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¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado…¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal?¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-05-22Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100019950042501ACCION CONTRACTUAL
¿Se advierte la necesidad de que se allegue al proceso el decreto expedido por el municipio de Medellín? Sí
Cuando el juez advierte que para resolver el litigio contractual es necesaria una norma de alcance local, como un decreto municipal que podría regular la validez del contrato, puede decretarla de oficio, porque la carga de aportar la norma de alcance no nacional solo es exigible cuando la parte la invocó como violada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez a decretar pruebas oficiosas cuando advierte su necesidad; los entes territoriales tienen autonomía para regular la formación y adjudicación de sus contratos mediante normas locales, de modo que esas normas pueden ser aplicables además del estatuto nacional; y la norma local no fue invocada en la demanda, por lo que la carga del demandante no se activó. En el caso, la sala decretó como prueba de oficio la copia del decreto municipal, dado que no se encontraba publicado en medios electrónicos oficiales. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el juez puede incorporar la norma local cuando la advierta necesaria, aunque no haya sido aportada con la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Serían aplicables también normas locales, pues por disposición legal los entes territoriales contaban con autonomía para autorregularse en materia de formación y adjudicación de los contratos…
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2022-10-04Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020220014200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral interpuesto, reúne los requisitos de oportunidad y de forma contemplados la Ley 1563 de 2012? Sí
Revisado el expediente digital, se observa que el recurso interpuesto reúne los requisitos de oportunidad y de forma contemplados en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, pues se presentó y sustentó con la indicación de la causal invocada, ante la Secretaría del Tribunal de Arbitramento… , dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia de 28 de febrero de 2022.
También resuelve:¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-06-15Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020180004300CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Al entrar en vigencia la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, pueden los entes territoriales suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado, para prestar servicios de salud a la población no asegurada y las acciones de salud que se brindan a la colectividad a través del Plan de Intervenciones Colectivas –PIC, teniendo en cuenta que es el legislador quien ha ordenado esa contratación y que por ende la misma no emana de la autonomía de la voluntad de los contratantes? No
Durante la vigencia de la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, las entidades territoriales no pueden suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado para la prestación de los servicios de salud a la población no asegurada, así como tampoco para el desarrollo y ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, de conformidad por lo expuesto en este concepto. Se exceptúa de la anterior prohibición la prestación de los servicios de salud en aquellos eventos en que ocurran emergencias sanitarias o de salubridad que requieran la atención o prestación inmediata y oportuna de los mismos. Debe precisarse que el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 no habilita a las entidades territoriales para inobservar las prohibiciones que en materia de contratación establece la Ley de Garantías Electorales.
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los litigios originados en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales, conforme al artículo 104 del CPACA, por tratarse de partes de naturaleza pública. La regla se apoya en que el convenio, cuyo incumplimiento se alega, fue celebrado por un departamento, un distrito y varios municipios, cuyas actuaciones son de naturaleza pública. Además, la apelación de la sentencia del tribunal corresponde al Consejo de Estado conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, por la vocación de doble instancia del proceso. En el caso, el municipio demandado integra el grupo de entidades territoriales que suscribieron el convenio, y el Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los convenios de apoyo financiero entre entidades territoriales que den lugar a incumplimiento quedan sometidos a la jurisdicción contenciosa administrativa, y su conocimiento se distribuye por la instancia que corresponda.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para conocer una demanda presentada por una sociedad vinculada a un convenio interadministrativo mediante otrosí?¿Conserva la naturaleza de convenio interadministrativo un acuerdo suscrito entre entidades públicas con contenido patrimonial, siempre que no exista conmutatividad ni remuneración entre las partes?¿Se rigen los convenios interadministrativos por las estipulaciones acordadas entre las partes, en virtud de su autonomía de la voluntad?
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-10-11Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia, por cuanto la CAR no es una entidad del orden nacional? Sí
La acción de repetición contra los representantes legales de entidades del orden nacional es de única instancia ante el Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, pero no cuando la entidad es una corporación autónoma regional, que no pertenece al orden nacional, de modo que la corporación carece de competencia y debe remitir el expediente. La razón es que la naturaleza de la corporación es sui generis y no puede asimilarse a un organismo de la administración central ni a una entidad territorial, mientras que su representante legal ejerce competencias en el ámbito territorial definido por la Ley 99 de 1993. Además, al declararse la falta de competencia, el artículo 152 del CPACA ordena remitir el expediente al tribunal competente, y las actuaciones surtidas conservan su validez según el artículo 16 del Código General del Proceso. En el caso, el despacho declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al tribunal administrativo competente. Su consecuencia práctica es que la competencia de única instancia exige que la entidad sea del orden nacional, y que una corporación descentralizada no basta para activarla.síntesis automática
También resuelve:¿Las CAR son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales?¿La competencia del Consejo de Estado para resolver en única instancia las demandas de repetición, se restringe a los eventos en que se llame a responder patrimonialmente a los representantes legales…¿El legislador estableció para cada CAR un ámbito territorial limitado para el ejercicio de sus competencias?
¿Obra prueba en el expediente que le permita concluir a la Sala que el Departamento estaba obligado a pagar una actividad de obra según una especificación técnica distinta a la que estableció en la etapa precontractual? No
El contratista no puede modificar la especificación técnica del contrato de obra pública establecida en la etapa precontractual sin prueba documental que lo permita, ya que la entidad estatal dejó claro durante el proceso de selección que la especificación aplicable era la del Departamento, no la del INVIAS. La Sala establece que el Interventor puede corregir o modificar las actas parciales en actas posteriores según lo pactado en el contrato, y que no existe incumplimiento del contrato por parte del Departamento al no pagar según una especificación técnica distinta a la pactada. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia y reitera que la obligación del contratante frente al pliego de condiciones debe respetarse, matizando la interpretación de la buena fe contractual en este contexto.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con las cláusulas del contrato de obra, el Interventor podía hacer correcciones o modificaciones de las actas parciales en actas posteriores?¿La especificación del INVIAS no era aplicable al ítem de “Terraplenes” pues la entidad durante el proceso de selección dejó claro que la especificación aplicable era la del Departamento?¿La Sala revocará el fallo de primera instancia y negará las pretensiones porque el Tribunal desconoció la forma de pago establecida en el contrato de obra?
¿Se demostró en que los exagentes demandados desconocieron normas de derecho en el proceso de reestructuración administrativa? No
La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no se configura cuando no se demuestra que el agente desconoció normas de derecho en el proceso que precedió al acto, de modo que la entidad que promueve la repetición debe probar la infracción normativa que imputa al agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la falta de un documento en los archivos de la entidad no basta por sí sola para demostrar la omisión de un informe técnico cuando la prueba testimonial y documental acredita que existió y que fue socializado entre directivos de varias dependencias. Segundo, si no se demuestra la infracción del artículo 41 de la Ley 443 de 1998, norma de carrera vigente al momento de los hechos, no se establece la conducta que da origen a la presunción. La providencia confirma la sentencia de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición fundada en culpa grave exige acreditar la norma de derecho desconocida y el momento en que se incurrió en ella.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Huila adelantó un proceso de reestructuración de la planta de personal de la entidad?¿A los empleados de carrera de los cargos suprimidos se les planteó las opciones de reubicación e indemnización?¿El demandado tiene el deber de atacar la presunción y le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que la configura?
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del…¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
¿En la acción de repetición, cuál es el inicio del conteo del término de caducidad? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición a partir del día siguiente al último pago efectuado por la entidad estatal, conforme a la jurisprudencia que reitera la necesidad de cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. Estos requisitos incluyen la existencia de una condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación dineraria a cargo de una entidad estatal, la realización efectiva del pago por parte de la entidad pública, la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado, y la calificación de su conducta a título de dolo o culpa grave. Esta regla implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse una vez se ha cumplido con todos estos requisitos, garantizando así el adecuado ejercicio de la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición?¿En el presente caso son aplicables las presunciones legales de la Ley 678 de 2001?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-02-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020240018100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia para conocer del recurso de anulación contra un laudo arbitral recae sobre esta Sección del Consejo de Estado? Sí
Dado que se trata de un recurso de anulación contra un laudo arbitral que dirimió un conflicto originado en un contrato estatal, la competencia para conocer del presente asunto recae sobre esta Sección, atendiendo a la distribución interna de asuntos en la Corporación. Frente al recurso de anulación interpuesto por la parte convocada y demandante en reconvención, el Despacho advierte que tal medio de impugnación reúne los requisitos de oportunidad y de forma consagrados en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, toda vez que fue presentado y sustentado ante el Tribunal Arbitral, con indicación de la causal invocada y dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la respectiva providencia.
También resuelve:¿El Consejo de Estado conocerá en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública?¿La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá fue constituida como una empresa social y comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2022-02-25Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000232600020020129001ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer sobre la apelación de autos interlocutorios? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación de autos interlocutorios en virtud del artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, que establece que el recurso de reposición procede contra los autos interlocutorios no susceptibles de apelación, siendo decidido por el Despacho conforme al artículo 146A del mismo código. Además, el artículo 311 del Código Contencioso Administrativo determina que la firmeza de las providencias solo se produce una vez ejecutoriado el auto que resuelva la solicitud de aclaración o complementación, lo que permite que el recurso sea interpuesto oportunamente. La interpretación literal del Decreto 212 de 2018, que cambia el reparto de competencias establecido en los Decretos 655 de 2011 y 445 de 2015, confirma que la Secretaría de Hacienda del Distrito es competente para la representación judicial en los procesos iniciados antes del 1 de enero de 2012, mientras que la Secretaría de Movilidad asume esa responsabilidad para los procesos posteriores a dicha fecha. Esta regla implica que las entidades estatales deben ajustarse a las disposiciones legales vigentes para ejercer sus competencias en la representación judicial.síntesis automática
¿¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del litigio derivado del convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el municipio de San José de Uré y la IPS Promosalud & Cía. Ltda.? Sí
El contratista está legitimado para demandar la liquidación judicial del convenio de cooperación interinstitucional celebrado con el municipio, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del litigio, conforme al artículo 104 del CPACA. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se fundamenta en el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dado que la cuantía supera los 500 SMLMV. La demanda fue presentada en tiempo, considerando el plazo de ejecución y liquidación del convenio, y sin afectar el término de caducidad por la conciliación extrajudicial. El marco de competencia del juez de segunda instancia se limita a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, sin que el juez pueda pronunciarse sobre aspectos no discutidos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar el incumplimiento obligacional del convenio de cooperación interinstitucional por parte del municipio y para solicitar…¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, hay que tener en cuenta el plazo de ejecución del convenio, el término para liquidarlo…¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la IPS demandante y por pasiva sobre el municipio por ser las partes que celebraron el convenio objeto de la controversia?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-02-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020240018200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer recurso de anulación contra laudo arbitral proferido en conflictos originados en contratos celebrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede interponer un recurso de anulación contra un laudo arbitral en única instancia ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, siempre que el conflicto surja de un contrato celebrado por una entidad pública o en el que intervenga una entidad pública. Esta competencia se fundamenta en el numeral 7º del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 y el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. Además, el recurso debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia que resuelva la solicitud de aclaración del laudo, cumpliendo así con los requisitos de oportunidad y forma establecidos en la Ley 1563 de 2012, lo que garantiza su admisión sin necesidad de analizar el fondo de las causales invocadas en este momento.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de anulación contra laudo arbitral fue presentado de los treinta días siguientes a notificación de la providencia que resolvió la solicitud de aclaración del mismo?¿Es procedente la admisión del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral al acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1563 de 2012?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2024-05-07Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020240005500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se cumplen las exigencias establecidas en la Ley 1563 de 2012, para que el Consejo de Estado avoque el conocimiento del recurso extraordinario de anulación de la referencia? Sí
En este caso, el laudo objeto del recurso extraordinario de anulación resolvió una controversia surgida en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública núm. 121 de 2019, suscrito entre las partes el 13 de agosto de 2019. Pues bien, como el convocado, Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas -IDM- es un establecimiento público de carácter municipal, persona jurídica de derecho público, descentralizado, dotado de economía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, creado mediante el Decreto núm. 275 de 2001.
También resuelve:¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos…
Auto interlocutorio — Auto que decide recurso sobre llamamiento en garantía2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 23001233300020190048001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El demandante está facultado para hacer el llamamiento en garantía con fines de repetición formulado contra el exalcalde de la entidad territorial, cuando no existe evidencia de que el ente municipal podría resultar condenado a pagar algún tipo de indemnización con ocasión de la actividad contractual irregular que depreca, en tanto no se debate la responsabilidad patrimonial de la entidad actora, ni se pretende que se le condene al pago de perjuicio alguno? No
El contratista no está facultado para formular un llamamiento en garantía con fines de repetición contra el exalcalde de la entidad territorial cuando no existe riesgo de que la entidad municipal sea condenada a pagar indemnización por la actividad contractual irregular, ya que la demanda no busca la responsabilidad patrimonial del Estado y el llamante no corre el riesgo de ser condenado. La regla sostiene que el llamamiento en garantía debe ser formulado por la parte que eventualmente pueda resultar condenada en el proceso, y en este caso, la entidad demandante no corre ese riesgo ya que la demanda es contra una empresa particular y no contra el municipio. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre los requisitos para la procedencia del llamamiento en garantía, enfatizando la necesidad de que la parte que formula el llamamiento esté en riesgo de ser condenada en el proceso principal.síntesis automática
¿Cuál es el régimen jurídico del contrato de donación en la contratación estatal?
La donación en la contratación estatal se rige, en primer término, por el Código Civil, porque el Estatuto General de Contratación se integra con las tipologías del derecho privado, salvo en las materias que la Ley 80 de 1993 regula de manera particular. El artículo 1443 del Código Civil la describe como un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente parte de sus bienes a otra que la acepta, pero el concepto destaca su naturaleza contractual, pues surge del acuerdo de voluntades, aunque en la mayoría de los casos imponga obligaciones a una sola de las partes. Para la entidad estatal que recibe el bien, la donación requiere la previa aceptación de su representante legal. Conforme al inciso primero del artículo 41 del Estatuto, la formalidad escrita hace solemne el contrato: para los bienes inmuebles se requiere escritura pública inscrita en el registro de instrumentos públicos, y para los muebles, contrato escrito. Frente a la insinuación, el artículo 1458 del Código Civil, modificado por el Decreto 1712 de 1989, dispone que las donaciones cuyo valor sea inferior a cincuenta salarios mínimos mensuales no requieren insinuación.síntesis automática
También resuelve:Contrato de donación: régimen jurídico aplicable, formalidades y solemnidades, según naturaleza y valor de bienes donadosEntidad territorial: Estatuto de rentas municipal, presupuesto de rentas municipal, Artículo 345 de la Constitución Política
¿Si las pretensiones prosperan parcialmente, el juez tiene la facultad de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente expresando los fundamentos de su decisión? Sí
El juez tiene la facultad, no el deber, de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente cuando las pretensiones prosperan parcialmente, siempre que exprese los fundamentos de su decisión, según el artículo 365 del Código General del Proceso. La Sala confirmó que el hecho de que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte automáticamente el asunto en de “interés público”, aclarando que este concepto es muy genérico y no puede aplicarse a todos los procesos judiciales que involucran al Estado. Además, la representación de la parte demandada por apoderado judicial durante el proceso permitió la acreditación de las agencias en derecho, cuyo valor fue fijado dentro del rango establecido por el Consejo Superior de la Judicatura. En cuanto a la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia, se aplicará a la parte demandante conforme a los artículos 188 del Código Procesal Administrativo y 365 numeral 3 y 366 del Código General del Proceso, siendo competencia del tribunal de primera instancia la tasación y liquidación de estas.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte el asunto de “interés público”?¿Cómo la parte demandada estuvo representada por apoderado judicial durante el proceso, las agencias en derecho se acreditaron?¿Se condenará en costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante?
¿Se cumplieron los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente al fallo de primera instancia en la que se condenó a la entidad territorial por incumplimiento del contrato interadministrativo? Sí
El contratista cumple con los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente a una condena por incumplimiento de contrato interadministrativo, siempre que el proceso tenga vocación de doble instancia, la cuantía de la condena supere los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el fallo no haya sido apelado. En este caso, la demanda se presentó en 2011, por lo que se rige por el Código Contencioso Administrativo de 1984, y la Sala es competente para conocer del asunto debido a la procedencia del grado jurisdiccional de consulta. La entidad territorial fue condenada por incumplimiento del convenio interadministrativo, y dado que el fallo no fue apelado y cumplía con los requisitos de cuantía y doble instancia, la Sala confirmó la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, lo que implica que el proceso puede continuar en esta instancia sin necesidad de un recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional está legitimada en la causa por activa y el Municipio por pasiva…¿El convenio interadministrativo celebrado entre las partes tuvo por objeto la ejecución de obras viales con recursos aportados por Acción Social…¿Para el cómputo del término de caducidad de la acción contractual es necesario determinar en qué momento se realizó la liquidación unilateral del convenio interadministrativo y si previamente…