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¿Debe declararse la nulidad de las resoluciones 357 y 425 de 2021, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento, se hizo efectiva la cláusula penal del contrato 479 celebrado entre las partes demandante y demandada y se confirmó tal decisión por estar incurso en las causales de nulidad alegadas por la parte actora? No
El contratista no puede declarar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento y hacen efectiva la cláusula penal en un contrato interadministrativo, ya que la entidad estatal tiene competencia funcional para adelantar el proceso de incumplimiento y declarar el incumplimiento contractual conforme a la ley, sin violar el debido proceso ni presentar falsa motivación, siempre y cuando se acredite debidamente la falta de cumplimiento del contrato y se respeten los derechos del contratista en todo el proceso. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la competencia de las entidades estatales para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en contratos interadministrativos, lo que implica que los contratistas deben cumplir con sus obligaciones contractuales y no pueden alegar nulidad sin evidencia clara de violación al debido proceso o falsa motivación del acto administrativo.síntesis automática
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones por medio de las que se declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios (...) por i) violación al debido proceso ii) falta de competencia para declarar la terminación unilateral, iii) desproporción de la sanción y iv) falta de motivación respecto del incumplimiento e indebida aplicación de la condición resolutoria? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por falsa motivación, violación al debido proceso, falta de competencia y desproporción de la sanción, si se demuestran irregularidades en la motivación y en el análisis de las obligaciones cumplidas por la contratista. La Sala establece que la entidad debe individualizar claramente el incumplimiento y evaluar las situaciones reales antes de tomar una decisión como la terminación del contrato, y que la falta de motivación adecuada y la falsa motivación son causales de nulidad. La corporación reitera la importancia de la motivación correcta en los actos administrativos y la necesidad de evaluar adecuadamente el cumplimiento contractual antes de declarar el incumplimiento, lo que implica que las entidades deben ser más precisas en sus fundamentos y considerar las herramientas legales disponibles para la corrección de situaciones problemáticas antes de tomar medidas drásticas.síntesis automática
¿Puede un juez de segunda instancia pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia, ya que la carga argumentativa del recurso de apelación requiere que el recurrente no se limite a reiterar los argumentos expuestos en la demanda, sino que debe presentar una fundamentación específica que permita al tribunal del segundo grado delimitar su competencia. En este caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia al constatar que el apelante no cumplió con esta carga argumentativa, lo que implica que el juez de segunda instancia no puede revisar el fondo del asunto. Esta decisión reitera la importancia de la carga argumentativa en el recurso de apelación y limita la competencia del juez de segunda instancia cuando no se cumplen con los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Es válida la liquidación unilateral de un convenio interadministrativo si se realiza dentro del término de dos años posterior a la expiración del plazo contractual?¿Puede considerarse debidamente motivada una resolución de liquidación unilateral sustentada en el informe de supervisión, sin que medie pronunciamiento previo de la Contraloría General?¿Procede la condena en costas contra el recurrente al no haber prosperado la apelación?
¿La nulidad judicial del acto administrativo que retiró del servicio a la funcionaria por falta de motivación, es suficiente para presumir el dolo del demandado? No
La nulidad judicial del acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para presumir el dolo del exservidor que lo expidió, pues la entidad debe demostrar que el acto se expidió con la intención deliberada de un fin ajeno a las finalidades de la función pública. La regla se apoya en que la presunción de dolo exige acreditar su supuesto de hecho, y en que la sola invalidez de un acto por un vicio formal no permite deducir la conducta dolosa del agente. Por ello, el juez debe examinar la finalidad real que motivó la decisión del servidor. En el asunto, la entidad no demostró que el exservidor expidiera el acto con esa intención, pues la desvinculación obedeció a la necesidad de nombrar profesionales especializados en la oficina jurídica ante el volumen de casos, y la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que repite por un acto de insubsistencia anulado debe probar la intención dolosa y no solo la falta de motivación.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia condenatoria solo reprochó la falta de motivación o ausencia de razones de la declaración de insubsistencia?¿La ausencia de motivación que dio lugar a la condena en este caso específico, se subsume en el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada en la demanda?¿Mientras a la entidad demandante le incumbe demostrar los supuestos fácticos para que opere la presunción que alega, a la parte demandada le corresponde desvirtuar el hecho deducido con el propósito…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la entidad estatal terminó unilateralmente un contrato de prestación de servicios, lo que generó una demanda por parte del contratista. La cuantía de la pretensión superaba el umbral legal en la fecha de presentación de la demanda, por lo que el Consejo de Estado tuvo competencia para revisar el recurso de apelación. La Sala revocó la sentencia del tribunal administrativo, confirmando la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y reafirmando la importancia de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la expedición del acta de terminación del contrato?¿El hallazgo de una causal de nulidad absoluta del contrato exime al juez de pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto administrativo contractual?¿La motivación del acto administrativo de terminación unilateral debe fundamentarse en alguna de las causales del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 o en uno de los eventos establecidos en el inciso…
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 “se adjudica el proceso de licitación pública No. MHCP-LP-01-2018, cuyo objeto es “contratar las actividades asociadas al ciclo de vida de los sistemas de información para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el modelo de fábrica de software”, por falsa motivación y violatorio de las normas constitucionales y legales vigentes del régimen contractual? No
El contratista no puede declarar la nulidad de la Resolución 2094 del 19 de julio de 2018 por falsa motivación, ya que la administración cumplió con motivar adecuadamente sus decisiones conforme al pliego de condiciones, garantizando así el principio de legalidad contractual. La Sala establece que la falsa motivación como causal de nulidad debe desvirtuar la legalidad de los actos administrativos, lo cual no se evidenció en este caso, ya que la certificación de experiencia y el puntaje otorgado al recurso humano se ajustaron a lo requerido en el pliego. Además, la Sala reitera que el pliego de condiciones debe ser taxativo y no admite interpretaciones que no hayan sido previamente aclaradas por los oferentes, lo que implica que la entidad no incurrió en falsa motivación al aplicar rigurosamente los criterios establecidos.síntesis automática
¿El incumplimiento de la unión temporal era grave y podía conducir a la paralización del contrato? Sí
El contratista puede enfrentar la paralización del contrato si incumple de manera grave las condiciones mínimas de calidad y eficiencia en la prestación del servicio, como lo evidencian las deficiencias operativas y técnicas que afectan directamente la calidad del producto y la prestación del servicio público. En este caso, la unión temporal instaló luminarias que no cumplían con las especificaciones técnicas y generaban un perjuicio para la comunidad, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato debido a la gravedad del incumplimiento. La Sala confirmó que las pruebas presentadas no permitían concluir que el contratista estuviera cumpliendo con sus obligaciones, y que la gravedad de los incumplimientos era tal que podían conducir a la paralización del contrato, reafirmando la importancia de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿Según las pruebas la unión temporal había incurrido en diferentes deficiencias operativas y técnicas?¿De la lectura completa de los informes se colige que ambos se inclinaron por reconocer el incumplimiento de la concesión?¿La caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave la etapa de ejecución del contrato?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo corresponde en segunda instancia al Consejo de Estado cuando se pretende la nulidad de resoluciones de una entidad pública y la declaratoria del desequilibrio o incumplimiento de un contrato celebrado por ella, conforme al artículo 104 del CPACA y al artículo 150 del CPACA en la versión vigente al presentarse la demanda. Las partes contratantes están legitimadas, la entidad contratante por pasiva y el contratista por activa, cuando son partes del contrato de obra cuya controversia se discute. Para establecer la oportunidad de la demanda, se examina la fecha de los actos administrativos demandados y la naturaleza pública de la entidad, de modo que el término de caducidad se cuenta conforme a las reglas del medio de control. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia acogió parcialmente las pretensiones y ambas partes apelaron, y la sala la modificó. Como consecuencia práctica, en controversias contractuales de obra pública debe verificarse la competencia por el carácter de la entidad y la cuantía, y la legitimación de quienes firmaron el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Los extremos procesales se encuentran legitimados para ser parte del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de…¿El medio de control de controversias contractuales para obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, fue presentado dentro de la oportunidad legal?¿El aumento en las cantidades de obra y las condiciones climatológicas y de orden público desequilibraron económicamente el contrato 1589 de 2005…
¿La propuesta presentada por el Consorcio demandante cumplió las exigencias del pliego de condiciones de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009 y, por lo tanto, debió haber sido declarada admisible por el IDU? Sí
La causal de rechazo de una propuesta por falta de veracidad en la información sobre cumplimiento de contratos estatales se circunscribe exclusivamente a las sanciones contractuales por incumplimiento impuestas por la respectiva entidad estatal. Esta regla se apoya en el texto del pliego de condiciones, que limitaba la exigencia a esas sanciones, y no en una interpretación amplia de la transparencia del proceso o de los antecedentes del proponente. Por ello, no puede rechazarse una propuesta por antecedentes distintos de las sanciones efectivamente impuestas por la entidad. En el caso concreto el consorcio había cumplido los requisitos del pliego, y la sala revocó la decisión del tribunal, al concluir que la propuesta debió declararse admisible. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el rechazo por falta de veracidad exige que exista una sanción contractual impuesta y que la exigencia esté expresamente prevista en el pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato de obra celebrado con ocasión de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009…¿Hay lugar al análisis de las pretensiones indemnizatorias y de restablecimiento del derecho formuladas en la demanda cuando el Tribunal declaró que respecto de ellas operó la caducidad y este punto…
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 20237030004035 del 4 de abril de 2023 y No. 20237090004165 del 13 de abril de 2023, expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y por las cuales se adjudicó el concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, conforme a los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal si la entidad estatal vulnera el principio de selección objetiva al aplicar indebidamente la falsa motivación, especialmente cuando confunde los requisitos habilitantes con los ponderables, lo que afecta la igualdad de condiciones en la competencia. En este caso, la entidad estatal, al negar injustificadamente la asignación de puntaje a un proponente que cumplió con los requisitos habilitantes y presentó contratos válidos para la experiencia ponderable, incurrió en una falsa motivación que vulneró el principio de selección objetiva. La Sala declaró nulas las resoluciones de adjudicación del concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, lo que implica que en la práctica, la entidad estatal debe motivar adecuadamente sus decisiones y no confundir los requisitos habilitantes con los ponderables para garantizar la igualdad de condiciones entre los proponentes.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura a reconocer y pagar en favor del demandante el valor de la utilidad esperada, tazada en un valor de $9.899.212.945…
¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación? No
El contratista no puede demostrar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato de interventoría por falta de motivación o por no cumplir con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, ya que no aporta los informes mensuales y el informe final de interventoría necesarios para verificar el cumplimiento de dichas exigencias. Además, los actos administrativos demandados se basan en razones distintas a las que motivaron la declaratoria de incumplimiento anterior, por lo que no se viola el principio del non bis in ídem. Asimismo, la entidad estatal no está obligada a probar los perjuicios sufridos para aplicar la cláusula penal pecuniaria, ya que el contrato contempla una estimación anticipada de los daños en caso de incumplimiento. Este precedente reitera la importancia de la documentación probatoria en los procesos de interventoría y refuerza la autonomía de la entidad estatal en la aplicación de las cláusulas penales contratuales.síntesis automática
También resuelve:¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor?
¿Se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada? No
Cuando los daños en una obra pública se originan en un hecho externo irresistible al contratista, la garantía de estabilidad de la obra no le es exigible, porque ese hecho constituye una causa extraña que lo exime de su obligación de garantía. La regla se sostiene en tres razones: el contratista debe obrar con diligencia en métodos y calidad de materiales, pero no responde por un deterioro cuyo origen no esté en sus deficiencias; el peritaje debe demostrar que la causa del daño fue la condición externa y no un defecto de construcción; y la interventoría y el propio contratista deben haber informado oportunamente la circulación de vehículos de carga que afectaba la estructura desde el inicio de la obra. En el caso, no se probó que los daños tuvieran origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad, sino en el tránsito pesado previo a la entrega, por lo que los actos que atribuían el daño al contratista incurrieron en falsa motivación y fueron declarados ilegales, confirmándose la sentencia. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el contratista debe documentar oportunamente las causas externas que afectan la obra.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó el nexo causal entre el hecho de haberse excedido la capacidad de la vía por el tránsito de vehículos de carga pesada con el deterioro de la obra amparada con la garantía de estabilidad?¿Obra prueba de gestión alguna del municipio demandado tendiente a evitar o controlar el tránsito de vehículos de carga pesada en el segmento vial?¿La premisa fáctica que tuvo por acreditada el a quo fue los criterios que señalaban el tránsito de vehículos de carga pesada y la falta de idoneidad de la estructura de placa huella para el segmento…
¿es nulo el acto administrativo en comento por haber sido expedido de forma irregular, por no tener motivación suficiente; con infracción de las normas en que debía fundarse y/o mediante falsa motivación? Sí
El acto administrativo es parcialmente nulo por haberse expedido con falsa motivación y falta de motivación, ya que no se tuvieron en cuenta los soportes documentales que justificaban la prestación de servicios médicos no POS y no se hicieron explícitas las razones para negar el recobro de servicios que presentaban alertas de seguridad y fueron prescritos por médicos tratantes. La nulidad afecta específicamente la ratificación de las glosas 3406 y 3423, impuestas a los recobros de los medicamentos Sandoglobulina 6 g y Vastarel ® MR. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la nulidad por falsa motivación y falta de motivación, lo que implica que los actos administrativos deben ser claros y fundamentados en los hechos y normas pertinentes para evitar nulidades que puedan afectar el derecho a la salud y la adecuada prestación de servicios médicos.síntesis automática
¿El acto que declaró desierta la licitación pública fue falsamente motivado? No
El contratista no puede alegar que el acto que declaró desierta la licitación pública fue falsamente motivado si la entidad estatal rechazó adecuadamente la propuesta del contratista por no cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, como el diligenciamiento correcto del documento "Anexo desglose oferta económica". En este caso, la entidad rechazó correctamente la propuesta de la demandante por no cumplir con los requisitos para la presentación de la oferta económica, conforme a lo exigido en el pliego de condiciones. Además, el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho comienza a contar desde la notificación del acto que declaró desierta la licitación pública, y no se interrumpe por la solicitud de conciliación extrajudicial si la demanda se presenta oportunamente. Asimismo, la condena en costas es procedente cuando se evidencia una manifiesta carencia de fundamento legal, incluso en procesos que ventilan un interés público, sin necesidad de verificar si la demanda fue interpuesta con manifiesta carencia de fundamento legal.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a contar desde la notificación del acto que declaró desierta la licitación pública…¿El artículo 188 del CPACA exige la verificación de una manifiesta carencia de fundamente legal de la demanda para la condena en costas?
¿La única forma de exonerar al constructor de la responsabilidad por la estabilidad de la obra contratada es acreditar una causa extraña? Sí
El constructor responde por la estabilidad de la obra que entregó y solo se exonera si acredita una causa extraña o un eximente de responsabilidad, pues su obligación es de resultado. La regla se apoya en tres razones. Primera, la obligación nace del numeral 3 y 4 del artículo 2060 del Código Civil, del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y de la naturaleza del contrato de obra, que implica entregar una obra estable y capaz de prestar el servicio para el que fue concebida. Segunda, la exigibilidad no depende de la culpa ni de la diligencia del contratista, pues probado el vicio de construcción, de los materiales o del suelo, la falla le es imputable y debe probar que los daños no le son atribuibles. Tercera, se trata de una obligación accesoria y postcontractual, por lo que no se analiza si el constructor cumplió las prestaciones principales en forma y tiempo. En el caso, la pretensión se negó y se confirma la decisión. La Subsección reitera esta línea sobre la responsabilidad del contratista por la estabilidad de la obra.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el siniestro de estabilidad de la obra?¿La motivación del acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra, debe identificar y cuantificar los deterioros de la obra y establecer que los daños de la…¿Se configuró la causal de falsa motivación respecto al acto que declaró la ocurrencia del siniestro?
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis?¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal?¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
¿Debe revocarse la decisión de primera instancia consistente en acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda porque los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico, con plena observancia del debido proceso y debidamente motivados, por lo que no había lugar a declarar su nulidad y a condenar a la demandada al pago de suma de dinero alguno? No
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos de liquidación del contrato estatal por falsa motivación cuando la entidad realiza descuentos superiores a los que corresponden, ya que estos deben estar debidamente fundamentados y acordes con la realidad probatoria. La Sala establece que la falsa motivación se configura cuando los argumentos expuestos en el acto administrativo no reflejan la situación real de los hechos o no justifican adecuadamente la decisión adoptada. En este caso, la entidad demandada efectuó descuentos injustificados al interpretar erróneamente los plazos de entrega acordados y los términos de penalización por retraso, lo que implica que debe modificarse el valor a restituir conforme al análisis probatorio realizado. Esta sentencia reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la falsa motivación en la liquidación unilateral de contratos estatales, subrayando la importancia de una motivación objetiva y veraz en los actos administrativos.síntesis automática
¿La demandante no estaba facultada para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU, ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, en tanto no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones? Sí
El contratista no está facultado para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, ya que no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones ni justificó los incumplimientos atribuidos a factores externos o imputables a la entidad. La Sala determinó que la contratista no demostró que durante el plazo de prórroga se presentaran circunstancias distintas a las que motivaron la adición de plazo, y que las causas que justificaron la prórroga no podían ser utilizadas para excusar incumplimientos posteriores. Además, no se probó que la contratista hubiera cumplido con su deber de coordinación con otros contratistas ni que las interferencias presentadas impidieran su cumplimiento. Por tanto, la Sala concluye que la Resolución 4690 no está incursa en falsa motivación y que no se vulneró el debido proceso administrativo en el procedimiento sancionatorio, ya que la entidad mantuvo claros y consistentes los hechos de incumplimiento desde el inicio del trámite. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la necesidad de acreditar plenamente las circunstancias que justifican los incumplimientos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se trasgredió el debido proceso de la sociedad en el marco del procedimiento administrativo que culminó con la Resolución 4690 de 2017?¿Con la expedición de las Resoluciones 1025 del 21 de marzo y 1399 del 18 de abril de 2018 se vulneró el principio non bis in ídem?¿La Resolución 2425 del 13 de junio de 2018, en la que se liquidó unilateralmente el contrato, está viciada de nulidad por falta de competencia temporal?
¿La competencia de la administración para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las garantías del contrato, está sujeta al plazo de ejecución del mismo, por lo que, los actos administrativos demandados que contienen dichas decisiones se encuentran viciados de nulidad por falta de competencia temporal? No
El contratista no puede impugnar los actos administrativos mediante los cuales la entidad estatal declara el incumplimiento del contrato y hace efectivas la garantía única y la cláusula penal pecuniaria por falta de competencia temporal o falsa motivación, ya que la ley no limita el ejercicio de dicha competencia a la vigencia del contrato y las pruebas demuestran que el contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales. La Sala reitera que la entidad estatal puede declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectivas las garantías del mismo incluso después de vencido el plazo del contrato, siempre y cuando su finalidad sea obtener el pago de la garantía y la cláusula penal. Además, la Sala confirma que la entidad estatal puede desestimar la falsa motivación del acto administrativo si las pruebas aportadas demuestran el incumplimiento del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos mediante los cuales Indeportes Antioquia declaró el incumplimiento del contrato, hizo efectiva la garantía única y la cláusula penal pecuniaria…¿Hay lugar a reducir proporcionalmente el valor de la cláusula penal pecuniaria, debido a que, según la demandante, el incumplimiento del contrato no fue total?¿Procede la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación en el medio de control de controversias contractuales, esto es…
¿Se acreditó una actuación dolosa por parte del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca al expedir el acto administrativo de insubsistencia que fue posteriormente anulado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? No
Cuando la nulidad de un acto de insubsistencia por desviación de poder se invoca para atribuir dolo al servidor en un proceso de repetición, la sentencia de nulidad no basta para tener por demostrado el dolo, pues no da por acreditados los supuestos de hecho de las presunciones que la entidad pretende estructurar. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandante no acreditó que el servidor hubiera obrado con dolo al expedir el acto. Segunda, los documentos aportados con los alegatos de conclusión no se valoraron porque se allegaron de forma extemporánea, al no cumplirse las oportunidades previstas en el artículo 212 del CPACA. Tercera, la solicitud de oficiar a la entidad para obtener esos documentos se negó, pues el solicitante podía conseguirlos directamente o por derecho de petición. En consecuencia, se negaron las pretensiones y se ordenó levantar la medida cautelar sobre las sumas depositadas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 678 de 2001. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La desviación de poder que dio lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo de insubsistencia, estuvo suficientemente justificada en las consideraciones de la sentencia de nulidad y…¿Se probó que el acto de insubsistencia proferido por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca estuvo dirigido a dar prevalencia a intereses diferentes del buen…