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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas

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Fecha
2025-04-09
Radicado
25000233600020220031501
Número interno
70843
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
DROSERVICIOS L.T.D.A.
Demandado
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas

Regla de decisión

La jurisdicción contencioso administrativa is competente para conocer los contratos de entidades aseguradoras públicas cuando estos no corresponden al giro ordinario de negocios.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez contencioso administrativo examina la competencia para conocer de una controversia contractual originada en un contrato suscrito por una sociedad aseguradora de economía mixta con capital mayoritariamente público. Con fundamento en el artículo 104 del CPACA, la corporación reitera que el estatuto procesal administrativo redefinió la competencia bajo una cláusula general de atribución orgánica y funcional. Si bien el numeral 1 del artículo 105 del CPACA excluye de su conocimiento los litigios relativos a contratos de entidades aseguradoras estatales cuando versen sobre el giro ordinario de sus negocios, la autoridad judicial constata que la controversia bajo examen no encaja en dicha salvedad. Por consiguiente, al confirmarse la providencia apelada dictada por el tribunal de primera instancia, la Sala se abstiene de fijar agencias en derecho en segunda instancia al advertir que la parte demandada no intervino en este tramo procesal, conforme a las reglas sobre costas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas que ostenten el carácter de instituciones aseguradoras cuando estos correspondan al giro ordinario de sus negocios?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104 y 105 núm. 1

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato No.689 de 2013 fue suscrito por Positiva S.A., -en tanto sociedad aseguradora de economía mixta de naturaleza anónima con capital mayoritariamente público- en el marco de su actividad contractual. En efecto, si bien el numeral 1 del artículo 105 del CPACA dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conoce de las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos de entidades públicas que ostenten el carácter de instituciones aseguradoras, como lo es Positiva S.A., ello se supeditó a que tales asuntos versen sobre el giro ordinario de sus negocios, lo que no sucede en el sub lite, tal como se pasa a explicar.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL CLASES DE CONTRATACIÓN ESTATAL ENTIDAD ASEGURADORA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ASEGURADORA GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ENTIDAD PÚBLICA PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA OBJETO DE LA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA NATURALEZA DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PARTES DEL CONTRATO OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA MEDIO DE CONTROL ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN APELACIÓN DE LA SENTENCIA TRÁMITE DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA IMPROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL FALTA DE SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONDENA EN COSTAS CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 37.129 caracteres

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MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLASES DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ENTIDAD ASEGURADORA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS Problema jurídico: ¿La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas que ostenten el carácter de instituciones aseguradoras cuando estos correspondan al giro ordinario de sus negocios? Respuesta al problema jurídico: Si La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato No.689 de 2013 fue suscrito por Positiva S.A., -en tanto sociedad aseguradora de economía mixta de naturaleza anónima con capital mayoritariamente público- en el marco de su actividad contractual. En efecto, si bien el numeral 1 del artículo 105 del CPACA dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conoce de las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos de entidades públicas que ostenten el carácter de instituciones aseguradoras, como lo es Positiva S.A., ello se supeditó a que tales asuntos versen sobre el giro ordinario de sus negocios, lo que no sucede en el sub lite, tal como se pasa a explicar. El CPACA redefinió el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que anteriormente era eminentemente orgánico, estableciendo en su artículo 104 una cláusula general de competencia, en virtud de la cual le corresponde el conocimiento de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, de ahí que no basta con que en el litigio se encuentre involucrada una entidad pública -criterio orgánico-, sino que los actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones generadores de responsabilidad también deben estar sometidos al derecho administrativo -criterio material-. El artículo 104 del CPACA también consignó un listado de asuntos específicos que se encuentran asignados a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los que, para los efectos que aquí interesa, se destaca el numeral 2, en virtud del cual le corresponde conocer de los procesos relativos a la responsabilidad contractual en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones públicas, cualquiera que sea su régimen, privilegiándose así el criterio orgánico. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD PÚBLICA / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / ENTIDAD ASEGURADORA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / OBJETO DE LA SOCIEDAD Problema jurídico: ¿El giro ordinario de los negocios de las instituciones aseguradoras está compuesto por las actividades propias del objeto social de la entidad o de sus funciones, y por las actividades conexas que guardan estrecha relación con su objeto? Respuesta al problema jurídico: Si En este panorama, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha resaltado que el artículo 104 del CPACA privilegia la especialidad como criterio determinante de la competencia, a la par de que se vale del criterio orgánico para definir los asuntos a cargo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de modo que se está ante un “régimen mixto de criterios de determinación de competencia -material y orgánico-”, de ahí que, en cada caso debe evaluarse cuál de los dos prevalece. A su turno, el artículo 105 del CPACA prevé un conjunto de excepciones a la competencia atribuida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el artículo 104 ejusdem, entre las que se resalta la dispuesta en el numeral 1º, al amparo del cual se encuentran excluidas de su conocimiento las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y las contractuales en las que haga parte una entidad pública de carácter asegurador, cuandoquiera que correspondan al giro ordinario de sus negocios. Como se observa, para que se configure la excepción consagrada en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA: i) la entidad pública debe tener el carácter de institución aseguradora -elemento orgánico- y ii) la controversia ha de versar sobre asuntos que correspondan a su giro ordinario de los negocios -elemento material- . Ahora bien, la excepción contemplada en el numeral 1 del artículo 105 CPACA crea algunas dificultades interpretativas en cuanto a lo que debe entenderse por giro ordinario de los negocios de las instituciones aseguradoras, pues se trata de un concepto jurídico indeterminado cuyo alcance ha dado origen a opiniones disímiles, máxime teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico alude a dicha noción en diferentes ámbitos y para diversos efectos, lo que implica que en la labor de hermenéutica que corresponde efectuar no puede dejarse de lado el contexto al que se refiere la norma que, en cada caso, remite a esta noción -artículo 30 del Código Civil-, su finalidad, recurriendo “a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento” -artículo 27 del Código Civil- y, en general, las diversas reglas de interpretación de la ley. Para los efectos que aquí concierne, no puede desconocerse que el numeral 1 del artículo 105 del CPACA establece una excepción, que, por ser tal, debe interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, y no de manera analógica ni extensiva. Además, también es menester acudir al “sentido natural y obvio” de las palabras, según su uso general -artículo 28 del Código Civil-, lo que lleva a destacar que la palabra “ordinario”, según el Diccionario de la Real Academia de la lengua, significa “común, regular y que sucede habitualmente”, por oposición a aquello que es extraordinario o excepcional. De igual modo, en lo que concierne a la finalidad de la norma, la excepción del numeral 1 del artículo 105 CPACA que se analiza, responde a la intención del legislador de privilegiar, para este tipo de controversias, la especialidad de la materia objeto del litigio como criterio fundamental para la determinación de la competencia, toda vez que la temática propia de los negocios y actividades habituales u ordinarias que adelantan las entidades públicas aseguradoras, versa en torno a materias de contenido económico y financiero, que se ubican en la especialidad de la Jurisdicción Ordinaria. A la vista de las precisiones que anteceden es menester precisar si el concepto de “giro ordinario de los negocios” equivale o no al objeto social y, dentro de ello, si se limita solo a las actividades principales o comprende las conexas y complementarias. Asimismo, debe dilucidarse si la noción alude a actos y negocios que en cualquier caso se realicen como parte de la gestión ordinaria o de modo habitual, o, por el contrario, si también incluye actos, actividades y negocios que se adelanten de modo incidental, todo ello, desde luego, siempre que se encuentren dentro del marco de su capacidad legal, pues los actos que no están comprendidos dentro del objeto exceden las atribuciones de la persona jurídica y, por lo mismo, estarán viciados de nulidad. Bajo este contexto, la jurisprudencia ha señalado que el objeto de cualquier persona jurídica está conformado por el denominado “objeto principal” y el llamado “objeto secundario, complementario o subsidiario”. El primero está compuesto por los actos y contratos expresamente previstos en los estatutos o en el acto de creación de la entidad, al paso que el segundo comprende: i) los actos y contratos que, sin estar mencionados expresamente, guardan una relación o conexidad directa con el objeto principal, y ii) todos aquellos que resultan necesarios para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que implican la existencia y el funcionamiento de la persona jurídica, tales como el pago de impuestos, la contratación de personal y la adquisición de insumos, entre otros . Refiriéndose al concepto de objeto social y su diferencia con el giro ordinario de los negocios, la Superintendencia de Sociedades ha señalado que, en virtud de lo previsto en el numeral 4 del artículo 110 del Código de Comercio, en los estatutos sociales deben enunciarse en forma clara y completa las actividades que comprenden el objeto social, teniendo en cuenta que la capacidad del ente societario estará circunscrita a los actos y negocios allí consignados . Además, ha resaltado que el objeto social comprende el “objeto principal”, que “se refiere a los negocios o actividades principales que la sociedad se propone desarrollar, los cuales pueden tener o no conexión entre sí, siempre que se encuentren debidamente enunciados en la escritura social” y, también, el “objeto secundario”, en el que “se entienden incluidos todos aquellos actos o contratos tendientes al desarrollo del objeto social principal”. De igual modo, la misma Superintendencia ha expuesto que el giro ordinario consiste en aquellas labores que se llevan a cabo en forma habitual u ordinaria y que, de todos modos, están enmarcadas en el objeto social . En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que el giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, descrito con anterioridad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que, además de que son inescindibles con su propósito primario, corresponden a actos de comercio o mercantiles habituales, premisa en virtud de la cual es claro que no todas las labores de un ente asegurador están incluidas en tal concepto, pues, de ser así, bastaría que el legislador exceptuara del conocimiento de esta jurisdicción todas las controversias de esos órganos sin más . Bajo este contexto, tal como lo tiene definido la Superintendencia de Sociedades y ha sido reiterado por esta Corporación, si bien todos los actos y contratos que una persona jurídica celebra “dentro del giro ordinario de sus negocios” deben estar comprendidos en su objeto -principal o secundario-, existen algunos actos que las personas jurídicas pueden celebrar válidamente, por estar incluidos dentro de su objeto, que no corresponden, sin embargo, al “giro ordinario de sus negocios”, por realizarse de forma extraordinaria, inusual o esporádica. A partir de lo anterior, puede concluir que forman parte del giro ordinario de los negocios de las entidades aseguradoras: a) Todos los actos que celebre para realizar las actividades y cumplir las funciones que la ley le asigna expresamente, ya sea que correspondan a actividades aseguradoras o no -objeto principal-; b) Todos los que celebre en conexión o en relación directa con dichos negocios -actos conexos y objeto secundario-; y/o que resulten necesarios para su existencia y funcionamiento normal, siempre que sean habituales u ordinarios, tales como, por ejemplo, la contratación de personal, la asesoría jurídica, contable o técnica ordinaria, la compra de papelería y la contratación de servicios de aseo o vigilancia, entre otros . Como los mencionados actos y contratos -literales a y b- forman parte del denominado “giro ordinario de los negocios”, todos y cada uno se subsumen en la excepción prevista en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, es decir, se encuentran por fuera de la órbita de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. A contrario sensu, no estarán incluidos dentro del giro ordinario de los negocios y, por ende, son del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aquellos actos y contratos que las entidades celebren dentro del marco de su objeto, pero no de manera ordinaria o habitual, sino en forma extraordinaria o esporádica, como sería el caso de “la adquisición de una nueva sede principal, el cambio integral de su plataforma tecnológica, una consultoría especial (por ejemplo, para una eventual reestructuración interna o «reingeniería»), el cambio general de sus marcas y demás signos distintivos, entre otros” . NOTA DE RELATORÍA: Referente al giro ordinario de los negocios, revisar: auto de 17 de junio de 2015, rad. 50526, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; auto de 31 de enero de 2022, rad. 60388, C.P. Nicolas Yepes Corrales; auto del 29 de julio de 2022, rad. 62851, C.P. Nicolas Yepes Corrales; auto de 8 de octubre de 2021, rad. 36320, C.P. Guillermo Sanchez Luque; auto de 17 de junio de 2015, rad. 50526, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; Concepto de 9 de abril de 2013, rad. 2135; C.P. Augusto Hernández Becerra (E); . Sentencia de 9 de octubre de 2013, rad. 30763, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 31 de mayo de 2018, rad. 21776, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; Sentencia de 12 de octubre de 2011, rad. 68781, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 19 de febrero de 2024, rad. 60126, C.P. Nicolas Yepes Corrales. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 110 NUMERAL 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 27, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 28, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 30 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD ASEGURADORA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / NATURALEZA DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PARTES DEL CONTRATO / OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer la controversia contractual de Positiva S.A. que no corresponde al giro ordinario de los negocios? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso que ocupa la atención de la Sala, se tiene que, como fue reseñado inicialmente, Positiva S.A. es una sociedad anónima aseguradora y de economía mixta con un capital mayoritariamente público, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, su gestión contractual está sometida al derecho privado, en exclusión del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-, dada su naturaleza de empresa de seguros con participación mayoritaria del Estado, lo cual es predicable no solo frente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino también frente a los actos de las partes, encaminados a su formación, por lo que abarca todo el iter contractual, de tal suerte que en cada etapa la regla será la autonomía privada y las normas supletivas . En estos casos, como la entidad pública no actúa en posición de supremacía de la Administración, sino como un particular, no emite actos administrativos con carácter ejecutivo y ejecutorio, ni está habilitada para ejercer potestades del EGGAP como la liquidación del contrato -salvo que las partes prevean dicha posibilidad en forma convencional. Por tanto, aquellos corresponderán a actos de gestión contractual como expresión de la autonomía privada, con excepción de los casos en los que las disposiciones legales y reglamentarias prescriban lo contrario . Descendiendo al caso concreto, la Sala resalta que la controversia sometida a juicio gira en torno a la responsabilidad de Positiva S.A., empresa de seguros con capital mayoritario estatal, con ocasión de la ejecución del contrato No. 689 de 2013, por el supuesto impago de la totalidad de la obligación dineraria a su cargo y debido a una mayor onerosidad, de ahí que la Sala encuentra cumplido el primero de los presupuestos contemplados en la excepción de que trata el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, esto es, el elemento orgánico, dado que la demandada tiene el carácter de institución aseguradora. Pasando ahora a estudiar el elemento material, ha de verificarse si la controversia sometida a juicio se ocasionó en el giro ordinario de los negocios de Positiva S.A., a partir de las consideraciones y criterios que han quedado vistos precedentemente. Para el efecto, cabe resaltar que el contrato frente al cual versa la controversia tuvo por objeto adquirir el operador logístico para el suministro y dispensación de medicamentos e insumos médicos a los afiliados de la aseguradora en el territorio nacional, y se justificó en que Positiva “debe garantizar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y reconocer y pagar a los afiliados y beneficiarios de las prestaciones económicas a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral y garantizar la calidad de estos servicios […], para lo anterior, es preciso entender el concepto de suministro y dispensación de medicamentos e insumos médicos como el proceso integrador de las necesidades y expectativas del afiliado siniestrado y su empresa, con las instituciones prestadoras de servicios de salud que conforman la red de servicios de salud de la compañía, y permitiéndole a esta última controlar, seguir e intervenir favorablemente en el ciclo de vida del siniestro34 . En contraposición, el artículo 5 de los estatutos sociales de Positiva S.A. , prevé que su objeto societario consiste en la realización de operaciones de seguros de vida individual y afines, coaseguros y reaseguros, así como el desarrollo de las demás actividades que le sean permitidas a ese tipo de personas jurídicas (…). Como puede verse, la razón de ser de Positiva es el ofrecimiento de seguros de vida, coaseguros y reaseguros, por lo que su objeto social se constituye por la realización de tal actividad, mientras que la provisión de medicamentos corresponde a labores incidentales de su función principal, en la medida en que ello, en general, solo se da cuando se concretan los riesgos objeto de la cobertura de los contratos de seguros de riesgos laborales, de ahí que el suministro en cuestión podría no efectuarse en todos los casos -como en el evento en el que la póliza no se hace efectiva- y, por tanto, no torna en nugatorio el objetivo de ofrecer aseguramiento. A lo anterior se suma que, visto el clausulado del contrato, como la dispensación de medicamentos es una labor que Positiva realiza solo en algunos casos, atados a la efectividad de pólizas de riesgos laborales, y que convino tercerizar con Droservicio, para que esta la prestara por su cuenta a cambio de una remuneración, es una labor intermediada, aspecto que reafirma su carácter de incidental y ocasional, tanto así que puede ser materializada por personas distintas a la aseguradora. Así, se advierte que el contrato suscrito entre Droservicio Ltda. y Positiva S.A. -y posteriormente cedido a Audifarma- versó sobre un aspecto comprendido dentro del objeto secundario o complementario de la entidad y, dentro de este, correspondió a una labor incidental cuya ausencia no mermaría la efectividad del objeto general de dicha persona jurídica, por lo que no se trató de un negocio que hiciera parte del giro ordinario de los negocios de la aseguradora en cuestión, en el sentido de que, si bien contribuyó al desarrollo de sus actividades y a su funcionamiento, tuvo lugar de manera provisional e inusual. De este modo, es claro que el objeto del contrato No. 689 de 2013 no corresponde al giro ordinario de los negocios de Positiva S.A., toda vez que se encaminó a la contratación del proveedor para el suministro y dispensación de medicamentos e insumos médicos a sus afiliados cuando hacen parte de la cobertura de riesgos laborales, actividad que resulta ser incidental a su labor principal de ofrecer aseguramiento a personas naturales y jurídicas, por lo que se concluye, entonces, que al no encontrarse dentro del supuesto del numeral 1 del artículo 105 del CPACA, la controversia corresponde al juez de lo contencioso administrativo. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial, el 21 de junio de 2022, supera los 500 SMLMV . NOTA DE RELATORÍA: Referente al régimen exceptuado de la lay 80 de 1993, revisar: sentencia de 28 de febrero de 2020, rad. 31628, C.P. Guillermo Sanchez Luque y sentencia de 5 de julio de 2018, rad. 59530, C.P. Jaime Enrique Rodriguez Navas (E). FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 15, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 4 MEDIO DE CONTROL / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Procede el medio de controversias contractuales, cuando lo que se pretende es que se declare la configuraron de circunstancias de incumplimiento y el desequilibrio económico en favor de Positiva S.A? Respuesta al problema jurídico: Si En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la responsabilidad contractual de Positiva S.A. por la desatención de la obligación de pago, así como por una mayor onerosidad, el medio de control procedente es el de controversias contractuales. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / TRÁMITE DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una defectuosa valoración probatoria y en un defecto fáctico al declarar probada la caducidad por contabilizar el plazo para que Droservicio ejerciera el derecho de acción a partir de la cesión del contrato No. 689 de 2013, realizada el 22 de agosto de 2018, y no desde la liquidación de dicho acuerdo de voluntades tras haber sido cedido a Audifarma, la cual se realizó el 26 de noviembre de 2021, considerando que la demanda se radicó el 21 de junio de 2022? Respuesta al problema jurídico: No En el caso concreto, el a quo declaró probada la excepción de caducidad formulada por Positiva con apoyo en que, dado que el contrato No. 689 de 2013 fue cedido por Droservicio a Audifarma el 22 de agosto de 2018, el criterio para contabilizar los 2 años para ejercer el medio de control de controversias contractuales era el de los motivos que sirvieran de fundamento de hecho o de derecho a las pretensiones de la actora, que en este caso se configuraron a partir de tal momento, por lo que el plazo para demandar feneció el 15 de diciembre de 2020 -considerando la interrupción de términos efectuada con ocasión del COVID-19- y, como la demanda se radicó hasta el 21 de junio de 2022, fue claramente extemporánea, incluso considerando el período del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que también se surtió después de la primera fecha. Al punto, el Tribunal de primera instancia también consideró que, si en gracia de discusión la revisión del estado financiero se hubiera tramitado como una liquidación, aquella debió realizarse hasta el 23 de diciembre de 2018, por lo que en dicho escenario el plazo para demandar habría fenecido el 11 de enero de 2021, lo que llevaría a la misma conclusión de la demanda fuera de tiempo. Inconforme con lo anterior, Droservicio argumentó en su apelación que el a quo incurrió en una defectuosa valoración probatoria y en un defecto fáctico, por desconocer que, supuestamente, la cesión del contrato No. 689 de 2013 fue solo parcial, pues allí se dejaron varias obligaciones en vilo, por lo que, indefectiblemente, el único momento a tener en cuenta para contabilizar la caducidad era la liquidación del 26 de noviembre de 2021, tras lo cual conoció que no se le habría de pagar los saldos cuyo reconocimiento pide hoy en sede judicial, momento a partir del cual, tanto su solicitud de conciliación, como su demanda, habrían sido presentados dentro de los 2 años de ley y, por lo tanto, se debieron estudiar las pretensiones de fondo. De entrada, la Sala estima que, tal y como lo concluyó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la demanda se radicó por fuera de los 2 años desde que acaecieron los motivos de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento a las pretensiones de Droservicio, como se pasa a exponer. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció en el proceso contencioso administrativo unos plazos para ejercer oportunamente los medios de control judicial, que resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción y ofrecer estabilidad del derecho, de suerte que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez. Bajo el anterior contexto, conviene señalar que, según lo previsto en el inciso 1 del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y en atención a que se está ante un asunto exclusivamente regido por el derecho privado, los miembros de la sociedad Droservicio contaban con 2 años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a los motivos de hecho y de derecho que le sirvan de fundamento a sus pretensiones. En la medida en que en el asunto de estudio persigue la declaratoria de incumplimiento y la configuración de una mayor onerosidad con ocasión del contrato No. 689 del 25 de agosto de 2013, suscrito entre Positiva S.A. y Droservicio (hecho probado 5.1.1.1.) , no se puede perder de vista que dicho acuerdo de voluntades fue cedido por la contratista a Audifarma S.A. el 22 de agosto de 2018 (hecho probado 5.1.2.1.), sin que le asista razón a la parte apelante con que dicho acto fue apenas parcial, dado que la totalidad de las obligaciones de que era titular fueron trasladadas a la nueva cocontratante. Ahora bien, aunque en la cesión se incluyó una cláusula que dispuso que a la fecha del acto jurídico existían situaciones del estado financiero que se encontraban en trámite de revisión entre Positiva y el contratista cedente, dicha circunstancia no podía llegar a entenderse como una continuación del rol de contratista de Droservicio, sino como una salvedad o reparo de que las partes se reservaban verificar con posterioridad aspectos atenientes a los saldos que, eventualmente, se debieran mutuamente o no producto del vínculo del que hicieron parte. En efecto, producto de la salvedad convenida en la cesión, el 13 de febrero de 2019 Droservicio pidió a Positiva que liquidara el contrato con un saldo a su favor de $12.027’194.154, liquidación que se intentó efectuar el 18 de febrero siguiente, pero no se realizó en forma definitiva, tras lo cual, el 10 de junio de 2019, Positiva se rehusó a reconocer emolumentos por concepto de la variación del IPC y el porcentaje de administración por operación logística para medicamentos regulados y luego, el 4 de septiembre y 11 de octubre de 2019, reafirmó que no procedía pagar nada de lo pedido por Droservicio (hechos probados 5.1.3.1. a 5.1.3.5.). Ante ese panorama, el 24 de septiembre de 2019 Droservicio pasó de solicitar el pago de los saldos aquí perseguidos por medio de una liquidación, a hacerlo a través de una factura de venta, lo cual, en todo caso, ya había sido desestimado por Positiva S.A. y, bajo la misma senda, fue rechazado el 19 de noviembre de 2019 (hechos probados 5.1.3.6. y 5.1.3.7.). En ese orden de ideas, el propio convenio de las partes estipuló que existían aspectos pendientes de resolver entre Droservicio y Positiva, referidos a la discusión de saldos pendientes reclamados por la cedente, lo que se discutió mediante sendos cruces de comunicados que concluyeron el 19 de noviembre de 2019 (hecho 5.1.3.7.), por lo que, a partir de tal fecha, la aquí demandante tenía total certeza de que la contratante no le iba a reconocer ningún saldo adicional al ya pagado y, por tanto, dicho momento es el fundamento de hecho que cimenta las pretensiones de la demanda, de ahí que los 2 años de que trata el artículo 164 del CPACA para ejercer el derecho de acción deban contabilizarse desde allí. Sobre ese punto, la Sala descarta contabilizar la oportunidad para demandar a partir de las solicitudes del 2 y 22 de marzo de 2022 (hechos probados 4.1.5.1. y 4.1.5.2), pues mediante aquellas solo se redundó en lo ya pedido en momentos anteriores y desde el 19 de noviembre de 2019 ya se contaba con total certeza de que Positiva no habría de acceder a lo aquí perseguido por Droservicio, por lo que la cláusula contenida en la cesión mediante la cual se mantuvo en vilo la discusión de aspectos pendientes se agotó a partir de ese último momento mencionado. A este respecto, tampoco es dable tener en cuenta como punto de partida para contabilizar la demanda en tiempo la liquidación efectuada entre Audifarma y Positiva S.A., pues como ya se aclaró, la cesión excluyó totalmente a Droservicio de la relación negocial, de ahí que la continuación del acuerdo de voluntades le resultaba ajena a esta última, incluyendo el balance de activos y pasivos efectuado entre la contratante y la nueva contratista. En virtud de lo expuesto, Droservicio contaba con 2 años para ejercer el derecho de acción, los cuales ab initio corrieron entre el 20 de noviembre de 2019 y el 20 de noviembre de 2021 -considerando la fecha en que Positiva rechazó definitivamente las solicitudes de reconocimiento de emolumentos de Droservicio-; sin embargo, en virtud del Decreto Legislativo 564 de 2020, en concordancia con los Acuerdos Nos. PCSJA20-11517 del 15 de marzo y PCSJA20-11657 del 5 de junio de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, dicho plazo se suspendió entre el 16 de marzo hasta el 30 de junio y se reanudó el 1° de julio de 2020. Así las cosas, la parte activa tenía hasta el 6 de marzo de 2022 para radicar el escrito inicial, plazo que se suspendió entre el 25 de febrero y el 25 de mayo de 2022, cuando acaecieron 3 meses desde que se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial, en virtud del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 , por lo que se extendió hasta el 6 de junio de 2022 y la demanda se radicó hasta el 21 de junio de 2022, es decir, extemporáneamente, por lo que operó la caducidad. La anterior circunstancia releva a la Sala de estudiar las pretensiones de fondo formuladas por Droservicio, habida cuenta de que un supuesto para el efecto era presentar la demanda en los tiempos previstos por el legislador, lo que no sucedió. Como consecuencia, se desestima el recurso de apelación presentado por Droservicio y, por tanto, se confirmará la sentencia del 16 de noviembre de 2023, mediante la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad, por encontrarse que la demanda fue formulada extemporáneamente. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la caducidad, revisar: sentencia C-394 de 22 de mayo de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis y sentencia de 23 de febrero de 2006, rad. 25000232500020030933101 (6871-2005), C.P. Tarsicio Cáceres Toro. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 446 DE 1998, LEY 640 DE 2001 CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se debe condenar en costas a la parte recurrente por habérsele resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto en contra la sentencia anticipada de 16 de noviembre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la condena en costas, revisar: sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 51034, C.P. Maria Adriana Marin. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202200315011100103