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Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre acumulación de procesos2024-04-22Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 15001233100020080040601ACCION CONTRACTUAL
¿El Despacho del proceso más antiguo es el competente para decidir la acumulación de proceso? Sí
El despacho judicial asume de oficio el estudio para la acumulación de procesos dentro de la acción de controversias contractuales, de conformidad con las normas procesales del artículo 158 y el artículo 159 del Decreto 1400 de 1970, en concordancia con el artículo 145 del Decreto 01 de 1984 y el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. La corporación judicial constata que el proceso en curso resulta ser el más antiguo al haberse notificado personalmente el auto admisorio al municipio demandado con anterioridad al otro proceso objeto de estudio. El juez verifica que ambos procesos se tramitan en segunda instancia bajo el mismo procedimiento, versan sobre resoluciones administrativas de caducidad y liquidación unilateral dictadas respecto del mismo contrato de obra pública suscrito con la entidad territorial, por lo que decreta la acumulación procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente acumular procesos de controversias contractuales en los que se demandan diferentes actos administrativos proferidos con relación al mismo contrato de obra?
¿La no citación de la SAE en el procedimiento administrativo que antecedió la declaratoria de caducidad del contrato vulneró sus derechos como administradora de Aposmar? No
La falta de citación de la entidad que tiene el interés en la actuación administrativa de caducidad no vulnera los derechos del administrado cuando el depositario del patrimonio está llamado a velar por esos intereses y la declaratoria de caducidad no lo exige. La regla se apoya en que el tribunal señaló que la citación no era necesaria para declarar la caducidad, y en que el depositario debía velar por los intereses de la entidad, lo que sustenta la decisión de instancia. Además, la apelación no cumple la carga de sustentación cuando se limita a reiterar los argumentos de la demanda sin reparos concretos contra el razonamiento del fallo, pues no habilita al juez de segunda instancia a revocarlo. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la sentencia que declara la caducidad sin citación de la entidad interesada se confirma cuando el recurrente no controvierte de manera específica las razones del tribunal.síntesis automática
También resuelve:¿La SAE vio vulnerados sus derechos por no haberse acreditado probatoriamente las conductas que justificaban la caducidad del contrato adjudicado a Aposmar?¿La declaratoria de caducidad del contrato vulneró el mandato legal de mantener productivos los activos administrados por la SAE durante el proceso de extinción de dominio…
¿Debe declararse la nulidad de la Resolución N° VSC 000411 del 10 de mayo del 2017, mediante la cual se declaró la caducidad del Contrato de Concesión N° FIN-151A, se declaró la terminación de ese contrato y adoptaron otras determinaciones, por haber sido proferida con infracción de las normas en que debería fundarse, concretamente el artículo 34 de la Ley 685 del 2001, artículo 173 de la Ley 1753 del 2015 y la Resolución 937 de 2011? ¿La ANM incumplió la cláusula vigésima primera del Contrato de Concesión N° FIN-151A, por no haber realizado la terminación bilateral de ese negocio jurídico y por no dar aplicación a la normativa vigente? No
El contratista no puede declarar la nulidad de la Resolución N° VSC 000411 del 10 de mayo del 2017, que declaró la caducidad del Contrato de Concesión N° FIN-151A, ya que la administración cumplió con los principios de buena fe y confianza legítima al aplicar el principio de precaución en materia ambiental, lo que tiene prevalencia sobre el interés particular. Además, la reglamentación ambiental posterior al perfeccionamiento del contrato no configura un derecho adquirido, ya que la Constitución Política y el Código Minero priorizan la protección del medio ambiente. La regla de la irretroactividad de la legislación tiene excepciones, permitiendo la modificación de condiciones contractuales en casos de bienes públicos relacionados con recursos naturales. En este caso, la declaratoria de caducidad se basa en múltiples incumplimientos por parte del contratista, incluyendo el pago de canon superficiario, multas y la presentación de licencias ambientales, lo que no genera controversia entre las partes. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la protección del medio ambiente y el interés general prevalecen sobre los derechos contractuales, permitiendo la caducidad del contrato en casos de incumplimiento grave y reiterado.síntesis automática
¿Procede la declaración de la excepción de inexistencia del contrato por cuanto el contrato no se suscribió ni se elevó a escrito? Sí
El contratista no puede incoar el medio de control de controversias contractuales cuando el contrato no se ha suscrito ni elevado a escrito, ya que la falta de formalidad escrita implica la inexistencia del contrato y, por ende, la improcedencia del medio de control, dado que este solo puede ser ejercido por las partes de un contrato del Estado. La Sala revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y declara la inexistencia del contrato, reafirmando que la formalidad escrita es un requisito ad substantiam actus para la existencia del contrato estatal sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). Además, la Sala establece que la voluntad unilateral de la administración no puede remover una formalidad legalmente impuesta, como la escritura del contrato. Este fallo reitera la jurisprudencia existente sobre la importancia de las formalidades plenas del contrato estatal y su impacto en la procedencia de los medios de control.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la ausencia de contrato, no resulta procedente el medio de control de controversias contractuales?¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad, pues habían trascurrido más de 4 meses desde la notificación de los actos demandados?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿En el presente asunto está demostrada la falta de competencia de la ANI, para declarar la caducidad del contrato de concesión 09 CONP-98? No
El contratista no demuestra la falta de competencia de la ANI para declarar la caducidad del contrato de concesión 09 CONP-98, ya que la entidad tenía la facultad legal para adoptar dicha decisión, y no se acredita que el proceso hubiera terminado previamente de manera anticipada. Además, las resoluciones impugnadas no incurrieron en falsa motivación, ya que las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en ellas no presentan errores evidentes ni divergencias con la realidad fáctica o jurídica. La Sala reitera que la falsa motivación es un vicio grave que puede ser declarado de oficio por el juez, pero en este caso no se configura, lo que implica que las resoluciones de la ANI mantienen su validez y efectos legales.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso en concreto se acreditó que las resoluciones impugnadas (1685 del 12 de noviembre de 20195 y 20207070005965 del 15 de mayo de 20206), están incursas en falsa motivación y en consecuencia…¿En el caso concreto se configura la debida acumulación de pretensiones de reparación directa y controversias contractuales?
¿El régimen jurídico que gobierna el contrato de obra celebrado entre Fonade y la unión temporal Antiguo Idema 2010, es del Estatuto General de la Administración Pública, Ley 80 de 1993? Sí
El régimen de contratación aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero se rige por normas especiales que excluyen la aplicación del Estatuto General de Contratación a partir de las modificaciones legales pertinentes. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo se sometió temporalmente al Estatuto General de Contratación bajo la vigencia del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dicha disposición fue derogada expresamente por la Ley 1450 de 2011, estableciendo que la contratación de entidades financieras estatales como Fonade queda exceptuada de la referida normativa pública. En consecuencia, para contratos celebrados con anterioridad a dicha modificación normativa, rigen las reglas vigentes al momento de su perfeccionamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El ejercicio de la potestad excepcional de la caducidad solo puede ser ejercida por la administración pública mientras esté vigente el plazo general del contrato?¿La entidad estatal ejerció dentro del término legal su competencia para declarar la caducidad del contrato estatal?¿Resultaba procedente ordenar la liquidación judicial del contrato y establecer un saldo a favor del contratista, pese a la existencia de una liquidación unilateral en firme no controvertida…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 68001233300020220004401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe revocarse el auto que decretó la medida cautelar, al no existir elementos para establecer procesalmente una relación directa entre la prohibición al Invías de declarar la caducidad del contracto y las pretensiones de la demanda? Sí
El juez contencioso administrativo decreta medidas cautelares preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, conforme a los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), con el propósito de proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, sin que ello implique prejuzgamiento y bajo un examen limitado sujeto al principio de legalidad, proporcionalidad y ponderación de intereses. No obstante, en el medio de control de controversias contractuales debe revocarse la medida cautelar que prohíbe a la entidad estatal contratante declarar la caducidad del contrato cuando la medida no guarda una relación directa ni necesaria con el petitum ni con las pretensiones de la demanda, como exige el artículo 230 del CPACA. Así ocurre cuando el libelo cuestiona la imposición de multas al contratista pero la medida recae sobre un procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad que no se ha iniciado y de cuyo propósito no obra prueba en el proceso, vulnerando el principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de autos dictados por los tribunales administrativos?¿Las medidas cautelares fueron instituidas para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia?¿En los eventos en que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento administrativo, el juez en ejercicio de su facultad discrecional…
¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes? Sí
Los contratos celebrados por una empresa social del Estado son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que pueden pactarse discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta regla se apoya en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que dan a la empresa el carácter de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por ello, la presencia de facultades exorbitantes no cambia la naturaleza privada del negocio, sino que habilita a la entidad a ejercer ciertas potestades unilaterales. En el caso concreto el contrato de prestación de servicios se rige por normas civiles y comerciales y contiene facultades de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, que fueron pactadas por la empresa. La sala confirmó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la empresa social del Estado puede pactar cláusulas exorbitantes en contratos regidos por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del…¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019?¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus?
¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por ausencia del incumplimiento grave del contratista que condujera a la parálisis del contrato? No
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato de suministro de alimentación escolar, ya que la entidad estatal fundamentó su decisión en incumplimientos graves del contratista que afectaron directamente el objeto del contrato, como la entrega tardía de alimentos vencidos, falta de mantenimiento de equipos y no pago de seguridad social a las madres procesadoras. La Sala determinó que los argumentos del contratista, que incluían la acumulación de incumplimientos menores y la subsanación de estos, no eran válidos, ya que los incumplimientos fueron graves y no se demostró que hubieran sido subsanados. Además, la resolución no se basó en una norma derogada, sino en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Por último, la entidad no se basó en los mismos reparos que dieron origen a la imposición de una multa revocada, sino en nuevos incumplimientos que afectaron la ejecución del contrato. Esta decisión confirma y reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia de la declaratoria de caducidad en casos de incumplimiento grave.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por fundarse en una norma derogada, esto es…¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar…¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por no reducirse el valor de la cláusula penal…
¿Para la época en que fue proferido el acto que declaró la caducidad del contrato, era obligatorio o existía un procedimiento previo que la entidad demandada tuviera que realizar para garantizar los derechos al debido proceso, audiencia y defensa del contratista? Sí
El contratista tiene derecho al debido proceso administrativo en el momento de la declaratoria de caducidad del contrato, lo que implica que la entidad estatal debe garantizarle la posibilidad de ser oído y ejercer su defensa, independientemente de la ausencia de un procedimiento específico en la época en que fue proferido el acto. Esto se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política y en la jurisprudencia que lo desarrolla, así como en el Decreto 01 de 1984, que establece la obligación de la administración de comunicar al contratista las actuaciones que puedan afectar sus intereses y darle la oportunidad de expresar sus opiniones. La Sala reitera que la omisión de estos procedimientos vicia de nulidad el acto administrativo que declara la caducidad del contrato, lo que puede conllevar una indemnización por pérdida de oportunidad si el contratista demuestra que estaba en una posición jurídicamente relevante para celebrar contratos con el Estado y que esa posibilidad fue truncada por la declaratoria de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la indemnización de perjuicios por la pérdida oportunidad derivada del acto que declara la caducidad de un contrato estatal…¿Es procedente reconocer a favor del contratista indemnización de perjuicios a título de pérdida de oportunidad, cuando no se acreditó que, en los años de la inhabilidad…¿Es procedente reconocer indemnización de perjuicios por el 15% del valor de las cuotas partes que le hubieran correspondido al demandante “sí el contrato se hubiera desarrollado en feliz término”?
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
¿El Tribunal Administrativo de Risaralda omitió correr traslado a las partes para alegar de conclusión? No
El contratista no puede alegar que el tribunal omitió correr traslado para presentar alegatos de conclusión si ya se había ordenado previamente y las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse, como ocurrió en este caso donde el tribunal ordenó el traslado el 20 de agosto de 2019, y el demandante presentó recurso de reposición sin alegar la falta de traslado, y el tribunal confirmó la decisión. Además, el tribunal no incurrió en defectos de valoración probatoria al analizar integralmente las pruebas que demostraban la legalidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, y el demandante no demostró cómo la valoración de las pruebas habría variado la decisión del tribunal, por lo que la apelación no prospera. Este precedente reitera que el tribunal debe cumplir con los trámites procesales y analizar las pruebas de manera integral, pero también establece que el demandante debe utilizar oportunamente los recursos procesales para alegar cualquier irregularidad.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal incurrió en defectos de valoración probatoria que condujeron a negar la pretensión de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato?¿El ad quo realizó un análisis integral de las pruebas que obran en el plenario que demuestran la legalidad del acto acusado?¿El ad quo debía pronunciarse respecto de la pretensión relativa al reconocimiento de $106’328.139,00 por concepto de mayor valor deducido sobre el saldo a su favor con base en la aplicación de la…
¿La parte actora acreditó que la suma de $1.097.581.199, correspondiente a obras ejecutadas y no facturadas, constituía un saldo cierto, exigible y susceptible de compensación a favor del contratista, que debía ser tenido en cuenta al expedir los actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato? No
El contratista no acredita que una suma específica por obras ejecutadas y no facturadas constituya un saldo cierto y exigible a su favor, que deba ser tenido en cuenta al expedir actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato. La entidad estatal no reconoce esa suma como una obligación dineraria autónoma y aislada, sino como parte de un balance contractual más amplio que incluye otros componentes desfavorables. El contratista no puede descomponer selectivamente balances o ejercicios preliminares para extraer únicamente la partida que beneficia su tesis, sin asumir los demás componentes que integran la misma ecuación financiera. En este caso, la entidad no trató los documentos como fuentes equivalentes al momento de expedir los actos demandados, lo que confirma que la suma no puede ser trasladada de manera automática a la liquidación unilateral como una obligación definitiva. La Sala concluye que la parte actora no aportó prueba técnica o contractual idónea que acredite de manera autónoma que el contratista efectivamente ejecutó obras por el valor mencionado y que no fueron objeto de pago, por lo que la impugnación del acto administrativo no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora acreditó, mediante prueba técnica o contractual idónea, que el contratista ejecutó obras por valor de $1.097.581.199 que fueron recibidas a satisfacción y no pagadas…¿La suscripción unilateral del proyecto de acta de liquidación bilateral por parte de la entidad perfecciona el acuerdo liquidatorio y consolida, por sí sola, derechos u obligaciones definitivas?¿La referencia al valor de las obras ejecutadas y no facturadas en la contestación de la demanda constituye confesión judicial?
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
¿El incumplimiento de la unión temporal era grave y podía conducir a la paralización del contrato? Sí
El contratista puede enfrentar la paralización del contrato si incumple de manera grave las condiciones mínimas de calidad y eficiencia en la prestación del servicio, como lo evidencian las deficiencias operativas y técnicas que afectan directamente la calidad del producto y la prestación del servicio público. En este caso, la unión temporal instaló luminarias que no cumplían con las especificaciones técnicas y generaban un perjuicio para la comunidad, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato debido a la gravedad del incumplimiento. La Sala confirmó que las pruebas presentadas no permitían concluir que el contratista estuviera cumpliendo con sus obligaciones, y que la gravedad de los incumplimientos era tal que podían conducir a la paralización del contrato, reafirmando la importancia de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿Según las pruebas la unión temporal había incurrido en diferentes deficiencias operativas y técnicas?¿De la lectura completa de los informes se colige que ambos se inclinaron por reconocer el incumplimiento de la concesión?¿La caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave la etapa de ejecución del contrato?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión?¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
¿Si los hechos que originan la reclamación son atribuidos a una conducta antijurídica de la parte contraria, por transgresión de lo pactado en el acuerdo de voluntades, el asunto debe tratarse bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por incumplimiento, y no como el restablecimiento del equilibrio contractual? Sí
El contratista no puede basar su reclamación en el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993 para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando los hechos que originan la controversia son atribuidos a una conducta antijurídica de la parte contraria, ya que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato requieren un tratamiento distinto en cuanto a sus causas y efectos jurídicos. La Sala confirma que si los hechos reclamados son consecuencia de una transgresión del acuerdo de voluntades, el asunto debe ser abordado bajo la óptica de la responsabilidad contractual por incumplimiento, matizando precedentes anteriores que podrían haber permitido una interpretación más amplia del artículo en cuestión. Esto implica que las partes deben apegarse a las reglas específicas de responsabilidad contractual para resolver controversias relacionadas con incumplimientos.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal, en el marco del medio de control de controversias contractuales…¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de la oportunidad prevista por la ley?¿Las partes se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva, por ser las entidades que suscribieron el contrato objeto de la controversia?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, sobre asuntos derivados de contratos de concesión mineros? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los asuntos derivados de contratos de concesión minera cuando el acto proferido en su ejecución emana de una agencia estatal de naturaleza especial, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se apoya en que esa agencia tiene carácter público y en que el artículo 293 de la Ley 685 de 2001 asigna el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos a la jurisdicción. Con base en ello, el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación contra la sentencia del tribunal, conforme al artículo 150 del CPACA. En el caso, la resolución de la agencia minera se dictó en la ejecución de un contrato de concesión, y la sentencia de primera instancia se confirma. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las resoluciones de la agencia minera dictadas en la ejecución de un contrato de concesión son controlables ante la jurisdicción contencioso administrativa, y su apelación corresponde a esta Corporación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la anulación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la notificación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión…¿La Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, adolece de una falta de competencia temporal, por el hecho de que, en su criterio…
¿Desbordó la parte apelante los límites del recurso de apelación al introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, modificando con ello la causa petendi y desconociendo el principio de congruencia y el derecho al debido proceso? Sí
El contratista no puede introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, ya que esto modifica la causa petendi y viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia se limita a los aspectos esgrimidos en contra de la decisión de primer grado, y que las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles. En consecuencia, cualquier argumento nuevo que no guardó relación con el litigio tal como fue fijado por el juez de primera instancia no puede ser abordado en segunda instancia. Esta regla reitera y confirma precedentes anteriores sobre el marco de competencia del juez en segunda instancia y la importancia del principio de congruencia en el proceso de contratación estatal, lo que implica que las partes deben presentar todos los argumentos y pretensiones en primera instancia para evitar la improcedencia de nuevos cargos en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la nulidad del otrosí n.° 1 del contrato de concesión por haber modificado la destinación de los recursos de la subcuenta de gestión predial y el esquema de asignación de riesgos…¿Se encontraba ajustada a derecho la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, al haberse acreditado un incumplimiento grave y directamente relacionado con el objeto contractual que…¿Se respetaron el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad…
¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano? Sí
El contratista no incumple el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza unilateralmente por la entidad estatal, comenzando a correr el plazo desde la notificación de la liquidación. En este caso, la entidad estatal liquidó el contrato mediante resoluciones que fueron notificadas a la unión temporal y a la compañía de seguros, quienes presentaron sus demandas dentro del plazo de dos años que comenzó a correr desde la notificación de la liquidación. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, reconociendo que la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal inicia el cómputo del término de caducidad, lo que implica que las demandas presentadas por el contratista dentro de este plazo son oportunas y procedentes.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción…¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello…¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico?
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