria corre desde ese momento aunque continúe la ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Debe decretarse la nulidad de los actos administrativos demandados, mediante los cuales se hizo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de seguros suscrita respecto de un contrato de obra…¿Dada la nulidad de los actos mediante los cuales se hizo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de seguros del contrato estatal…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
¿Le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores a la terminación del contrato? No
La obligación de mantener vigentes los amparos posteriores a la terminación del contrato no es exigible al contratista cuando la cobertura se extingue por la toma de posesión y liquidación de la aseguradora, si no obra constancia de que el contratista fue informado por los medios legalmente establecidos de la terminación del contrato de seguro. En ese supuesto, la insatisfacción del interés de la entidad estatal en mantener el riesgo de estabilidad y calidad de la obra no constituye un incumplimiento imputable al contratista, porque se trata de un acontecimiento extraño que impide atribuirle el desamparo a su hecho o culpa. El régimen de los contratos de seguro terminados por la toma de posesión de la aseguradora prevé la devolución al tomador del porcentaje no devengado de la prima. En el caso concreto, no obra constancia de que el consorcio constructor hubiera sido informado de la terminación del seguro y no se probó que se le devolviera la prima no devengada, de modo que la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la entidad que pretenda imputar al contratista el desamparo de la garantía postcontractual debe acreditar que este conoció la terminación del amparo o que recibió la prima no devengada.síntesis automática
También resuelve:¿Atendiendo que no se configuró el incumplimiento contractual reprochado al consorcio constructor, es improcedente pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda?¿El esquema general del proceso de contratación estatal se desarrolla a través de las fases precontractual, contractual y postcontractual?¿Una de las obligaciones a cargo del contratista, es el amparo de la calidad y estabilidad cuya cobertura inicia desde la entrega a satisfacción de las obras, hasta el término acordado ex post?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, presentada para solicitar la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se declaró y confirmó el siniestro de estabilidad de las obras amparadas con la Garantía Única de Cumplimiento, inicia a partir de la desfijación del edicto que notificó la decisión del recurso de reposición con el que se agotó la vía gubernativa, por lo que, dada la fecha de presentación de las demandas, se tiente que esta fue dentro del término de Ley? Sí
La entidad estatal que pretende hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por el siniestro de estabilidad de una obra pública se somete a las reglas de caducidad de la acción de controversias contractuales y de prescripción frente a la compañía de seguros. Por un lado, el cómputo del término de caducidad previsto en el artículo 136 del CCA para demandar la nulidad de los actos que declaran y confirman el siniestro inicia desde la desfijación del edicto que notifica la resolución del recurso de reposición con el cual se agota la vía gubernativa. Por otro lado, conforme al artículo 1081 del Código de Comercio, la prescripción de dos años corre desde que la administración tuvo o razonablemente debió tener conocimiento del daño o hecho que da base a la acción, sin cualificación alguna. Dicho plazo para reclamar o expedir el acto administrativo no se posterga hasta la práctica de pruebas ni se amplía con el término concedido al contratista para reparar los imperfectos de la obra.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declarase la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro alegada por la aseguradora, considerando que está probado que transcurrieron más de dos años entre el…¿La contratista demostró haber cumplido su obligación de garantizar la estabilidad de la obra realizando las reparaciones acordadas, y que el valor de las mismas…
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar?¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
¿La prescripción ordinaria de la acción del contrato de seguros debe contarse a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de la situación de hecho que dio lugar al siniestro amparado? Sí
Según lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinaria o extraordinariamente para lo cual, en el primer caso, el término de prescripción será de dos (2) años contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debió tener conocimiento del hecho que origina la acción, y en el segundo, tal término será de cinco (5) años, que correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.… En el presente asunto realmente el tema radica en el momento en que sucedió el siniestro y/o cuando el beneficiario o víctima conoció de ello.… El colapso del talud… de la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio ocurrió……
También resuelve:¿El colapso del talud, constitutivo del siniestro, fue conocido por las partes del contrato y la aseguradora desde el mismo momento en que ocurrió?¿Se configuró la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró la ocurrencia del siniestro y ordenó hacer efectivo el amparo de calidad de la póliza de seguro?
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro?¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido?¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca?¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede…¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 63001233300020190024601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La presentación de la demanda resulta oportuna tal como acertadamente lo concluyó el Tribunal a quo? Sí
La entidad contratante y los extremos procesales calculan el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo conferido para la liquidación bilateral y el posterior periodo de liquidación unilateral, configurándose la oportunidad procesal en la presentación de la demanda dentro de los plazos legales vigentes, mientras el juez interpreta la ocurrencia del siniestro del contrato de seguro de cumplimiento conforme al conocimiento efectivo de la inobservancia de las obligaciones contractuales pactadas, sin que resulte admisible concebir dicha póliza bajo las reglas del seguro de responsabilidad civil consagradas expresamente en el artículo 1131 del Decreto 410 de 1971 dentro de la actuación procesal adelantada por la respectiva autoridad judicial competente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Armenia tenía dos años para acudir en forma oportuna ante la jurisdicción, sin embargo, la entidad territorial presentó la demanda cuando ya había operado la prescripción de la…¿La Sala comparte el argumento expuesto en la providencia recurrida que concibe el seguro de cumplimiento como un seguro de responsabilidad?¿El contrato era de aquellos que requerían liquidación pero esta no se llevó a cabo por las partes de común acuerdo ni de forma unilateral por la administración?
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