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¿Debe declararse la nulidad de las resoluciones 357 y 425 de 2021, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento, se hizo efectiva la cláusula penal del contrato 479 celebrado entre las partes demandante y demandada y se confirmó tal decisión por estar incurso en las causales de nulidad alegadas por la parte actora? No
El contratista no puede declarar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento y hacen efectiva la cláusula penal en un contrato interadministrativo, ya que la entidad estatal tiene competencia funcional para adelantar el proceso de incumplimiento y declarar el incumplimiento contractual conforme a la ley, sin violar el debido proceso ni presentar falsa motivación, siempre y cuando se acredite debidamente la falta de cumplimiento del contrato y se respeten los derechos del contratista en todo el proceso. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la competencia de las entidades estatales para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en contratos interadministrativos, lo que implica que los contratistas deben cumplir con sus obligaciones contractuales y no pueden alegar nulidad sin evidencia clara de violación al debido proceso o falsa motivación del acto administrativo.síntesis automática
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones por medio de las que se declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios (...) por i) violación al debido proceso ii) falta de competencia para declarar la terminación unilateral, iii) desproporción de la sanción y iv) falta de motivación respecto del incumplimiento e indebida aplicación de la condición resolutoria? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por falsa motivación, violación al debido proceso, falta de competencia y desproporción de la sanción, si se demuestran irregularidades en la motivación y en el análisis de las obligaciones cumplidas por la contratista. La Sala establece que la entidad debe individualizar claramente el incumplimiento y evaluar las situaciones reales antes de tomar una decisión como la terminación del contrato, y que la falta de motivación adecuada y la falsa motivación son causales de nulidad. La corporación reitera la importancia de la motivación correcta en los actos administrativos y la necesidad de evaluar adecuadamente el cumplimiento contractual antes de declarar el incumplimiento, lo que implica que las entidades deben ser más precisas en sus fundamentos y considerar las herramientas legales disponibles para la corrección de situaciones problemáticas antes de tomar medidas drásticas.síntesis automática
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo corresponde en segunda instancia al Consejo de Estado cuando se pretende la nulidad de resoluciones de una entidad pública y la declaratoria del desequilibrio o incumplimiento de un contrato celebrado por ella, conforme al artículo 104 del CPACA y al artículo 150 del CPACA en la versión vigente al presentarse la demanda. Las partes contratantes están legitimadas, la entidad contratante por pasiva y el contratista por activa, cuando son partes del contrato de obra cuya controversia se discute. Para establecer la oportunidad de la demanda, se examina la fecha de los actos administrativos demandados y la naturaleza pública de la entidad, de modo que el término de caducidad se cuenta conforme a las reglas del medio de control. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia acogió parcialmente las pretensiones y ambas partes apelaron, y la sala la modificó. Como consecuencia práctica, en controversias contractuales de obra pública debe verificarse la competencia por el carácter de la entidad y la cuantía, y la legitimación de quienes firmaron el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Los extremos procesales se encuentran legitimados para ser parte del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de…¿El medio de control de controversias contractuales para obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, fue presentado dentro de la oportunidad legal?¿El aumento en las cantidades de obra y las condiciones climatológicas y de orden público desequilibraron económicamente el contrato 1589 de 2005…
¿La propuesta presentada por el Consorcio demandante cumplió las exigencias del pliego de condiciones de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009 y, por lo tanto, debió haber sido declarada admisible por el IDU? Sí
La causal de rechazo de una propuesta por falta de veracidad en la información sobre cumplimiento de contratos estatales se circunscribe exclusivamente a las sanciones contractuales por incumplimiento impuestas por la respectiva entidad estatal. Esta regla se apoya en el texto del pliego de condiciones, que limitaba la exigencia a esas sanciones, y no en una interpretación amplia de la transparencia del proceso o de los antecedentes del proponente. Por ello, no puede rechazarse una propuesta por antecedentes distintos de las sanciones efectivamente impuestas por la entidad. En el caso concreto el consorcio había cumplido los requisitos del pliego, y la sala revocó la decisión del tribunal, al concluir que la propuesta debió declararse admisible. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el rechazo por falta de veracidad exige que exista una sanción contractual impuesta y que la exigencia esté expresamente prevista en el pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato de obra celebrado con ocasión de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009…¿Hay lugar al análisis de las pretensiones indemnizatorias y de restablecimiento del derecho formuladas en la demanda cuando el Tribunal declaró que respecto de ellas operó la caducidad y este punto…
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 20237030004035 del 4 de abril de 2023 y No. 20237090004165 del 13 de abril de 2023, expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y por las cuales se adjudicó el concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, conforme a los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal si la entidad estatal vulnera el principio de selección objetiva al aplicar indebidamente la falsa motivación, especialmente cuando confunde los requisitos habilitantes con los ponderables, lo que afecta la igualdad de condiciones en la competencia. En este caso, la entidad estatal, al negar injustificadamente la asignación de puntaje a un proponente que cumplió con los requisitos habilitantes y presentó contratos válidos para la experiencia ponderable, incurrió en una falsa motivación que vulneró el principio de selección objetiva. La Sala declaró nulas las resoluciones de adjudicación del concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, lo que implica que en la práctica, la entidad estatal debe motivar adecuadamente sus decisiones y no confundir los requisitos habilitantes con los ponderables para garantizar la igualdad de condiciones entre los proponentes.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura a reconocer y pagar en favor del demandante el valor de la utilidad esperada, tazada en un valor de $9.899.212.945…
¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación? No
El contratista no puede demostrar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato de interventoría por falta de motivación o por no cumplir con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, ya que no aporta los informes mensuales y el informe final de interventoría necesarios para verificar el cumplimiento de dichas exigencias. Además, los actos administrativos demandados se basan en razones distintas a las que motivaron la declaratoria de incumplimiento anterior, por lo que no se viola el principio del non bis in ídem. Asimismo, la entidad estatal no está obligada a probar los perjuicios sufridos para aplicar la cláusula penal pecuniaria, ya que el contrato contempla una estimación anticipada de los daños en caso de incumplimiento. Este precedente reitera la importancia de la documentación probatoria en los procesos de interventoría y refuerza la autonomía de la entidad estatal en la aplicación de las cláusulas penales contratuales.síntesis automática
También resuelve:¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor?
¿Se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada? No
Cuando los daños en una obra pública se originan en un hecho externo irresistible al contratista, la garantía de estabilidad de la obra no le es exigible, porque ese hecho constituye una causa extraña que lo exime de su obligación de garantía. La regla se sostiene en tres razones: el contratista debe obrar con diligencia en métodos y calidad de materiales, pero no responde por un deterioro cuyo origen no esté en sus deficiencias; el peritaje debe demostrar que la causa del daño fue la condición externa y no un defecto de construcción; y la interventoría y el propio contratista deben haber informado oportunamente la circulación de vehículos de carga que afectaba la estructura desde el inicio de la obra. En el caso, no se probó que los daños tuvieran origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad, sino en el tránsito pesado previo a la entrega, por lo que los actos que atribuían el daño al contratista incurrieron en falsa motivación y fueron declarados ilegales, confirmándose la sentencia. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el contratista debe documentar oportunamente las causas externas que afectan la obra.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó el nexo causal entre el hecho de haberse excedido la capacidad de la vía por el tránsito de vehículos de carga pesada con el deterioro de la obra amparada con la garantía de estabilidad?¿Obra prueba de gestión alguna del municipio demandado tendiente a evitar o controlar el tránsito de vehículos de carga pesada en el segmento vial?¿La premisa fáctica que tuvo por acreditada el a quo fue los criterios que señalaban el tránsito de vehículos de carga pesada y la falta de idoneidad de la estructura de placa huella para el segmento…
¿Debe revocarse la decisión de primera instancia consistente en acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda porque los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico, con plena observancia del debido proceso y debidamente motivados, por lo que no había lugar a declarar su nulidad y a condenar a la demandada al pago de suma de dinero alguno? No
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos de liquidación del contrato estatal por falsa motivación cuando la entidad realiza descuentos superiores a los que corresponden, ya que estos deben estar debidamente fundamentados y acordes con la realidad probatoria. La Sala establece que la falsa motivación se configura cuando los argumentos expuestos en el acto administrativo no reflejan la situación real de los hechos o no justifican adecuadamente la decisión adoptada. En este caso, la entidad demandada efectuó descuentos injustificados al interpretar erróneamente los plazos de entrega acordados y los términos de penalización por retraso, lo que implica que debe modificarse el valor a restituir conforme al análisis probatorio realizado. Esta sentencia reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la falsa motivación en la liquidación unilateral de contratos estatales, subrayando la importancia de una motivación objetiva y veraz en los actos administrativos.síntesis automática
¿La demandante no estaba facultada para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU, ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, en tanto no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones? Sí
El contratista no está facultado para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, ya que no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones ni justificó los incumplimientos atribuidos a factores externos o imputables a la entidad. La Sala determinó que la contratista no demostró que durante el plazo de prórroga se presentaran circunstancias distintas a las que motivaron la adición de plazo, y que las causas que justificaron la prórroga no podían ser utilizadas para excusar incumplimientos posteriores. Además, no se probó que la contratista hubiera cumplido con su deber de coordinación con otros contratistas ni que las interferencias presentadas impidieran su cumplimiento. Por tanto, la Sala concluye que la Resolución 4690 no está incursa en falsa motivación y que no se vulneró el debido proceso administrativo en el procedimiento sancionatorio, ya que la entidad mantuvo claros y consistentes los hechos de incumplimiento desde el inicio del trámite. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la necesidad de acreditar plenamente las circunstancias que justifican los incumplimientos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se trasgredió el debido proceso de la sociedad en el marco del procedimiento administrativo que culminó con la Resolución 4690 de 2017?¿Con la expedición de las Resoluciones 1025 del 21 de marzo y 1399 del 18 de abril de 2018 se vulneró el principio non bis in ídem?¿La Resolución 2425 del 13 de junio de 2018, en la que se liquidó unilateralmente el contrato, está viciada de nulidad por falta de competencia temporal?
¿La competencia de la administración para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las garantías del contrato, está sujeta al plazo de ejecución del mismo, por lo que, los actos administrativos demandados que contienen dichas decisiones se encuentran viciados de nulidad por falta de competencia temporal? No
El contratista no puede impugnar los actos administrativos mediante los cuales la entidad estatal declara el incumplimiento del contrato y hace efectivas la garantía única y la cláusula penal pecuniaria por falta de competencia temporal o falsa motivación, ya que la ley no limita el ejercicio de dicha competencia a la vigencia del contrato y las pruebas demuestran que el contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales. La Sala reitera que la entidad estatal puede declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectivas las garantías del mismo incluso después de vencido el plazo del contrato, siempre y cuando su finalidad sea obtener el pago de la garantía y la cláusula penal. Además, la Sala confirma que la entidad estatal puede desestimar la falsa motivación del acto administrativo si las pruebas aportadas demuestran el incumplimiento del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos mediante los cuales Indeportes Antioquia declaró el incumplimiento del contrato, hizo efectiva la garantía única y la cláusula penal pecuniaria…¿Hay lugar a reducir proporcionalmente el valor de la cláusula penal pecuniaria, debido a que, según la demandante, el incumplimiento del contrato no fue total?¿Procede la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación en el medio de control de controversias contractuales, esto es…
¿Se acreditó una actuación dolosa por parte del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca al expedir el acto administrativo de insubsistencia que fue posteriormente anulado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? No
Cuando la nulidad de un acto de insubsistencia por desviación de poder se invoca para atribuir dolo al servidor en un proceso de repetición, la sentencia de nulidad no basta para tener por demostrado el dolo, pues no da por acreditados los supuestos de hecho de las presunciones que la entidad pretende estructurar. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandante no acreditó que el servidor hubiera obrado con dolo al expedir el acto. Segunda, los documentos aportados con los alegatos de conclusión no se valoraron porque se allegaron de forma extemporánea, al no cumplirse las oportunidades previstas en el artículo 212 del CPACA. Tercera, la solicitud de oficiar a la entidad para obtener esos documentos se negó, pues el solicitante podía conseguirlos directamente o por derecho de petición. En consecuencia, se negaron las pretensiones y se ordenó levantar la medida cautelar sobre las sumas depositadas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 678 de 2001. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La desviación de poder que dio lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo de insubsistencia, estuvo suficientemente justificada en las consideraciones de la sentencia de nulidad y…¿Se probó que el acto de insubsistencia proferido por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca estuvo dirigido a dar prevalencia a intereses diferentes del buen…
¿Se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, para decidir la segunda instancia? Sí
El contratista no puede modificar los fundamentos de la demanda a través del recurso de apelación al incorporar nuevos argumentos no planteados en la demanda inicial, ya que esto vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa de la parte demandada, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso. La entidad estatal debe cumplir con los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial para que la Subsección decida la segunda instancia. La Sala confirma que el Tribunal a quo no vulneró el debido proceso ni el derecho de defensa de la aseguradora al no pronunciarse sobre los alegatos de conclusión, ya que los cargos de la demanda fueron considerados y resueltos en la sentencia de primera instancia. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la importancia de mantener la congruencia en los recursos de apelación y la necesidad de cumplir con los requisitos procesales para la admisión de la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Se modificó el fundamento de la demanda a través del recurso de apelación con la inclusión de nuevos argumentos no planteados en la demanda?¿El Tribunal a quo omitió pronunciarse sobre los alegatos de conclusión de primera instancia de la aseguradora y, como consecuencia, vulneró su debido proceso y derecho de defensa?¿De acuerdo con la naturaleza de la entidad contratante, las características y especificaciones del negocio jurídico objeto de estudio…
¿El demandante debió ser el adjudicatario de la licitación pública ya que el acto de adjudicación fue expedido con infracción de las normas en que debia fundarse, y mediante falsa motivación, ya que los fundamentos jurídicos presentados por la administración para sustentar el rechazo de la segunda observación del Consorcio demandante desconocieron el pliego de condiciones y el EGCP? Sí
La entidad estatal que adjudique una licitación pública debe sustentar el acto de adjudicación en las reglas del pliego de condiciones, y el defecto formal de una oferta que puede verificarse no justifica su rechazo cuando el pliego no lo prevé como causal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, si el pliego exige discriminar el AIU en pesos pero la oferta lo presenta en porcentajes y señala su valor total, una operación aritmética permite conocer cada componente y comparar las propuestas, de modo que el defecto no configura una causal de rechazo. Segundo, las causales de rechazo deben interpretarse según lo efectivamente previsto en el pliego, sin extenderlas a supuestos que este no contempla, pues hacerlo conduce a la falsa motivación del acto de adjudicación. Tercero, para obtener la nulidad del acto de adjudicación basta probar la causal alegada, mientras que para el restablecimiento del derecho el demandante debe acreditar que su propuesta ocupaba el primer orden de elegibilidad. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y concluye que el demandante debió ser adjudicatario; en la práctica, la entidad no puede desconocer la oferta mejor calificada por defectos formales verificables.síntesis automática
También resuelve:¿Debe reconocerse la utilidad esperada al demandante pues era el único proponente habilitado en el proceso y por ello debió ser el adjudicatario del contrato de obra pública y se vio privado de su…¿Debe condenarse en costas en primera y segunda instancia a la parte vencida en este caso el departamento y el consorcio que no debía ser adjudicatario?
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que negó la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica? Sí
El contratista debe contar con cuatro meses a partir de la notificación del acto administrativo que niega la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que implica que la caducidad de esta acción vence cuatro meses después de la notificación. Además, el acto administrativo que niega la suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica puede ser nulo por falsa motivación si no se demuestran adecuadamente las razones que justifican la importancia y el carácter determinante de la decisión de inversión en relación con las normas e interpretaciones administrativas vinculantes, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el documento CONPES. Asimismo, la negativa a la suscripción del contrato no viola el derecho a la igualdad si el contratista no aporta pruebas comparativas que demuestren que otras empresas similares obtuvieron contratos de estabilidad jurídica bajo condiciones equivalentes. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre los requisitos y procedimientos para la suscripción de contratos de estabilidad jurídica y la protección de los derechos de los contratistas en la etapa precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Son nulos por falsa motivación los actos administrativos que negaron la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y documento…¿Son nulos los actos administrativos por violación al derecho a la igualdad al haber negado la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica…¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en asunto regido por el CPACA?
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer pretensión de nulidad relativa del contrato de seguro cuando el negocio amparado es un contrato estatal? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea para declarar la nulidad relativa del contrato de seguro cuando el negocio amparado es un contrato estatal, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de dichas pretensiones en virtud del fuero de atracción, pero el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años desde el perfeccionamiento del contrato de seguro, sin posibilidad de extenderse durante toda la vigencia del contrato principal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior al establecer que la caducidad opera frente a las pretensiones de nulidad relativa, independientemente del estado del contrato principal, lo que implica que las acciones presentadas después del término bienal son extintivas. Además, las compañías que participan en un contrato de coaseguro conforman un litisconsorcio cuasinecesario para las pretensiones relacionadas con la declaración del siniestro y la efectividad de la póliza, pero no necesariamente deben intervenir todas las aseguradoras para fallar de fondo. Por último, la Sala considera que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro puede ser suspendida por circunstancias excepcionales, como la emergencia sanitaria declarada en 2020, lo que impide declarar la prescripción extintiva de la acción en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensiones dirigidas a declarar la nulidad relativa del contrato de seguro?¿Las compañías que profieren el cuaseguro conforman un litisconsorcio cuasinecesario de cara a la pretensión de nulidad de los actos que declaren el siniestro y ordenen hacer efectiva la póliza?¿Debió el a quo declarar la prescripción extintiva de la acción derivada del contrato de seguro?
¿Es posible otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético por el demandante, considerando que, pese a que la entidad demandada refutó de manera general su contenido, para atacar a través de la figura del desconocimiento la presunción de autenticidad que opera sobre el documento, no bastaba con que la parte en contra de la cual se aduce manifieste de manera general e injustificada que no le consta que el documento corresponda a quien la otra lo haya atribuido, sino que debe expresar los motivos que la llevan a hacer esa afirmación? Sí
El contratista puede otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético, incluso cuando la entidad demandada refuta de manera general su contenido, siempre y cuando esta última exprese los motivos que la llevan a desconocer el documento, en lugar de hacerlo de manera general e injustificada. La presunción de autenticidad que opera sobre el documento no se desvirtúa simplemente por la falta de una certificación o constancia de autenticidad, y la entidad demandada debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 272 del Código General del Proceso para desconocer un documento. Esta regla reitera la importancia de la buena fe en la valoración de la prueba documental y matiza la interpretación de la figura del desconocimiento en el contexto de la prueba en medio magnético, lo que implica que las entidades estatales deben justificar adecuadamente cualquier refutación de la autenticidad de los documentos presentados en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La base de datos aportada en medio magnético por el demandante, acredita que la liquidación unilateral del contrato de aseguramiento realizada por el Municipio es nula por falsa motivación…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se debe confirmar la decisión del Tribunal consistente en declarar la nulidad de la Resolución, al evidenciarse que el recurso de apelación no se opuso a todos los cargos que motivaron la nulidad de tal acto administrativo? Sí
La Sala confirmará la decisión del Tribunal consistente en declarar la nulidad de la Resolución… . Lo anterior, toda vez que tal determinación fue adoptada por el Tribunal luego de acceder a todos los cargos de nulidad formulados por… [la demandante] –por “expedición irregular o vicio de procedimiento”, por “desconocimiento al debido proceso” y por “falsa motivación”–, y que, en su recurso de apelación, el departamento de Cundinamarca únicamente se opuso a lo decidido por el Tribunal frente a los cargos de nulidad por “expedición irregular o vicio de procedimiento” y por “falsa motivación”, y guardó silencio en relación con el cargo de nulidad por “desconocimiento al debido proceso”.
También resuelve:¿Resulta procedente la nulidad por expedición irregular o vicio de procedimiento del acto administrativo que revoca el acto de apertura de un proceso de selección…¿El acto administrativo que revoca el acto de apertura del proceso de selección, se encuentra viciado de nulidad por falsa motivación…¿Resulta procedente la condena por concepto de restablecimiento del derecho dada la nulidad del acto administrativo que revoca el acto de apertura del proceso de selección, cuando se observa que…
¿Se acreditó la falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato interadministrativo? No
La falsa motivación de un acto de liquidación unilateral no se configura cuando los motivos del acto tienen soporte en la ejecución parcial del contrato, pues la ley no fija una fórmula única para liquidar los contratos estatales. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la entidad puede efectuar el balance económico de lo ejecutado y definir la situación de los cocontratantes con el método que mejor convenga al negocio, como lo hizo al asignar un porcentaje a lo ejecutado y ordenar el pago de ese importe. La segunda es que la entidad no acreditó que fueran falsos los motivos del acto, porque el consorcio ejecutó las etapas primera y segunda sin incumplimientos señalados, y el incumplimiento se ubicó en la tercera etapa por falta de aseguramiento total de la calidad de la información, lo que no hacía inútil todo lo ejecutado. En el caso concreto el consorcio ejecutó el 81,88% del valor pactado, y el cruce de cuentas partió de ese punto. Por esa razón tampoco se acreditó el desconocimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la desatención del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 porque la DNE no realizó un efectivo cruce de cuentas ya que en ningún momento efectuó ajustes, revisiones o reconocimientos…
¿Se acreditó que existe nulidad de un contrato por violación al derecho de audiencia, debido a que el ordenador del gasto no estuvo presente en toda la audiencia de adjudicación; y por violación a las normas en que debía fundarse y por falsa motivación? No
En los procesos de nulidad contractual, la ausencia del ordenador del gasto durante toda la audiencia de adjudicación de una licitación pública no vicia el acto de adjudicación, porque no existe una norma que lo obligue a estar presente en todo su desarrollo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ausencia de una norma que imponga la presencia permanente impide declarar la nulidad por violación del derecho de audiencia. Segunda, los cargos de nulidad por violación de las normas en que debía fundarse el acto y por falsa motivación deben probarse, y en el caso no lo fueron. En el caso, la providencia confirma la negativa de las pretensiones porque los cargos de nulidad contra el acto de adjudicación no quedaron probados. En la práctica, quien impugne una adjudicación por la ausencia de un servidor en la audiencia debe identificar la norma que exigía su presencia y acreditar el perjuicio que le causó la ausencia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se interpuso dentro del término estipulado por la ley?¿Procede la condena en costas al resolverse de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 “se adjudica el proceso de licitación pública No. MHCP-LP-01-2018, cuyo objeto es “contratar las actividades asociadas al ciclo de vida de los sistemas de información para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el modelo de fábrica de software”, por falsa motivación y violatorio de las normas constitucionales y legales vigentes del régimen contractual? No
El contratista no puede declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 por falsa motivación, ya que la administración cumplió con motivar adecuadamente sus decisiones conforme al pliego de condiciones, garantizando así el principio de legalidad contractual. La Sala establece que la falsa motivación como causal de nulidad debe desvirtuar la legalidad de los actos administrativos, lo cual no se evidenció en este caso, ya que la certificación de experiencia y el puntaje otorgado al recurso humano se ajustaron a lo requerido en el pliego. Además, la Sala reitera que el pliego de condiciones debe ser taxativo y no admite interpretaciones que no hayan sido previamente aclaradas por los oferentes, lo que implica que la entidad no incurrió en falsa motivación al aplicar rigurosamente los criterios establecidos.síntesis automática