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Consejo de Estado Providencia

Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020170135401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador, dado que el municipio desatendió algunas de las obligaciones a su cargo; y negar las pretensiones de condena, considerando que la demandante no acreditó los perjuicios generados por tales incumplimientos, ni los presupuestos para la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato? Sí
El contrato constructor operador puede ser declarado incumplido si la entidad estatal desatendió sus obligaciones, como la entrega formal de bienes y la gestión de licencias y permisos. La demandante debe acreditar perjuicios y presupuestos para la aplicación de sanciones. En este caso, el municipio no cumplió con varias obligaciones, pero los perjuicios no fueron demostrados y los presupuestos necesarios no fueron acreditados, por lo que la pretensión de condena fue negada.síntesis automática
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

No procede la renuncia tácita a las cláusulas compromisorias pactadas antes de la Ley 1563 de 2012, en caso de no existir un desistimiento expreso del pacto arbitral esta jurisdicción carece de facultades para dirimir el conflicto y, por lo tanto, estará obligada a remitir las actuaciones a la respectiva instancia arbitral.

Sentencia — Sentencia 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 20001233100020120026001 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a inaplicar los cambios de jurisprudencia a los procesos en curso, cuando estos implican el cercenamiento del acceso a la administración de justicia y del derecho a la tutela efectiva de las partes del conflicto? Sí
El contratista puede evitar la aplicación de cambios jurisprudenciales en procesos en curso si estos implican un cercenamiento del acceso a la administración de justicia y del derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala ha establecido que, cuando la demanda fue presentada antes de la unificación jurisprudencial que exige renuncia expresa a las cláusulas compromisorias, se considera que operó una renuncia tácita al pacto arbitral, permitiendo así la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Además, la Sala recuerda que el cómputo del término de caducidad de la acción en controversias contractuales distingue entre liquidación bilateral o unilateral y ausencia de liquidación, basándose en la garantía constitucional de acceso a la justicia y en la legislación vigente. Esta regla implica que los cambios jurisprudenciales no siempre son aplicables a procesos en curso, protegiendo así los derechos de las partes en litigio.síntesis automática
También resuelve: ¿El incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son supuestos completamente diferenciables? ¿Es el Departamento del Cesar responsable por incumplimiento del contrato núm. 200 del 2006, al haber suspendido el contrato sin reconocer los sobrecostos que dijo haber asumido el contratista…
Consejo de Estado Providencia

Se procede a actualizar a valor presente la cuantía del lucro cesante reconocida en el auto apelado.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-12-14 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600019951170402 ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve: ¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen? ¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos? ¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020200029801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su… ¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras… ¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas

Sentencia — Sentencia 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000232600020110049101 ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso… ¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio? ¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020240019501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de una demanda en la que se alega la presunta responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, así como para resolver la apelación interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control? Sí
El contratista puede interponer una demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se alega la responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, y la entidad competente es el Consejo de Estado para resolver la apelación contra un auto de Tribunal Administrativo que rechaza la demanda por caducidad del medio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, la Sala reitera que el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador cuando existe una omisión administrativa en reintegrar dichos costos, y que el recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a este medio para proteger sus intereses frente a enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente? ¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador… ¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios derivados de un enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez.

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 15001233300020190028001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve: ¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional? ¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos? ¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300020240013101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella? No
El contratista no puede introducir en el recurso de apelación un nuevo argumento sobre enriquecimiento sin causa basado en la ejecución de mayores cantidades de obra, ya que no fue planteado en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de defenderse, lo que violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso aplicado por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el análisis de nuevos cargos en segunda instancia es improcedente, limitando así el pronunciamiento del juez a las pretensiones y argumentos presentados en la demanda original.síntesis automática
También resuelve: ¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas… ¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande… ¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es menester precisar el régimen jurídico del contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019

Sentencia — Sentencia 2026-10-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 19001233300020220028701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 suscrito por el municipio de Mercaderes se enmarca en las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y en las normas que regulan los contratos de obra pública? Sí
Los contratos de obra pública que celebran los municipios, como entidades estatales, se rigen por la Ley 80 de 1993 en cuanto a su gestión contractual, en virtud de los artículos 2 y 13 de esa ley. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como el que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago; la naturaleza estatal de la entidad determina el régimen aplicable al negocio; y el marco normativo del contrato delimita la controversia que debe resolverse en sede judicial. Por tanto, el análisis de una obra pública celebrada por un municipio, como el mejoramiento de vías terciarias mediante placa huella, debe partir de la Ley 80 de 1993 y de las normas que regulan el contrato de obra. En cuanto al contenido, esa ley establece que las estipulaciones contractuales se fijan en el negocio, lo que obliga a verificar el clausulado frente a ese estatuto. La providencia de primera instancia se confirma en este punto.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda relativa al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 fue presentada dentro del término de dos años previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA… ¿La valoración probatoria acredita que el municipio de Mercaderes incumplió el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 por vulneración del deber de planeación derivada de la omisión en la entrega… ¿La superposición entre el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 y un contrato departamental de consultoría sobre el mismo tramo vial configura una vulneración del deber de planeación que…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020040042601 ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano? Sí
El contratista no incumple el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza unilateralmente por la entidad estatal, comenzando a correr el plazo desde la notificación de la liquidación. En este caso, la entidad estatal liquidó el contrato mediante resoluciones que fueron notificadas a la unión temporal y a la compañía de seguros, quienes presentaron sus demandas dentro del plazo de dos años que comenzó a correr desde la notificación de la liquidación. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, reconociendo que la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal inicia el cómputo del término de caducidad, lo que implica que las demandas presentadas por el contratista dentro de este plazo son oportunas y procedentes.síntesis automática
También resuelve: ¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción… ¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello… ¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico?
MODIFICA