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¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que decidió liquidar el convenio de colaboración entre Ecopetrol y el Municipio de Mani, con la orden de reintegrar los remanentes no ejecutados al Sistema General de Regalías porque, en criterio del recurrente, no sobró ningún recurso económico? No
Los recursos de regalías no ejecutados en un convenio de colaboración deben reintegrarse a la cuenta única del Sistema General de Regalías, según el artículo 95 de la Ley 1530 de 2012, aplicable por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y que los rendimientos financieros que el ente territorial deba devolver al aportante no se descuentan de esa deuda, porque provienen de una fuente distinta. Una razón es que los egresos justificados fueron de 2.948.981.934 pesos frente a un presupuesto de 2.970.230.253 pesos, de modo que quedó un saldo que el municipio no demostró haber invertido. Otra razón es que el desembolso de los rendimientos financieros no provino de los fondos del convenio, sino de la cuenta donde se depositó el aporte, por lo que no puede compensarse con las regalías pendientes. En el caso, el apelante no pudo respaldar su afirmación de que invirtió todo el dinero del convenio, y la Sala confirmó la liquidación del tribunal. Su consecuencia práctica es que el ente territorial debe documentar el destino de cada peso del convenio y no puede compensar rendimientos con regalías no invertidas.síntesis automática
También resuelve:¿Debe condenarse en costas procesales de segunda instancia a la parte demandada, recurrente en este caso, cuyo recurso de apelación le fue desfavorable?
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
¿El Municipio de Honda manifestó su consentimiento para celebrar contrato de obra con el consorcio demandante? Sí
Un municipio que suscribe un contrato de obra con un consorcio en nombre propio, en virtud de un convenio con una entidad nacional que solo se compromete a girar los recursos, no actúa como delegatario de esa entidad, y los derechos y obligaciones del contrato recaen en el municipio y en el consorcio. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el convenio no delegó en el municipio la función de celebrar contratos en nombre de la entidad nacional, pues la obligación de girar recursos no comporta delegación alguna. La segunda es que el texto del contrato muestra que el alcalde lo celebró en representación del municipio. La tercera es que las disponibilidades y registros presupuestales que exige la ley son obligaciones de la entidad estatal antes de ejecutar el contrato y no parámetros de validez del negocio, y que en el caso concreto el municipio no incumplió esos deberes respecto del objeto original del contrato. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio demandado incumplió constituir las disponibilidades y reservas presupuestales para atender el pago de las obras adicionales?¿Se acreditó el incumplimiento del municipio en el pago de las actas parciales de obra ?¿Las causas que determinaron la necesidad de suscribir el acta de suspensión no. 2 del 18 de mayo de 2012 son atribuibles al Municipio?
¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato es de ejecución sucesiva y requiere liquidación? Sí
El contratista puede demandar la declaratoria de incumplimiento durante la vigencia del contrato de ejecución sucesiva y hasta dos años después de su liquidación, conforme al artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo, prevaleciendo esta norma especial sobre la regla general que computa el término de caducidad desde la ocurrencia del incumplimiento. Esto implica que si el contrato aún está en ejecución y no ha sido liquidado, el plazo para demandar no ha vencido, permitiendo analizar de fondo la configuración del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura incumplimiento contractual cuando hay cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones?¿La auditoría a los reportes de facturación por parte del municipio demandante constituía un requisito previo para que EPM pudiera facturar a los usuarios industriales y comerciales?¿Se configuró un incumplimiento parcial del contrato por parte de EPM al no cobrar el impuesto de alumbrado público a los usuarios industriales y comerciales oportunamente?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-12-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 47001233300020240027901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede suspender cautelarmente un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión? Sí
El contratista puede solicitar la suspensión cautelar de un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión, siempre y cuando la medida cautelar permita proteger intereses superiores como el medio ambiente o el patrimonio público. La Sala reitera que la medida cautelar de suspensión guarda relación directa con la pretensión de la demanda que busca la nulidad del contrato y que la afectación de vigencias futuras sin cumplir los requisitos legales puede generar serias dudas sobre su ejecución, lo que convierte en relevante la suspensión del contrato en este momento. Esta decisión matiza la interpretación de la medida cautelar de suspensión, permitiendo su aplicación en casos que involucran la protección de intereses públicos superiores y la regularidad presupuestal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe decretarse la suspensión del Contrato de Concesión para proteger la legalidad y el patrimonio público, cuando existen serios indicios de ilegalidad por comprometer ingresos corrientes del…
¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento en que la parte demandante presenta la demanda durante la vigencia del contrato? No
Cuando el contrato está sometido a liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde su terminación, de modo que la demanda presentada mientras el contrato sigue vigente no está caducada. La regla parte del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que fija un plazo de dos años desde el día siguiente al acontecimiento que fundamenta las pretensiones, pero lo cuenta de forma distinta en los casos sometidos a liquidación. Se apoya además en el artículo 60 original de la Ley 80 de 1993, que ordenaba liquidar los contratos cuya ejecución se prolongara en el tiempo, y en que la liquidación debe emprenderse desde que el contrato termina por cualquier motivo. En el asunto, el contrato era de ejecución diferida y estaba obligado a liquidarse, pero su vigencia no había expirado cuando se presentó la demanda. La Sala revocó la decisión de primera instancia, que había descartado la demanda por caducidad sin estudiar el fondo. En la práctica, la demanda no puede rechazarse por caducidad mientras el contrato siga vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por violar los principios de planeación y transparencia ?¿Las irregularidades referentes al registro o el certificado de disponibilidad presupuestal generan la nulidad del contrato?¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por comprometer vigencias futuras sin autorización?
¿El consorcio contratista debe pagar la totalidad del valor de los perjuicios actualizados según fue solicitado en la demanda? Sí
El contratista debe pagar la totalidad del valor actualizado de los perjuicios causados al ente estatal, según lo determinado en la demanda, ya que la Sala revoca parcialmente la sentencia para declarar probada la excepción de prescripción de la acción derivada del seguro e ineficacia del llamamiento en garantía por extemporáneo, y negar el llamamiento en garantía formulado por el ente estatal a la aseguradora. La decisión implica que el término de prescripción ordinario y extraordinario de las acciones derivadas del contrato de seguro se había consolidado antes de que el ente estatal formulara el llamamiento en garantía, y que este fue presentado más de tres años después de iniciado el proceso, lo que constituye una irregularidad procesal saneada por la omisión de la aseguradora en su impugnación oportuna.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo se llamó en garantía a la aseguradora ya se había consolidado el término de la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro respecto de los deterioros que presentó…¿El llamamiento en garantía fue formulado más de tres años después de haber iniciado el proceso?¿Los términos de prescripción extraordinaria y ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro corren desde su ocurrencia y desde el momento en que el beneficiario conoció o debió tener…
Sentencia — Sentencia2025-07-17Sección PrimeraNUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓNRad. 76001233100020130000401ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
[E]stablecer si el acto acusado está viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente, transgrediendo lo previsto en los artículos 13 y 25 de la Constitución Política; y la Ley 140 de 1994. No
El Concejo Municipal de Santiago de Cali tiene competencia para regular la publicidad exterior visual en su jurisdicción, aplicando el principio de rigor subsidiario para proteger el patrimonio ecológico, sin vulnerar el derecho a la igualdad ni limitar el ejercicio del trabajo, siempre y cuando no se demuestre un trato diferenciado injustificado o que afecte la confianza legítima de los actores económicos. La Sala confirma que el Acuerdo Municipal núm. 0179 de 2006, al establecer requisitos más rigurosos para la instalación de vallas publicitarias, no viola la Constitución ni la Ley 140 de 1994, y reitera jurisprudencia sobre la autonomía municipal y el principio de rigor subsidiario en materia ambiental.síntesis automática
¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador, dado que el municipio desatendió algunas de las obligaciones a su cargo; y negar las pretensiones de condena, considerando que la demandante no acreditó los perjuicios generados por tales incumplimientos, ni los presupuestos para la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato? Sí
El contrato constructor operador puede ser declarado incumplido si la entidad estatal desatendió sus obligaciones, como la entrega formal de bienes y la gestión de licencias y permisos. La demandante debe acreditar perjuicios y presupuestos para la aplicación de sanciones. En este caso, el municipio no cumplió con varias obligaciones, pero los perjuicios no fueron demostrados y los presupuestos necesarios no fueron acreditados, por lo que la pretensión de condena fue negada.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que devuelve expediente para pronunciamiento sobre demanda de reconvención o proceso acumulado2025-02-24Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 68001233300020210031601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el Tribunal proferir sentencia complementaria cuando omite resolver sobre el llamamiento en garantía formulado por una de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Código General del Proceso? Sí
Cuando el tribunal omite resolver un llamamiento en garantía formulado por una de las partes, debe proferir sentencia complementaria, según el artículo 287 del Código General del Proceso. La regla se sostiene en que la omisión deja pendiente una pretensión que la sentencia debió decidir, lo que impone completar la decisión. Además, la sentencia complementaria se profiere con prelación y sin atención al turno para fallo, de modo que el expediente regresa al despacho de origen una vez vencida la ejecutoria de esa decisión. En el caso, el tribunal, en la sentencia del 11 de abril de 2024, no resolvió el llamamiento en garantía que el municipio formuló contra un contratista, una interventoría y una aseguradora. Por ello el Consejo de Estado remitió el expediente al tribunal para que la sala profiera la sentencia complementaria. La remisión se dispone porque la omisión fue advertida en esa sentencia. La providencia aplica el artículo 287 sin introducir un criterio nuevo.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2026-05-28Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 76001233300020220052701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el decreto de pruebas documentales, de oficio, para esclarecer las condiciones de entrega, ejecución y funcionamiento de la obra derivada del convenio interadministrativo No. 805 de 2017? Sí
El juez de lo contencioso administrativo decreta pruebas de oficio con el fin de esclarecer las circunstancias fácticas oscuras relativas a la entrega, estado físico, funcional e inventario de la obra derivada de un convenio interadministrativo. La providencia constata que el material probatorio aportado resulta ambiguo respecto al cumplimiento de las obligaciones y la fecha de entrega de la construcción, lo cual amerita la práctica oficiosa de pruebas documentales y testimoniales conforme al artículo 213 de la Ley 1437 de 2011. Con base en los supuestos de la demanda y la contestación sobre la ejecución del convenio interadministrativo No. 805 de 2017, la corporación ordena la recolección de los elementos probatorios necesarios para adoptar una decisión de fondo.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2022-03-15Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 47001233300020200012101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación que interponga la parte interesada debe admitirse siempre y cuando cumpla con los requisitos legales que establece el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, como en el presente caso? Sí
Por cumplir lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 20111 y reunir los demás requisitos legales, se ADMITEN los recursos de apelación oportunamente interpuestos por el Municipio… y la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.… contra la sentencia del… proferida por el Tribunal Administrativo…
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2024-10-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020240010200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Compete a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso extraordinario de anulación en el que intervenga la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas -EDOS-, considerando que es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando en el proceso arbitral interviene una entidad pública o quien desempeña funciones administrativas. Esta competencia se apoya en el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, en concordancia con el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, que atribuye naturaleza de entidad pública a las entidades descentralizadas. Por ello, una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, por su naturaleza de entidad pública, activa la competencia de esa sección. Además, como el contrato de obra pública contenía una cláusula compromisoria, el recurso de anulación procede frente al laudo que resolvió la controversia. En el caso concreto el recurso fue admitido. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el recurso de anulación contra laudos con intervención de entidades municipales descentralizadas se tramita ante la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿Debe admitirse el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la parte convocada contra el Laudo de 26 de abril de 2024…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2025-04-07Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 76001333301920240008601LEY 1437 REPETICION
¿Por estar ubicado el domicilio del demandado en Chía, Cundinamarca, la autoridad judicial competente para conocer el proceso de acción de Repetición en primera instancia, se encuentra radicada en los juzgados Administrativos de ese Circuito Judicial, en consecuencia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá, es el competente para conocer el citado proceso? Sí
En materia de competencia por el factor territorial del medio de control de repetición existen dos normas que regulan la materia. Por una parte, el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 que dispone que será competente el juez o el tribunal ante el que se tramite o se hay tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado. Por otra parte, el artículo 156-11 del CPACA modificado por el artículo 31 de la Ley 2080 de 2021, que establece que para la determinación de la competencia por razón del territorio en los asuntos de repetición "conocerá el juez o tribunal con competencia, en el domicilio del demandado. A falta de determinación del domicilio, conocerá el del último lugar donde se prestó o debió prestarse el servicio".
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2024-11-14Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020240005800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Tiene competencia la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos por Tribunales de Arbitramento con sede en Colombia en los que sea parte una entidad pública colombiana o ejerza funciones administrativas colombianas? Sí
Corresponde a la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso de anulación contra laudos proferidos por tribunales de arbitramento con sede en Colombia cuando en el proceso intervino una entidad pública colombiana o quien ejerce funciones administrativas. Esta competencia se apoya en el artículo 68 de la Ley 1563 de 2012. Cuando las partes pactaron que la controversia se resolviera por un centro internacional bajo su reglamento de arbitraje internacional, el recurso se tramita por la vía prevista para los laudos de orden internacional. Para que el recurso sea admitido, las partes deben indicar la causal que se configura, conforme al artículo 109, numeral 1, de la Ley 1563 de 2012, y los recursos que cumplan esos requisitos se admiten sin perjuicio del estudio de fondo de las causales. En este asunto el Ministerio Público y la parte demandada invocaron causales distintas, todas admitidas. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el recurso sigue su curso ante la Sala Plena.síntesis automática
También resuelve:¿Indicaron las partes qué causales se configuraron para que proceda la admisión del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral?¿Procede la suspensión del cumplimiento del Laudo Internacional, por la interposición y trámite del recurso de anulación?
¿El acto administrativo fue expedido contando con estudios técnicos que lo soportaran? Sí
Cuando el acto administrativo de reestructuración de la planta de personal se expide con estudios técnicos que lo soportan, no existe falta de diligencia del agente que configure culpa grave y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, el acto se expidió contando con los estudios técnicos, elaborados en virtud de un convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Segunda, el proyecto final fue sometido a discusión de los comités designados y no sufrió modificaciones adicionales por parte del exalcalde demandado. Tercera, la finalidad de la reestructuración fue optimizar el recurso financiero y humano para cumplir las funciones que demandaba el municipio. Además, la presunción invocada no guarda coherencia con lo decidido en la sentencia de nulidad y restablecimiento, por lo que no puede tenerse por acreditada. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. Además, la parte actora circunscribió su imputación a otra causal y no a la falta de competencia por error inexcusable, por lo que esa vía no se analiza. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La presunción invocada guarda coherencia con lo expuesto en la sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Quien alegue a su favor una presunción deberá probar plenamente los hechos que le dan su origen?¿El agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil?
¿Los demandados incurrieron en una conducta dolosa o gravemente culposa que provocara el daño? No
Cuando la entidad pública repite contra sus servidores por una condena derivada de un atentado terrorista, la responsabilidad personal exige probar que el agente actuó con dolo o culpa grave, lo que no ocurre si el daño no era previsible y no se acredita que la conducta funcional lo causara. La regla se sostiene en tres razones: no se probó que los funcionarios conocieran denuncias sobre actividades ilegales en el sector, no se estableció si la asociación de vigilancia privada tenía sede en el lugar del ataque ni si estaba realizando actividades ilegales al momento de la explosión, y no existen pruebas directas que demuestren que los funcionarios conocían la situación y omitieron medidas para evitarla. En el caso, el alcalde y el secretario de gobierno demandados no fueron declarados responsables, y se confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la entidad que pretende la repetición debe aportar pruebas directas del conocimiento previo y de la omisión del funcionario.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó que los hoy demandados en sus calidades de alcalde y secretario de gobierno tuvieran conocimiento de denuncias de actividades ilegales y no hubieran tomado las medidas pertinentes para…¿Se probó alguna conducta de los demandados a título de dolo o culpa grave que diera lugar al daño por el cual fue condenada la demandante?¿Culpa grave es aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su…
¿¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del litigio derivado del convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el municipio de San José de Uré y la IPS Promosalud & Cía. Ltda.? Sí
El contratista está legitimado para demandar la liquidación judicial del convenio de cooperación interinstitucional celebrado con el municipio, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del litigio, conforme al artículo 104 del CPACA. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se fundamenta en el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dado que la cuantía supera los 500 SMLMV. La demanda fue presentada en tiempo, considerando el plazo de ejecución y liquidación del convenio, y sin afectar el término de caducidad por la conciliación extrajudicial. El marco de competencia del juez de segunda instancia se limita a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, sin que el juez pueda pronunciarse sobre aspectos no discutidos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar el incumplimiento obligacional del convenio de cooperación interinstitucional por parte del municipio y para solicitar…¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, hay que tener en cuenta el plazo de ejecución del convenio, el término para liquidarlo…¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la IPS demandante y por pasiva sobre el municipio por ser las partes que celebraron el convenio objeto de la controversia?
¿Procede la condena en costas cuando el accionante persigue un interés público? No
Cuando el proceso de repetición persigue la protección del patrimonio público, no procede la condena en costas, pues el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 excluye de esa condena los procesos en los que se ventile un interés público. La regla se apoya en tres razones. Primera, la norma dispone que la sentencia se pronuncia sobre costas salvo en los procesos en que se ventile un interés público, y su liquidación se rige por el Código de Procedimiento Civil. Segunda, la Subsección ha considerado que la repetición es un proceso de interés público porque busca proteger el patrimonio público. Tercera, en el caso el ente territorial, al resultar vencido, perseguía ese interés público, de modo que no debía condenarse en costas. Por ello se revoca la condena en costas de primera instancia y se niega en segunda instancia. El documento reitera la línea de la Subsección sobre la materia.síntesis automática
También resuelve:¿El asunto objeto de la censura se circunscribe a analizar la procedencia de la condena en costas impuesta a la demandante?¿La sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos?
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista puede solicitar que se trasladen pruebas documentales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la entidad estatal debe valorarlas si las partes tuvieron la oportunidad de conocerlas y no presentaron reparos, lo que implica que estas pruebas son admisibles y pueden ser objeto de análisis. La Sala reitera que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario demostrar la existencia de dolo o culpa grave en el actuar del funcionario público, y que la valoración de la culpa grave se realiza en comparación con el estándar de conducta previsto en la ley vigente en el momento de los hechos. Además, la Sala matiza que para determinar si un agente estatal actuó con dolo o culpa grave, es necesario considerar la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la infracción manifiesta de preceptos constitucionales y el incumplimiento de las funciones que la ley le asigna, lo que implica un análisis detallado de la conducta del agente estatal en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?