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¿Se acreditó que la entidad demandada modificó unilateral y arbitrariamente el objeto del negocio jurídico e impuso un plazo de imposible cumplimiento al contratista como producto de la vulneración del deber de planeación? No
La sociedad demandante solicita declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato.… La Sala observa que no le asiste razón al demandante respecto de los cargos de apelación aducidos, por las razones que se exponen a continuación.
También resuelve:¿El negocio jurídico que suscita la controversia corresponde a un contrato de obra pública por cuanto la entidad demanda es una entidad estatal y su objeto consistió en la realización de trabajos…¿El recurso de apelación es un instrumento para que las partes adicionen o modifiquen sus demandas?¿Procede la condena en costas a la parte demandante, vencida en el proceso, por cuanto se confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda?
¿Se configuró la causal de nulidad absoluta del contrato por prohibición legal? No
Los contratos que trasladan a particulares la administración, fiscalización o cobro de impuestos territoriales están viciados de nulidad, pues esas facultades no pueden trasladarse válidamente, pero no todo contrato con un particular que se relacione con tributos configura esa causal. La regla se apoya en la jurisprudencia según la cual la asignación de funciones administrativas a particulares no puede vaciar la competencia propia de las entidades del Estado, y en que la prohibición legal posterior no se aplica de forma automática a negocios anteriores. Por ello, la nulidad exige que el objeto del contrato implique efectivamente la delegación de esas facultades. En el asunto, la Sala revocó parcialmente la sentencia al concluir que no se configuraba una causal de nulidad absoluta del contrato, porque el objeto no trasladaba la gestión tributaria. En la práctica, la nulidad por delegación tributaria depende del contenido real del objeto contractual y no de su mera relación con los tributos.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditaron los elementos para liquidar el contrato y reconocer saldos en favor del contratista?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-26Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 44001233100020000054002ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-05-17Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020220012900CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Es procedente modificar los contratos de aporte suscritos por el Futic, como resultado de la licitación FTIC-LP-038-2020, en lo que atañe a las cláusulas de desembolsos, legalización y reinversión de descuentos? Sí
A la luz de los principios y las normas que regulan la contratación estatal, y de acuerdo con la información suministrada a la Sala, es posible modificar bilateralmente los contratos de aporte números 1042 de 2020 y 749 de 2020, en lo que atañe a los plazos para la legalización de los recursos ejecutados, para definir la destinación de los fondos desembolsados cuya «utilización» no se autorice al contratista, y para la reinversión de las sumas descontadas, tal como se explica en este concepto. En todo caso, le compete al ministerio verificar y determinar la procedencia de estas modificaciones, conforme a los requisitos de modificación de los contratos, en los términos expuestos en este concepto.
También resuelve:¿Es procedente modificar los contratos de fiducia suscritos para el adecuado control, administración y ejecución de los recursos de los contratos de aporte del sector de las Tecnologías de la…
¿La determinación del a quo de incluir en la liquidación judicial un saldo a favor del municipio de Palmira, constituye una inobservancia al principio de congruencia, en la medida en que está definiendo aspectos relacionados con el incumplimiento de la aludida obligación contractual? No
La liquidación judicial de un contrato puede incluir un saldo a favor de una de las partes sin que ello vulnere el principio de congruencia, cuando la determinación se limita a establecer las cuentas del negocio con base en el soporte financiero acreditado y no decide sobre el incumplimiento. Una razón es que el saldo fijado a favor de la entidad correspondía a un concepto de defensa judicial que no fue ejecutado, ni ordenado ni reconocido al contratista, de modo que el juez solo reportó el balance final. Otra razón es que el reparo de la apelación se limitó a un cálculo matemático, sin acreditar que las prestaciones se ejecutaron y debían pagarse, por lo que no pudo establecerse el efectivo cumplimiento que lo sustentara. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que fijó el saldo y no encontró prosperidad en el primer cargo de la apelación. Su consecuencia práctica es que el recurrente que objeta un saldo de liquidación judicial debe acreditar con pruebas la ejecución de las prestaciones que reclama.síntesis automática
También resuelve:¿El a quo tuvo en consideración todos los documentos que mostraban la ejecución a cabalidad de la obligación contenida en el otrosí 2 relacionada con la presentación de demandas de lesividad?¿La confesión realizada por el accionado en la contestación de la demanda, relacionada con el recibo efectivo reconocido por concepto de proyección de actos administrativos de compartibilidad…¿Se acreditó el cumplimiento de la obligación emanada del otrosí 2 al contrato de prestación de servicios, asociada a la proyección de actos administrativos de compartibilidad o no de la pensión?
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que aprobó la liquidación unilateral del convenio? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales de dos años se cuenta desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral del contrato, conforme al cuarto supuesto del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y ese término se suspende mientras se tramita la conciliación extrajudicial. La regla se sostiene en tres razones: la norma señala como punto de partida la liquidación unilateral cuando las partes no logran la liquidación de mutuo acuerdo; la liquidación unilateral del convenio se produjo en un momento que, sumado a la suspensión por la conciliación extrajudicial, permite presentar la demanda dentro del término legal; y el cómputo debe efectuarse desde la fecha de ejecutoria del acto que aprueba la liquidación, y no desde la fecha de la terminación del convenio. Por ello, la demanda presentada dentro de ese plazo es oportuna. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio de San Vicente del Caguán y Gasdicom corresponde a un contrato estatal, y no a uno de los convenios de asociación que celebran las entidades…¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del convenio No. 23 de 2011 por haberse celebrado contra expresa prohibición legal de eludir los procedimientos de selección objetiva consagrada en el…¿Hay lugar a ordenar restituciones mutuas cuando no está acreditada la existencia de prestaciones ejecutadas pendientes de pago hasta el momento de la declaratoria?
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
¿Cuál es la pauta del inicio del conteo del término de caducidad en asuntos de controversias contractuales cuando existen decisiones encadenadas de la Administración que subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato? Sí
El cómputo del término de caducidad para la acción de controversias contractuales comienza a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, salvo que la controversia esté directamente relacionada con la liquidación del contrato, en cuyo caso el plazo se inicia una vez concluida la liquidación o vencido el plazo para su realización. La Sala establece que cuando las decisiones administrativas subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato, el cómputo de la caducidad debe realizarse desde la ocurrencia de los hechos que dan origen a la controversia, lo que armoniza con la norma especial del artículo 136, numeral 10, literal d) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla matiza la jurisprudencia anterior y permite una aplicación más flexible del cómputo del plazo de caducidad en función de la naturaleza de los hechos que generan la controversia, evitando una aplicación rígida que podría dejar sin efecto controversias legítimas.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar las pretensiones de la demanda relacionadas con el incumplimiento de unas metas adicionales en venta, el conteo de la caducidad debió realizarse a partir de la liquidación del contrato?¿Cuáles son las hipótesis sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las particularidades del caso y el contrato?
¿Procede la cláusula penal de forma proporcional al cumplimiento del contrato? Sí
El contratista incumple el contrato cuando no ejecuta la obra en su totalidad, por lo que la cláusula penal es aplicable de forma proporcional al grado de cumplimiento, tal como lo determinó el tribunal en primera instancia. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en fuerza mayor que justifique la exención del contratista de su responsabilidad contractual. Además, el dictamen pericial presentado por la aseguradora no cumple con los requisitos legales para ser valorado, ya que no se acompañaron los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del perito ni los que le sirven de fundamento. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir con los requisitos legales para la valoración de los dictámenes periciales y subraya la importancia de la proporcionalidad en la aplicación de la cláusula penal en casos de incumplimiento parcial.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo?¿En los contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales comenzará a contar a partir de los dos meses siguientes al vencimiento del…¿El dictamen aportado por la Aseguradora cumple con los requisitos establecidos el artículo 226 del CGP?
¿La ausencia de salvedades en las convenciones que las partes suscribieron para suspender o prorrogar el plazo del contrato, releva al juez del estudio de fondo de la reclamación? No
La ausencia de salvedades en los acuerdos que suspenden o prorrogan el plazo del contrato no releva al juez del estudio de fondo de la reclamación, y el juez debe analizar el motivo del acuerdo y su contenido frente a las pretensiones. La regla se apoya en tres razones. Primera, el juez debe determinar si procede la indemnización o compensación, examinando si el acuerdo respondió al incumplimiento de obligaciones o a la materialización de riesgos asumidos por una parte. Segunda, debe contrastar el contenido de los arreglos con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con su objeto. Tercera, en el caso la ampliación del plazo no resultó imprevisible para el consorcio, porque la demora en la aprobación de los planes de manejo de tránsito se originó en la omisión de un requisito formal que él debía cumplir, como lo mostraba la negativa de otras prórrogas por la misma causa. En consecuencia, la ampliación del término tuvo origen en causas imputables al consorcio. El documento reitera el criterio de la sentencia citada en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La ampliación del término contractual tuvo origen en causas imputables al consorcio, comoquiera que la aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico hacía parte de sus obligaciones y el material…¿Las partes acordaron extender el plazo contractual, sin alterar las demás cláusulas del negocio primigenio, por ende no hay lugar al reconocimiento económicos?¿La suspensión del contrato por 24 días para para adicionar recursos al negocio jurídico no transgredió el principio de planeación?
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
¿La celebración de un contrato bajo la modalidad de “llave en mano” implica que el contratista asume la obligación de entregar un producto terminado, incluyendo todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias, sin que sea necesario especificarlas individualmente? Sí
El contratista asume la obligación de entregar un producto terminado, incluyendo todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias, sin necesidad de especificarlas individualmente en un contrato de llave en mano a precio global, ya que esta modalidad implica su responsabilidad integral en la ejecución del proyecto desde su diseño hasta su entrega, asumiendo riesgos y beneficios inherentes a la ejecución eficiente del contrato. La regla reitera que el contratista no debe recibir un valor adicional por áreas no limitadas explícitamente si los documentos contractuales y los pliegos definen con claridad su alcance, lo que implica que la interpretación del contrato debe ajustarse a los términos pactados y al lenguaje técnico propio de la disciplina, garantizando la integridad del acuerdo y la responsabilidad del contratista en la ejecución del proyecto.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos celebrados bajo la modalidad de precio global y llave en mano, el contratista asume el riesgo de mayores o menores cantidades necesarias para la ejecución de la obra…¿En un contrato celebrado bajo la modalidad de llave en mano y precio global, es válido interpretar que el contratista asume integralmente el diseño y la construcción del proyecto…¿En un contrato celebrado bajo la modalidad de llave en mano y precio global, el contratista está obligado a entregar el objeto en condiciones de funcionalidad conforme a su finalidad…
¿La entidad contratista incumplió el contrato de interventoría, al no garantizar la entrega de la obra pública contratada, la calidad de los materiales empleados y del proceso constructivo, teniendo en cuenta que el contrato de obra y el de interventoría tienen objetos distintos y, que no obra prueba del uso de materiales y métodos constructivos incorrectos? No
El contratista no incumple el contrato de interventoría al no garantizar la entrega de la obra pública y la calidad de los materiales empleados y del proceso constructivo, ya que el contrato de obra y el de interventoría tienen objetos distintos y no se presentan pruebas de uso incorrecto de materiales y métodos constructivos. La Sala rechaza la solicitud de nulidad procesal por pretermitir el trámite integral del llamamiento en garantía, argumentando que la causal es distinta a las establecidas en el Código General del Proceso y que la solicitud no fue propuesta oportunamente. Además, se condena al Fondo Adaptación en costas de segunda instancia y se fija un salario mínimo mensual legal vigente por concepto de agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿Debe rechazarse de plano la solicitud de nulidad procesal relativa a haberse pretermitido el trámite¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP…
¿El porcentaje de cumplimiento del contrato de obra coincide con el porcentaje de costos variables reconocidos al consorcio interventor? Sí
El contratista no puede reclamar el reconocimiento de costos variables adicionales al porcentaje de cumplimiento del contrato de obra, ya que estos costos dependen directamente del avance de la obra verificado por la interventoría. La Sala establece que el consorcio interventor reconoció un 25,51% de avance en el contrato de obra, por lo que ese mismo porcentaje es el que corresponde a los costos variables, coincidiendo con el informe final y la acta de liquidación del contrato. La regla reitera que el pago de costos variables en contratos de interventoría está vinculado al avance efectivo de la obra, y no puede ser reclamado por el contratista si no se demuestra un incumplimiento por parte de la entidad estatal en la verificación del avance de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento de los costos variables dependía de la verificación del avance de obra de un tercero, circunstancia conocida por el consorcio interventor desde el inicio del proceso de selección…¿La parte actora no logró acreditar que el Distrito Capital de Bogotá con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría hubiera incurrido en una errónea lectura del porcentaje ejecutado por…¿Dado que la propia interventoría determinó en el informe final del contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-03-13Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020200030501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación contra autos proferidos por los Tribunales Administrativos susceptibles de este medio de impugnación? Sí
La competencia para resolver en segunda instancia la apelación contra los autos de los tribunales administrativos que sean susceptibles de ese recurso corresponde al Consejo de Estado, y el auto que niega la intervención de un tercero es apelable. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 150 del CPACA atribuye a esta corporación la apelación de los autos dictados en primera instancia por los tribunales administrativos. Segunda, el literal g del numeral 2 del artículo 125 del CPACA dispone que la Sala dicta las providencias que resuelven la apelación contra el auto que niegue la intervención de terceros. Tercera, el numeral 6 del artículo 243 del CPACA hace apelable ese auto, y el recurso se interpone dentro del término del numeral 3 del artículo 244, que en el caso se cumplió. La providencia revoca la decisión impugnada en la medida en que resolvió sobre la intervención en el proceso. La consecuencia práctica es que el auto que niega el llamamiento en garantía, al tratarse de intervención de terceros, puede ser recurrido en apelación ante el Consejo de Estado dentro del término legal.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente le recurso de apelación contra el auto que niega la intervención de un tercero ?¿La citación del tercero como garante procede sin que medie la subrogación legal, es decir, que la efectividad del llamamiento queda condicionada a lo que se resuelva en el fallo?¿Procede el llamamiento en garantía solicitado por la parte demandada respecto a la aseguradora con la que celebró el contrato de seguro para el cumplimiento de la obligación contractual en el…
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-14Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240160601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra autos proferidos por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra autos dictados por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el numeral 1 del artículo 243 del mismo código, modificado por la Ley 2080 de 2021. Este recurso debe interponerse y sustentarse oportunamente dentro de los tres días siguientes a la notificación por estado, tal como establece el numeral 3 del artículo 244 del CPACA. Respecto a la vigencia del contrato estatal de tracto sucesivo, este permanece vigente una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado la liquidación, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, lo que implica que el vínculo contractual se mantiene vigente para efectuar el corte de cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?¿El régimen jurídico aplicable a la presentación oportuna del medio de control de controversias contractuales es el vigente al momento de la interposición de la demanda?¿Permanece vigente un contrato estatal de tracto sucesivo una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado su liquidación?
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en procesos de controversias contractuales? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 para que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tenga competencia en controversias contractuales, incluyendo la cuantía del monto en disputa y la naturaleza de la entidad estatal. Además, el cómputo del término de caducidad para el medio de control de controversias contractuales se determina según el plazo de ejecución del contrato y la liquidación, con la posibilidad de interrupción por solicitudes de conciliación extrajudicial. La diferencia entre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual radica en que el primero se refiere a la alteración de las condiciones económicas pactadas debido a factores externos o acciones legítimas de la administración, mientras que el segundo implica la inobservancia de las obligaciones contractuales, lo cual puede dar lugar a responsabilidades distintas. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para estos casos y establece claramente los plazos y requisitos legales para el ejercicio de los medios de control contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda un supuesto de incumplimiento y/o desequilibrio económico…¿Cuál es la diferencia entre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual y cuáles son los presupuestos de cada uno?¿Cuáles son los presupuestos para determinar la naturaleza y la tipología del contrato y cómo se determina el objeto contractual?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando se trate de negocios de ejecución instantánea como el contrato de compraventa, será de 2 años que se contarán a partir del día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato, por lo que, dado que en el presente caso la demanda se presentó dentro del término señalado en la norma, se debe concluir que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato, especialmente en casos de ejecución instantánea como el contrato de compraventa, donde la entrega de bienes o servicios se realiza en un solo acto. Este término se suspende durante el proceso de conciliación extrajudicial y se reanuda una vez que este concluye sin éxito, permitiendo que la demanda se presente dentro del plazo restante. La Sala reitera que la oportunidad de la demanda debe calcularse teniendo en cuenta la fecha en que se cumplió el objeto del contrato y no la denominación del contrato, lo que implica que los contratistas deben prestar atención a los elementos esenciales del contrato para determinar la oportunidad de sus acciones legales.síntesis automática
También resuelve:¿La denominación que se le imprima a un determinado contrato, no es determinante de la tipología a la que obedece, pues para tal fin deben consultarse los elementos de su esencia?¿Los elementos de consentimiento, capacidad, objeto y causa son de la esencia de todo negocio jurídico, sin perjuicio de las solemnidades exigidas por la ley para ciertos contratos…¿La inexistencia se diferencia de la invalidez, en que en el primer caso el acto jurídico no nace ni produce ningún efecto, por no cumplir sus elementos esenciales o, de ser el caso…