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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora

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Fecha
2025-04-04
Radicado
25000232600020040042601
Número interno
58434
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA Y UNION TEMPORAL OBRAS VIALES
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora

Lo que dijo la Sala

De conformidad con el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A., en las acciones relativas a contratos que requieran liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la entidad estatal contratante, el término de caducidad de dos años establecido en esa norma comienza a correr desde la ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral. En el presente caso, el contrato de obra IDU-UEL 7-8-805-99, sobre el cual recae la controversia, fue liquidado mediante la Resoluciones 12433 del 19 de diciembre de 2002 y 6230 del 11 de agosto de 2003, ésta última notificada mediante edicto desfijado el 9 de septiembre de 2003… , de suerte que el término de caducidad comenzaba a correr el 10 de septiembre del mismo año y estaba llamado a culminar el 10 de septiembre de 2005.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no incumple el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza unilateralmente por la entidad estatal, comenzando a correr el plazo desde la notificación de la liquidación. En este caso, la entidad estatal liquidó el contrato mediante resoluciones que fueron notificadas a la unión temporal y a la compañía de seguros, quienes presentaron sus demandas dentro del plazo de dos años que comenzó a correr desde la notificación de la liquidación. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, reconociendo que la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal inicia el cómputo del término de caducidad, lo que implica que las demandas presentadas por el contratista dentro de este plazo son oportunas y procedentes.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 136 núm. 10

También resuelve

  • ¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción…
  • ¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello…
  • ¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA CONTRATO ESTATAL CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN REGULACIÓN NORMATIVA CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA UNIÓN TEMPORAL COMPAÑÍA DE SEGUROS INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN REVOCATORIA DE LA SENTENCIA CLÁUSULA DE GARANTÍA DEL CONTRATO ESTATAL MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL MULTA AL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE ENTIDAD PÚBLICA PRINCIPIO DE LEGALIDAD PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA IMPOSICIÓN DE LA MULTA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL FACULTADES DE LA ENTIDAD DEL ESTADO ACTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN EJECUCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA CAMBIO DE JURISPRUDENCIA APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EFECTOS EX NUNC INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA VIAL FALTA DE PRUEBA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO COMPETENCIA TEMPORAL COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL CADUCIDAD DEL CONTRATO CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA RECURSO DE APELACIÓN RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONDUCTA CONTRATISTA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SALDOS A FAVOR MULTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NULIDAD NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE NULIDAD COMPETENCIA COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO IRREGULARIDADES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA INTERVENTORÍA CONCEPTO DE INTERVENTORÍA SILENCIO DE LA PARTE DEMANDANTE LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ PRUEBA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO RED DE ALCANTARILLADO ESPACIO PÚBLICO MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONTRATO MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA DISEÑO DE CARRETERA OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA VALOR DEL CONTRATO ESTATAL PLIEGO DE CONDICIONES PAGO DE LA OBLIGACIÓN INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ESTATAL COSTOS INDIRECTOS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL DISEÑO DE VÍA PÚBLICA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO SINALAGMÁTICO INFORME TÉCNICO PRECIO UNITARIO DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA FOTOGRAFÍA VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA INFORME DEL INTERVENTOR PRUEBA TÉCNICA DICTAMEN PERICIAL INSUFICIENCIA PROBATORIA LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL OBRA PÚBLICA ADICIONAL REAJUSTE DE PRECIO INTERVENTOR CONCEPTO DE INTERVENTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN INSUMOS FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL REVISTA PUBLICACIÓN PERIÓDICA CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ENTREGA DE OBRA PÚBLICA REAJUSTE DE COSTOS ANTICIPO DEL CONTRATO ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONTRATANTE INCREMENTO DEL PRECIO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DAÑO ANTIJURÍDICO RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL INDEMNIZACIÓN PLENA INDEMNIZACIÓN INTEGRAL SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES HECHO SOBREVINIENTE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL CONCRETO ASFALTO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO FACTURA INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO COMPETENCIA DE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DOCUMENTO IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DISMINUCIÓN DEL PRECIO PRECIO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO OTROSÍ AL CONTRATO ACTO JURÍDICO UNILATERAL ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA APLICACIÓN DEL TRIBUTO REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR IMPROCEDENCIA DEL DESCUENTO TRIBUTARIO AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PROVEEDOR CERTIFICADO AL PROVEEDOR EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA LUCRO CESANTE INHABILIDADES DEL CONTRATISTA ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA ACTUALIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ACTUALIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE ACTUALIZACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Inhabilidades e incompatibilidades para contratar Adición y prórroga del contrato Anticipo y pago anticipado

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Titulación de la relatoría 93.967 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO ESTATAL / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REGULACIÓN NORMATIVA / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / UNIÓN TEMPORAL / COMPAÑÍA DE SEGUROS / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A., en las acciones relativas a contratos que requieran liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la entidad estatal contratante, el término de caducidad de dos años establecido en esa norma comienza a correr desde la ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral. En el presente caso, el contrato de obra IDU-UEL 7-8-805-99, sobre el cual recae la controversia, fue liquidado mediante la Resoluciones 12433 del 19 de diciembre de 2002 y 6230 del 11 de agosto de 2003, ésta última notificada mediante edicto desfijado el 9 de septiembre de 2003 (...), de suerte que el término de caducidad comenzaba a correr el 10 de septiembre del mismo año y estaba llamado a culminar el 10 de septiembre de 2005. No está de más destacar que tanto las resoluciones de multa como las de caducidad del contrato, demandadas en el sub lite, estaban directamente relacionadas con la liquidación misma del negocio jurídico, lo cual hace aún más palmaria la procedencia de contabilizar el plazo de caducidad con base en las reglas especiales antes anotadas. Dado que la demanda N° 2003-02138 (interpuesta por la unión temporal hoy apelante) fue presentada el 6 de octubre de 2003, se advierte que respecto de ella no operó el fenómeno de la caducidad. Respecto de la demanda radicada con el N° 2004-00426, incoada por (...) [la compañía de seguros] debe darse aplicación a la regla fijada en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A., pues el supuesto de contabilización específica de caducidad que allí se señala es el que se cumple en el sub lite, esto es, que se trate de un contrato que requiera liquidación y ésta se haya efectuado unilateralmente por la entidad. Así, el término respectivo vencía, como se anotó, el 10 de septiembre de 2005, y la demanda de la aseguradora (...) fue interpuesta el 11 de febrero de 2004, es decir, sin sobrepasar el plazo legal, razón por la cual se revocará el ordinal primero del fallo apelado, dado que el presupuesto procesal de presentación oportuna de la demanda fue cumplido por la indicada compañía garante. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CLÁUSULA DE GARANTÍA DEL CONTRATO ESTATAL / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / FACULTADES DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / ACTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN / EJECUCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / EFECTOS EX NUNC Problema jurídico: ¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción, la jurisprudencia de esta Corporación habilitaba a la entidad pública contratante para imponer, de forma unilateral, las multas estipuladas en sus contratos regidos por la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si Para la Sala, no le asistió razón al Tribunal de primera instancia al sostener que, pese a estar habilitadas las partes para estipular en el contrato la aplicación de multas por incumplimiento del colaborador de la Administración, no era procedente hacerlas efectivas en forma unilateral, por no existir norma legal expresa que así lo permitiera. Ciertamente, conforme al principio de legalidad, que emerge entre otras normas con el artículo 121 de la Constitución Política, “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. Bajo el actual ordenamiento, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 faculta a las entidades estatales para fijar mediante acto administrativo, contra su contratista incumplido, multas que hayan sido pactadas en el negocio jurídico con el objeto de conminarlo a cumplir con sus obligaciones. Dicha norma no estaba vigente cuando se celebró el negocio materia de controversia (31 de diciembre de 1999) ni cuando el IDU impuso la multa debatida en el sub judice (año 2001); sin embargo, para esa época la jurisprudencia reconocía la competencia de las entidades estatales para imponer unilateralmente las multas que estipularan en sus contratos regidos por la Ley 80 de 1993. Así, aunque la línea que inicialmente trazó la jurisprudencia tras la promulgación de la Ley 80 de 1993, fue considerar que ésta no preveía expresamente la multa como prerrogativa exorbitante, de suerte que su efectividad sólo podría procurarse por la vía judicial, lo cierto es que en posteriores oportunidades el mismo Consejo de Estado modificó su postura, al considerar que la imposición unilateral de multas pactadas en contratos regidos por la Ley 80 de 1993 debía entenderse como una facultad válida de la Administración, materializada en acto administrativo y surgida no sólo por el pacto en las cláusulas del contrato sino por los poderes de dirección y control que la misma Ley 80 les confirió a las entidades públicas, de cara a los fines de la contratación estatal plasmados en ese ordenamiento, y como un desarrollo de las funciones que en tal virtud se le asignaron en el artículo 4 ibidem. Ello, de la mano con el atributo de ejecutividad de los actos administrativos, reconocido por ese entonces en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, norma que, para la jurisprudencia, le permitía a la autoridad pública contratante no sólo limitarse a declarar el incumplimiento, sino hacer efectiva la multa que el mismo acarreaba, según lo establecido en la cláusula respectiva. (…) Tales eran las premisas que, durante un tiempo, y particularmente en las fechas de celebración del contrato y expedición del acto acusado en el sub judice, llevaron a la Corporación a considerar que las multas pactadas en los contratos estatales, como imponibles unilateralmente por la entidad pública contratante, resultaban procedentes por atender al principio de autonomía de la voluntad, que debía ser garantizado sin dejar de lado que, simultáneamente, la unilateralidad de tales sanciones pecuniarias provenía del poder de autotutela de la Administración pública. Cabe anotar que, si bien la indicada postura fue revisada y modificada nuevamente por el Consejo de Estado en sentencia del 20 de octubre de 2005 -en la cual se indicó que la Administración carecía de competencia para imponer unilateralmente las multas pactadas en sus contratos, por no obrar habilitación legal en tal sentido, no siendo suficiente la cláusula respectiva-, lo cierto es que, en criterio de esta Sala, los cambios de precedente jurisprudencial deben operar preferentemente hacia el futuro, so pena de poner en injustificado y grave riesgo los derechos de quienes expidieron o ejecutaron actos con contenido jurídico, fundados en lo que en su momento constituía el criterio jurisdiccional de los altos tribunales, máxime teniendo en cuenta el atributo de presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos, independientemente de la postura jurisprudencial operante en el momento en que se expiden. A la luz de todo lo anterior, es palmario que en el presente caso, y para la época de los hechos materia de controversia -año 2001-, le asistía al IDU la competencia para imponer la multa pactada en contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falta de previsión en la Ley 80 de 1993 de multas y cláusula penal pecuniaria, consultar el auto del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferido el 20 de febrero de 1997, exp. 12.669, C.P. Daniel Suárez Hernández. Sobre la imposición unilateral de multas pactadas en contratos regidos por la Ley 80 de 1993, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 4 de junio de 1998, exp. 13.988. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Asimismo, ver el auto proferido el 20 de junio de 2002, exp. 19.488. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sobre la procedencia de las multas pactadas en los contratos estatales, como imponibles unilateralmente por la entidad pública contratante, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 11 de diciembre de 2002, exp. 22511, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Sobre el cambio jurisprudencial de la unilateralidad de las multas, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 14579, C.P. Germán Rodríguez Villamizar. Sobre el principio de seguridad jurídica, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 5 de marzo de 2021, exp. 39.249. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 64, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MULTA AL CONTRATISTA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / INFRAESTRUCTURA VIAL / FALTA DE PRUEBA / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Problema jurídico: ¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello, los fundamentos en los que el Instituto de Desarrollo Urbano soportó la imposición de la multa? Respuesta al problema jurídico: No [S]e aprecia además que no fueron desvirtuadas en el proceso las motivaciones esbozadas por el IDU para imponer la mencionada sanción pecuniaria, pues la actora no demostró haber cumplido con las obligaciones que la Administración echó de menos al establecer la procedencia de la multa. En efecto, las inobservancias reprochadas por el IDU consistieron en la no entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual, pues para el 15 de noviembre de 2000 no se había completado el Programa General de Diseño y Obra, mientras que sí se registraron contingencias con ese componente del contrato, que luego repercutieron en el avance de la obra misma. No obra en el proceso prueba alguna de que el Programa General de Diseño y Obra se hubiera cumplido de manera adecuada ni oportuna, como tampoco se aportó elemento alguno de convicción que desvirtuara el concepto de la Dirección Técnica de Malla Vial del 15 de enero de 2001, según el cual, para el 15 de octubre de 2000, cuando se cumplía la ampliación del plazo que previamente se le había otorgado a la contratista, sólo se habían entregado los estudios y diseños para dos de los cinco grupos de vías cobijadas por el contrato, además de lo cual, cuando se completó la entrega de la totalidad de ese componente, varios estudios y diseños fueron materia de observaciones, recomendaciones y solicitudes de mejora que no fueron atendidas por la unión temporal. (…) En esa medida, deberá revocarse el numeral tercero del fallo apelado, en cuanto declaró la nulidad de las Resoluciones 280 y 2363 de 2001, por lo cual debe mantenerse incólume la multa allí impuesta y confirmada, por la suma de $87’074.140. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA TEMPORAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CADUCIDAD DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / REGULACIÓN NORMATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: No [E]n lo que atañe a la declaratoria de caducidad del contrato, dispuesta por el IDU en las Resoluciones 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo de 2002, encuentra la Sala que sí le asistió razón al Tribunal de primera instancia al señalar que la entidad obró sin competencia temporal, pues ejerció esa potestad excepcional cuando ya había expirado el término de ejecución del contrato. De conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la finalidad de la caducidad contractual es facilitar a la Administración la adopción de medidas para conjurar el riesgo de paralización del contrato, cuando el mismo sobrevenga por el incumplimiento de las obligaciones del contratista, que afecte de manera grave y directa, precisamente, “la ejecución” del objeto pactado. Dado tal supuesto de procedencia de esa prerrogativa extraordinaria, es palmario que su ejercicio únicamente puede operar dentro del plazo de ejecución del contrato, y no por fuera de éste, pues en tal caso ya no se dan los elementos fácticos que la ley contempla como requisitos y objeto de la caducidad. Como lo establece el inciso segundo de la misma norma, cuando ante la afectación grave de la ejecución del contrato y el riesgo de su paralización, la entidad se abstiene de declarar la caducidad, le asiste el deber de adoptar medidas de intervención “que garanticen la ejecución del objeto contratado”, lo que implica el deber de gestionar la continuidad del servicio que se había contratado, justamente para evitar que cese antes del término previsto para ello, cuestión que a su vez excluye, por falta de competencia, la posibilidad de que pueda declararse la caducidad cuando haya expirado el tiempo convenido para el desarrollo de las obligaciones asumidas por el contratista. En ello se insiste porque, al examinarse con detenimiento las finalidades expresamente establecidas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, sólo puede establecerse que, al encaminarse la caducidad del contrato, entre otras cosas, a darlo por terminado de manera anticipada y evitar la paralización del servicio objeto del mismo, tal potestad debe ejercerse antes del vencimiento del plazo de ejecución del negocio jurídico. En ese sentido, es la propia Ley 80 de 1993 la que, en su artículo 18, contiene elementos que delimitan la competencia pro tempore de la entidad estatal, para hacer recaer sobre el contrato la medida excepcional anulada en el sub judice por el sentenciador de primer grado. (…) Así las cosas, es claro que el IDU obró sin competencia al declarar la caducidad del contrato, dado lo cual deberá confirmarse, en este punto, la sentencia apelada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la operancia de la caducidad durante el término de ejecución del contrato, consultar la sentencia de la Corte Constitucional, C-949 del 5 de septiembre de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Asimismo, ver la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 11 de septiembre de 2020, exp, 44804, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONDUCTA / CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CADUCIDAD DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Resulta procedente analizar la conduta del contratista imputada en el acto de declaratoria de caducidad, cuando el Instituto de Desarrollo Urbano carecía de competencia para ejercer dicha potestad excepcional? Respuesta al problema jurídico: No [N]o hay lugar a revisar, en sede de la apelación del IDU, la conducta contractual que específicamente le fue imputada a la unión temporal (…) en el acto de declaratoria de caducidad, pues careciendo la entidad de competencia para ejercer esa potestad excepcional, los eventuales incumplimientos de su contratista -distintos a los que ameritaron la multa- no revivían la facultad legal que en el presente juicio se echó de menos, siendo ello suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de la resolución misma de caducidad, expedida por el ente demandado. Cosa distinta es que, revisados los argumentos de apelación de la unión temporal, se encuentre que en contra de ésta pueda operar la excepción de contrato no cumplido, dadas sus propias inobservancias frente a las obligaciones que en virtud del contrato había asumido a favor del IDU. Sin embargo, la Sala advierte que esa eventualidad no tornaría legal el acto administrativo de caducidad, dictado sin competencia por la Administración, en el presente caso. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / SALDOS A FAVOR / MULTA / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Debe confirmarse la declaratoria de nulidad que efectuó el a quo respecto de la liquidación unilateral del contrato que realizó el IDU, la cual se cimentó en las Resoluciones 1308 de 2001 y 815 de 2002, en las que declaró la caducidad del negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si Como quedó señalado en la reseña de los hechos probados, la Resolución N° 12433 del 19 de diciembre de 2002, junto con el acto que la confirmó (Resolución 6230 del 11 de agosto de 2003) se fundamentaron, en lo relativo a los saldos a favor del IDU, en los actos de multa y caducidad del contrato, anteriormente analizados. Al exponer las consideraciones pertinentes en el acto de liquidación, el IDU refirió lo acontecido con las mencionadas sanciones, y en el balance final incluyó en el saldo a su favor el valor de $87’074.140 “por concepto de multa” y la suma de $920’006.755, a cargo del contratista “por incumplimiento del contrato, de conformidad con el artículo quinto de la Resolución 1308 del 16 de mayo de 2001”. Asimismo, determinó que el anticipo no amortizado equivalía a $96’255.347, monto que si bien fue menor al establecido en la declaratoria de caducidad (en la que se advirtió que faltaba por amortizar la suma de $209’682.149,10), correspondió a un concepto previamente examinado en las Resoluciones 1308 de 2001 y 815 de 2002. Dado que la liquidación unilateral del contrato efectuada por el IDU se cimentó sobre las Resoluciones 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo de 2002, cuya presunción de legalidad se desvirtuó en sede de juicio, debe confirmarse la declaratoria de nulidad que, respecto de ese balance, efectuó el a quo en la sentencia impugnada. Sin perjuicio de ello, debe advertir la Sala que en el ordenamiento jurídico aplicable al contrato permanece incólume lo dispuesto en las Resoluciones 280 del 09 de marzo de 2001 y 2363 del 25 de septiembre del mismo año, en las cuales el IDU impuso a su contratista la multa anteriormente analizada, lo cual indica que los demandantes, en tanto miembros de la unión temporal destinataria de la sanción, adeudan a la entidad demandada la suma de $87’074.140, como anteriormente se precisó. Dado que la liquidación unilateral del contrato efectuada por el IDU se cimentó sobre las Resoluciones 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo de 2002, cuya presunción de legalidad se desvirtuó en sede de juicio, debe confirmarse la declaratoria de nulidad que, respecto de ese balance, efectuó el a quo en la sentencia impugnada. Sin perjuicio de ello, debe advertir la Sala que en el ordenamiento jurídico aplicable al contrato permanece incólume lo dispuesto en las Resoluciones 280 del 09 de marzo de 2001 y 2363 del 25 de septiembre del mismo año, en las cuales el IDU impuso a su contratista la multa anteriormente analizada, lo cual indica que los demandantes, en tanto miembros de la unión temporal destinataria de la sanción, adeudan a la entidad demandada la suma de $87’074.140, como anteriormente se precisó. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / RECURSO DE APELACIÓN / UNIÓN TEMPORAL / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ Problema jurídico: ¿Resulta procedente liquidar el contrato, a pesar de que: i) el Instituto de Desarrollo Urbano ya había hecho uso de esa prerrogativa cuando dictó las Resoluciones 12433 de2002 y 6230 de 2003; y, ii) la parte actora varió la causa petendi, al señalar que de no ser procedente ordenar al demandado efectuar la liquidación, ésta fuera realizada en la sentencia de segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: No [L]e asistió razón al a quo en cuanto señaló que el IDU ya no tenía competencia alguna para liquidar el contrato, dado que hizo uso de esa prerrogativa en una única oportunidad, al dictar las Resoluciones 12433 del 19 de diciembre de 2002 y 6230 del 11 de agosto de 2003, acusadas en el sub lite. Así, una vez ejercida la facultad en dicha ocasión, quedó de esa manera clausurada, más cuando se demandó en el presente juicio lo resuelto por la entidad en el acto liquidatorio hoy examinado. Ciertamente, el artículo 87 del CCA habilita a quien está legitimado para instaurar demanda de controversias contractuales para solicitar que “se hagan otras declaraciones y condenas”, previsión que si bien puede constituir una disposición “en blanco” para formular diversas pretensiones relacionadas con el contrato estatal materia de juicio, no puede ser empleada para sobrepasar los límites que la ley misma establezca para el ejercicio de funciones, facultades y prerrogativas del Estado, o de los derechos de los administrados. Por ello, esa indicada habilitación legal no implica que al juez le esté permitido asignar o revivir competencias que la entidad pública ya no tiene, bien porque no se las ha atribuido el legislador, o porque, habiéndolas ejercido en el marco de la ley, no puede volver sobre ellas. Por ello, no existiendo ya competencia del IDU para liquidar nuevamente el contrato, no había lugar a ordenarle a la entidad que efectuara ese balance por segunda vez. La solución que al respecto establece el mismo C.C.A. está en el artículo 170, conforme al cual, al declararse en sentencia judicial la nulidad de un acto administrativo, y “para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas”. Ahora bien, la unión temporal (...), pese a haber demandado la nulidad del acto de liquidación, no solicitó que fuera el juez quien directamente realizara el balance del contrato, prefiriendo encauzar sus pretensiones a que fuera el IDU el conminado a liquidar, en la forma solicitada por la actora. En el recurso de apelación defendió ese punto, denegado por el a quo, aunque también pidió que, de no encontrarse procedente ordenar al ente demandado efectuar la liquidación, ésta fuera llevada a cabo en sentencia de segunda instancia. Dicha solicitud, en lo que atañe concretamente al balance del contrato, constituye una variación extemporánea del petitum, razón por la cual la Sala no procederá a liquidar el contrato, por no haberse planteado esa petición en las pretensiones materia de juicio, ni haberse agotado respecto de ella todo el juicio correspondiente en la primera instancia. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 170, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / IRREGULARIDADES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / INTERVENTORÍA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / FALTA DE PRUEBA / SILENCIO DE LA PARTE DEMANDANTE / LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO / RED DE ALCANTARILLADO / ESPACIO PÚBLICO / MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer las sumas solicitadas por estudios y diseños, a pesar de que la parte actora no señaló, ni acreditó; i) cuáles fueron los errores técnicos en los que incurrió la interventoría al objetar dichos aspectos; y, ii) cuáles fueron los estudios y diseños que no pagó el Instituto de Desarrollo Urbano? Respuesta al problema jurídico: No [L]e correspondía a la actora especificar los productos entregados y devueltos para su corrección, demostrar la enmienda de los mismos y probar que el IDU los hubiera recibido sin efectuar el respectivo pago; de igual manera, debía demostrar los errores y equívocos en que incurrió la interventora al formular observaciones y cuestionamientos a esos componentes del contrato. Sin embargo, la unión temporal no precisó ninguno de esos aspectos en la apelación, en la demanda ni en los recursos administrativos interpuestos contra los actos acusados. Sólo reiteró en esas actuaciones que cumplió oportunamente y a cabalidad con todos los estudios y diseños objeto del contrato, y que si bien en “muchos casos” le fue devuelto material “con observaciones injustificadas por parte de la interventoría”, las mismas fueron atendidas sin obtener la contratista la retribución correspondiente. (…) no señaló cuáles fueron los estudios y diseños no cubiertos por el pago efectivamente realizado por el IDU, ni indicó las pruebas que acreditaban su oportuna presentación, junto con los errores técnicos de la interventoría al objetar el trabajo de la contratista. Ante tal silencio de la parte interesada, no le es dable al juez sondear en todo el material probatorio las observaciones de la interventoría -no determinadas por la actora-, ni mucho menos establecer por su cuenta cuáles de ellas estaban o no justificadas, como tampoco indagar el origen y posible causación o procedencia de las cifras solicitadas en la reclamación, pues no se señalaron ni precisaron esos aspectos con la claridad exigida en las normas procesales, por lo que mal puede acogerse en el sub judice esta primera solicitud económica de la unión temporal, no habiéndose indicado ni demostrado el derecho al reconocimiento de las sumas pretendidas. Agréguese a lo anterior que, lo que sí se aprecia en el proceso, es el contenido de los informes de interventoría -especialmente el que correspondió al mes de junio de 2000 y el informe final-, en los cuales se pusieron de presente los incumplimientos de la contratista en la fase de estudios y diseños, al no entregarlos correctamente ni en forma íntegra, en los plazos establecidos en el contrato o en las actas, ni a la terminación del contrato. La actora no desvirtuó las inobservancias anotadas por la interventoría en los documentos que hoy reposan en el proceso, especialmente el informe final elaborado en marzo de 2001, medios que evidenciaron omisiones de la contratista en algunas de las entregas -especialmente en el área de diseño de espacio público- y fallas en los frentes de diseños geométricos, diseño de señalización, diseño de redes de alcantarillado de aguas lluvias, cantidades de obra, presupuesto y especificaciones; por lo cual, al no demostrar la contratista el cabal cumplimiento de sus propias obligaciones, mal puede aducir el no pago de lo que, según su versión, fue entregado correcta y oportunamente al IDU, sin haber demostrado tal observancia. A lo largo de la demanda -en los hechos ajenos a los de las reclamaciones que en esta instancia resuelve la Sala-, la actora señaló que la no ejecución total del objeto pactado obedeció al incumplimiento del IDU. Sin embargo, ninguna de las falencias atribuidas a la entidad -relacionadas con los certificados de disponibilidad presupuestal para cada frente de trabajo, las diligencias ante el DAMA, la definición y clarificación temprana de las vías contratadas, la modificación de la forma de pago del contrato, las inconsistencias en la solicitud de algunos diseños y los pagos del anticipo- guardó conexión directa con las fallas que la interventoría estableció como imputables a la contratista, en particular porque, si bien en algunos casos la conducta de la Administración contribuyó a retrasos en la entrega de estudios y diseños, al ser éstos recibidos con posterioridad al 14 de octubre de 2000, en todo caso presentaron las falencias informadas por la interventoría, las cuales, para la fecha de terminación del contrato (…), no habían sido corregidas por la unión temporal. Es de anotar, en este punto, que además de los informes de la interventoría, se allegaron al proceso las actas de seguimiento del contrato, instrumentos éstos que revelan, por ejemplo, que para el 6 de diciembre de 2000, la contratista no había entregado copia de los estudios y diseños de la obra, pese a que se habían puesto en marcha algunas de las obras contratadas, dada la premura del servicio; circunstancia que persistió en los días siguientes, tal como se adujo en el acta de seguimiento del 13 de diciembre del mismo año, en la cual se resaltó, además, que la unión temporal continuaba incumpliendo con la entrega de las correcciones hechas a los informes ya entregados. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / UNIÓN TEMPORAL / CONTRATO DE OBRA / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / DISEÑO DE CARRETERA / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / INTERVENTORÍA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / FALTA DE PRUEBA / PLIEGO DE CONDICIONES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer la suma solicitada por la parte actora por concepto de mayor área diseñada, pese a que no demostró cuál era la medida correcta de las vías, cuál diseñó el contratista y cuál fue la justificación para efectuar el estudio y diseño en proporciones mayores a las establecidas en el contrato y su pliego de condiciones? Respuesta al problema jurídico: No Respecto de la solicitud de pago de $7’303.369,37 como valor de la “mayor área diseñada”, tampoco se aprecia que las cantidades referidas por la actora, ni su valor, se hubieran demostrado en esta causa, pues si bien se aduce que la interventoría reconoció expresamente que el área de las vías diseñadas superó “lo establecido en el contrato”, no existe coincidencia entre lo expresado por la firma interventora y lo señalado en las actas respectivas del contrato, así como en el informe final de supervisión. En efecto, para respaldar este segundo componente de la “reclamación N° 1”, la demandante acudió al oficio GT-IG123-0101-08-01-0700 del 9 de mayo 2001, instrumento que reposa en el plenario y en el cual la interventoría reportó el valor de los estudios y diseños efectivamente presentados por la contratista, expresando. Al respecto, se precisa en primer lugar que si bien la interventora expuso que el área de las vías diseñadas era mayor “a la establecida en el contrato”, es igualmente cierto que en ese mismo acápite de su informe estimó el valor de los estudios y diseños efectivamente entregados o presentados por la unión temporal, sin excluir del cálculo los diseños del área que excediera las medidas supuestamente fijadas en el contrato, sino otros ítems, tales como los estudios y diseños de las vías no ejecutables y aquellos que la contratista simplemente omitió entregar. Valga agregar a lo anterior que, según lo consignado en el pliego de condiciones, la longitud total inicial de las vías objeto de contratación era de 3.134 metros, mientras que el ancho total fue de 282,8 metros, sin haberse establecido en ese ni en ningún instrumento del contrato, el área total contratada, ni el área específica que luego fue estimada como “no ejecutable” por distintas causas. El informe final de interventoría, entregado en marzo de 2001, dejó en claro que si bien se licitó el estudio, diseño y construcción de 40 vías en la localidad de Bosa y de 6 en la localidad de Kennedy, la EAAB sólo aprobó la pavimentación de 20 vías, dejando otras 4 con aprobación parcial. Con todo, no se aprecia en el proceso el área exacta de las vías excluidas, ni es posible contrastar la misma con la medida de las vías correcta y efectivamente diseñadas por la contratista, hoy demandante. Ahora, tampoco obra en el caudal probatorio basamento alguno que justifique el hecho de que la demandante hubiera procedido a efectuar el estudio y diseño de las vías en proporciones mayores a las establecidas en el contrato y su pliego de condiciones, sabiendo de antemano las medidas de longitud y de ancho, fijadas desde un comienzo por el IDU. En todo caso, lo que evidencian los informes entregados por la firma interventora es que la unión temporal no cumplió con la totalidad de los estudios y diseños establecidos en el pliego de condiciones y en el contrato, por lo que no es posible concluir que haya ejecutado, en esa consultoría, una medida mayor a la pactada en el negocio jurídico. Dadas las anteriores circunstancias, no existe mérito para reconocer la suma solicitada por la actora, por concepto de la “mayor área diseñada”. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / DISEÑO DE CARRETERA / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ESTATAL / COSTOS INDIRECTOS / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / UNIÓN TEMPORAL / CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / DISEÑO DE VÍA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INTERVENTORÍA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO SINALAGMÁTICO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se debe indemnizar a la parte demandante porque el Instituto de Desarrollo Urbano: i) negó el pago de los diseños de las vías 2, 17, 39 y 40 porque éstas ya contaban con diseño previo; y, ii) suspendió el desarrollo del diseño de la vía 5, por haberse modificado su tipología? Respuesta al problema jurídico: No Examinado el plenario en lo relativo a los diseños que el IDU no tuvo en cuenta para su pago, por contar las vías con estudios y diseños previos hechos en otros contratos, se advierte que si bien se trató de una inobservancia de la Administración frente a sus propias obligaciones con el contratista y frente al deber de planeación, no se dan los elementos para indemnizar a la hoy demandante por esa circunstancia. Como se ha venido anotando, en el pliego de condiciones correspondiente al contrato IDU-UEL 7-8-805-99 de 1999 se dispuso que el componente de los estudios y diseños se remuneraría bajo la modalidad de precio global, la cual entraña, en efecto, el pago de una única suma fija que comprende todos los costos directos e indirectos, inherentes al trabajo o servicio contratado, por lo que los riesgos surgidos por la magnitud del objeto o el tiempo empleado para ejecutarlo van comprendidos en ese precio global, sin perjuicio, claro está, de los reconocimientos a que haya lugar por el eventual desequilibrio económico del contrato. De acuerdo con la jurisprudencia, el precio global fijo implica que el trabajo del contratista se remunera con una única suma, con la que se ha estimado ex ante el valor total del objeto pactado y es vinculante para ambos partícipes del negocio jurídico, por lo cual no le es dable a la Administración pagar el contrato firmado a precio global, bajo porcentajes o abonos proporcionales a las prestaciones que paulatinamente se vayan cumpliendo, y menos por unidades o “grupos de productos” que vaya entregando el contratista, para al final disponer el pago de sumas menores a las pactadas; entre otras cosas porque, si con el precio global fijo, dicho contratista asume los riesgos de mayores cantidades o tiempos, la Administración asume por su parte los riesgos de menores cantidades o menor tiempo. Sin embargo, la modalidad de precio global acentúa de manera especial la obligación a cargo del contratista, de ejecución total del objeto, pues sólo de esa manera surge para el Estado contratante la obligación del pago íntegro de la suma fija convenida. (...) En esa medida, el precio global sólo puede tenerse por vinculante y fijo, para cuando se cumple la totalidad de lo pactado. En el presente asunto, y en lo que cabe atribuir al IDU, se tiene que la entidad pactó con la unión temporal la realización de los estudios y diseños de 46 vías del Distrito Capital a precio global fijo, pese a lo cual, después de haberse suscrito el acta de inicio de dicha fase (el 15 de mayo de 2000 -recalcando las partes que la fecha límite para culminar la entrega y aprobación sería el 14 de septiembre de ese año), fue la propia Administración quien evidenció que 4 vías ya contaban con ese trabajo, por lo que solicitó a la hoy demandante abstenerse de realizar los estudios y diseños de esos segmentos de futura obra: ello aconteció al suscribirse el acta de seguimiento N° 8 del 12 de julio de 2000, en la cual, una funcionaria de la Dirección de Malla Vial del IDU informó que, al recopilar documentación sobre las vías objeto del contrato, estableció que cuatro de ellas, pertenecientes a la localidad de Bosa, ya tenían estudios aprobados, a saber: las vías 2, 39, 40 y 17, ésta última con faltantes en un solo tramo, razón por la cual los firmantes del acta de seguimiento decidieron “no realizar estudios y diseños en las vías 2, 39 y 40”, y adelantarlos en la vía 17, únicamente en el segmento de la Calle 8 entre Carreras 23 y 23 A (...). Dicha acta fue suscrita por el ingeniero (...), en calidad de representante legal de la contratista, además de figurar la firma de otros integrantes de esa unión temporal, pero no fue firmada por el representante legal del IDU ni por ningún funcionario que hiciera sus veces. Posteriormente, en acta de seguimiento del 18 de julio de 2000, se reiteró que las vías 2, 17, 39 y 40 ya contaban con estudios y diseños, por lo que se dispuso, nuevamente con la firma del representante legal de la contratista, pero sin la del representante IDU, “no realizar estudios y diseños en las vías 2, 17, 39 y 40”. Así, pese a lo evidenciado por el IDU sobre los estudios ya existentes, no se celebró ninguna modificación al contrato, en la que se dispusiera la eliminación de las vías mencionadas y el subsiguiente cambio en la remuneración del primer componente del negocio jurídico. No obstante lo anterior, en lo que le correspondía a la contratista en la fase de estudios y diseños, sólo suministró algunos de los informes que hacían parte de ese componente, pero no la totalidad de sus elementos, por lo cual no le es dable reclamar el precio global ni el alcance patrimonial “pleno” que tiene esa tipología de remuneración. Esa misma razón conduce a que el perjuicio que pudiera derivar del incumplimiento del IDU sólo podría haberse configurado si la contratista hubiera satisfecho íntegramente sus compromisos contractuales -dada no sólo la connotación sinalagmática del contrato sino justamente la modalidad del precio que se pactó-, y no siendo ello así, no puede exigir pago alguno que sobrepase lo realmente ejecutado. Lo propio debe concluirse respecto de la vía N° 5 de la localidad de Kennedy (...) No se tiene noticia de que el IDU hubiera dado respuesta a esa solicitud, mientras que sí obra copia del oficio de fecha 9 de mayo de 2001, en el cual la interventoría rindió informe sobre el valor de los estudios y diseños efectivamente ejecutados, y anotó que al no aclarar la contratante la situación descrita, quedó suspendido el diseño de la vía N° 5 de Kennedy mientras se obtenía respuesta (...). Con todo, la suspensión de ese diseño en desarrollo del contrato (por evidenciarse que la tipología de la vía N° 5 de Kennedy, definida por el DAPD, no correspondía a las categorías de vías contratadas por el IDU), aun erigiéndose en un hecho ajeno a la contratista, no puede significar la indemnización de perjuicios a favor de la unión temporal, ya que ésta incumplió con múltiples elementos restantes de estudios y diseños, por lo que mal puede exigir retribución por el precio global fijo pactado para ese componente del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la implicación del precio global, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 1 de octubre de 2014, exp. 27382, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; el 8 de junio de 2022, exp. 56.399, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; el 22 de noviembre de 2021, exp. 52430, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / UNIÓN TEMPORAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / INFORME TÉCNICO / PRECIO UNITARIO / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / PLIEGO DE CONDICIONES / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / FOTOGRAFÍA / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / INFORME DEL INTERVENTOR / PRUEBA TÉCNICA / DICTAMEN PERICIAL / INSUFICIENCIA PROBATORIA / LICITACIÓN / CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Resulta procedente conceder las sumas solicitadas por la demandante por conceto de las obras que ejecutó y que no fueron recibidas por el Instituto de Desarrollo Urbano y por los valores tasados como reajuste de aquellas, cuando no se desvirtuó ninguna de las objeciones que formuló la interventora sobre tales trabajos y no se demostró que el contratista hubiere ejecutado completamente dichas labores? Respuesta al problema jurídico: No Sea lo primero señalar que, de conformidad con la cláusula cuarta, numeral 1, del contrato IDU-UEL-7-8-805-99, la contratista estaba en la obligación de “llevar a cabo todos los proyectos, instalaciones y obras materia [del negocio jurídico] al precio unitario cotizado en su propuesta (...) y rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada o que no cumpla con las especificaciones a juicio del interventor”. Lo segundo que se advierte en este punto es que en el proceso no reposa el informe de la contratista, relativo a las especificaciones técnicas de la obra, con el señalamiento de cada uno de sus ítems y las cantidades para ejecutar en cada vía. Tal instrumento, como se evidenció con anterioridad, debía ser elaborado por la unión temporal como resultado de los estudios y diseños previamente adelantados, pero no obra en el expediente. Lo propio acontece con el análisis de precios unitarios no previstos, que si bien figura de manera general como anexo del informe final de la interventoría, no fue acompañado con la especificación ni cantidades de los ítems de obra no prevista que, según la demanda y lo señalado por el IDU en la Resolución N° 6230 de 2003 (…), se convino ejecutar en cada frente objeto del contrato. Por ello, al no figurar en el expediente ninguno de los indicados documentos con la descripción de obra contratada y de obra no prevista (para cada vía o grupo de vías), no se cuenta con el parámetro principal de las actividades que la interventoría calificó como inconclusas en las actas de recibo parcial suscritas en febrero y marzo de 2001, por lo que no puede determinarse, con las demás pruebas, si la contratista ejecutó completamente las labores desestimadas por la firma interventora. En todo caso, tampoco se demuestran con las demás pruebas los errores o equívocos que la actora le atribuye a la interventoría en el rechazo de las obras que se reputaron inconclusas, durante la supervisión respectiva. (…) No obra evidencia escrita de la ejecución alegada por la unión temporal, pero aún si se contara con tal probanza, no está acreditado que los 5.54 m3 que adujo como trabajados en la vía 28, correspondieran cabalmente a la medida señalada en las especificaciones técnicas que la propia contratista debió definir para ese segmento específico de la obra. Con respecto a la no ejecución del ítem 2.3 en la vía 34, es claro que la relación de obras entregada por la propia contratista no revela la realización de excavaciones manuales en el tramo mencionado. En torno al ítem 2.1 (Excavación mecánica entre 0 y 2 mts), se tiene que no figura como ejecutado en acta alguna del contrato, pese a que la actora manifiesta haber adelantado esa actividad en la vía N° 35, excavando 112.20 m3 -sin que se tenga noticia, se reitera, de cuál era el total de unidades establecidas para dicha vía- (…) Este reparo de la interventora no fue desvirtuado por la unión temporal con prueba alguna, y por el contrario, manifestó en la demanda que la realidad de lo acontecido con ese ítem fue que “se aprobaron los estudios y diseños para una tipología de vía que finalmente no correspondía, según planeación”, cuestión ésta que, de acuerdo con el pliego de condiciones, debía ser verificada por la contratista, ante el DAPD, precisamente durante la fase de estudios y diseños. En torno al ítem 3.1 (Suministro, extendido y compactación sub-base granular tipo 13A - IDU), el 17 de mayo de 2001 la interventora cuestionó que, en la vía 24, se ejecutara sin compactación ni “cereo”, labores que eran importantes para la estabilidad de la obra, razón por la cual, al no garantizar su conservación en las condiciones técnicas requeridas, debía calificarse como inconclusa (…). Aunque la unión temporal aportó al proceso copia de un registro fotográfico en el que informa que la primera imagen que allí se aprecia corresponde a la vía 24 después de culminar el ítem 3.1 (…), ello no es indicativo de yerro alguno de la interventoría, pues no demuestra la realización de las labores específicas echadas de menos en la comunicación del 17 de mayo de 2001, ni que éstas no fueran indispensables para garantizar la estabilidad de la obra. El ítem 4.2 (Construcción pozo de alcantarillado tipo A) no fue demostrado, porque si bien la actora manifestó haber ejecutado la cantidad de 1,00 en la vía 24, sólo aportó como prueba un registro fotográfico (y las comunicaciones en las que insistió haber cumplido con esa actividad) que no permite establecer que esa obra hubiera quedado completamente terminada, por lo que no se desvirtuó la calificación dada por la interventoría, sobre la no conclusión adecuada de ese trabajo. Acerca de los ítems 11.3 y 5.5 (Demolición de placa de concreto y Construcción de placa de concreto, respectivamente), la actora sostuvo en la demanda que, el 22 de diciembre de 2000, el concreto despachado para la construcción inicial no alcanzó a cubrir, en la vía N° 22, el volumen total para lograr la separación entre juntas de diseño, razón por la cual la interventoría ordenó su demolición al día siguiente, cuando ello no era necesario (…). Igualmente manifestó haber ejecutado la construcción de la placa en 1.17 m3, sobre la indicada vía N° 22. (…) No obra en el proceso una prueba técnica que desvirtúe las conclusiones de la firma interventora, por lo que no es posible refutar que los ítems mencionados hayan quedado inconclusos, como aquella lo señaló en las comunicaciones del 26 de marzo y el 17 de mayo de 2001. Lo propio acontece respecto de los restantes ítems objeto de las reclamaciones 3 y 4, pues las conclusiones de la interventoría debieron contrastarse con medios de convicción de carácter técnico, o bien, con las especificaciones trazadas durante el desarrollo del contrato, como resultado de los estudios y diseños y al fijarse el análisis de precios unitarios de obras no previstas, según el caso. No obrando ninguno de tales elementos de convicción, no resultan avantes en este juicio las aludidas reclamaciones 3 y 4, reiteradas en la alzada. Cabe recalcar que, si bien se practicaron en el juicio dos dictámenes periciales, ninguno de ellos hace referencia a las conclusiones específicas que la interventoría esbozó para tener por inconclusas las obras mencionadas, menos para desvirtuarlas bajo necesarias consideraciones técnicas. En la experticia rendida por el perito (…) sólo se reiteraron y actualizaron los valores solicitados por la demandante en las reclamaciones 3 y 4, y se señaló que la unión temporal (…), contratista del IDU con posterioridad al negocio sub judice, no ejecutó las obras que el IDU le rechazó a la unión temporal (…), lo cual indicaba que tales actividades, pese a haberse calificado como inconclusas, fueron tan definitivas que no fue necesario que el nuevo contratista las volviera a realizar (…). Esta conclusión se aprecia insuficiente para establecer que la unión temporal hoy demandante cumplió de manera íntegra con los ítems descalificados por la interventoría y el IDU, pues si bien obra el contrato IDU-UEL-7-681-00-2000, celebrado entre la entidad demandada y la mencionada agrupación (…), así como la licitación respectiva y otros instrumentos de ese negocio jurídico (…), lo cierto es que las vías objeto de estudio, diseño y construcción correspondientes a ese acuerdo de voluntades no coinciden con las del contrato objeto del presente proceso, pese a ubicarse en la localidad de Bosa, y en todo caso, la no inclusión en ese nuevo contrato, de los ítems que le fueron rechazados a la hoy demandante, no es prueba directa de ningún yerro atribuible a la interventora ni al IDU, como tampoco conduce necesariamente a que las obras ejecutadas por (…) [la unión temporal] fueron culminadas en forma idónea. Por tanto, no hay lugar a conceder las sumas solicitadas por la demandante por concepto de las obras ejecutadas no recibidas por el IDU, ni los valores tasados como reajuste de aquellas. Cabe anotar, respecto de esto último, que en cada una de las actas de recibo de obra que reposan en el expediente se reconocieron los respectivos reajustes al valor de la obra recibida (…); por lo cual, más allá del alegado incremento en el precio de los insumos, la reclamación de reajustes adicionales a los reconocidos en el acta debe aparejarse con la prueba de que los primeros fueron insuficientes para mantener el equilibrio financiero del contrato. En todo caso, no es posible reconocer reajustes a la obra no recibida por el IDU, por no haberse desvirtuado ninguna de las objeciones que sobre tales trabajos formuló la interventora y acogió la entidad hoy demandada. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRECIO UNITARIO / OBRA PÚBLICA ADICIONAL / REAJUSTE DE PRECIO / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / INTERVENTOR / CONCEPTO DE INTERVENTOR / FALTA DE PRUEBA / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / INSUMOS / DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / REVISTA / PUBLICACIÓN PERIÓDICA / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se debe efectuar el reconocimiento económico que solicitó la parte actora por la diferencia entre los precios unitarios reconocidos por el IDU respecto de las obras no previstas y los solicitados por la contratista, como el respectivo ajuste de los mismos, a pesar de que no se demostró que las sumas que solicitó la unión temporal por dichos aspectos son las que debía reconocer la demandada? Respuesta al problema jurídico: No Aunque la unión temporal relacionó un total de 23 ítems no previstos, en cuyos precios unitarios hubo discrepancias con el IDU, y adujo que las cuantías finalmente definidas por la entidad y la interventora no se ajustaban a las referencias del mercado de la construcción, lo cierto es que no demostró su aserto. (…) la Sala evidencia que el anexo del dictamen, consistente en la copia de un extracto de la revista especializada aludida por el perito (…), no señala análisis de precios que directamente aludan a los ítems antes mencionados, sino que revelan los valores estimados para distintos insumos, equipos, gastos de construcción, mano de obra y un grupo actividades del sector, que no es posible relacionar con los precios finalmente plasmados en el instrumento pericial, en el que tampoco se explica en forma alguna la metodología seguida para obtener los precios sugeridos en el dictamen, con fundamento en la revista (…) el perito reiteró que la diferencia entre los precios unitarios no previstos propuestos por la contratista y los definidos por el IDU, para la totalidad de los ítems debatidos, era de $19’177.086, según se evidenciaba en las comunicaciones intercambiadas entre las partes durante la ejecución del contrato. Es decir, fijó en su experticia los mismos planteamientos de la demandante, sin sustentarlos con elementos técnicos sino sólo con la correspondencia traída al plenario como prueba documental. En esa medida, no obrando en el proceso basamento alguno que de manera idónea permita establecer que los precios sugeridos por la unión temporal fueron los que debieron reconocerse por la Administración, no es posible acoger de manera favorable las reclamaciones 5 y 6, reiteradas por la actora en su apelación. Cabe anotar, además, que en el proceso se echa de menos el acta, acuerdo, instrumento o modificación del contrato en que figure consignada la relación de ítems no previstos establecidos por las partes para el desarrollo del proyecto objeto del negocio jurídico, y que en parte fueron relacionados y pagados en las actas de entrega parcial de obra (…), lo cual impide aún más establecer la procedencia de los reconocimientos que en estos puntos solicita la demandante. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REAJUSTE DE COSTOS / ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / INCREMENTO DEL PRECIO / INSUMOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Se debe reconocer las sumas solicitadas por la parte actora por concepto de reajuste del anticipo, cuando: i) el contratista estaba obligado a comenzar las obras sin depender de ese anticipo; ii) no se demostró la responsabilidad exclusiva del IDU en la postergación del período de las obras; y, iii) no se probó que los reajustes periódicos reconocidos no cubrieron adecuadamente el incremento de los precios de la construcción? Respuesta al problema jurídico: No Dos previsiones vinculantes para las partes en el sub judice resultan medulares en lo concerniente a los solicitados reajustes de anticipo: la primera está contenida en el numeral 5.6 del pliego de condiciones, que advirtió que “la iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso al giro del anticipo por parte del IDU” (…); y la segunda previsión fue precisamente la del reajuste periódico por acta de obra, que se estableció en el numeral 5.8 del mismo instrumento precontractual (…) y luego se corroboró en el parágrafo primero de la cláusula sexta contractual, indicándose que, al valor de cada acta se le descontaría el monto del anticipo, y a la suma obtenida se le efectuaría tal reajuste “en lo que se refiere a construcción”. En ese sentido, siendo responsabilidad de la contratista comenzar las obras por su cuenta, es decir, sin que ello dependiera del anticipo, mal puede solicitar reajustes del mismo por el hecho de haberse girado en septiembre del año 2000, cuando el contrato fue suscrito el 31 de diciembre de 1999; y en todo caso, lo que era materia de recálculo, según lo pactado -previa advertencia expresa en el pliego de condiciones-, era el valor neto reconocido en cada acta de recibo parcial, precisamente después de efectuarse la amortización del anticipo, no sujeto éste a ajuste alguno. Ahora, la demandante aduce que fue el incumplimiento del IDU lo que ocasionó el comienzo tardío de las obras, y hace derivar de ello perjuicios patrimoniales específicamente por el alza en los precios de los insumos durante el lapso anterior a la etapa constructiva; pero aun demostrándose que las obras sólo pudieron empezar en noviembre de 2000 y no antes, por causa imputable a la Administración, los reajustes previstos para conjurar tales eventualidades no se aplicaban al anticipo -como ya se anotó-, y de cualquier manera, para indemnizar el perjuicio ocasionado por esos hechos se debía acreditar no sólo la responsabilidad exclusiva del IDU en tal postergación del período de las obras, sino también que los reajustes periódicos efectivamente reconocidos no cubrieron adecuadamente el incremento de los precios de la construcción durante 2000 y 2001, en detrimento de la contratista. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / INDEMNIZACIÓN PLENA / INDEMNIZACIÓN INTEGRAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PRECIO UNITARIO / REAJUSTE DE PRECIO / HECHO SOBREVINIENTE / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / INCREMENTO DEL PRECIO / CONCRETO / ASFALTO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / INSUMOS / FACTURA / PRUEBA TÉCNICA / FALTA DE PRUEBA / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer la suma solicitada por la parte demandante a título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, a pesar de que: i) la unión temporal aceptó que el Índice de Ajustes a la Construcción, establecido periódicamente por el Invías, sería el parámetro empleado en los reajustes de precios unitarios; ii) no se probó que hubieran fracasado los supuestos empleados para la aplicación de la fórmula de reajuste de los precios unitarios, al punto de generar una alteración del equilibrio económico; iii) no se acreditó que el IDU hubiera aceptado la existencia del desequilibrio; y, iv) no se demostró, de manera cierta, que el incremento de los insumos sobrepasaron los límites previstos por las partes al momento de contratar? Respuesta al problema jurídico: No [C]omo lo ha dicho la Sala en otras oportunidades, dado que el incumplimiento de uno de los contratantes entraña, ciertamente, la afectación de la parte cumplida, puede pensarse que el incumplimiento contractual de la Administración da lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato, máxime cuando el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 señala el incumplimiento como una de las causas de tal ruptura. Sin embargo, el incumplimiento contractual debe manejarse con mayor propiedad bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por cuanto se trata de dos “...instituciones distintas en su configuración y en sus efectos”, puesto que la responsabilidad contractual se origina en el daño antijurídico que es ocasionado por la parte incumplida del contrato, lo que hace surgir a su cargo el deber de indemnizar en forma plena los perjuicios ocasionados, es decir, que para el afectado surge el derecho a obtener una indemnización integral, lo que no sucede en todos los eventos de rompimiento del equilibrio económico del contrato, en los cuales, no cualquier desventaja patrimonial puede dar lugar a su configuración ni reconocimiento. Examinada la reclamación desde el punto de vista del desequilibrio financiero del contrato, se recalca en primer lugar que, al presentar su oferta, la unión temporal (…) aceptó las reglas fijadas en el pliego de condiciones, en cuyo numeral 5.8 se precisó que el parámetro empleado en los reajustes de precios unitarios sería el Índice de Ajustes a la Construcción, establecido periódicamente por el Invías para el “grupo de obras 2”; cuestión que no fue refutada por la hoy demandante, quien la asumió no sólo con la oferta sino también con la celebración misma del contrato. En esa medida, la aplicación de ese índice por parte del IDU no constituyó una circunstancia sobreviniente, presentada con posterioridad a la celebración del acuerdo de voluntades, imprevista ni imprevisible para las partes. Si bien los boletines del Invías que fueron aportados al proceso con la publicación de los mencionados índices señalan que el aludido grupo 2 corresponde a las sub-bases y bases, comprendiendo “afirmados, sub-base granular, base granular, mejoramiento de afirmado existente, excavaciones para reparación del pavimento existente (...)” y otras actividades distintas a las reclamadas por la unión temporal, no es menos cierto que fue ese el indicador fijado desde un comienzo para todos los reajustes del contrato, por lo que no es admisible su cuestionamiento técnico, en sede de juicio. En todo caso, la demandante tampoco probó, en los términos del artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993, que hubieran fracasado los supuestos e hipótesis empleados para la aplicación de la fórmula de reajuste de los precios unitarios, al punto de generar una alteración del equilibrio por no compensar el aumento de los costos directos y causar una situación de pérdida global. En segundo lugar, no se evidencia que el IDU hubiera “aceptado la existencia del desequilibrio”, como lo adujo la demandante al referir en su libelo el memorando de fecha 23 de abril de 2002, pues lo expresado por la entidad en dicho documento - emitido por la Dirección Técnica Legal- fue que, si bien era palmario el incremento de los precios del concreto y el asfalto, por encima de los aumentos reconocidos en el contrato y sus actas, era igualmente cierto que el registro de alzas en el mercado no configuraba per se la ruptura del equilibrio financiero contractual (…) A continuación subrayó que, en esa medida, “únicamente se presentaría un desequilibrio frente a los asfaltos”. Sin embargo, leída esa expresión en contexto con el restante contenido del memorando, se aprecia que sólo se esbozó de manera hipotética, ya que seguidamente la Dirección Técnica Legal del IDU reiteró que no hubo tal desequilibrio en la realidad del contrato, por faltar el elemento de la imprevisibilidad y por tratarse de la mera variación de precios, frente a las específicas cantidades realmente ejecutadas por la contratista. Por consiguiente, no existen elementos para deducir del aludido memorando un pronunciamiento expreso del IDU, favorable al reconocimiento del desequilibrio contractual alegado por la unión temporal. En tercer lugar, aunque la parte actora aportó al proceso unas listas de precios de insumos, expedidas por la sociedad Cementos (…) en diferentes períodos entre 1999 y 2001, lo cierto es que dicho material probatorio no es suficiente para establecer que los incrementos de esos valores fueran anormales, ni que sobrepasaran los límites previstos o los razonablemente previsibles para las partes en el momento de contratar. Ello, por las siguientes razones: i) Debían demostrarse las cifras que efectivamente pagó la unión temporal para adquirir los insumos que aduce en la reclamación, pero no se aportaron a este proceso las facturas ni los comprobantes respectivos, de suerte que, al desconocerse cuál fue el gasto real en que incurrió la contratista por concepto de los insumos, mal puede concluirse la ruptura del equilibrio contractual, como tampoco es posible hacer estimación alguna del perjuicio alegado. ii) No obra la explicación técnica o científica, ni otro elemento idóneo para establecer la relación entre los precios unitarios de “marzo de 2001”, tasados por la actora para los ítems señalados en la tabla 7, y los insumos referenciados por Cementos (…) pues en las listas hechas por esa firma aparecen distintas categorías de cada insumo, y en el proceso no se identificó, para cada caso, cuál fue específicamente la tipología empleada en las obras objeto de la reclamación N° 9. Se agrega a ello que los precios unitarios del contrato debían incluir, además de los insumos, la mano de obra y otros gastos de la actividad, cuyos costos específicos no aparecen en la causa, lo que impide aún más medir el mayor valor en cada ítem y su incidencia en el equilibrio del contrato. iii) No se acreditaron los precios registrados en marzo de 2001, período de actualización de valores, solicitado por la demandante. iv) No es posible establecer con certeza si los precios de los insumos referidos por Cementos (…) podían cubrirse o no con los reajustes del contrato, por no poderse comparar unos elementos con otros, en el período solicitado por la actora (marzo de 2001) ni en determinados lapsos del contrato. Así, aunque la demandante señaló que el IAAC empleado en los reajustes (Grupo 2 -Invías) no cubrió las alzas desmedidas de los precios de los insumos, no aportó los registros de uno y otro ítem (IAAC vs. precios) en períodos coincidentes, sino distintos, lo cual imposibilita su comparación. (…) La actora no demostró los precios vigentes en octubre de 1999, mes que propone como punto de partida para señalar que el aumento de precios registrado desde ese momento y hasta la finalización del contrato, afectó el equilibrio económico. Sin embargo, celebró el negocio jurídico el 31 de diciembre de 1999, conociendo que entre abril y noviembre de ese año (lo que representa un lapso total de siete meses), los precios de los insumos tuvieron alzas que oscilaron entre el 13,01% y el 14,20%. De esa manera, la demandante asumió el riesgo de la fluctuación de los valores en ese rango de porcentajes, por lo que no se aprecia que las variaciones presentadas en el período noviembre 1999 – enero 2001, que equivale a 14 meses, y que alcanzaron entre el 16% y el 18,4%, hubieran superado el margen previsible bajo el lapso de 7 meses antes señalado. En otras palabras, si bien los precios referidos por Cementos (…) registraron incrementos entre 1999 y 2001, tales variaciones no rebasaron los límites del riesgo que en ese punto asumió la unión temporal al celebrar el contrato, pues habiéndose demostrado los porcentajes de aumento presentados durante los siete meses anteriores al contrato, no se probó que las alzas reportadas con posterioridad a la firma del acuerdo de voluntades, y en el doble de tiempo (14 meses), hubieran también doblado, y menos superado en mayor magnitud, los porcentajes iniciales. En esa medida, no es posible establecer que la ecuación financiera del contrato se hubiera alterado por razón de haber iniciado las obras en noviembre de 2000, y no antes, mientras se incrementaban los precios de los insumos requeridos para las actividades con concretos. Por último, reitera la Sala que, en punto del desequilibrio financiero que alega la demandante (y como lo señaló el IDU en la respuesta brindada a la unión temporal contratista), el aumento de los precios de los materiales en los reportes de los referentes del mercado no tiene por sí solo la virtualidad de alterar la ecuación económica del contrato, pues debe acreditarse, además, el carácter anormal o extraordinario de tal incremento, así como la concurrencia de los restantes elementos configurativos de la teoría de la imprevisión, lo que no aconteció en el sub judice, como ya se anotó. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la ruptura del equilibrio económico del contrato, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 31 de enero de 2019, exp. 37910, C.P. María Adriana Marín. Sobre el manejo del incumplimiento contractual, bajo la óptica de la responsabilidad contractual, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 14 de abril de 2005, exp. 28.616, C.P. Germán Rodríguez Villamizar. Sobre las diferencias entre el incumplimiento del contrato y el rompimiento del equilibrio económico del contrato, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 27 de marzo de 2014, exp. 29214, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; el 27 de enero de 2016, exp. 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y, el 13 de abril de 2016, exp. 46297, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4.8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTRATO DE OBRA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE / RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / COMPETENCIA DE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATANTE / FALTA DE PRUEBA / FACTURA / DOCUMENTO / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Resulta procedente efectuar el reconocimiento económico solicitado por la parte demandante, por el supuesto incumplimiento legal en el que incurrió el Instituto de Desarrollo Urbano, al tramitar la aprobación del Departamento Administrativo del Medio Ambiente después de haber suscrito el contrato de obra con la unión temporal? Respuesta al problema jurídico: No En cuanto al alegado incumplimiento de la entidad contratante en el caso sub judice, no existe certeza de la inobservancia específica que alega la demandante, de cara a la reclamación que en este acápite se analiza. (…) Frente a la obligación exigible al IDU se tiene que, no estando previsto en el pliego de condiciones ni el contrato, que la obtención de las aprobaciones del DAMA corriera a cargo de la contratista, debía entenderse que ese trámite sí estaba en cabeza de la Administración; y ciertamente, se evidencia que la entrega de las fichas técnicas al órgano ambiental se realizó con posterioridad a la celebración del contrato materia de controversia, todo lo cual permitiría concluir que hubo un trámite necesario para el inicio de las obras, bajo responsabilidad del IDU, y que esa entidad le dió inicio después de haberse suscrito el negocio jurídico, y no antes. Así, al respecto, se probó que mediante oficio STPL-4300-498 del 23 de febrero de 2000, el IDU entregó al DAMA las fichas técnicas de las localidades de Bosa y Kennedy, “correspondientes al contrato de la referencia” (…) y que en Resolución N° 0684 del 12 de abril 2000, el DAMA señaló que calificaba como “técnicamente viable desde el punto de vista ambiental, aprobar el manual de manejo para proyectos de mínimas implicaciones ambientales, para el proyecto mencionado” (…) No obstante, aunque lo anterior puede ser indicativo de que la circunstancia descrita pudo conllevar a que se postergara por varios meses (es decir, de enero a mayo de 2000) el inicio del contrato, lo cierto es que tampoco se advierte la existencia de norma alguna que impusiera tramitar la aprobación del DAMA antes de la licitación y no después de suscribirse el contrato de obra respectivo, pues no aparece establecido en la Ley 99 de 1993, en el Acuerdo Distrital 9 de 1990 -en el que fue creado el DAMA y se le asignaron funciones- ni en el Decreto 673 de 1995 -por el cual se le asignaron también funciones a ese organismo y se fijó su reestructuración-. A ello se suma que, aun debiendo esperarse razonablemente que las obras del contrato iniciaran en mayo de 2000, por haberse firmado tal acuerdo de voluntades en diciembre de 1999 y corresponder la primera etapa a las actividades de estudios y diseños, no es menos cierto que, al suscribirse el acta de inicio el 15 de mayo de ese año, se determinó que las obras debían comenzar en septiembre siguiente, lo que no aconteció debido a la ocurrencia de hechos imputables a la unión temporal, como anteriormente quedó señalado. De esa manera, aún estableciéndose una conducta contractual irregular por parte del IDU, todo lo acontecido evidenciaría un incumplimiento recíproco que, en esa medida, también impide hacer reconocimientos para la contratista. A la par con ello se advierte que, además de no probarse en este punto el incumplimiento que la actora le atribuyó al IDU, se tiene que, en todo caso, tampoco habría lugar al reconocimiento de los perjuicios, por no obrar en el proceso, tal como antes se advirtió, facturas ni documentos comprobantes del precio que real y materialmente pagó la contratista en la adquisición de los insumos necesarios para las comentadas actividades de asfalto. Por consiguiente, resulta claro que en el sub examine no se dan los elementos para el reconocimiento de perjuicios por el supuesto incumplimiento que alega la demandante. FUENTE FORMAL: ACUERDO 9 DE 1990, DECRETO 673 DE 1995, LEY 99 DE 1993 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / GASTOS / GASTOS DE ADMINISTRACIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATANTE / RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / INTERVENTOR / INFORME DEL INTERVENTOR / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer las sumas solicitadas por la parte demandante por concepto de: i) mayor valor de la administración de la obra durante el tiempo de ejecución del contrato, cuando no se probó los gastos en que incurrió el contratista durante dicha ejecución; y, ii) la utilidad que dejó de percibir a causa del incumplimiento del IDU, cuando no se acreditó que hubiese cumplido con todas las obligaciones contractuales que adquirió? Respuesta al problema jurídico: No La Sala comienza por subrayar que la demandante no aportó al proceso la prueba de los gastos en que incurrió durante la ejecución del contrato, pues se echan de menos los soportes de pago de la nómina, equipos, elementos de oficina y demás rubros administrativos afectos al cumplimiento del objeto pactado en el negocio jurídico. Siendo ello suficiente para negar, en específico, la reclamación N° 10, no está de más anotar que, en todo caso, la unión temporal no demostró que hubiera cumplido íntegramente las obligaciones que había asumido, y que podían cumplirse pese a las contingencias presentadas en el contrato; como tampoco probó que la no ejecución de las obras calificadas como viables hubiera obedecido a incumplimientos del IDU. Es verdad que, en desarrollo del contrato, se estableció que, de las 46 vías contratadas, sólo algunas resultaron posibles de ejecutar. Como quedó indicado al reseñarse el informe de interventoría, ello obedeció a que, una vez la EAAB impartió aprobación a las vías que podían pavimentarse, se determinó que esa actividad sólo podía desarrollarse totalmente en algunas de ellas, y parcialmente en otras, de ahí que debiera prescindirse de las respectivas obras. Sin embargo, se determinó que el valor de las obras de posible desarrollo fue de $1.116’711.770, de los cuales la unión temporal únicamente ejecutó $218’959.798. (…) Por tanto, es claro que si bien durante el desarrollo del contrato, y por causas concernientes a su planeación, fue necesario suprimir las obras de varias vías pactadas, lo cierto es que, por una parte, la unión temporal contratista no ejecutó la totalidad de las obras que sí resultaban viables, sin demostrar, además, que tal circunstancia hubiera tenido como causa alguna inobservancia del IDU; y por otro lado -reitera la Sala-, no acreditó la cuantía de los gastos de administración que cubrió para cumplir con las obras que sí resultaban viables. Esa misma circunstancia, relativa a la no ejecución por parte de la contratista, de la totalidad de las obras que finalmente se estimaron posibles de adelantar, impide hacer reconocimientos por concepto de “utilidad dejada de percibir”, que la actora hizo derivar de la supresión de varios frentes pactados en el contrato, pues dicha utilidad sólo procedía bajo el cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la hoy demandante, lo que no se demostró. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / LICITACIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / DISMINUCIÓN DEL PRECIO / PRECIO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / PLIEGO DE CONDICIONES / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO / OTROSÍ AL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA / CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se debe efectuar la devolución proporcional de las sumas que pagó la unión temporal por concepto de cargas tributarias del contrato y de las garantías del mismo, cuando incumplió con las actividades que corrían a su cargo y que eran posibles de ejecutar al margen de los errores en que incurrió el IDU? Respuesta al problema jurídico: No Como quedó demostrado con anterioridad, el valor total del contrato fue inicialmente pactado en $2.024’979.912, suma que debía cubrir los estudios, diseño y construcción de 46 vías del Distrito Capital. De tales vías, 20 debieron suprimirse de manera total y 4 de manera parcial, por cuanto la Administración encontró que no cumplían íntegramente con la viabilidad técnica y el presupuesto requeridos para el proyecto. Tal supresión de los indicados segmentos de trabajo -no acordada por las partes pero sí advertida por la interventoría y el IDU- derivó en que el valor del negocio jurídico ejecutable se redujera a $1.230’111.937, de los cuales, $113’400.167 correspondían a los estudios y diseños, y $1.116’711.770, a la fase constructiva. Esta circunstancia tuvo como causa el hecho de que la EAAB hubiera desaprobado la pavimentación de las vías suprimidas, sólo después de que el IDU gestionara la autocertificación requerida para adelantar el contrato. Con ello quedó en evidencia que, al iniciarse la licitación y celebrarse el negocio jurídico, la entidad contratante no tenía claridad sobre la viabilidad técnica de todas y cada una de las vías objeto del acuerdo de voluntades que luego suscribió con la unión temporal, y que apenas después de la firma del acuerdo de voluntades, y sobre la marcha del mismo, se determinó de manera definitiva cuáles eran las vías posibles de construcción. De esta manera, siendo esa disminución del valor del contrato un evento imputable al IDU y a su inobservancia al principio de planeación (el pliego de condiciones previó la posibilidad de eliminar algunas vías, pero ello estaba condicionado a que se conservaran las metas físicas del proyecto), puede estimarse razonable, en principio, que todo perjuicio ocasionado a la contratista por tal irregularidad debe ser reparado, incluyendo lo que pagó por concepto de tributos y demás cargas legales del contrato, en proporción al valor que luego debió disminuirse por culpa del IDU- Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, y de que la disminución de los frentes para ejecutar no fue pactada por las partes en un otrosí ni un instrumento modificatorio, la contratista, al persistir en la ejecución, aceptó ese cambio en el contrato, pese a que el porcentaje de disminución (superior al 20% del valor inicial), así la entidad lo hubiera fijado unilateralmente a través de un acto administrativo, le habría permitido a la unión temporal renunciar a la continuación de la ejecución (art. 16, Ley 80/93). El hecho de que el contratista hubiera persistido en la ejecución del contrato a pesar de las nuevas condiciones, lo obligaba a cumplir con la parte que sí se determinó ejecutar, en la forma y tiempo debidos. Por lo anterior, dado que la unión temporal incumplió, por su parte, con actividades que corrían a su cargo y que eran posibles de adelantar o ejecutar aun al margen de los equívocos del IDU, surge con ello un punto de quiebre que impide imputar a la entidad la “pérdida” de lo excesivamente pagado por la unión temporal por esos conceptos y cargas antes señalados; pues habiéndose demostrado que, de $1.116’711.770 de obra factible, la actora sólo ejecutó $218’959.798, tal panorama, sumado al incumplimiento de la unión temporal con los estudios y diseños, impide que se le puedan reconocer a la hoy demandante los mayores valores pagados por impuestos y legalización del contrato, como perjuicio derivado de la disminución del objeto contractual, derecho este que perdió por su propio desacato a los compromisos que había asumido al celebrar el negocio jurídico, y que, se reitera, continuaban siendo exigibles incluso tras la eliminación de las vías antes mencionadas. En las conclusiones y recomendaciones del informe final la interventoría recalcó que, “antes de sacar una licitación de esta naturaleza, el IDU debería verificar la viabilidad técnica y presupuestal de las vías objeto del contrato”, ya que en el negocio jurídico materia de juicio, “esa falta de verificación trajo muchos inconvenientes” y malestar en el contratista de obra por no poder ejecutar el presupuesto. Sin embargo, también subrayó que, por el lado de la unión temporal, tanto la firma encargada de los diseños como la constructora, mostraron desde el inicio una actitud reticente para ejecutar el contrato, no sólo por negarse reiteradamente a solucionar las dificultades que surgieron y rechazar en forma íntegra todas las alternativas propuestas, sino también por no aceptar ninguna modificación a los precios unitarios, dejar de asistir a las citaciones hechas por la Dirección Técnica Legal y disminuir considerablemente sus actividades en los últimos 15 días del mes de marzo de 2001, además de no proponerse “terminar las 9 vías que había iniciado”. (…) aún después de determinarse que sólo una parte de las vías contratadas era de posible ejecución, la actora debió proceder en consecuencia, pero al haber limitado las actividades a una mínima cantidad, incurrió en un incumplimiento que ahora impide reconocer los conceptos de estas reclamaciones objeto de análisis. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO / APLICACIÓN DEL TRIBUTO / CONTRATANTE / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR / ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / UNIÓN TEMPORAL / IMPROCEDENCIA DEL DESCUENTO TRIBUTARIO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se debe efectuar el descuento por concepto del tributo denominado 3 x 1000, cuando dicha carga no afectó la remuneración ni patrimonio del contratista y cuando la falta de inversión del total del anticipo obedeció al incumplimiento del contratista? Respuesta al problema jurídico: No No prospera la solicitud de la demandante, por cuanto recae sobre un tributo cuyo pago no se le impuso a la contratista, sino que lo asumió la propia entidad, al ordenar el reintegro del saldo del anticipo, existente en la cuenta bancaria, y que no hizo parte de los valores cobrados a la unión temporal por concepto de amortizaciones pendientes. En la Resolución N° 12433 de 2002, el IDU refirió, en efecto, que el saldo mencionado -se reitera, existente en el banco- era de $288’369.868, el cual debía ser reintegrado a la Tesorería Distrital, previo descuento de $865.100 por concepto del impuesto de 3 x 1000. Es decir, el descuento se hizo con cargo a unas sumas que nunca salieron del patrimonio del IDU, por cuanto se trató de un anticipo no ejecutado, amortizado ni amortizable, que por ello debía regresar a las cuentas de la Tesorería Distrital, sin haber incrementado ni disminuido el patrimonio de la contratista. En suma, el descuento efectuado para cubrir el impuesto del 3 x 1000 recayó en un dinero que nunca dejó de pertenecer a la entidad estatal, porque además, no estaba comprendido en la contabilización hecha por el IDU, del anticipo pendiente de amortización. Es claro, de esta manera, que el indicado tributo no le fue cobrado a la unión temporal, a quien sólo se le ordenó compensar el anticipo no amortizado, equivalente a $96’255.347, monto que a su vez cubrió varios conceptos, ninguno de ellos correspondiente al denominado impuesto por emergencia económica. Tales conceptos cobrados al contratista en el saldo del anticipo no amortizado, fueron únicamente los siguientes (…) i) cuentas pendientes de las actas 15, 19, 24 y 26; ii) saldo por “ajustes de las Actas de Reajustes Nos. 16, 20, 25 y 27”; iii) Valor neto de los estudios y diseños recibidos y aprobados por la interventoría, y, iv) Valor neto por concepto de APU de ítems no previstos. Y la suma resultante -$96’255.347- no fue incluida en el saldo registrado en el banco, por lo cual -reitera la Sala- no se aprecia que el descuento hubiera recaído sobre la remuneración de la unión temporal o sobre las compensaciones que se le aplicaron en el cálculo de la amortización pendiente. Por tanto, mal puede reclamar la hoy demandante el pago de $865.100 como descuento por concepto del tributo denominado 3 x 1000, cuando dicha carga no afectó su propia remuneración ni su patrimonio, sino el del IDU. Por lo demás, ha quedado evidenciado que la no ejecución de las obras del contrato IDU-UEL-7-8- 805-99 tuvo como una de sus causas el incumplimiento de la propia contratista, tanto en la fase de estudios y diseños como en la etapa constructiva, de suerte que tampoco le es imputable al IDU la circunstancia de no haberse podido invertir la totalidad del anticipo en las obras que se pactaron en dicho acuerdo de voluntades, y menos derivarse de ello indemnización alguna por concepto del impuesto del 3 x 1000. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROVEEDOR / CERTIFICADO AL PROVEEDOR / SALDOS A FAVOR / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL / CONTRATO DE OBRA / CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Los proveedores deben reintegrar al Instituto de Desarrollo Urbano los saldos correspondientes al anticipo que fue utilizado por la contratista para la adquisición de los elementos de construcción? Respuesta al problema jurídico: No En forma preliminar se precisa que, con la lectura de esta reclamación, no se aprecia que la solicitud de la actora deba o pueda entenderse como encaminada a que se incluya a título de “anticipo amortizado” la suma aducida como saldo “en proveedores”. En todo caso, aún considerando que ese es el propósito perseguido por la unión temporal, no resultaría procedente acceder a ello, por cuanto la amortización del anticipo opera cuando el mismo se ejecuta en la realización de la obra, lo que evidentemente no ocurrió con los saldos registrados por los proveedores de insumos que refirió la hoy demandante. Ahora bien, siguiendo lo manifestado en forma explícita por la actora, se evidencia que su reclamación alude a unos valores que, en sus propias palabras, deben ser reintegrados al IDU, lo que se opone a que tales montos se incorporen en la suma total que a título de “saldos a favor de la contratista”, se pidió en el numeral 3 de la pretensión tercera de la demanda. Se trata además de unos saldos que, proviniendo de la cuenta conjunta del anticipo, pueden reintegrarse al IDU sin haber afectado el patrimonio de la contratista, por lo que mal puede ésta aducir esas sumas como parte de la indemnización que, en su criterio, se le debió reconocer en el juicio. Finalmente, dado que se trata de sumas que se encuentran en poder de las proveedoras de los materiales, que no hicieron parte en el presente proceso, no es posible impartir orden alguna para que tales empresas reintegren dichos remanentes a la Administración. Por todo lo anterior, no prospera la reclamación N° 15, formulada por la actora. En virtud de lo hasta aquí señalado, es claro que se debe denegar la totalidad de las reclamaciones económicas examinadas en la presente instancia, por las razones que en cada una de ellas esbozó la Sala. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / LUCRO CESANTE / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / ACTUALIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTUALIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACTUALIZACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE Problema jurídico: ¿Resulta procedente actualizar la condena que impuso el Tribunal al Instituto de Desarrollo Urbano, por concepto de lucro cesante, en tanto que dicho aspecto no fue cuestionado en el recurso de alzada? Respuesta al problema jurídico: Si En el numeral séptimo de la sentencia impugnada, el Tribunal de primera instancia condenó al IDU a pagar a la unión temporal la suma de $1.924’708.400, a título de lucro cesante derivado de la inhabilidad en que se hizo incurrir a los integrantes del conglomerado, con ocasión de la declaratoria de caducidad del contrato IDU-UEL7-805-99, materia de controversia. Dado que dicha condena no fue objetada en sede de apelación, se procederá a actualizar su valor desde la fecha del fallo impugnado (23 de julio de 2015) a la fecha de esta sentencia, de acuerdo con el IPC reportado por el DANE (…)

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200400426011100103