Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que prescinde de audiencia de pruebas2025-03-17Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020140002400LEY 1437 REPETICION
¿Resulta procedente prescindir de la audiencia de pruebas, con el fin de agilizar el proceso judicial y cumplir el mandato de la Ley 2213 de 2022, dado que las pruebas que deben practicarse son pruebas documentales que reposan en el expediente y fueron objeto de traslado para que se surtiera la contradicción de las mismas, por economía procesal y eficacia, al no advtirse una violación al debido proceso como quiera que las partes tuvieron la oportunidad de controvertir la prueba con el traslado realizado, y en garantía del acceso a la administración de justicia? Sí
El contratista puede prescindir de la audiencia de pruebas en un proceso contencioso administrativo si las pruebas a incorporar son documentales y ya fueron objeto de traslado para su contradicción, siempre que esto no vulnere el debido proceso y las partes hayan tenido la oportunidad de controvertir dichas pruebas. Esta decisión se fundamenta en el mandato de agilizar los procesos judiciales establecido por la Ley 2213 de 2022 y en la garantía del acceso a la administración de justicia consagrada en la Constitución. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la economía procesal y la eficacia en la administración de justicia, permitiendo así una mayor celeridad en la resolución de conflictos.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-20Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020220064302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen en el proceso otras pruebas que permiten la verificación de los hechos? No
El contratista no puede recurrir de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen otras pruebas en el proceso que permiten verificar los hechos, ya que el artículo 236 del Código General del Proceso establece que no procede ningún recurso en estas circunstancias. Además, si la solicitud de prueba incluye un dictamen pericial o un testimonio técnico, el contratista debe cumplir con las cargas procesales mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico, como especificar los conocimientos técnicos del auxiliar de la justicia o proporcionar la información necesaria para citar a los declarantes. El incumplimiento de estas cargas impide el decreto de la prueba y hace improcedente el recurso de apelación, lo que reafirma la necesidad de cumplir con los requisitos legales para garantizar el debido proceso y evitar la desnaturalización de los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera el juez el derecho fundamental al debido proceso y las garantías probatorias de la parte interesada al negar el decreto del dictamen pericial solicitado…
¿Debe declararse la nulidad de las resoluciones 357 y 425 de 2021, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento, se hizo efectiva la cláusula penal del contrato 479 celebrado entre las partes demandante y demandada y se confirmó tal decisión por estar incurso en las causales de nulidad alegadas por la parte actora? No
El contratista no puede declarar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento y hacen efectiva la cláusula penal en un contrato interadministrativo, ya que la entidad estatal tiene competencia funcional para adelantar el proceso de incumplimiento y declarar el incumplimiento contractual conforme a la ley, sin violar el debido proceso ni presentar falsa motivación, siempre y cuando se acredite debidamente la falta de cumplimiento del contrato y se respeten los derechos del contratista en todo el proceso. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la competencia de las entidades estatales para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en contratos interadministrativos, lo que implica que los contratistas deben cumplir con sus obligaciones contractuales y no pueden alegar nulidad sin evidencia clara de violación al debido proceso o falsa motivación del acto administrativo.síntesis automática
¿La no citación de la SAE en el procedimiento administrativo que antecedió la declaratoria de caducidad del contrato vulneró sus derechos como administradora de Aposmar? No
La falta de citación de la entidad que tiene el interés en la actuación administrativa de caducidad no vulnera los derechos del administrado cuando el depositario del patrimonio está llamado a velar por esos intereses y la declaratoria de caducidad no lo exige. La regla se apoya en que el tribunal señaló que la citación no era necesaria para declarar la caducidad, y en que el depositario debía velar por los intereses de la entidad, lo que sustenta la decisión de instancia. Además, la apelación no cumple la carga de sustentación cuando se limita a reiterar los argumentos de la demanda sin reparos concretos contra el razonamiento del fallo, pues no habilita al juez de segunda instancia a revocarlo. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la sentencia que declara la caducidad sin citación de la entidad interesada se confirma cuando el recurrente no controvierte de manera específica las razones del tribunal.síntesis automática
También resuelve:¿La SAE vio vulnerados sus derechos por no haberse acreditado probatoriamente las conductas que justificaban la caducidad del contrato adjudicado a Aposmar?¿La declaratoria de caducidad del contrato vulneró el mandato legal de mantener productivos los activos administrados por la SAE durante el proceso de extinción de dominio…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-05-09Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020220004600LEY 1437 REPETICION
¿Es procedente el estudio del recurso de reposición interpuesto contra una providencia que rechazó un recurso de súplica, cuando dicha providencia introduce un punto no decidido en el auto recurrido? Sí
El operador judicial estudia los recursos ordinarios interpuestos contra una providencia que decide un recurso previo cuando dicha decisión incorpora temas o puntos no abordados en el auto inicialmente recurrido. En esta providencia del Consejo de Estado se aplica el artículo 243A del CPACA para verificar la procedencia del estudio del recurso frente al segmento resolutivo que rechazó por improcedente un recurso de súplica, al constituir un asunto novedoso no contenido en la providencia anterior, garantizando así la revisión de los aspectos particulares introducidos por el despacho judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El auto que adecuó el trámite a sentencia anticipada y que resolvió las solicitudes probatorias es susceptible del recurso de súplica?¿Es procedente el recurso de queja contra un auto que rechaza un recurso de súplica, cuando el proceso se tramita ante el Consejo de Estado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 05001233300020180109802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejero ponente es competente para resolver la solicitud de pruebas en segunda instancia? Sí
La competencia para resolver la apelación contra el auto que niega el decreto de una prueba corresponde al magistrado ponente y no a la sala. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que atribuye al Consejo de Estado el conocimiento de las apelaciones de los autos de los tribunales susceptibles de ese recurso, y en el numeral 3 del artículo 125 del mismo código, que deja en cabeza del ponente las providencias interlocutorias no enunciadas en el numeral 2. Por eso el auto que resuelve el recurso contra la negativa de decretar una prueba es una providencia del ponente. En el caso concreto el despacho del ponente se declaró competente para resolver el recurso de apelación contra el auto de audiencia inicial que negó la prueba, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el recurso contra la negativa probatoria en primera instancia se resuelve por el ponente y no por la sala.síntesis automática
También resuelve:¿Los recursos contra la decisión en audiencia inicial fueron interpuestos y sustentados oportunamente?¿Resulta procedente el decreto de los exhortos a la Universidad de Medellín y a COPNIA para obtener unos documentos a pesar de que la parte no los solicitó directamente a aquellas entidades?¿La EDU expresó debidamente el objeto de la prueba testimonial que solicitó en la contestación de la demanda?
¿El procedimiento administrativo previo adelantado a la declaratoria de incumplimiento del contrato, se hizo con violación del debido proceso? No
La declaratoria unilateral de incumplimiento de un contrato estatal respeta el debido proceso cuando la entidad cita al contratista, le informa los cargos concretos y las obligaciones presuntamente incumplidas, y le permite presentar descargos y pedir pruebas antes de la decisión definitiva. Una razón es que en el procedimiento el contratista presentó descargos, solicitó pruebas que fueron practicadas y asistió a la audiencia, de modo que tuvo la oportunidad de defenderse. Otra razón es que el contratista no interpuso el recurso de reposición en la audiencia, que era la oportunidad para cuestionar la decisión, y tampoco se acreditó un hecho extraño que hubiera incidido en la resistencia de los pavimentos. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto que declaró el incumplimiento, porque el dictamen de parte no desvirtuó los motivos de la entidad. Su consecuencia práctica es que el contratista que no recurre en la audiencia de incumplimiento pierde el reproche de debido proceso sobre esa etapa.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato, toda vez que el contratista cumplió con los estándares de resistencia de los pavimentos?¿En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas?
“¿El contexto de la expedición de la Resolución No. 5997 de 2016 y la decisión que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra (Resolución No. 6050 de 2016), constituye una actuación viciada por falta de competencia y por infracción a la prohibición de subdelegación de funciones prevista en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con la exigencia del literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, según la cual la audiencia sancionatoria contractual debe ser convocada y dirigida por el jefe de la entidad o su delegado?” No
El contratista no puede alegar falta de competencia o subdelegación de funciones en la expedición de las resoluciones sancionatorias, ya que la delegación de funciones por parte del jefe de la entidad fue válida y de conocimiento público, y la carga probatoria de desvirtuar dicha delegación recae sobre el contratista, quien no la cumplió. Además, la mención de una norma derogada en el oficio de convocatoria a la audiencia sancionatoria no vicia el debido proceso, dado que el contenido normativo de dicha norma sigue vigente bajo otra disposición legal aplicable a los hechos investigados. Esta decisión reitera y confirma la presunción de legalidad de los actos administrativos y la necesidad de que el contratista acredite cualquier vicio en la delegación de funciones, así como la irrelevancia de citar normas derogadas si su contenido sigue vigente en otra disposición legal.síntesis automática
¿Las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad para celebrar contratos con el Estado? Sí
El contratista puede celebrar contratos con el Estado a través de uniones temporales, figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas que la Ley 80 de 1993 les confiere capacidad para presentar ofertas y contratar con entidades estatales, aunque los miembros responden hasta por el monto de su participación. La Sala confirma que la ampliación del plazo del contrato no puede realizarse respecto de un solo miembro de la unión temporal, ya que el contrato fue suscrito por la asociación de las personas jurídicas y no individualmente. Además, las actas demandadas no se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes, pues estas se refieren a la interpretación, modificación, terminación y caducidad de los contratos, no a la prórroga. Finalmente, no hubo violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones del director de la ANTV, ya que estas no requerían seguir el procedimiento para el ejercicio de facultades exorbitantes. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la capacidad contractual de uniones temporales y la aplicación de facultades exorbitantes en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La ampliación del plazo del contrato podía hacerse respecto de uno de los miembros de la unión temporal contratista?¿Las actas demandadas se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes?¿Existió violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones adoptadas por parte del director de la Agencia Nacional de Televisión?
¿Existió una vulneración al debido proceso en el procedimiento sancionatorio minero contra el demandante? No
Cuando el titular minero es requerido en un procedimiento sancionatorio, el derecho de contradicción se garantiza mediante providencia notificada por estado, sin que sea exigible una notificación personal fuera de las excepciones previstas en la normativa especial. La regla se apoya en tres razones. Primera, la normativa minera admite la notificación por anotación en estados de las providencias del procedimiento, y el demandante reconoció que los primeros autos se notificaron de esa forma. Segunda, la declaratoria de caducidad se fundamentó en el incumplimiento parcial de los requerimientos, y la multa en la falta de entrega de formularios básicos, de modo que la falta de notificación alegada no configura causal de nulidad. Tercera, no existen expectativas legítimas contrarias al ordenamiento que justifiquen desconocer reglas de derecho público de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, el cambio de dirección para notificaciones personales resulta irrelevante y no se vulneró el debido proceso. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera debe estar precedida de un procedimiento administrativo donde se le permita al concesionario conocer las causas de ésta y ejercer su…¿La falta de ejecución del contrato excusa al contratista de la obligación de mantener vigente la garantía minero ambiental?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público e hizo efectiva la cláusula penal, por haberse vulnerado el debido proceso de la contratista, porque la entonces directora del DADEP omitió tramitar la recusación formulada en su contra antes de proferir la Resolución 245 de 8 de julio de 2019 por la cual se resuelven dos recusaciones promovidas contra la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica? No
No existe una causal de nulidad autónoma denominada violación del debido proceso, pues las causales previstas en el artículo 137 del CPACA se refieren a formas de vulneración de alguno de los componentes de ese derecho, de modo que el reproche debe encuadrarse en un vicio concreto de forma o de expedición irregular del acto. Tampoco pueden estudiarse los cargos contra actos que no fueron demandados, pues estos se presumen legales mientras no se pida su nulidad. Por ello, la omisión de tramitar una recusación debe demostrarse como vicio específico del acto que se cuestiona y no puede invocarse de manera general. En el caso concreto, la contratista alegó que la omisión de tramitar una recusación antes de resolver otra vulneró su debido proceso, y la providencia confirmó la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento del contrato y ordenaron hacer efectiva la cláusula penal. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento por vicios procedimentales debe identificar la causal específica del artículo 137 y demandar también los actos que resuelven la recusación.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales? Sí
El contrato determina la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales, siempre y cuando el monto del contrato supere los límites establecidos en el presupuesto correspondiente. En este caso, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina era competente para conocer el proceso en primera instancia en razón de la cuantía, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 132 del Código de Código de Apelaciones Administrativas.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato se ha liquidado unilateralmente?¿Si en la demanda se solicitó se analizaran los cargos desde la perspectiva de la ruptura del equilibrio económico del contrato pero estos corresponden realmente a cargos por incumplimiento del…¿Es procedente la declaración de nulidad del acto administrativo que declaró la terminación unilateral del contrato por incumplimiento contractual en razón a una violación del debido proceso…
¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes? Sí
Los contratos celebrados por una empresa social del Estado son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que pueden pactarse discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta regla se apoya en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que dan a la empresa el carácter de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por ello, la presencia de facultades exorbitantes no cambia la naturaleza privada del negocio, sino que habilita a la entidad a ejercer ciertas potestades unilaterales. En el caso concreto el contrato de prestación de servicios se rige por normas civiles y comerciales y contiene facultades de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, que fueron pactadas por la empresa. La sala confirmó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la empresa social del Estado puede pactar cláusulas exorbitantes en contratos regidos por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del…¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019?¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus?
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran la caducidad del contrato estatal cuando se evidencia su incumplimiento, ya que la entidad administrativa justificó adecuadamente el incumplimiento del contratista, y la Sala considera que la entidad demandante no tiene el interés directo requerido para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, dado que su interés en la nulidad del convenio es indirecto y no afecta sus derechos directos en la caducidad del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales en ausencia de cláusulas compromisoriarespetando la posibilidad de renuncia tácita a la justicia arbitral, y matiza la posición respecto a la legitimación en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta de contratos estatales, estableciendo que los terceros ajenos al contrato deben demostrar un interés directo en el acto administrativo cuestionado.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo suscrito entre el municipio de Jamundí y Coopmunicipios…¿Resulta procedente la nulidad de los actos contractuales que declararon la caducidad administrativa del contrato de outsourcing…¿Se acreditó la violación al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción, en la declaratoria de caducidad del contrato de outsourcing por el incumplimiento de las obligaciones del…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-01Sección Tercera (Subsección A)MARÍA ADRIANA MARÍNRad. 25000233600020230056901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria, cuando la controversia gira en torno a la interpretación, alcance y naturaleza jurídica de dicha cláusula, siendo aspectos que constituyen el fondo del litigio y deben ser resueltos en la sentencia definitiva? No
No procede la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria cuando la controversia gira en torno a la interpretación, el alcance y la naturaleza jurídica de esa cláusula, pues tales aspectos constituyen el fondo del litigio y deben resolverse en la sentencia definitiva. La regla se apoya en los artículos 229, 230 y 231 del CPACA, que condicionan la medida cautelar a que proteja transitoriamente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, a que sea el único mecanismo para conjurar la situación y a que la solicitud esté debidamente fundada, con pruebas que permitan concluir la vulneración alegada. Un análisis anticipado de la validez de la cláusula implicaría prejuzgar el fondo. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la negativa de la medida cautelar se confirma cuando la discusión depende de la interpretación contractual, y la controversia debe resolverse en la sentencia.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la medida cautelar de suspensión provisional frente a un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria…¿Resulta procedente la suspensión provisional de un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria, cuando la presunta vulneración del derecho al debido proceso alegada se fundamenta en…¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación…
¿Debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista? No
El contratista no debe ser declarado en litisconsorcio necesario con la entidad aseguradora, ya que la relación entre ambas no es indispensable para que uno de ellos actúe en el proceso, configurándose así un litisconsorcio cuasinecesario. Además, las objeciones al dictamen pericial presentadas por la aseguradora no constituyen un error grave, afectando solo la credibilidad y solidez técnica de la prueba, pero no su validez. Asimismo, la UT contratista no tiene la obligación de corregir y ajustar los diseños de la obra, y el incumplimiento en la entrega de los planos no justifica hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el 100% del valor estipulado, ya que no se demostró un nexo causal entre la deficiencia en los diseños y la inejecución de las obras. Por último, la entidad estatal rechaza la pretensión de nulidad de las resoluciones impugnadas, al no acreditarse adecuadamente la inversión del anticipo por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Los dictámenes periciales adolecen de error grave por las deficiencias técnicas y metodológicas expresadas por la parte demandante?¿Le asistía a la UT contratista el deber de corregir y ajustar los diseños de la obra que eran objeto del contrato núm. 320 de 2011?¿El contratista manejó e invirtió adecuadamente los recursos del anticipo pactado?
¿La Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 que declara el incumplimiento contractual, fue proferida con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la liquidación y en consecuencia, con falta de competencia temporal? No
La entidad estatal que profiere un acto administrativo declarando el incumplimiento de un convenio o contrato estatal actúa dentro de los límites de su competencia temporal siempre que la decisión se adopte antes del vencimiento del plazo legal para liquidar el negocio jurídico o dentro de los plazos conferidos jurisprudencialmente, sin que se requiera necesariamente agotar la liquidación bilateral. La Corporación precisa que la actuación administrativa desplegada para sancionar el incumplimiento respeta plenamente el derecho fundamental al debido proceso cuando se otorga al contratista la oportunidad efectiva de conocer los informes de interventoría, controvertir los cargos endilgados y presentar sus descargos antes de la expedición de los actos definitivos. La falta de sustentación autónoma en el recurso de apelación impide prosperar los argumentos sobre falsa motivación planteados por la parte recurrente.síntesis automática
También resuelve:¿La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 fue expedida con falta de competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo?¿Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso?¿Los actos acusados se expidieron con falsa motivación?
¿El acto administrativo fue expedido contando con estudios técnicos que lo soportaran? Sí
Cuando el acto administrativo de reestructuración de la planta de personal se expide con estudios técnicos que lo soportan, no existe falta de diligencia del agente que configure culpa grave y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, el acto se expidió contando con los estudios técnicos, elaborados en virtud de un convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Segunda, el proyecto final fue sometido a discusión de los comités designados y no sufrió modificaciones adicionales por parte del exalcalde demandado. Tercera, la finalidad de la reestructuración fue optimizar el recurso financiero y humano para cumplir las funciones que demandaba el municipio. Además, la presunción invocada no guarda coherencia con lo decidido en la sentencia de nulidad y restablecimiento, por lo que no puede tenerse por acreditada. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. Además, la parte actora circunscribió su imputación a otra causal y no a la falta de competencia por error inexcusable, por lo que esa vía no se analiza. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La presunción invocada guarda coherencia con lo expuesto en la sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Quien alegue a su favor una presunción deberá probar plenamente los hechos que le dan su origen?¿El agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales? Sí
Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de…¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas…¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
¿El Tribunal Administrativo de Risaralda omitió correr traslado a las partes para alegar de conclusión? No
El contratista no puede alegar que el tribunal omitió correr traslado para presentar alegatos de conclusión si ya se había ordenado previamente y las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse, como ocurrió en este caso donde el tribunal ordenó el traslado el 20 de agosto de 2019, y el demandante presentó recurso de reposición sin alegar la falta de traslado, y el tribunal confirmó la decisión. Además, el tribunal no incurrió en defectos de valoración probatoria al analizar integralmente las pruebas que demostraban la legalidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, y el demandante no demostró cómo la valoración de las pruebas habría variado la decisión del tribunal, por lo que la apelación no prospera. Este precedente reitera que el tribunal debe cumplir con los trámites procesales y analizar las pruebas de manera integral, pero también establece que el demandante debe utilizar oportunamente los recursos procesales para alegar cualquier irregularidad.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal incurrió en defectos de valoración probatoria que condujeron a negar la pretensión de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato?¿El ad quo realizó un análisis integral de las pruebas que obran en el plenario que demuestran la legalidad del acto acusado?¿El ad quo debía pronunciarse respecto de la pretensión relativa al reconocimiento de $106’328.139,00 por concepto de mayor valor deducido sobre el saldo a su favor con base en la aplicación de la…
Usamos una cookie técnica de sesión, necesaria para que el
buscador funcione, y, si lo aceptas, cookies de Google Analytics
con IP anonimizada para medir visitas de forma agregada. No usamos cookies de
publicidad ni de perfilamiento. Puedes cambiar tu decisión en cualquier momento
desde la Política de cookies.