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¿Procede el estudio de las pretensiones de nulidad contra las resoluciones que declararon el incumplimiento parcial del contrato al no haber sido planteadas en la demanda? Sí
El contratista no puede plantear pretensiones de nulidad contra resoluciones que declararon el incumplimiento parcial del contrato si no fueron objeto de la demanda inicial, ya que estas resoluciones gozan de presunción de legalidad y no pueden ser revisadas fuera del marco establecido. Asimismo, no procede el reconocimiento de un mayor valor al pactado en el contrato por la ejecución de ítems no previstos, cuando estos fueron aprobados mediante prórrogas y el contrato fue celebrado a precio global, sin evidencia de desequilibrio económico o renuencia de la entidad a permitir salvedades. Además, la condena en costas a la parte demandante es procedente conforme a la normatividad aplicable, especialmente cuando la parte demandada no intervino en la instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de un mayor valor al pactado en el contrato en favor del contratista?¿Procede la condena en costas atendiendo a la normatividad aplicable al proceso?
¿Se configura el incumplimiento contractual y desequilibrio económico del contrato por falta de ajuste anual de precios al contrato estatal que se rige por el derecho privado? Sí
En los contratos estatales sometidos al derecho privado, las normas del Estatuto General de la Contratación Pública sobre el desequilibrio económico de la ecuación contractual no son aplicables, y por ello no procede la pretensión de desequilibrio por falta de ajuste anual de precios. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 somete el contrato al derecho privado, de modo que el régimen público del equilibrio económico no lo rige. Segunda, la falta de ajuste anual de precios no genera por sí sola un incumplimiento cuando el contrato no pactó esa cláusula ni la ley la impone. En el caso, la providencia confirma la negativa de las pretensiones de desequilibrio económico, porque el contrato se rige por el derecho privado. En la práctica, quien pretenda el reequilibrio de un contrato regido por el derecho privado debe fundar su pretensión en el régimen contractual aplicable y no en las normas del estatuto público.síntesis automática
También resuelve:¿La revisión judicial de las obligaciones de un contrato se debe hacer durante su ejecución y solo procede cuando circunstancias extraordinarias…¿La obligación de revisar los precios del contrato no conlleva necesariamente al reajuste de precios?¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda el incumplimiento contractual y desequilibrio económico del contrato por…
¿Puede considerarse debidamente sustentado un recurso de apelación cuando el recurrente únicamente reproduce los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones que sustentan la sentencia de primera instancia? No
El recurso de apelación no se entiende debidamente sustentado cuando el recurrente se limita a reproducir los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones de la sentencia de primera instancia, porque la competencia del superior se delimita por los reparos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: los artículos 320 y 328 del CGP delimitan la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos que el recurrente dirige contra la decisión; la carga de sustentación no se satisface con una mera manifestación de desacuerdo, sino con la exposición clara de los motivos de censura y de las razones por las que el a quo habría errado; y la reiteración de argumentos de etapas anteriores, particularmente de la demanda, no cumple esa finalidad. Por ello, el reparo sin esa exposición concreta no permite revocar la sentencia. Esta regla se aplica a todo recurso que no identifique los errores de la providencia impugnada. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Puede configurarse la excesiva onerosidad sobrevenida respecto de un contrato ya ejecutado y liquidado, cuando no existen prestaciones pendientes de cumplimiento?¿Procede el reconocimiento de un desequilibrio económico contractual cuando el contratista alega que la proyección de la TRM realizada por la entidad contratante resultó errónea…¿Cumple la carga de sustentación del recurso de apelación el recurrente que, para sustentar las pretensiones de incumplimiento contractual…
¿Obra prueba en el expediente que le permita concluir a la Sala que el Departamento estaba obligado a pagar una actividad de obra según una especificación técnica distinta a la que estableció en la etapa precontractual? No
El contratista no puede modificar la especificación técnica del contrato de obra pública establecida en la etapa precontractual sin prueba documental que lo permita, ya que la entidad estatal dejó claro durante el proceso de selección que la especificación aplicable era la del Departamento, no la del INVIAS. La Sala establece que el Interventor puede corregir o modificar las actas parciales en actas posteriores según lo pactado en el contrato, y que no existe incumplimiento del contrato por parte del Departamento al no pagar según una especificación técnica distinta a la pactada. Esta decisión revoca la sentencia de primera instancia y reitera que la obligación del contratante frente al pliego de condiciones debe respetarse, matizando la interpretación de la buena fe contractual en este contexto.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con las cláusulas del contrato de obra, el Interventor podía hacer correcciones o modificaciones de las actas parciales en actas posteriores?¿La especificación del INVIAS no era aplicable al ítem de “Terraplenes” pues la entidad durante el proceso de selección dejó claro que la especificación aplicable era la del Departamento?¿La Sala revocará el fallo de primera instancia y negará las pretensiones porque el Tribunal desconoció la forma de pago establecida en el contrato de obra?
¿El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes, pues la primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, dentro de lo que no resulta dable incluir las modificaciones y prórrogas contractuales, ya que no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento del contrato con la ruptura del equilibrio económico, ya que la primera se origina en el desatender una obligación contractual, mientras que la segunda implica una alteración de la equivalencia entre derechos y obligaciones existentes al momento de la contratación, excluyendo modificaciones y prórrogas contractuales que no generan la teoría de la imprevisión, hecho del príncipe o ejercicio de ius variandi. La entidad estatal no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato si se eligió la modalidad de pago llave en mano, debido al carácter solemne de los contratos estatales y el respeto a la autonomía de la voluntad. Además, si las partes acuerdan una suspensión o prórroga del contrato sin salvedades, están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, lo que resultaría contrario al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, reafirmando la importancia de distinguir claramente entre estas instituciones y principios en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La elección de la modalidad de pago del contrato lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2…¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal?¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato de obra celebrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en su calidad de establecimiento público distrital? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de controversias contractuales derivadas de contratos de obra celebrados por establecimientos públicos distritales, como el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998. La acción de controversias contractuales debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato, tal como ocurrió en este caso, donde la demanda fue interpuesta antes de que venciera el término de caducidad. Sin embargo, el reajuste de precios no es procedente si no se ha pactado una fórmula de ajuste en el contrato y no se ha demostrado la ruptura del equilibrio económico del contrato, lo que implica que la Sala revocará la sentencia del a quo en cuanto a este punto, matizando la jurisprudencia existente sobre la procedencia del reajuste en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la firmeza del acta de liquidación bilateral del contrato de obra?¿Era procedente el reajuste de precios dispuesto por el a quo a favor del consorcio contratista, por razón del incremento en los precios de los insumos para la construcción…¿Le asistía responsabilidad patrimonial a la interventora PAYC S.A., como llamada en garantía y frente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá…
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos, ya que este organismo es competente para conocer los recursos de apelación en virtud del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y por superar la cuantía establecida en el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. Además, la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento contractual, según los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, las controversias derivadas del incumplimiento del contrato se rigen por la prescripción de 20 años, conforme a la interpretación del artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por último, el mérito probatorio de los documentos públicos o privados lo determina el juez en función de la apreciación global de las pruebas y las reglas de la sana crítica, según el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un…¿Las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la responsabilidad civil de los servidores públicos se rigen por la prescripción de la acción de 20 años?¿El mérito probatorio de los documentos públicos o privados los asigna el juez?
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
¿Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual? Sí
Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo con iglesias y confesiones religiosas, celebrado conforme al literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009, se resuelven con las normas civiles y comerciales pertinentes y con la regulación especial del sector educativo, no con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 establece un régimen que excluye la aplicación de las normas de contratación pública y somete el negocio al derecho privado; la regulación especial del servicio educativo rige aspectos concretos, como la idoneidad del prestador, la planeación, la cobertura y el cálculo de la remuneración; y la mención de la Ley 80 de 1993 o de la Ley 1150 de 2007 en el encabezado o en algunas estipulaciones no cambia ese régimen. Por ello, el incumplimiento de este tipo de contratos debe analizarse conforme al derecho privado y a las reglas que regulan el incumplimiento contractual en ese ámbito. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato estatal regido por el derecho privado, la facultad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato deriva exclusivamente del acuerdo de voluntades y no de los…¿En el contrato de administración del servicio educativo regido por el Decreto 2355 de 2009, el valor fijo por alumno determinado con fundamento en los componentes de la canasta educativa ofrecidos…¿Debe declararse el incumplimiento de la entidad territorial por no reconocer al contratista los costos derivados de la disminución de la matrícula estudiantil…
¿La reclamación del reajuste de precios, como salvedad consignada en el acta de liquidación por el consorcio demandante, conlleva la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal? No
Una salvedad en el acta de liquidación que solo se refiere a la reclamación de reajustes de precios no comprende la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal, ni por mayor permanencia en obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, la única observación del acta se refería a la reclamación de los reajustes de precios previstos en la cláusula del contrato, y no a otras pretensiones. Segunda, la salvedad no encaja con el desequilibrio económico por mayor permanencia en obra causado por suspensiones y prórrogas, que es lo debatido en el proceso. Tercera, el silencio administrativo positivo no se configuró porque la petición de sobrecostos no fue entregada a la entidad contratante, sino al interventor, y el contratista no protocolizó documentos que acreditaran su derecho. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia. Por ello, la salvedad del acta no se extiende a reclamaciones distintas de los reajustes de precios. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Con la omisión de dar respuesta a la solicitud del reconocimiento de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal presentada a la interventoría operó el silencio administrativo positivo…¿Con la suscripción de convenios modificatorios del contrato de obra celebrados, sin efectuar salvedad alguna, el contratista renunció a la reclamación del restablecimiento del equilibrio financiero?¿Cuando se pacta una fórmula de reajuste de precios se está ante una situación imprevista?
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
¿De acuerdo con la exigencia del contenido de la demanda respecto a los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones, la parte que alega la nulidad del contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones por las cuales persigue la invalidez contractual? Sí
El contratista que alega la nulidad de un contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones que fundamentan su pretensión, incluyendo la identificación de los preceptos violados y las razones para pedir la invalidez del contrato. Sin embargo, el juez debe interpretar la demanda de manera conjunta para procurar una decisión de fondo que prevalezca el derecho sustancial. En este caso, aunque la parte demandante no cumplió con su carga argumentativa respecto a la nulidad parcial del contrato por violación de principios de la contratación estatal, sí demostró suficientemente que algunas cláusulas eran abusivas al vincular la vigencia de los contratos de interventoría a la ejecución de los contratos de obra, sin reconocer adecuadamente los efectos económicos de las prórrogas. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reafirmando que las cláusulas abusivas son aquellas que causan un desequilibrio importante y violan la buena fe objetiva, y que en contratos de obra, el EGCAP prohíbe las exenciones de responsabilidad derivadas de datos, informes y documentos suministrados en el proceso de selección. Esta decisión implica que los contratistas deben presentar demandas bien fundamentadas y que los jueces deben interpretar las pretensiones de manera integral para garantizar el derecho sustancial.síntesis automática
También resuelve:¿Las cláusulas acusadas por el demandante, contenidas en los contratos 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013, adolecen de nulidad absoluta o de ineficacia de pleno derecho por ser abusivas y/o contrariar…¿Se produjo un desequilibrio económico adverso para el actor por las prórrogas de los contratos de interventoría 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013…¿Hay lugar a proferir pronunciamiento acerca de la condena por agencias en derecho proferida en primera instancia, al exceder los límites previstos por el Acuerdo que las rige?
¿Se incumplió el contrato por cuanto el ente contratante no pagó la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral? Sí
El contratista puede obtener la condena al pago de la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral del contrato, siempre que demuestre la obligación prestacional exigible y la falta de cumplimiento por parte del ente contratante, como lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad contratante no puede descontar la pena pecuniaria de las sumas adeudadas al contratista en la liquidación unilateral del contrato si no se cumplen los requisitos para la tasación del monto de la pena, según el artículo 1596 del Código Civil. Además, no se condenará al pago de intereses sobre la suma entregada como anticipo al contratista si no se pactó explícitamente en el contrato que los rendimientos financieros del anticipo pertenecen al ente contratante, lo que implica que el contratista no está obligado a reintegrar dichos rendimientos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la liquidación unilateral del contrato y la obligación de pago, estableciendo criterios claros para la condena al pago y la imposición de penas pecuniarias en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El ente contratante tenía la facultad de descontar en la liquidación unilateral del contrato la pena pecuniaria de las sumas que le debía a la contratista por la ejecución de las obras objeto del…¿Se debe condenar al pago de intereses sobre la suma entregada al contratista como anticipo?¿Se excluyó explícitamente la posibilidad de solicitar el reajuste como consecuencia de los incrementos de precio previsibles al momento de proponer?
"¿la calidad de contratista implica una situación de debilidad que permita flexibilizar la valoración probatoria?" No
El contratista asume las cargas probatorias ordinarias en los procesos de controversias contractuales sin que su condición contractual le confiera un tratamiento privilegiado o flexible. La improcedencia de un trato probatorio privilegiado a favor del contratista como parte débil de la relación contractual se fundamenta en que la tesis planteada por el apelante no encuentra respaldo en la ley ni en la jurisprudencia. La calidad de contratista no implica, por sí misma, una situación de debilidad o desprotección que habilite la flexibilización de la carga probatoria que le corresponde, pues el sujeto que contrata con la Administración se concibe como un colaborador experto que concurre al negocio con conocimiento de sus implicaciones y con el deber de prever los riesgos normales de su actividad comercial.síntesis automática
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia de un tribunal administrativo, siempre que la controversia involucre a ECOPETROL como entidad de economía mixta y la cuantía de la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., como establece el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Además, el medio de control de controversias contractuales es oportuno si se presenta dentro de los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato, conforme al artículo 164 del mismo código. Sin embargo, la figura del equilibrio económico contractual no es aplicable en contratos de derecho privado, como los celebrados por ECOPETROL, según la Ley 1118 de 2006 y el artículo 868 del Código de Comercio, lo que implica que las reclamaciones basadas en este principio deben ser rechazadas en la práctica.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato?¿El equilibrio económico contractual es aplicable en los contratos de derecho privado?¿Procede el reconocimiento a favor del consorcio Tuberías La Cira Infantas 2011 de los sobrecostos asumidos por el aumento en los costos de alimentación…
¿Es procedente el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico, que había sido denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, pese a que la contratista no atacó la legalidad de la decisión denegatoria y de su confirmación en la demanda de controversias contractuales? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, si no impugnó la legalidad del acto administrativo que lo rechazó en la vía judicial, debido a la presunción de legalidad y la fuerza ejecutoria del acto administrativo. Además, la entidad estatal no incurrió en incumplimiento por el impago de costos adicionales del componente global de manejo de tráfico, señalización y desvíos, ya que los pliegos de condiciones establecieron que estos se pagaban a precio global fijo sin ajustes. Finalmente, el funcionario que impuso la multa era competente para hacerlo, ya que la facultad de imponer multas o cláusulas penales de apremio es inherente a las facultades generales de ejecución del contrato, aunque no esté expresamente delegada en la normatividad vigente. Estas reglas reafirman la importancia de la impugnación oportuna de actos administrativos y la interpretación restrictiva de las facultades delegadas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó un incumplimiento de las obligaciones del IDU por el impago de los costos adicionales del componente global de los costos de manejo de tráfico…¿El funcionario que impuso la multa, era competente para ello, de conformidad con la normatividad vigente en su momento?¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa contractual, por su carácter apremiante, que la hace procedente únicamente cuando el contrato, y particularmente las obligaciones incumplidas…
Sentencia Unificación — Sentencia2024-03-14Sección Tercera (Subsección A)Rad. 11001032600020220017300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es nulo en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo en tanto desestimó la excepción de falta de competencia del tribunal para conocer de la presente controversia? Sí
Toda vez que se probaron algunos de los cargos esgrimidos por TRANSMILENIO S.A. en contra del laudo arbitral impugnado, se declarará parcialmente fundado el recurso de anulación por la causal 2 -falta de jurisdicción y, en consecuencia, se anulará en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo, en tanto desestimó la excepción de “falta de competencia” del tribunal para conocer de la presente controversia… . Los demás cargos formulados en contra del laudo arbitral se declararán infundados, por cuanto la Sala no encontró que los mismos se configuraran en esta oportunidad.
También resuelve:¿El tribunal de arbitramento expuso las normas en las que fundó su decisión y explicó las razones por las cuales consideró procedente una condena en costas parcial a cargo de la entidad convocada?¿Las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales…¿Optar por modificar variables y valores tenidos en cuenta por la entidad implicó una refutación a la presunción de legalidad de la resolución, lo que estaba proscrito para la justicia arbitral?