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¿Es jurídicamente viable que una entidad estatal adelante un proceso de licitación pública sin contar previamente con certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) ni presupuesto oficial asignado?
La entidad estatal debe contar con el certificado de disponibilidad presupuestal antes de iniciar el proceso de selección, pues el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que las entidades abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. La postura sostiene que, en la licitación pública, la selección abreviada y el concurso de méritos, el certificado debe existir antes de la expedición del acto administrativo de apertura formal del proceso, y que en la contratación directa debe expedirse antes de iniciar la negociación con el futuro contratista. La razón es que el legislador fijó expresamente el momento en que nace ese deber, en desarrollo del principio de economía. Por ello, la entidad no puede abrir una licitación pública sin contar previamente con el certificado, aun cuando el respaldo presupuestal se prometa para órdenes futuras. Como consecuencia práctica, el certificado debe expedirse antes de la apertura formal del proceso de licitación y no después.síntesis automática
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¿Puede una entidad estatal, cuando el proveedor seleccionado rechaza la firma del contrato, volver a publicar el contrato dentro del mismo proceso para adjudicarlo a otro proveedor, empleando el mismo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y los demás documentos precontractuales expedidos para el proceso inicial?
Es importante considerar que el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 –Estatuto Orgánico del Presupuesto– establece como obligatoria la existencia previa de apropiación presupuestal contenida en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para abrir procedimientos de selección e iniciar procesos de suscripción de contratos, en armonía con lo previsto en el numeral 6° del artículo 25 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
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¿Cuándo debe expedirse el certificado de disponibilidad presupuestal?
Es importante considerar el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 –Estatuto Orgánico del Presupuesto– trata del deber de contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) como garantía de que existen los recursos necesarios para abrir procedimientos de selección e iniciar procesos de suscripción de contratos, en armonía con el numeral 6° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. De igual manera, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el Registro Presupuestal es necesario para iniciar la ejecución del contrato, una vez se tenga definido el valor y el plazo.
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¿Es posible celebrar un contrato estatal sin la expedición previa del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)?
El certificado de disponibilidad presupuestal debe expedirse antes de iniciar el proceso de selección del contratista: en la licitación pública, la selección abreviada y el concurso de méritos, antes del acto de apertura formal, y en la contratación directa, antes de iniciar la negociación con el futuro contratista. Así lo establece el numeral sexto del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que condiciona la apertura de procesos a la existencia de partidas o disponibilidades presupuestales. Por otra parte, el Estatuto no regula expresamente las cláusulas de comisión de éxito, pero su inclusión es, en principio, posible conforme al inciso segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, siempre que la entidad la justifique en la planeación como necesaria y conveniente para los fines estatales. En los contratos de prestación de servicios, sin embargo, la cláusula encuentra límites: no puede pagarse con recursos que tengan una destinación específica, prohibición que se extiende a los casos en que parte de los recursos sea de libre destinación. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia estos límites para la negociación de comisiones de éxito.síntesis automática
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CONTRATO ESTATAL,CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,PROCESO DE CONTRATACIÓN – Financiación,Recursos de organismos multilaterales,Incorporación al presupuesto,Apropiación presupuestal,Regulación,Régimen Constitucional,Estatuto de contratación pública,Presupuesto público,Deber,Principio de legalidad,Legal – Mes: septiembre – Año: 2018…
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO,CONCEJO MUNICIPAL,REGISTRO PRESUPUESTAL,VIGENCIAS FUTURAS,CONTRATO ESTATAL – Registro presupuestal,Artículo 44 de la Ley 80 de 1993 – Mes: mayo – Año: 2015…
Régimen contractual,Principios,Mutuo acuerdo,Vicio del consentimiento,Salvedades,Bilateral,Sin salvedades,Normativa,Noción,Compraventa,Diferencias,Elementos,Perfeccionamiento,Formalidades,Consensual,Requisito ejecución, – Mes: febrero – Año: 2016…
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CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,LICITACIÓN PÚBLICA,PLIEGO DE CONDICIONES,GOBERNADORES DEPARTAMENTALES,CAPACIDAD PARA CONTRATAR,PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA,CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – Acto administrativo de adjudicación del contrato,Nulidad y restablecimiento del derecho,Proceso de selección del contratista,Finalidad de la licitación pública,Pliego de condiciones,Obligatoriedad del pliego de condiciones,Garantía de pa – Mes: junio – Año: 2016…
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¿Se vulnera el principio de anualidad fiscal cuando la ejecución de un contrato estatal se traslada a una vigencia posterior sin autorización de una figura presupuestal equivalente?
El contratista debe garantizar que la ejecución de un contrato estatal se realice dentro de la vigencia fiscal correspondiente, ya que el principio de anualidad fiscal prohíbe asumir compromisos con cargo a apropiaciones del año fiscal que se cierra después del 31 de diciembre, salvo excepciones como las vigencias futuras, las cuentas por pagar y las reservas presupuestales. Este principio refuerza la interdependencia entre el régimen presupuestal y el contractual, estableciendo que las entidades estatales deben contar con disponibilidad presupuestal antes de iniciar el proceso de contratación, lo que implica que la ejecución del contrato debe ajustarse a las apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal respectiva. La regla reitera la importancia de cumplir con el principio de anualidad y las disposiciones presupuestales, lo que implica que las entidades estatales deben aplicar los mecanismos presupuestales adecuados para garantizar la continuidad de la ejecución del contrato en vigencias posteriores si es necesario, evitando así la vulneración del principio de anualidad fiscal.síntesis automática
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¿Cuándo puede configurarse un hecho cumplido en la contratación estatal y qué responsabilidades genera para el funcionario responsable?
El hecho cumplido se configura cuando la entidad adquiere obligaciones o afecta el presupuesto sin el lleno de los requisitos legales, en particular sin el certificado de disponibilidad presupuestal que la ley exige antes de iniciar el proceso de selección. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no regula expresamente la figura, cuyo reconocimiento se encuentra en el régimen presupuestal, que proscribe esas actuaciones y tiene incidencia directa en la contratación. Según el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en desarrollo del principio de economía, el certificado debe contarse antes de dar inicio al procedimiento de selección. El concepto precisa que, en procesos competitivos, el certificado debe expedirse antes de que inicie formalmente la etapa de selección, es decir, previo al acto administrativo de apertura. No es obligatorio contarlo en las etapas preparatorias, como la publicación del aviso de convocatoria, de los estudios previos o del proyecto de pliego de condiciones, aunque la entidad puede expedirlo antes del acto de apertura sin salirse del marco legal. La consecuencia práctica es que el certificado debe estar expedido antes del acto de apertura del proceso competitivo, pues su falta compromete la figura del hecho cumplido.síntesis automática
También resuelve:Régimen presupuestal y régimen contractual: conexidadCertificado de disponibilidad presupuestal: deber de elaboración, obligación de las entidades públicas, etapa precontractualHechos cumplidos: fundamento normativo, noción, enriquecimiento sin justa causa, etapa contractual
¿Cuándo puede configurarse un hecho cumplido en la contratación estatal y qué responsabilidades genera para el funcionario responsable?
El contratista y la entidad estatal deben observar la interdependencia entre el régimen de contratación estatal y el régimen presupuestal, ya que toda actuación contractual debe estar respaldada por una disponibilidad de recursos apropiada en el presupuesto. El certificado de disponibilidad presupuestal debe expedirse antes de iniciar formalmente la etapa de selección del contratista, pero no es necesario en las etapas preparatorias del proceso de contratación. Un hecho cumplido se configura cuando se ejecutan obras, bienes o servicios sin cumplir los requisitos presupuestales y contractuales, lo que puede generar responsabilidades para el funcionario responsable, especialmente en casos de enriquecimiento sin justa causa. La configuración de hechos cumplidos en sociedades de economía mixta depende del régimen contractual aplicable, y no se puede trasladar automáticamente la noción y consecuencias de los hechos cumplidos del EGCAP a sociedades con regímenes contractuales exceptuados. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para la configuración de hechos cumplidos y sus implicaciones en la contratación estatal y en las sociedades de economía mixta.síntesis automática
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“¿La Nación-Ministerio de Transporte incumplió la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. 02.0019-03 de febrero de 2003, al no cancelar a favor del demandante la prima de éxito o, no se causó por no haberse cumplido la condición de disminución de las pretensiones de la demanda promovida contra Ferrovías, ni la condición de ingreso de dinero al patrimonio de la accionada?” Sí
El contratista puede exigir el pago de la comisión de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su generación, independientemente de la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal. En este caso, la Sala determinó que la entidad estatal incumplió al no cancelar la prima de éxito al contratista, a pesar de que se configuró la condición de éxito en uno de los procesos judiciales objeto del contrato. La falta de disponibilidad presupuestal no anula el contrato ni impide el pago de la comisión de éxito causada por el resultado obtenido en el proceso contractual, pues este requisito es de responsabilidad exclusiva de la entidad contratante y su omisión no afecta la existencia o validez del negocio jurídico, sino la regularidad de su ejecución. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la importancia de la disponibilidad presupuestal en la ejecución del contrato, pero no en su validez, permitiendo al contratista reclamar el pago de la comisión de éxito cuando se cumplan las condiciones pactadas.síntesis automática
¿Es posible la revocatoria directa del acto de adjudicación de cara a los vicios en la gestión de los certificados de disponibilidad presupuestal?
El acto de adjudicación es un acto administrativo definitivo y de alcance particular que, por regla general, es irrevocable y obligatorio para la entidad y para el adjudicatario, pues de él surge el derecho del adjudicatario a contratar y el deber de la entidad de celebrar el contrato en los términos del pliego. Esa irrevocabilidad tiene dos excepciones, previstas en el inciso tercero del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, que modificó la regla absoluta del numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La revocación directa es un mecanismo unilateral de extinción del acto en sede administrativa, que permite a la administración revisar sus propias decisiones, y se distingue de la anulación, que decide la jurisdicción. Para revocar el acto de adjudicación por alguna de las dos causales legales, el concepto concluye que no es necesario obtener el consentimiento previo, expreso y escrito del adjudicatario, a diferencia de lo que exige la regla general de revocación directa.síntesis automática
También resuelve:Acto de adjudicación: naturaleza jurídica, características, carácter vinculante, revocatoria directaRevocación directa: noción, naturaleza jurídica, acto de adjudicación, consentimiento previoNulidad del contrato: causales
¿En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista? Sí
El contratista debe ser una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista en los contratos de obra resultantes de un proceso de licitación, conforme a la Ley 80 de 1993, artículo 32.1, que establece la necesidad de garantizar la imparcialidad y objetividad del seguimiento técnico. La interventoría, que puede incluir aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos, es un medio para que la entidad estatal cumpla su deber legal de control y vigilancia sobre la ejecución contractual, según la Ley 80 de 1993, artículo 14.1. La regla reitera la importancia de la individualidad jurídica de cada contrato, aunque exista un nexo funcional entre el contrato de obra y el de interventoría, y subraya que la labor del interventor no garantiza el cumplimiento del contrato de obra, sino que se limita a realizar la vigilancia técnica y mantener informada a la entidad contratante sobre posibles riesgos. Esto implica que la remuneración del interventor no debe depender únicamente del avance del contrato de obra, sino que debe cubrir costos directos e indirectos y una utilidad razonable, según la Ley 1474 de 2011, artículo 84, y el Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve:¿El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de obra conlleva el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría?¿La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio?¿El punto de partida para determinar la intención de las partes, es la declaración vertida en el documento contractual?
¿El Municipio de Honda manifestó su consentimiento para celebrar contrato de obra con el consorcio demandante? Sí
Un municipio que suscribe un contrato de obra con un consorcio en nombre propio, en virtud de un convenio con una entidad nacional que solo se compromete a girar los recursos, no actúa como delegatario de esa entidad, y los derechos y obligaciones del contrato recaen en el municipio y en el consorcio. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el convenio no delegó en el municipio la función de celebrar contratos en nombre de la entidad nacional, pues la obligación de girar recursos no comporta delegación alguna. La segunda es que el texto del contrato muestra que el alcalde lo celebró en representación del municipio. La tercera es que las disponibilidades y registros presupuestales que exige la ley son obligaciones de la entidad estatal antes de ejecutar el contrato y no parámetros de validez del negocio, y que en el caso concreto el municipio no incumplió esos deberes respecto del objeto original del contrato. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio demandado incumplió constituir las disponibilidades y reservas presupuestales para atender el pago de las obras adicionales?¿Se acreditó el incumplimiento del municipio en el pago de las actas parciales de obra ?¿Las causas que determinaron la necesidad de suscribir el acta de suspensión no. 2 del 18 de mayo de 2012 son atribuibles al Municipio?
¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento en que la parte demandante presenta la demanda durante la vigencia del contrato? No
Cuando el contrato está sometido a liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde su terminación, de modo que la demanda presentada mientras el contrato sigue vigente no está caducada. La regla parte del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que fija un plazo de dos años desde el día siguiente al acontecimiento que fundamenta las pretensiones, pero lo cuenta de forma distinta en los casos sometidos a liquidación. Se apoya además en el artículo 60 original de la Ley 80 de 1993, que ordenaba liquidar los contratos cuya ejecución se prolongara en el tiempo, y en que la liquidación debe emprenderse desde que el contrato termina por cualquier motivo. En el asunto, el contrato era de ejecución diferida y estaba obligado a liquidarse, pero su vigencia no había expirado cuando se presentó la demanda. La Sala revocó la decisión de primera instancia, que había descartado la demanda por caducidad sin estudiar el fondo. En la práctica, la demanda no puede rechazarse por caducidad mientras el contrato siga vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por violar los principios de planeación y transparencia ?¿Las irregularidades referentes al registro o el certificado de disponibilidad presupuestal generan la nulidad del contrato?¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por comprometer vigencias futuras sin autorización?
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación, sin que estos hayan sido objeto de debate en la demanda o la contestación? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación si estos no han sido objeto de debate en la demanda o la contestación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que exigen que el fallo se ajuste a los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación, evitando sorprender a las partes con decisiones sobre aspectos no debatidos. El contrato de prestación de servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa no está sometido al régimen de contratación pública, sino a las normas del Código Civil y del Comercio, y a disposiciones especiales en materia de prestación del servicio educativo, conforme a la Ley 1294 de 2009 y su reglamentación. En contratos estatales regidos por normas de derecho privado, los actos contractuales emitidos por la entidad pública no se consideran ejercicios de potestades administrativas, manteniendo la igualdad entre contratantes, aunque pueden convenir una etapa de liquidación del contrato para definir reajustes, revisiones o reconocimientos, siempre dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres.síntesis automática
También resuelve:¿Está sometido al régimen de contratación pública un contrato de prestación del servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa?¿Pueden considerarse actos administrativos las manifestaciones contractuales realizadas por una entidad pública en contratos estatales regidos por normas de derecho privado?¿Constituyen actos administrativos las resoluciones expedidas por una entidad pública para liquidar unilateralmente un contrato estatal regido por normas de derecho privado?