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¿Cuál es el alcance de la designación y de la responsabilidad del supervisor cuando su perfil profesional no corresponde a todas las áreas técnicas que comprende la supervisión del contrato?
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, y la ejerce la propia entidad estatal cuando no requiere conocimientos especializados. Cuando el objeto o alguno de los componentes de la supervisión, como el jurídico, el financiero, el contable o el técnico especializado, supera razonablemente la idoneidad profesional del servidor designado, este puede informarlo oportunamente a su superior jerárquico o al ordenador del gasto. Puede además solicitar, de manera motivada, la reasignación de la supervisión o la implementación de mecanismos de apoyo, como la designación de servidores con conocimientos especializados o esquemas de apoyo interdisciplinario, cuando sean compatibles con la organización de la entidad. Para la supervisión, la entidad también puede contratar personal de apoyo mediante contratos de prestación de servicios. Según el concepto, la presentación de esa solicitud no permite al servidor abstenerse unilateralmente de ejercer la supervisión, y la entidad no está obligada a acceder a la reasignación. En consecuencia, mientras la entidad decide, el servidor designado debe continuar con la supervisión asignada.síntesis automática
También resuelve:Supervisión e intervención del contrato estatal: noción, Ley 1474 de 2011Supervisión del contrato estatal: características, posibilidad de reasignación, decisión potestativa de la entidad
¿Ante el incumplimiento parcial del contrato interadministrativo No. 0304 del 16 de octubre de 2018 suscrito entre las partes, procede el reintegro de valores, la cláusula penal y la afectación de las pólizas de cumplimiento? Sí
Cuando la administración declara terminado un contrato interadministrativo por vencimiento del plazo sin alegar incumplimiento, pierde la facultad de hacer efectiva la cláusula penal por ese mismo incumplimiento, y su deber de supervisión oportuna compromete su propia responsabilidad. La regla se sostiene en que el supervisor no formuló requerimiento alguno durante la ejecución, y solo analizó los informes cuando ya se había firmado el acta de terminación por vencimiento del plazo. Además, el contratista cumplió solo parcialmente las actividades pactadas, de modo que ambas partes incumplieron sus obligaciones. Cuando existe incumplimiento recíproco, el juez no puede atribuir la totalidad del perjuicio a una de ellas sin examinar la conducta de la otra. La providencia no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la entidad que no supervisa a tiempo ni formula requerimientos oportunos corre el riesgo de que la cláusula penal y la afectación de las pólizas de cumplimiento no prosperen, pues la facultad para exigirlas se extingue con la terminación sin reclamo.síntesis automática
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contratista y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, con fundamento en los argumentos expuestos por las aseguradoras demandantes y por la Unión Temporal Auditores en Salud? No
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no procede la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y la No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato de consultoría 080 de 2018, por parte de la UNION TEMPORAL AUDITORES DE SALUD...
También resuelve:¿Procede el reintegro de las sumas pagadas por las aseguradoras con ocasión de los actos administrativos demandados?
¿Las actas de avance del Convenio y el informe de supervisión demuestran que el Municipio incumplió sus obligaciones contractuales? Sí
El informe de supervisión y las actas de avance de un convenio constituyen pruebas idóneas del incumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante cuando esta participó en las visitas en que se verificaron los incumplimientos y no controvierte las conclusiones de la supervisión ni aporta pruebas que las desvirtúen. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la participación de la entidad en las visitas de verificación le permitía conocer y cuestionar las conclusiones de la supervisión, de modo que su silencio durante el proceso refuerza la prueba del incumplimiento. Segundo, cuando la entidad no presenta medios de prueba que desvirtúen el incumplimiento certificado, no satisface la carga de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y precisa que la entidad deberá cumplir las obligaciones de hacer en el plazo de un año contado desde la ejecutoria de la decisión; en la práctica, cuando la sentencia no fija plazo para cumplir obligaciones de hacer, el juez puede precisarlo a partir de su ejecutoria.síntesis automática
También resuelve:¿Por tratarse de una demanda presentada por una entidad pública, era obligatorio agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial?¿Para que una obligación de hacer sea exigible se requiere que se determine el plazo para la ejecución de la misma?¿La Sala condenará en costas al Municipio como quiera que el recurso de apelación fue resuelto de manera desfavorable para él?
¿Incumplió la Unidad Nacional de Protección las obligaciones de pago derivadas de los contratos de prestación de servicios 629 y 630 de 2015, suscritos con la Unión Temporal Seguridad Total, como consecuencia: (i) de la aplicación de glosas o descuentos de facturación mediante notas crédito durante el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2015 y el 29 de febrero de 2016, que no fueron reconocidas en las actas de liquidación bilateral y que habrían generado saldos pendientes de pago por concepto de servicios de esquemas fijos y personal de relevos por valor de $408.723.642,oo en el contrato 629 de 2015 y $444.186.526,oo en el contrato 630 de 2015; (ii) de la negativa al reconocimiento y pago de la incidencia salarial de los viáticos generada por desplazamientos superiores a tres días en el mismo mes calendario, por valor de $(...); y (iii) de un error de cálculo en la liquidación de los intereses de cesantías que habría generado una diferencia a cargo de la entidad por valor de (...)? Sí
El contratista no incumple cuando la entidad estatal aplica glosas o descuentos de facturación mediante notas crédito durante la ejecución del contrato, si estos descuentos no están fundamentados en observaciones técnicas y contractualmente sustentadas sobre la calidad o existencia de los servicios prestados, sino que obedecen a causas ajenas al contratista, como deficiencias administrativas internas de la entidad. En este caso, la Unidad Nacional de Protección aplicó descuentos sin fundamento técnico ni contractual, trasladando al contratista las consecuencias de su propia desorganización administrativa, pese a que los supervisores certificaron que el servicio se prestó a entera satisfacción. Además, la entidad incumplió al negarse a reconocer y pagar la incidencia salarial de los viáticos por desplazamientos superiores a tres días en el mismo mes calendario, según criterio laboral establecido. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el incumplimiento del contrato estatal por la administración, estableciendo que los descuentos deben estar justificados técnicamente y no pueden ser consecuencia de la mala gestión interna de la entidad.síntesis automática
¿Puede un juez de segunda instancia pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia, ya que la carga argumentativa del recurso de apelación requiere que el recurrente no se limite a reiterar los argumentos expuestos en la demanda, sino que debe presentar una fundamentación específica que permita al tribunal del segundo grado delimitar su competencia. En este caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia al constatar que el apelante no cumplió con esta carga argumentativa, lo que implica que el juez de segunda instancia no puede revisar el fondo del asunto. Esta decisión reitera la importancia de la carga argumentativa en el recurso de apelación y limita la competencia del juez de segunda instancia cuando no se cumplen con los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Es válida la liquidación unilateral de un convenio interadministrativo si se realiza dentro del término de dos años posterior a la expiración del plazo contractual?¿Puede considerarse debidamente motivada una resolución de liquidación unilateral sustentada en el informe de supervisión, sin que medie pronunciamiento previo de la Contraloría General?¿Procede la condena en costas contra el recurrente al no haber prosperado la apelación?
¿Las dificultades asociadas a los diseños fueron la causa que impidió a la contratista cumplir sus obligaciones contractuales? No
La Sala encuentra suficientemente acreditado que hasta cierto momento, las obras no pudieron adelantarse debido, en parte, a que los diseños que le fueron entregados a la contratista no se ajustaban a las condiciones de los niveles del río Cesar al momento de la ejecución de los trabajos.… Pese a lo anterior, el hecho de que AREMCA no ejecutara las obras en el tiempo pactado no puede explicarse en razón de las dificultades asociadas a los diseños, en la medida que las partes adoptaron acciones y llegaron a acuerdos que una vez implementados las llevaron a concluir que tales aspectos habían sido superados y que, por tanto, las obras se podían ejecutar.… Así las cosas, dado que tanto el Municipio como la Asociación estimaron que con los lineamientos e instrucciones que dio la interventoría en la reunión del 10 de julio de 2012 estaban dadas las condiciones técnicas asociadas a los diseños para ejecutar las obras…
También resuelve:¿En los contratos de obra, cuando su celebración esté precedida de licitación pública, la interventoría debe contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista?¿La alegada ausencia de interventoría en obra justifica el incumplimiento del contratista?¿Procede la condena en costas a la parte demandante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-03-01Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020190086701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el juez decretar la práctica de los testimonios encaminados a determinar las condiciones en las que se desarrolló el negocio jurídico, cuando los hechos materia de prueba se encuentran suficientemente esclarecidos en el proceso, con los documentos contractuales que fueron decretados como medios probatorios? No
El juez no debe decretar la práctica de testimonios cuando los hechos materia de prueba se encuentran suficientemente esclarecidos con los documentos contractuales decretados como medios probatorios, conforme al artículo 212 del Código General del Proceso, que permite al juez limitar la recepción del testimonio si considera que los hechos están suficientemente esclarecidos. En este caso, la parte demandada solicitó el testimonio del supervisor del contrato, pero los documentos contractuales ya permitían determinar las condiciones en las que se desarrolló el negocio jurídico, por lo que el testimonio no resultaba útil ni pertinente. Además, la condena en costas no requiere la apreciación de una conducta de la parte vencida, ya que se determina con base en un criterio objetivo que considera la gestión de las partes y las resultas del proceso, por lo que se condena a la parte demandada en costas y se fija una agencia en derecho en función de la gestión procesal realizada por el apoderado de la entidad demandante.síntesis automática
También resuelve:¿La condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte vencida en el proceso, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un…
¿La demandante probó que cumplió las obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación del contrato? No
Quien alega haber cumplido sus obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación de un contrato interadministrativo debe probarlo con soportes que permitan verificar la ejecución real de esas actividades, y que los oficios de avance remitidos a la interventoría ni las decisiones de tutela que ordenan giros a beneficiarios acreditan por sí solos ese cumplimiento. Una razón es que los oficios remitidos por el contratista informaban el avance total del contrato, pero no tenían soportes que permitieran verificar la ejecución de actividades en un porcentaje no aceptado ni pagado. Otra razón es que la sentencia de tutela amparó el debido proceso de unos beneficiarios y ordenó girarles recursos, pero no acreditó que el contratista hubiera ejecutado un porcentaje mayor al certificado por la interventoría. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y la liquidación judicial que se había fijado con base en los certificados de la interventoría. Su consecuencia práctica es que el avance del contrato debe acreditarse con actas y soportes aceptados por la interventoría, y no con comunicaciones o decisiones de otro proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia de tutela acredita que la Universidad hubiera ejecutado actividades en un porcentaje mayor al certificado por la interventoría del Contrato?¿Las actividades realizadas por la universidad fueron objeto de revisión por la interventoría por lo cual no se requería que la entidad demandada ejerciera una supervisión adicional?¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció oportunamente?
¿En el seguro de cumplimiento como garantía de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la prescripción ordinaria es aplicable a todo interesado que tenga o haya debido tener conocimiento del siniestro? Sí
El contratista debe cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato estatal, y en caso de incumplimiento, la entidad estatal como beneficiaria del seguro de cumplimiento tiene la obligación de reconocer el siniestro y notificarlo al asegurador dentro del término legal. Según el artículo 1081 del Código de Comercio, la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinariamente en dos años desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del siniestro. La entidad estatal, al tener la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del contrato, debe actuar con diligencia y notificar cualquier incumplimiento en tiempo y forma. Si la entidad estatal conoce del siniestro pero no lo notifica oportunamente, la prescripción puede ocurrir antes de que el asegurador pueda actuar, lo que implica que la entidad estatal debe ser diligente en su vigilancia y control del contrato para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿La prescripción del contrato de seguro no solo se cuenta desde que el interesado conoce el siniestro sino también desde cuando debió haberlo conocido?¿El término de los dos años que prevé la norma ya había fenecido para el momento en que se emitió la resolución que declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento y, por ende…¿No se discute la responsabilidad del contratista frente a la aseguradora derivado del contrato sino la extinción del derecho del asegurado a cobrarle a la compañía de seguros?
¿Está demostrado el incumplimiento del convenio interadministrativo por parte del Municipio de Luruaco por no allegar los documentos necesarios para hacer la liquidación del contrato? Sí
La entidad que reclama la efectividad de una póliza de cumplimiento y de la cláusula penal por el incumplimiento de un convenio interadministrativo puede acudir directamente a la jurisdicción cuando ni la estipulación contractual ni la ley le impiden hacerlo, y que el cumplimiento del objeto principal no exime a las partes de sus obligaciones específicas, como la legalización de los recursos y la liquidación. Una razón es que el contrato de seguro y las normas sobre efectividad de la póliza preveían que el siniestro se declarara por acto administrativo, pero esa forma no impedía acudir a la jurisdicción. Otra razón es que aunque el convenio se ejecutó en lo principal, la entidad municipal desatendió la legalización de los recursos entregados y la liquidación del convenio, por lo que el incumplimiento quedó demostrado. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones y declaró procedente hacer efectiva la póliza. La providencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la legalización de recursos y la liquidación son obligaciones autónomas cuyo incumplimiento puede sustentar la efectividad de la garantía.síntesis automática
También resuelve:¿En procedente hacer efectiva la póliza de cumplimiento en razón de la efectividad de la cláusula penal del contrato?¿No están reunidos los presupuestos establecidos en el numeral 4 del contrato de seguro de cumplimiento para dar aplicación a la figura de la compensación?¿Es procedente la actualización de la condena por el incumplimiento del convenio interadministrativo?
¿El IDU y Transmilenio SA incumplieron el contrato de consultoría por no haber pagado algunas actividades que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución contractual? No
El contratista no puede exigir el pago de actividades adicionales que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución del contrato, ya que no hubo acuerdo de voluntades entre las partes para incorporar estos ítems al negocio jurídico con un precio definido. La Sala confirmó que los trabajos no incluidos en el contrato inicial ni en los modificatorios correspondientes son adicionales y, por lo tanto, no pueden ser exigidos como parte del contrato original. Esta decisión reitera la necesidad de un acuerdo explícito entre las partes para incluir nuevos ítems y establecer su contraprestación, lo que implica que el contratista no puede realizar ejecuciones materiales sin un acuerdo previo sobre su remuneración, evitando así reclamos por incumplimiento contractual basados en trabajos no pactados.síntesis automática
También resuelve:¿La ley fija límites objetivos para la contabilización de la caducidad, los cuales son de orden público y, por consiguiente, de perentoria observancia?¿Las consecuencias en materia de los costos y gastos que genere el proceso se le asignaron a la parte vencida?
¿Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, con fundamento en la naturaleza del contrato, las necesidades públicas por satisfacer y los costos que la ejecución contractual demanda? Sí
Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, atendiendo a la naturaleza del contrato, a las necesidades públicas por satisfacer y a los costos que demanda su ejecución. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 ubica la interventoría dentro de la categoría de consultoría y la hace obligatoria en los contratos de obra pública, debiendo contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista; entre el contrato de obra y el de interventoría existe una coligación contractual, de modo que la existencia del primero es necesaria para la del segundo; y las obligaciones del contrato de obra constituyen el objeto abstracto del contrato de interventoría, por lo que su remuneración debe responder a esa relación de dependencia unilateral. Por ello, la entidad no puede desligar la forma de pago de la ejecución de la obra que supervisa. La providencia se modifica en el aspecto relativo a la remuneración.síntesis automática
También resuelve:¿Conduce la interpretación sistemática del contrato y de su ejecución a concluir que el valor pactado operaba como monto máximo y que la remuneración dependía de los recursos efectivamente utilizados?¿Incumplió el consorcio interventor sus obligaciones contractuales al omitir la entrega completa y oportuna de la documentación técnica exigida y desatender los requerimientos formulados por la…¿Constituye la entrega incompleta del informe final de interventoría un incumplimiento contractual que impide exigir el pago de las actas pendientes?
¿El contratista demandado -Aecom- tenía la obligación de verificar la calidad de los diseños de las obras de acceso al casco urbano de Gramalote? No
El contratista no tiene la obligación de verificar la calidad de los diseños de las obras de acceso al casco urbano de Gramalote, ya que dicha responsabilidad no surge del contrato de gerencia del proyecto ni del nexo entre este y los contratos de interventoría de diseños y consultoría para la elaboración de diseños. La Sala establece que cada contrato tiene su objeto específico y que el principio de relatividad de los contratos implica que cada contratista es responsable ante la entidad estatal de las obligaciones derivadas de su propio contrato, sin asumir responsabilidades por las actuaciones de otros contratistas. Además, los estudios previos del contrato de gerencia integral del proyecto no establecen la obligación de revisar la calidad de los diseños ni de examinar los criterios técnicos utilizados por el interventor. Esta decisión reitera la importancia de definir claramente las responsabilidades en los contratos de obra y matiza la interpretación de la obligación de resultado en contratos de gerencia de proyecto.síntesis automática
También resuelve:¿Debe condenarse en costas a la parte demandante Fondo de Adaptación, puesto que, el recurso de apelación le fue desfavorable?
¿El término de prescripción en el contrato de seguro se contabiliza desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado? Sí
El contratista debe ejercer acciones derivadas del contrato de seguro dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, que comienza a contabilizarse desde el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado, ya sea el tomador, el asegurado o el beneficiario. Esta regla se modifica respecto a precedentes anteriores, al establecer que la prescripción ordinaria opera desde que el interesado conoce o debió conocer del siniestro, incluso si la entidad asegurada ya tenía conocimiento de los hechos que dan origen a la acción. Esto implica que la entidad pública debe actuar con celeridad y diligencia en la formulación de reclamaciones ante las aseguradoras para evitar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la prescripción ordinaria prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio cuando se acredita que la entidad asegurada conocía, o razonablemente debía conocer…¿Están las entidades públicas obligadas a ejercer control y vigilancia permanente sobre la ejecución de contratos estatales?¿Pueden considerarse los informes de interventoría como un medio idóneo para que las entidades estatales verifiquen el cumplimiento de los contratos públicos…
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo?¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio?¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
¿Se configura el ejercicio del ius variandi previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no se acredita un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una instrucción de la entidad comunicada por el contratista, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes? No
No se configura el ius variandi del artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando no existe un acto administrativo de modificación unilateral del contrato estatal, sino una comunicación del contratista que relata una instrucción de la entidad, y la inclusión y exclusión de tramos de obra se formaliza mediante un acuerdo suscrito por las partes. La regla se sostiene en tres razones: la facultad de modificación unilateral exige un acto administrativo expedido por la entidad en los términos del artículo 16; la comunicación emanada del contratista, que da cuenta de una instrucción, no reúne esa condición; y los ajustes de tramos y de cronograma, al ser objeto de acuerdo entre las partes, constituyen una modificación bilateral del contrato y no un ejercicio de potestades excepcionales. Así, el reclamo fundado en una modificación unilateral debe demostrarse con el acto que la contenga, pues la sola afirmación de falencias en planos o diseños no basta. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿La estipulación expresa, contenida en dos prórrogas contractuales, de que la ampliación del plazo no generaría costos adicionales para la entidad…¿Procede incluir en la liquidación judicial del contrato las cantidades de obra que el contratista afirma pendientes de pago, cuando no identifica qué cantidades…¿Son suficientes los memorandos internos sobre trámites de cierre pendientes y los anexos elaborados unilateralmente por la entidad estatal para acreditar el pago de obras no ejecutadas por el…
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
¿La aplicación de la figura de la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual, estaba subordinada a la declaratoria judicial de nulidad? No
La ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual no se subordina a la declaratoria judicial previa de nulidad, porque opera por ministerio de la ley cuando se constata la causal que la establece, y que solo la ley puede atribuir esa consecuencia. Una razón es que a diferencia de las nulidades de los actos jurídicos, la ineficacia no depende de la invocación de causales ni de una pretensión de nulidad, y el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 declara ineficaces de pleno derecho las estipulaciones que contravienen sus exigencias. Otra razón es que la ineficacia produce el efecto de una sanción in limine, de modo que el juez solo debe pronunciarse cuando exista controversia entre los contratantes sobre su configuración. En el caso, la Sala se apartó del razonamiento del tribunal que exigía una pretensión de nulidad para estudiar la ineficacia de la cláusula, y confirmó la decisión por otros fundamentos. La providencia cita precedente de la Subsección sobre la ineficacia de pleno derecho; su consecuencia práctica es que la cláusula ineficaz puede desconocerse sin necesidad de demandar su nulidad, aunque la controversia sobre su configuración debe resolverla el juez.síntesis automática
También resuelve:¿Para solicitar o declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, deben invocarse las causales que taxativamente están previstas en la ley contractual?¿La imprecisión técnica en la que incurrió el demandante al invocar las causales de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato…¿Resulta posible supeditar el pago del contrato de interventoría al cumplimiento del contrato supervisado?
¿El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , cumple con todos los presupuestos procesales? Sí
El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 5 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas cumple con todos los presupuestos procesales, incluyendo la jurisdicción, competencia, ejercicio oportuno de la acción y legitimación en la causa, lo que permite a la Sala resolver el recurso presentado por la entidad territorial, el consorcio demandado y la aseguradora llamada en garantía. Además, la Sala confirma que la interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante, según lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, y que la sentencia de primera instancia no vulneró el principio de congruencia al no analizar obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda, lo que implica que la entidad estatal debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones del interventor en relación con el seguimiento y control de los contratos de obra.síntesis automática
También resuelve:¿La interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso licitatorio, y debe estar a cargo de una persona independiente de la entidad contratante?¿Con la sentencia de primera instancia se vulneró el principio de congruencia, al referirse a obligaciones contractuales no cuestionadas en la demanda?¿Las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen?