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¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contratista y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, con fundamento en los argumentos expuestos por las aseguradoras demandantes y por la Unión Temporal Auditores en Salud? No
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no procede la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y la No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato de consultoría 080 de 2018, por parte de la UNION TEMPORAL AUDITORES DE SALUD...
También resuelve:¿Procede el reintegro de las sumas pagadas por las aseguradoras con ocasión de los actos administrativos demandados?
¿Debe inhibirse de fallar el juez cuando para estudiar las pretensiones de la demanda [incumplimiento de la contratante] era necesario que la parte demandante pidiera la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato por parte del contratista y no solo la del que lo liquidó de forma unilateral? Sí
En las controversias contractuales, cuando la pretensión de incumplimiento requiere previamente la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contratista, el juez debe inhibirse de fallar de fondo si la demanda no solicitó esa nulidad. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el acto que declara el incumplimiento es un presupuesto para estudiar las pretensiones, de modo que su nulidad debe pedirse expresamente. Segunda, la demanda que solo pide la nulidad del acto de liquidación no permite resolver el incumplimiento, pues el acto que lo declaró queda vigente. En el caso, el instituto declaró el incumplimiento total del contrato y ordenó su liquidación, y la demanda no pidió la nulidad de ese acto, de modo que la Sala modifica la sentencia de primera instancia y se inhibe para fallar de fondo. En la práctica, el demandante debe demandar conjuntamente el acto que declara el incumplimiento y el acto de liquidación, porque de lo contrario el juez no podrá decidir las pretensiones de incumplimiento.síntesis automática
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones por medio de las que se declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios (...) por i) violación al debido proceso ii) falta de competencia para declarar la terminación unilateral, iii) desproporción de la sanción y iv) falta de motivación respecto del incumplimiento e indebida aplicación de la condición resolutoria? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por falsa motivación, violación al debido proceso, falta de competencia y desproporción de la sanción, si se demuestran irregularidades en la motivación y en el análisis de las obligaciones cumplidas por la contratista. La Sala establece que la entidad debe individualizar claramente el incumplimiento y evaluar las situaciones reales antes de tomar una decisión como la terminación del contrato, y que la falta de motivación adecuada y la falsa motivación son causales de nulidad. La corporación reitera la importancia de la motivación correcta en los actos administrativos y la necesidad de evaluar adecuadamente el cumplimiento contractual antes de declarar el incumplimiento, lo que implica que las entidades deben ser más precisas en sus fundamentos y considerar las herramientas legales disponibles para la corrección de situaciones problemáticas antes de tomar medidas drásticas.síntesis automática
¿El desequilibrio económico del contrato es un eximente de responsabilidad y excusa a las partes del cumplimiento del contrato? No
El contratista no puede excusarse del cumplimiento del contrato alegando desequilibrio económico, ya que esta situación no es un eximente de responsabilidad, sino una garantía para la continuada ejecución del contrato, incluso en presencia de dificultades económicas. La Sala establece que la ruptura del equilibrio económico no libera al contratista del deber de cumplir sus obligaciones contractuales. Además, para que una fuerza mayor excuse el incumplimiento, debe acreditarse la imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad del hecho, lo cual no ocurrió en este caso, ya que el contratista no presentó pruebas suficientes ni argumentos jurídicos que justifiquen su falta de cumplimiento. La Sala reitera que la modificación del contrato, como la adición de plazos, no implica la configuración de una fuerza mayor, y que la indisponibilidad de los bienes no fue acreditada como causa eximente. Esta decisión matiza la interpretación de que el desequilibrio económico puede ser utilizado como excusa para el incumplimiento contractual, enfatizando la necesidad de cumplir con las obligaciones contractuales a menos que se acrediten las circunstancias excepcionales que eximen de responsabilidad, como la fuerza mayor.síntesis automática
También resuelve:¿Es necesario que el juez reporte y comente el contenido de cada una de las pruebas que obran en el expediente para entender que su decisión cumplió con los principios y obligaciones relacionados con…¿Las causas extrañas, entre las cuales se encuentran la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero eximen de responsabilidad al deudor?¿Procede la condena en costas en esta instancia a la parte demandante?
¿Si se persigue la nulidad del acto que declaró el incumplimiento del contrato y, como consecuencia la indemnización de perjuicios, debe igualmente demandarse el acto de liquidación unilateral, de lo contrario deberá declararse la ineptitud de la demanda y proferirse fallo inhibitorio? Sí
Como lo afirmó el recurrente, esta corporación ha sido enfática en la necesidad de reducir las decisiones inhibitorias con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia. No obstante, por razones sustanciales o procesales, en ocasiones, no resulta posible proferir una decisión de fondo.… En el caso, se demandó la nulidad de dos resoluciones que contienen la declaratoria de incumplimiento parcial en un contrato de obra. Sin embargo, no se pretendió la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato.… A la luz de lo anterior, la Sala se encuentra frente a un caso en el cual se cuestionó la legalidad de dos actos proferidos durante la ejecución del contrato, y relacionados con su incumplimiento, pero no el acto de liquidación unilateral del contrato.
También resuelve:¿Al ser el acto de liquidación un acto principal, al igual que el acto de incumplimiento del contrato, debe demandarse la nulidad de ambos y no puede el juez declararla de oficio?¿Conforme al criterio objetivo, es procedente la condena en costas en lo contencioso administrativo cuando no prosperan las pretensiones de la entidad demandante?
¿Es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del acto administrativo contractual por violación al debido proceso, toda vez que está probado que la entidad demandada no adelantó el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, aplicable a la declaratoria de siniestro por acto administrativo? Sí
La entidad estatal que pretenda declarar el siniestro de una garantía mediante acto administrativo debe agotar el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, pues ese trámite no se limita a la imposición de multas y cláusula penal, sino que también aplica a la declaratoria de incumplimiento de la que se deriva el siniestro, y debe citarse al garante en los términos del literal a) de la norma. Tres razones sostienen esta regla. Primero, la afirmación de que no se agotó dicho procedimiento es una negación indefinida absoluta, que no requiere prueba según el artículo 167 del Código General del Proceso, de modo que corresponde a la entidad demostrar que sí lo cumplió. Segundo, esa demostración exige aportar el expediente de la actuación administrativa conforme al artículo 175 del CPACA, carga que no se satisface con copias de un trámite distinto. Tercero, la omisión de la citación vulnera el debido proceso y justifica la nulidad del acto que declara el siniestro. En la práctica, antes de declarar el siniestro la entidad debe acreditar la citación del garante y la actuación previa completa, pues de lo contrario el acto puede ser anulado.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible que una entidad contratante profiera un acto de declaratoria de siniestro incluso cuando el contrato ha sido liquidado de común acuerdo?¿Es procedente confirmar la condena impuesta en primera instancia?¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿El juez de segunda instancia está facultado para pronunciarse sobre cargos que aunque no fueron alegados en la demanda, fueron objeto de pronunciamiento por el juez de primera instancia, y de sustentación del recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está facultado para pronunciarse sobre cargos que, aunque no fueron alegados en la demanda, fueron objeto de pronunciamiento por el juez de primera instancia y de sustentación en el recurso de apelación, siempre y cuando las partes no cuestionen esos puntos en el recurso de alzada. La Sala reitera que entre la vigencia de la Ley 80 de 1993 y la expedición de la Ley 1150 de 2007, la administración no tenía competencia para declarar el incumplimiento de contratos estatales, lo que implica la nulidad de actos administrativos que pretendan hacerlo. Asimismo, la Sala confirma la nulidad de la declaración de caducidad del contrato cuando esta se expide después de vencido el plazo de ejecución, pues la finalidad de la declaración de caducidad es impedir la paralización del contrato mientras este esté vigente. Estas decisiones reafirman las competencias y limitaciones de la administración en la gestión contractual y la importancia de la temporalidad en la aplicación de medidas contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato de suministro celebrado antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007 y en vigencia de la Ley 80 de 1993…¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato por haber sido expedido cuando había vencido el plazo de ejecución?
¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación? No
El contratista no puede demostrar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato de interventoría por falta de motivación o por no cumplir con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, ya que no aporta los informes mensuales y el informe final de interventoría necesarios para verificar el cumplimiento de dichas exigencias. Además, los actos administrativos demandados se basan en razones distintas a las que motivaron la declaratoria de incumplimiento anterior, por lo que no se viola el principio del non bis in ídem. Asimismo, la entidad estatal no está obligada a probar los perjuicios sufridos para aplicar la cláusula penal pecuniaria, ya que el contrato contempla una estimación anticipada de los daños en caso de incumplimiento. Este precedente reitera la importancia de la documentación probatoria en los procesos de interventoría y refuerza la autonomía de la entidad estatal en la aplicación de las cláusulas penales contratuales.síntesis automática
También resuelve:¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor?
¿Se generó una falta de jurisdicción entendida como la posibilidad de decir en un caso concreto cuál es el derecho – iurisdictio – ya que, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aquí demandante del incumplimiento contractual, ya profirió un acto administrativo de incumplimiento en contra de la Union Temporal BASAN 2014? Sí
Se configura falta de jurisdicción cuando la entidad estatal ya agotó, en el procedimiento administrativo, la declaratoria de incumplimiento y de caducidad del contrato, y la pretensión de la controversia contractual reproduce ese mismo objeto. La regla se sostiene en tres razones: el medio de control de controversias contractuales de la Ley 1437 de 2011 es pluripretensional, pero la entidad estatal cuenta con facultades extraordinarias para declarar el incumplimiento, la caducidad y la ocurrencia del siniestro; el objeto de las pretensiones formuladas en la demanda ya fue agotado por la misma entidad mediante el procedimiento administrativo de incumplimiento; y en ese escenario no existe controversia pendiente que el juez deba decidir. La falta de jurisdicción, en este sentido, no se entiende como la especialidad para conocer un asunto, sino como la posibilidad de decir en un caso concreto cuál es el derecho, lo que no es posible cuando el acto de incumplimiento ya fue expedido. En consecuencia, la controversia frente al mismo incumplimiento no puede tramitarse de nuevo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado?¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista?¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado…¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa?¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran la caducidad del contrato estatal cuando se evidencia su incumplimiento, ya que la entidad administrativa justificó adecuadamente el incumplimiento del contratista, y la Sala considera que la entidad demandante no tiene el interés directo requerido para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, dado que su interés en la nulidad del convenio es indirecto y no afecta sus derechos directos en la caducidad del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales en ausencia de cláusulas compromisoriarespetando la posibilidad de renuncia tácita a la justicia arbitral, y matiza la posición respecto a la legitimación en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta de contratos estatales, estableciendo que los terceros ajenos al contrato deben demostrar un interés directo en el acto administrativo cuestionado.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo suscrito entre el municipio de Jamundí y Coopmunicipios…¿Resulta procedente la nulidad de los actos contractuales que declararon la caducidad administrativa del contrato de outsourcing…¿Se acreditó la violación al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción, en la declaratoria de caducidad del contrato de outsourcing por el incumplimiento de las obligaciones del…
¿La Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 que declara el incumplimiento contractual, fue proferida con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la liquidación y en consecuencia, con falta de competencia temporal? No
Encuentra la Sala que no le asiste razón a la parte actora toda vez que, contrario a lo afirmado en el recurso, la declaratoria de incumplimiento fue realizada antes del vencimiento del plazo para liquidar el contrato, y, por ende, no fue proferida sin competencia temporal.… La Sala puntualiza que incluso en los contratos celebrados antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007, la declaratoria de incumplimiento era procedente una vez se vencieran los términos de las liquidaciones bilateral y unilateral, siempre que aquel trámite se surtiera antes del vencimiento del término de caducidad o antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda, tal como sucedió en el presente caso, lo que descarta la falta de competencia temporal aducida.
También resuelve:¿La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 fue expedida con falta de competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo?¿Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso?¿Los actos acusados se expidieron con falsa motivación?
¿Debe declararse la nulidad de las resoluciones 357 y 425 de 2021, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento, se hizo efectiva la cláusula penal del contrato 479 celebrado entre las partes demandante y demandada y se confirmó tal decisión por estar incurso en las causales de nulidad alegadas por la parte actora? No
El contratista no puede declarar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento y hacen efectiva la cláusula penal en un contrato interadministrativo, ya que la entidad estatal tiene competencia funcional para adelantar el proceso de incumplimiento y declarar el incumplimiento contractual conforme a la ley, sin violar el debido proceso ni presentar falsa motivación, siempre y cuando se acredite debidamente la falta de cumplimiento del contrato y se respeten los derechos del contratista en todo el proceso. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la competencia de las entidades estatales para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en contratos interadministrativos, lo que implica que los contratistas deben cumplir con sus obligaciones contractuales y no pueden alegar nulidad sin evidencia clara de violación al debido proceso o falsa motivación del acto administrativo.síntesis automática
¿El medio de control de controversias contractuales es la vía procesal adecuada para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual y liquidaron unilateralmente el contrato de compraventa No. 1628 de 2010? Sí
El contratista puede utilizar el medio de control de controversias contractuales para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual y liquidaron unilateralmente un contrato estatal, conforme al artículo 141 del CPACA, que permite demandar la nulidad de actos administrativos contractuales. La Sala establece que el término de caducidad para este medio de control se computa a partir del día siguiente a la fecha en que se dejó sin efectos un contrato de transacción entre las partes, no desde la firmeza del acto administrativo de liquidación unilateral. Además, la Sala determina que no hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento contractual, ya que el interventor cumplió con sus obligaciones contractuales al realizar las pruebas necesarias para garantizar la seguridad vial y proteger los recursos públicos, y no hubo violación del derecho al debido proceso. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el uso del medio de control de controversias contractuales y el cómputo del término de caducidad en casos de transacción y liquidación unilateral de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se contabiliza a partir del día siguiente de la suscripción del documento que dejó sin efectos el contrato de transacción…¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución No. 045 de 2013 y de su confirmatoria, Resolución No. 049 de 2013, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento contractual de la UTML?¿La Secretaría Distrital de Movilidad incumplió el acta de acuerdo del 5 de noviembre de 2013 suscrito entre las partes?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-08-24Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020230026801Controversias contractuales
¿El decreto de una medida cautelar, dentro de los procesos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, constituye un prejuzgamiento? No
El decreto de medidas cautelares en los procesos contencioso administrativos no constituye prejuzgamiento sobre el fondo de las pretensiones debatidas. El artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo faculta al juez para adoptar medidas preventivas, conservativas o anticipativas que guarden relación directa con las súplicas de la demanda. En el asunto examinado, la parte actora solicitó la suspensión provisional de resoluciones administrativas que declararon el incumplimiento contractual e hicieron efectiva la cláusula penal. La Sala determinó que dichos actos conservan presunción de legalidad y sus efectos económicos no son susceptibles de medida cautelar negativa mientras permanezcan vigentes, por lo cual se confirmó la decisión de negar la suspensión solicitada.síntesis automática
También resuelve:¿Procede decretar la suspensión provisional de los actos administrativos demandados cuando, del análisis del acto, de las normas superiores invocadas y de las pruebas aportadas…¿Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA para decretar la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 182 del 4 de agosto de 2022 y 296 del 22 de noviembre…¿Es procedente suspender provisionalmente los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual e hicieron efectiva la cláusula penal, e impedir cautelarmente su cobro…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-20Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020230031701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos por medio de los cuales el IDU declaró el incumplimiento del contrato de obra e impuso una multa, al desconocer el límite temporal para su expedición? No
El contratista no puede obtener la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos por los cuales la entidad estatal declaró el incumplimiento del contrato y aplicó una multa, al desconocer el límite temporal para su expedición, porque la multa pactada en el contrato cumple funciones de apremio y también se considera una cláusula penal por incumplimiento parcial, lo que permite su aplicación incluso el penúltimo día de ejecución del contrato sin violar el límite temporal establecido en la Ley 1150 de 2007. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la suspensión provisional de los actos administrativos y el concepto de cláusula penal moratoria, lo que implica que los contratistas deben considerar cuidadosamente las condiciones específicas de su contrato antes de solicitar medidas cautelares.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020220059001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo debe ser negada, dado que el recurrente incumplió con la carga argumentativa respecto de las normas superiores que consideró violadas? Sí
En el recurso de apelación contra el auto que niega la suspensión provisional de un acto administrativo, el recurrente debe controvertir el requisito de procedencia de la medida, que consiste en confrontar el acto con las normas superiores que estima violadas. Esta regla se apoya en el artículo 231 del CPACA, que exige que la violación surja de la confrontación del acto con esas normas, y no basta con probar los perjuicios que la decisión causó. Por ello, los argumentos que solo se dirigen a acreditar perjuicios con las pruebas aportadas no cumplen la carga argumentativa de la impugnación. Cuando la mera confrontación del acto con las normas no muestra su contrariedad a derecho, la medida se niega. En el caso concreto la sala confirmó el auto que negó la suspensión provisional, porque los argumentos del recurso no versaban sobre ese requisito. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la apelación contra la negativa de la suspensión debe demostrar la violación normativa del acto.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, es requisito señalar en la solicitud las disposiciones violadas por el acto acusado luego de…
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos que impusieron multas al contratista, por falta de competencia del INVIAS para tal efecto, dado que en vigencia de la Ley 80 de 1993, y con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales no tenían la facultad para declarar el incumplimiento del contrato e imponer multas de manera unilateral? Sí
El contratista no debe pagar las multas impuestas por la entidad estatal antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, ya que en ese momento la entidad no tenía la competencia para declarar el incumplimiento del contrato y imponer multas unilateralmente. La facultad para imponer multas de manera unilateral solo se estableció con la Ley 1150 de 2007, que entró en vigor seis meses después de su promulgación. En este caso, las resoluciones que impusieron las multas fueron expedidas en 2002, antes de que la ley permitiera a las entidades estatales imponer multas unilateralmente. Aunque inicialmente la Sala había aceptado que la administración tenía competencia para imponer multas unilateralmente, esta posición fue revisada y se concluyó que la administración perdió esa competencia con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y solo la recuperó con la Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, la entidad estatal actuó sin competencia al declarar el incumplimiento del contrato y expedir las multas, lo que implica que dichos actos administrativos deben declararse nulos.síntesis automática
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…