Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →

FACULTADES DEL INTERVENTOR

33 documentos encontrados
Ordenar:
Atención: tienes 1 filtro marcado Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

No hay lugar a declarar el incumplimiento contractual

Sentencia — Sentencia 2026-06-26 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B) HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLON Rad. 25000233600020150123600 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar el incumplimiento contractual de la Consorcio Interventoría Hospital Meissen respecto del Contrato 0176 de 2006 que tuvo por objeto “la Interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción, ampliación, intervención del espacio público y suministro de equipos para Hospital de Meissen II Nivel ESE”? No
No procede declarar el incumplimiento del interventor cuando este ejecutó las obligaciones de interventoría técnica, administrativa y financiera y la parte demandante no acreditó la atribución de la obligación incumplida ni existió requerimiento durante la ejecución. La regla se sostiene en tres razones: los informes, las actas de comité de obra y los requerimientos al contratista de obra demuestran que las obligaciones de control fueron cumplidas y comunicadas a la entidad contratante; la alegación de dolo y concertación entre el interventor y el contratista carece de prueba y se reduce a afirmaciones sin sustento; y sin incumplimiento declarado no existe solidaridad entre los integrantes del consorcio, sobre todo cuando la demandante renunció a demandar a las personas naturales. Por ello, las pretensiones de declaratoria de incumplimiento, de solidaridad y de ocurrencia de siniestros carecen de fundamento. La negativa de las pretensiones se fundamenta en la prueba del cumplimiento de la interventoría.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual.

Sentencia — Sentencia 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020170238901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? ¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación? ¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Está probado que las contratistas determinaron que ese diseño no era viable

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 76001233100020100051701 ACCION CONTRACTUAL
¿Pese a que el interventor del contrato solicitó un cambio de especificaciones técnicas en el desarrollo del proyecto, los mayores costos resultantes de dicha modificación debían ser autorizados por la entidad para que le fueran reconocidos a la contratista, y como las demandantes no acreditaron esta circunstancia, eso es, que hubiesen informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra y que esta ultima hubiera aprobado tales modificaciones, los mayores costos no resultan imputables a la entidad contratante demandada? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de mayores costos resultantes de modificaciones solicitadas por el interventor sin la previa autorización por escrito de la entidad contratante, conforme a lo establecido en el contrato, y en ausencia de dicha aprobación, los mayores costos no son imputables a la entidad. La Sala establece que, aunque el interventor puede sugerir cambios en las especificaciones técnicas, estas modificaciones deben ser autorizadas por la entidad para que los sobrecostos sean reconocidos, y en este caso, las contratistas no acreditaron que hubieran informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra ni que esta entidad hubiera aprobado tales modificaciones. Además, la Sala reitera que en los contratos de obra por precio global, el contratista asume el deber de terminar la obra con la suma fija pactada, sin reconocimiento de obras adicionales no previstas, a menos que demuestre la ocurrencia de un desequilibrio económico. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los procedimientos de modificación establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve: ¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete…
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 08001233300020130004402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Obra prueba en el expediente que le permita concluir a la Sala que el Departamento estaba obligado a pagar una actividad de obra según una especificación técnica distinta a la que estableció en la etapa precontractual? No
El contratista no puede modificar la especificación técnica del contrato de obra pública establecida en la etapa precontractual sin prueba documental que lo permita, ya que la entidad estatal dejó claro durante el proceso de selección que la especificación aplicable era la del Departamento, no la del INVIAS. La Sala establece que el Interventor puede corregir o modificar las actas parciales en actas posteriores según lo pactado en el contrato, y que no existe incumplimiento del contrato por parte del Departamento al no pagar según una especificación técnica distinta a la pactada. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia y reitera que la obligación del contratante frente al pliego de condiciones debe respetarse, matizando la interpretación de la buena fe contractual en este contexto.síntesis automática
También resuelve: ¿De conformidad con las cláusulas del contrato de obra, el Interventor podía hacer correcciones o modificaciones de las actas parciales en actas posteriores? ¿La especificación del INVIAS no era aplicable al ítem de “Terraplenes” pues la entidad durante el proceso de selección dejó claro que la especificación aplicable era la del Departamento? ¿La Sala revocará el fallo de primera instancia y negará las pretensiones porque el Tribunal desconoció la forma de pago establecida en el contrato de obra?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El término para interponer la acción de repetición es de dos años

Sentencia — Sentencia 2023-08-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 81001233100020080010702 ACCION DE REPETICION
¿El término para interponer la acción de repetición es de dos años, contabilizados a partir del día siguiente a la realización del pago por parte de la entidad o a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de la condena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 2001. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del cuatro (4) de agosto de dos mil uno (2001), pues la sentencia expedida por el Juzgado Único Promiscuo de Saravena, Arauca, en el proceso ordinario laboral en el que resultó condenado el INCORA, fue expedida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil seis (2006).
También resuelve: ¿Al presente proceso le son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001? ¿Para encontrar acreditada la responsabilidad del agente del Estado, es necesario que la conducta del mismo deba calificarse como culpa grave o dolo? ¿La falta de defensa técnica en el proceso laboral ordinario que culminó con sentencia condenatoria en contra del INCORA, es atribuible al demandado a título de culpa grave?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados por el demandante

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100020030162501 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados por el demandante? No
El contratista no acredita el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados, ya que no demuestra que las consecuencias económicas negativas sean resultado directo de las suspensiones acordadas por mutuo acuerdo con la entidad estatal. En este caso, las suspensiones pactadas antes de la suscripción del acuerdo de 4 de abril de 2000 fueron tomadas para superar dificultades económicas, y no se presentó prueba alguna que vincule estas suspensiones con un desequilibrio financiero o daños económicos en el contratista. Además, las partes acordaron zanjar reclamaciones futuras durante las suspensiones, y no se acreditó incumplimiento por parte de la entidad estatal en el reconocimiento y pago de costos adicionales. Por lo tanto, la Sala rechaza las pretensiones de declaración de incumplimiento y restablecimiento, y niega la indemnización por daños, al no existir evidencia que demuestre un desequilibrio económico del contrato por actos de la administración o incumplimiento de una de las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿Incumplió la entidad demandada sus obligaciones contractuales por el no pago de supuestos mayores costos durante las suspensiones del contrato?
Consejo de Estado Providencia

El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría.

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020180015602 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría? Sí
El interventor es civil, fiscal, penal y disciplinariamente responsable por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales haya ejercido o ejerza funciones de interventoría, debido a que la Ley 1150 de 2007 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establecen que las entidades públicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor cuando se requieren conocimientos especializados. Además, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 precisa que el interventor tiene la facultad de solicitar informes y aclaraciones sobre el desarrollo del contrato y de alertar a la entidad sobre cualquier inconsistencia que pueda poner en riesgo su cumplimiento, lo que implica que el interventor debe mantener informada a la entidad contratante sobre el estado del contrato. Esta regla reitera y matiza la responsabilidad del interventor, subrayando que aunque éste no tiene una obligación de resultado, sí tiene un deber de medio que incluye la vigilancia y el seguimiento técnico del contrato, lo que implica que el interventor no se libera del deber de la entidad de controlar y vigilar los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de un contrato de interventoría relega a la entidad contratante de su deber de vigilancia y control de los contratos que suscribe? ¿Se configuró el incumplimiento del contrato por parte del interventor? ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000233600020170147301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas? ¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras? ¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El inciso final del numeral 5 del artículo 24 establece que son “ineficaces de pleno derecho” las estipulaciones de los pliegos de condiciones y de los contratos estatales que contravengan las exigencias que se consagran en este numeral, relativas a las reglas que deben acatarse para la elaboración.

Sentencia — Sentencia 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000233600020210049001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La aplicación de la figura de la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual, estaba subordinada a la declaratoria judicial de nulidad? No
La ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual no se subordina a la declaratoria judicial previa de nulidad, porque opera por ministerio de la ley cuando se constata la causal que la establece, y que solo la ley puede atribuir esa consecuencia. Una razón es que a diferencia de las nulidades de los actos jurídicos, la ineficacia no depende de la invocación de causales ni de una pretensión de nulidad, y el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 declara ineficaces de pleno derecho las estipulaciones que contravienen sus exigencias. Otra razón es que la ineficacia produce el efecto de una sanción in limine, de modo que el juez solo debe pronunciarse cuando exista controversia entre los contratantes sobre su configuración. En el caso, la Sala se apartó del razonamiento del tribunal que exigía una pretensión de nulidad para estudiar la ineficacia de la cláusula, y confirmó la decisión por otros fundamentos. La providencia cita precedente de la Subsección sobre la ineficacia de pleno derecho; su consecuencia práctica es que la cláusula ineficaz puede desconocerse sin necesidad de demandar su nulidad, aunque la controversia sobre su configuración debe resolverla el juez.síntesis automática
También resuelve: ¿Para solicitar o declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, deben invocarse las causales que taxativamente están previstas en la ley contractual? ¿La imprecisión técnica en la que incurrió el demandante al invocar las causales de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato… ¿Resulta posible supeditar el pago del contrato de interventoría al cumplimiento del contrato supervisado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020220038401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve: ¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato? ¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo? ¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Su participación como intermediario entre las partes del contrato supervisado no lleva consigo la representación de la voluntad de la entidad pública contratante, por lo que al interventor “no le corresponde concertar modificación a la normativa del contrato objeto de su control o fiscalización, convenir el precio de actividades no previstas, convenir prórrogas, transar o conciliar diferencias, etc.”.

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170091102 LEY 1437 REPETICION
¿La interventora ETA incurrió en culpa grave o dolo por infringir las obligaciones del contrato de interventoría de obra que celebró con el IDU, al conceptuar que no debía adquirir la extensión de un predio para construir la obra vigilada, cuya ocupación permanente, producto de la ejecución de la obra, fue posteriormente sancionada con sentencia condenatoria pagada por la entidad? No
La responsabilidad del interventor en la acción de repetición se evalúa dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales, y que su concepto no compromete por sí la voluntad de la entidad contratante, de modo que el dolo o la culpa grave deben demostrarse con su conducta concreta. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las obligaciones del interventor son de control y vigilancia sobre la ejecución de otro contrato, y no incluyen la representación de la voluntad de la entidad. Segunda, cuando los hechos son anteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, las disposiciones sobre dolo y culpa grave de esa ley no se aplican, y el análisis se apoya en la Constitución y el Código Civil. Tercera, la demandante no satisfizo la carga de probar el elemento subjetivo de la conducta del interventor, indispensable para la repetición. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el concepto negativo de un interventor sobre la adquisición de un predio no basta, por sí solo, para atribuirle culpa grave si la entidad no acredita su conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve: ¿La responsabilidad del interventor del contrato en el medio de control de repetición debe evaluarse dentro del estricto marco de sus obligaciones contractuales y legales? ¿Existen presupuestos constitucionales para la configuración de la responsabilidad del funcionario público? ¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170100701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato? ¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente? ¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato?

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020210035901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro? ¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido? ¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El departamento de Casanare está en la obligación de reconocer y pagar las mayores cantidades de obra al contratista

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 85001233300020150021101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El departamento de Casanare está en la obligación de reconocer y pagar las mayores cantidades de obra al contratista, por haber sido avaladas por la interventoría y recibidas a satisfacción por la administración? Sí
En los contratos de obra pública, las mayores cantidades de obra que son esenciales para el objeto contractual, y que la interventoría avaló y la administración recibió a satisfacción, deben pagarse al contratista. La regla se sostiene en dos razones. Primera, esas cantidades solo modifican las cantidades originalmente previstas y no alteran el precio unitario de cada ítem ni incluyen ítems nuevos. Segunda, el contratista tiene derecho al reconocimiento porque la administración recibió la obra y aceptó su funcionalidad. En el caso, las mayores cantidades eran necesarias para que los pozos fueran funcionales, y la providencia revoca la decisión que había negado su pago, con lo que la entidad territorial queda obligada a reconocerlas. Esta conclusión se sustenta en la recepción a satisfacción de la obra por parte de la administración. En la práctica, el contratista debe documentar el aval de la interventoría y la recepción a satisfacción para reclamar el pago de cantidades adicionales que no alteran los precios unitarios.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales en las que sea parte una entidad pública? ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la fecha de la liquidación bilateral del contrato? ¿Las pretensiones de la demanda de controversias contractuales solamente pueden prosperar cuando el demandante ha dejado, en relación con ellas…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La interventoría también se contradijo en cuanto a la ampliación del plazo de aceleración

Sentencia — Sentencia 2021-09-23 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000232600019961180201 ACCION CONTRACTUAL
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras? ¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria? ¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-05-09 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000232600020100034602 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de una demanda de controversias contractuales presentada para resolver sobre la legalidad de las resoluciones que impusieron la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de obra suscrito entre un consorcio y un órgano del Distrito Capital? Sí
El contratista tiene competencia para interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia, para impugnar la legalidad de las resoluciones que imponen una cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual en un contrato de obra pública, dado que la controversia se enmarca en la jurisdicción contenciosa administrativa y la cuantía económica supera los 500 SMLMV al momento de presentar la demanda. La acción es procedente y oportuna, conforme a los artículos 87 del Código Contencioso Administrativo y 77 de la Ley 80 de 1993, y las partes tienen legitimación en la causa por su participación en el contrato y como destinatarios o emisores de los actos administrativos en cuestión. La Sala modifica la jurisprudencia existente, lo que implica que en casos similares, el Consejo de Estado será competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales relacionadas con cláusulas penales pecuniarias en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato e… ¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales interpuesta para demandar demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de… ¿El consorcio demandante y la Secretaría de Educación Distrital tienen legitimación en la causa por activa y pasiva, no solo por haber intervenido como extremos negociales en el contrato de obra…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190046401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
La pretensión de nulidad absoluta de un contrato estatal caduca a los dos años contados desde el día siguiente al perfeccionamiento del negocio jurídico, conforme al literal j) del artículo 164 del CPACA, salvo que se interponga mientras el negocio se encuentre vigente. La regla se apoya en que el término se cuenta desde el perfeccionamiento y no desde la ejecución, y en que la demanda cabe mientras el negocio se encuentre vigente. Por ello, la fecha de perfeccionamiento es determinante para establecer la oportunidad. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó más de tres años después del perfeccionamiento y cuando el contrato ya no estaba vigente, por lo que se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta. Como consecuencia práctica, la pretensión de nulidad absoluta debe formularse dentro de los dos años o mientras el contrato se mantenga vigente, so pena de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La formulación de las pretensiones adolece de una notable imprecisión y falta de claridad en tanto no se identificó cuáles de ellas eran principales, subsidiarias y consecuenciales? ¿Las correcciones y ajustes debían ser considerados en la programación del contratista y no lo exoneraban de cumplir con la entrega de los estudios y diseños… ¿La interventoría recomendó iniciar proceso sancionatorio, con fundamento en el reiterado incumplimiento de las obligaciones del hoy demandante?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 76001233300020160026502 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia, cuando se cumplen los presupuestos procesales del medio de control y no se configura ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado? Sí
El contratista puede presentar reparos contra la sentencia de primera instancia y el juez de segunda instancia debe emitir pronunciamiento de fondo siempre que se cumplan los presupuestos procesales del medio de control y no se configure ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, lo que implica que el juez debe analizar los argumentos específicos presentados en el recurso de apelación. En otro caso, el contrato celebrado entre Emcali y el concesionario puede ser modificado durante su vigencia siempre que se acuerde sobre su objeto y contraprestación y sea firmado por las partes, considerándose perfeccionado cuando se alcance este acuerdo. La Sala reitera que la modificación del contrato debe ajustarse a las cláusulas pactadas y a la regulación del derecho privado, y no confundir mayor cantidad de obra con obras adicionales distintas a las acordadas contractualmente, lo que tiene implicaciones en la determinación del pago correspondiente.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico que celebró el consorcio y Emcali correspondió a un contrato de obra encaminado al correcto funcionamiento de las plantas y sedes de esa empresa de servicios públicos… ¿El contrato de obra celebrado entre Emcali y el concesionario podía ser modificado durante su vigencia y se consideraba perfeccionado cuando se acordara sobre su objeto y contraprestación y fuera… ¿El acta de recibo final ofrece, por sí sola, la convicción necesaria para determinar que el contratista efectivamente ejecutó las actividades por las cuales reclamó el pago por mayores cantidades de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020010104101 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato? ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación? ¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 44001233300020150021201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de la acción de liquidación judicial de un contrato estatal suscrito por una entidad territorial, y al Consejo de Estado resolver la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer una acción de liquidación judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar el reconocimiento económico derivado de la prestación de servicios educativos a un número mayor de estudiantes del grupo étnico al pactado inicialmente en el contrato, siempre y cuando la cláusula del contrato lo permita y la demanda sea presentada dentro del plazo legal. En este caso, la entidad territorial suscribió un contrato para la atención educativa de una comunidad étnica, y el contratista reclamó el reconocimiento económico por la prestación del servicio a un número mayor de estudiantes, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, estableciendo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la acción de liquidación judicial y que el Consejo de Estado resolverá la apelación cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, lo que implica que los procesos de liquidación de contratos estatales suscritos por entidades territoriales ahora tendrán un marco más claro en cuanto a la competencia judicial y la cuantía para la apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para reclamar el reconocimiento económico derivado de la atención educativa a un mayor número de estudiantes al pactado… ¿Fue presentada en oportunidad la demanda de controversias contractuales interpuesta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término legal para la liquidación del contrato estatal? ¿Constituye un deber constitucional y legal del Estado garantizar la prestación del servicio educativo con enfoque diferencial a las comunidades étnicas…
MODIFICA