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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020150062201LEY 1437 REPETICION
¿Debe corregirse la sentencia de 5 de diciembre de 2023 por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, al presentar un error en el ordinal primero porque se omitió la palabra “confirma"? Sí
En virtud de la salvaguarda del principio de seguridad jurídica, las sentencias no son revocables ni reformables por el juez que las profirió, no obstante, de manera excepcional, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que el juez las aclare, corrija o adicione, de acuerdo con los artículos 285 a 286 del CGP… . Encuentra la Sala que, efectivamente, en la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, se presentó un error en el ordinal primero porque se omitió la palabra “confirmar”.… En consecuencia, procede la Sala a subsanar dicho error, de conformidad con uno de los supuestos previstos por la norma, esto es, omisión de palabras. Además, por tratarse de un asunto contenido en la parte resolutiva de la providencia…
¿Se encuentra superado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional frente a la pretensión de amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante, por los presuntos defectos configurados en la providencia objeto de reproche proferida en el marco del medio de control de controversias contracuales referido en el escrito de tutela? No
El contratista no puede impugnar en sede constitucional la valoración que hizo la autoridad judicial del contrato de transacción allegado al proceso, ya que dicha valoración se realiza en el marco de la competencia del juez natural de la causa, quien establece el valor y el alcance de cada medio de prueba bajo criterios objetivos y razonables. En este caso, la Subsección B del Consejo de Estado determinó que el acuerdo transaccional sólo se refería al proceso ejecutivo y no abarcaba el proceso de controversias contractuales, lo que no puede ser cuestionado en una acción de tutela por falta de relevancia constitucional. La Sala confirmó la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que la parte accionante no presentó una carga argumentativa suficiente para desvirtuar la razonabilidad del análisis realizado por la autoridad judicial. Esto implica que en casos similares, el juez constitucional no puede revisar la valoración probatoria realizada por el juez natural, a menos que se demuestre que esta fue realizada de manera arbitraria o contraria a la ley.síntesis automática
¿La parte demandante cumplió con la carga probatoria de aportar los documentos necesarios para demostrar que la entidad accionada modificó el pliego de condiciones? No
Quien demanda la nulidad de la adjudicación de una licitación debe aportar la prueba de los hechos en que funda sus pretensiones, pues incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, según el artículo 167 del Código General del Proceso. En el caso analizado, las pretensiones se sustentaban en que el presupuesto oficial definitivo no modificaba el pliego de condiciones, pero el expediente solo contenía una parte de ese documento, lo que impedía verificar si la entidad expresó su intención de modificar el pliego. La Sala confirmó la sentencia desestimatoria por motivos distintos a los del tribunal, porque la demandante tenía la mínima carga de aportar el documento completo. La consecuencia práctica es que la omisión de esa prueba básica conduce a negar las pretensiones. La providencia reitera la regla de la carga de la prueba aplicable al caso, sin cambiar el criterio sobre la modificación de pliegos.síntesis automática
¿El tribunal tenía el deber de decretar pruebas de oficio para tener como probada la culpabilidad del demandado en repetición? No
El tribunal no tiene el deber de decretar pruebas de oficio para establecer la culpabilidad del demandado en un medio de control de repetición, ya que la carga de la prueba recae sobre las partes y no sobre el juez, salvo en casos excepcionales donde existan puntos oscuros o difusos en la controversia. En este caso, el tribunal no incurrió en ningún error al negar la solicitud de pruebas de oficio, ya que la jurisprudencia es clara en señalar que dicha facultad no tiene como objetivo suplir la negligencia de las partes. Además, la Sala confirmó que no procede condenar en costas a la entidad demandante en primera y segunda instancia, ya que la condena en costas es aplicable solo a acciones que afectan el interés público, no a acciones de repetición que se relacionan con intereses patrimoniales. Esto implica que en casos similares, el tribunal debe seguir rigurosamente la carga probatoria de las partes y no puede ser forzado a decretar pruebas de oficio para demostrar la culpabilidad del demandado, y que la condena en costas no es aplicable en acciones de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Procede condenar en primera y segunda instancia en el medio de control de repetición a la entidad demandante vencida?
¿La entidad demandada incumplió el contrato por no reembolsar el valor de predios adquiridos por el contratista en cumplimiento del contrato y para la ejecución de la obra? No
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal al no reembolsar el valor de predios adquiridos para la ejecución del contrato, ya que la falta de claramitus en la redacción del contrato y la omisión de presentar las actas prediales impiden demostrar que la entidad debía efectuar el reembolso. La Sala determina que el contratista tenía la obligación de gestionar y adquirir los predios, y que la entidad estaba obligada a reembolsar los valores pagados por el contratista, siempre y cuando se cumplieran los requisitos pactados, entre ellos la presentación de las actas prediales. Dado que no se acreditaron estos requisitos ni se presentaron documentos que prueben los pagos realizados, la entidad no incumple su obligación contractual. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos contractuales para exigir el reembolso de gastos y confirma que la entidad no incumplió el contrato al no reembolsar los valores de los predios adquiridos.síntesis automática
¿El contrato celebrado con una empresa de servicios públicos está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se configuró desequilibrio económico del contrato? No
El contratista no puede solicitar la revisión del desequilibrio económico del contrato celebrado con una empresa de servicios públicos, ya que este tipo de contratos no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994. La Sala establece que la revisión de la excesiva onerosidad de las prestaciones debe ajustarse al artículo 868 del Código de Comercio, que requiere que las circunstancias extraordinarias afecten una prestación de futuro cumplimiento, lo cual no se da en este caso, ya que las reclamaciones se basan en actividades ya realizadas. Esta decisión reitera y confirma la interpretación de que los contratos de servicios públicos no están regidos por el estatuto de contratación estatal, limitando así las posibilidades de revisión de desequilibrios económicos en contratos celebrados bajo el derecho privado.síntesis automática
¿Se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal? No
El contratista no acredita los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. La Sala confirmará la sentencia apelada, aunque por las razones que se expondrán en esta decisión, que están relacionadas con la ausencia de prueba del elemento subjetivo. A pesar de que se probaron los elementos objetivos de la acción de repetición, no se acreditó que una conducta gravemente culposa del demandado hubiera determinado, o al menos incidido de modo eficiente, en los hechos por los cuales el Estado acordó el pago de una indemnización a favor de las víctimas de la emboscada de que fueron objeto militares de dicho Batallón el 7 de febrero de 1998.síntesis automática
También resuelve:¿Se observó temeridad o mala fe en el actuar de la parte actora que haga procedente la condena en costas?
¿Las propuestas presentadas por los proponentes vencidos cumplían los requisitos del pliego en relación con el sistema de puja para adjudicar el contrato, propio del proceso de selección por subasta inversa escogido por la entidad? No
En un proceso de selección por subasta inversa, la propuesta debe indicar un precio que permita realizar los lances previstos en el pliego, y una oferta de cero pesos no cumple esa condición. De acuerdo con el pliego, era necesario señalar un precio para que pudiera utilizarse esta modalidad de selección, que supone la realización de lances. Los proponentes vencidos no cuestionaron la modalidad escogida por la entidad, y su único argumento consistió en afirmar que el precio de cero pesos era un precio de mercado que debía ser considerado. La Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de adjudicación, porque las propuestas de cero pesos presentadas para el componente de equipos no permitían hacer los lances. Por último, al no prosperar la apelación, los apelantes fueron condenados en costas y agencias en derecho de segunda instancia, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, que se liquidarán en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas en segunda instancia al no haber prosperado el recurso de apelación?
¿La teoría del equilibrio económico del contrato resulta aplicable a los contratos estatales sometidos a derecho privado? ¿El demandante demostró los presuntos incumplimientos de la entidad demandada? No
La teoría del equilibrio económico del contrato, prevista para los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, no se aplica a los contratos estatales regidos por el derecho privado. La regla se apoya en tres razones. Primera, las normas sobre equilibrio económico fueron establecidas por el legislador para los contratos sometidos a ese estatuto. Segunda, si las pretensiones se analizan con las normas de derecho privado, solo podría examinarse la excesiva onerosidad sobrevenida del artículo 868 del Código de Comercio, que permite estudiar únicamente prestaciones de futuro cumplimiento, y en ese marco las pretensiones tampoco prosperan. Tercera, el demandante no demostró los presuntos incumplimientos de la entidad demandada. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones, al ser el consorcio apelante único. En consecuencia, todas las pretensiones del contratista deben ser negadas. El documento reitera la posición que la corporación ha sostenido en diversas oportunidades sobre estos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato del Estatuto General de Contratación de la…
¿Los incumplimientos contractuales alegados por el apelante en el recurso, fueron los mismos planteados en la demanda? No
La Sala confirmará la sentencia apelada, toda vez que los incumplimientos alegados en el recurso de apelación no fueron planteados en la demanda, razón por la cual sería contrario al debido proceso y a la lealtad procesal cambiar el debate en segunda instancia e incluir asuntos que las demandadas no tuvieron la oportunidad de discutir… . En todo caso, no se aportó al proceso copia del convenio interadministrativo sujeto a la interventoría… , de modo que no resulta posible establecer a ciencia cierta cuáles fueron las obligaciones que derivaron de este y si el interventor cumplió o no las obligaciones de vigilancia respecto de su debida ejecución, razón adicional que impide la prosperidad de las pretensiones e impone la confirmación del fallo apelado.
También resuelve:¿Es procedente denegar la pretensión de liquidación judicial del contrato porque no se aportaron las bases probatorias para ello?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Es procedente confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto el apelante no cuestionó ninguno de los fundamentos expuestos de la providencia apelada? Sí
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque el Hospital no cuestionó ninguno los fundamentos expuestos en la sentencia para negar las pretensiones de la demanda. En la apelación el Hospital pide que se emita un pronunciamiento respecto de la validez del acta del 31 de julio de 2012, pronunciamiento que no fue solicitado en la demanda. Y, aunque el Departamento al contestar la demanda planteó que dicha acta no era válida, la decisión del tribunal no consideró lo pactado en ella ni su validez. El tribunal señaló que los contratos fueron liquidados de común acuerdo, excepto uno sobre el cual no podía formularse la pretensión de liquidación judicial por haber vencido el término de caducidad.
También resuelve:¿Es presupuesto del recurso de apelación fundamentar la petición para que sea estudiada por el superior?¿Es procedente en segunda instancia, la condena en costas y la fijación de agencias en derecho en contra de la parte que se le resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación?
¿Puede declararse la responsabilidad de la demandada por incumplimiento contractual, al no haber liquidado unilateral ni bilateral el contrato de obra? No
La entidad estatal contratante no incurre en responsabilidad contractual por la falta de liquidación bilateral de un contrato de obra pública cuando la imposibilidad de llegar a un acuerdo surge del legítimo ejercicio de la autonomía de la voluntad. La corporación confirma la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias al advertir que la administración adoptó sus determinaciones sin vulnerar el principio de buena fe ni desatender las cargas legales. Con fundamento en el artículo 365 del Código General del Proceso, la sala se abstiene de imponer condena en costas por haber prosperado parcialmente tanto las pretensiones de la demanda como el recurso de apelación interpuesto.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal debió actualizar la suma reconocida en la liquidación judicial del contrato, correspondiente a la retención en garantía, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo?¿Resulta improcedente condenar en costas procesales, toda vez que prosperaron parcialmente las pretensiones de la demanda, así como el
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2022-03-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000232600020100082101ACCION CONTRACTUAL
Aclaración de sentencia Sí
El contratista puede solicitar la aclaración de una sentencia cuando esta contiene frases o conceptos que ofrezcan duda, siempre que dichos elementos estén en la parte resolutiva o influyan en ella. En este caso, la Sala aclaró la sentencia de 18 de noviembre de 2021 para indicar que en lo demás, el fallo de primera instancia es confirmado, resolviendo así la omisión que generaba duda en la parte resolutiva. La Sala también denegó la solicitud de adición de la sentencia, ya que no se dejaron de resolver aspectos del litigio en la providencia original. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la aclaración de providencias judiciales cuando existen dudas razonables en la parte resolutiva, pero no cuando no se han resuelto puntos específicos del litigio.síntesis automática
¿Hay lugar a condenar al Municipio de Ciénaga por la indemnización de perjuicios solicitada por el demandante con base en el incumplimiento de la obligación de liquidar el contrato? No
El contratista no puede obtener indemnización de perjuicios por la tardía liquidación del contrato de obra pública, ya que no demostró la existencia de un daño ni aportó elementos probatorios que permitan determinar la magnitud de los perjuicios reclamados, además de no haber alegado un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato, lo que resultaría contrario al principio de congruencia. La entidad estatal no incurre en incumplimiento por no liquidar el contrato en el término legal, ya que el demandante no logró probar que la tardía liquidación causó un daño específico y cuantificable. La Sala confirmó la sentencia de primera instancia, rechazando las pretensiones del demandante y condenándolo en costas, fijando una suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente por concepto de agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Procede confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda cuando el recurso de apelación no controvierte de forma íntegra las razones del fallo, introduce argumentos nuevos y no acredita el cumplimiento del Convenio ni el derecho a los desembolsos reclamados? Sí
En segunda instancia el recurso de apelación debe controvertir las razones que sirvieron de fundamento a la sentencia, y los argumentos nuevos que se formulan por primera vez en el recurso no pueden ser estudiados para revocarla. Cuando la apelación no combate de manera íntegra las razones del fallo, la decisión de primera instancia se confirma. Para reclamar desembolsos o prestaciones derivadas de un convenio, la demandante debe acreditar que cumplió las obligaciones a su cargo y que, por ello, tiene derecho al pago, pues la mera afirmación no basta. La condena en costas en primera instancia sí era procedente. En el caso concreto, el tribunal concluyó que la universidad incumplió el convenio en la caracterización, en el informe final y en la entrega del documento publicable, y la apelación no controvirtió esas razones de manera integral y formuló argumentos nuevos. Como consecuencia práctica, la parte que apela debe combatir cada una de las razones del fallo y acreditar en el proceso el cumplimiento de sus obligaciones, porque los argumentos nuevos y la falta de prueba del cumplimiento llevan a la confirmación de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas y agencias en derecho cuando los sujetos procesales corresponden a entidades públicas, el litigio no versa sobre interés público y el recurso de apelación no prospera…
¿Se presenta nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Agencia Nacional de Minería (ANM) declaró la caducidad del contrato de concesión minera número EAS-121? No
Cuando la autoridad minera expide el acto de trámite que abre el procedimiento sancionatorio, comunica al contratista la causal de caducidad, los hechos que la originan y le concede un término para corregir o ejercer su derecho de contradicción, la declaratoria de caducidad no es nula por indebida notificación. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 288 de la Ley 685 de 2001 exige esa comunicación previa, y con ella se cumplió en el caso aunque el acto tuviera otra denominación. Segunda, el artículo 269 del Código de Minas dispone que las providencias de los procedimientos mineros se notifican por estado, y el acto de apertura no se encuentra entre las excepciones. Tercera, los demandantes conocieron el acto y reconocieron en la demanda que fue notificado por anotación en estado. En consecuencia, la sentencia apelada se confirmó, y se condenó en costas de segunda instancia a la parte vencida en favor de la autoridad minera. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en los eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se acreditaron los requisitos de procedencia de la acción de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal? No
El contratista no acredita los requisitos de procedencia de la acción de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, al no cumplir con la carga de la prueba conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ya que no presenta pruebas conducentes y pertinentes para demostrar la culpa grave o el dolo del demandado. En este caso, la Sala confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda por falta de prueba sobre la culpa grave y el dolo, lo que implica que el contratista debe aportar evidencias claras y relevantes para establecer la responsabilidad del agente estatal en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad de la acción de repetición?¿Existió temeridad de la parte actora que haga procedente la condena en costas?
¿Se incumplió el contrato y se presentó desequilibrio económico del contrato originado por la mayor permanencia en la obra? No
El contratista no puede excusarse en dificultades financieras de la entidad contratante para no entregar la obra convenida, ya que el pago está supeditado al efectivo avance de la obra y el contratista debe asumir los costos asociados a la ejecución para luego exigir la debida contraprestación; en este caso, la entidad reconoció dificultades financieras, pero estas no alteraron el objeto contractual ni disminuyeron el tamaño del proyecto, por lo que el contratista no puede solicitar un restablecimiento de la ecuación económica del contrato que desconozca la solución acordada entre las partes, lo cual contraviene la buena fe y el respeto del acto propio. Además, la ausencia de salvedades en los documentos de prórroga del plazo no impide el análisis de los reclamos económicos de las partes, ya que no existe fundamento legal que imponga tal actuación como presupuesto para reclamar, y el silencio del contratista al momento de suscribir los documentos de prórroga no puede interpretarse como una renuncia tácita de su derecho a reclamar. En este caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y condenó a la parte demandante a asumir las costas procesales de la segunda instancia, incluidas las agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de salvedades cuando se pactan suspensiones o modificaciones del contrato, impide el análisis de los reclamos económicos de las partes?¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante?
¿El consorcio cumplió los requisitos de habilitación previstos en el marco de la licitación pública, para la adjudicación de un contrato de concesión de infraestructura vial? No
El contratista no cumple los requisitos de habilitación previstos en el marco de la licitación pública para la adjudicación de un contrato de concesión de infraestructura vial, ya que debe demostrar el cumplimiento de todas las exigencias financieras establecidas en el pliego de condiciones, incluyendo la calificación crediticia global de la entidad financiera, que en este caso era de al menos BBB de Standard & Poor’s Corporation o su equivalente. La entidad financiera del consorcio presentó una calificación de BBB-, lo cual es inferior a la requerida, ya que la calificación BBB- indica una posición de pago menor a la de BBB. Además, la calificación presentada fue una evaluación nacional, no global, lo que no cumple con los estándares internacionales exigidos por el pliego de condiciones. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los requisitos financieros establecidos en el pliego de condiciones para ser considerado un proponente admisible en procesos de licitación pública.síntesis automática
También resuelve:¿El pliego de condiciones estableció que la entidad financiera debía tener una calificación global de al menos BBB de Standard & Poor’s Corporation o su equivalente?¿Procede la condena en costas en segunda instancia?
¿Procede declarar fallida la condición resolutoria en un contrato de compraventa de inmueble, relacionada con la destinación específica a la cual este quedó sometido por haber operado el fenómeno de la prescripción extintiva? No
El contratista no puede declarar fallida una condición resolutoria en un contrato de compraventa de inmueble relacionada con la destinación específica del bien, simplemente por el paso del tiempo y la prescripción extintiva, ya que la condición resolutoria pactada no fue sometida a un límite temporal y solo se activa con la ocurrencia del hecho futuro e incierto que le sirve de fundamento. La condición resolutoria subsiste como carga para el comprador y las acciones derivadas de esta solo se activan con el acaecimiento de la condición, lo que descarta también la configuración de la caducidad del medio de control jurisdiccional ejercido con la demanda. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la inoperancia de la prescripción extintiva en la declaración de fallidas condiciones resolutorias no temporizadas, lo que implica que el comprador debe cumplir con la destinación específica del bien inmueble pactada en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente condenar en costas en segunda instancia contra la parte vencida en el proceso?