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¿En los casos de contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empieza a correr a partir del momento de su terminación? Sí
El contratista debe presentar la demanda relativa a contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación dentro del término de dos años contados a partir de la terminación del contrato, conforme al literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal no puede declarar la nulidad absoluta del contrato de comodato de manera oficiosa ni declarar la terminación anticipada del contrato sin acreditar la necesidad urgente e imprevista del bien comodatado, según el artículo 2205 del Código Civil. Además, la entidad demandante será condenada en costas y agencias en derecho cuando el recurso de apelación sea negado, de acuerdo con el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la terminación anticipada del contrato de comodato, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con el plazo para presentar sus demandas y las entidades estatales deben acreditar adecuadamente las causales de terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad absoluta del contrato incluso de manera oficiosa por el Juez?¿Se configura la causal de terminación anticipada del contrato de comodato por aparecer al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa?¿Procede la condena en costas respecto al recurrente ante la negación del recurso de apelación?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas, en razón de la cuantía de las pretensiones? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce competencia para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas en desarrollo de funciones administrativas conforme al artículo 104 del CPACA y el artículo 7 del Decreto Ley 254 de 2000. En este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia sobre la apelación dado que la pretensión de mayor valor superaba trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda el 22 de abril de 2014, modificando la providencia apelada y absteniéndose de condenar en costas por prosperar parcialmente el recurso del municipio.síntesis automática
También resuelve:¿La terminación unilateral del contrato realizada por el agente liquidador en cumplimiento de su función administrativa en los procesos de supresión y liquidación de entidades públicas…¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, empezó a contar desde la notificación de la decisión que declaró improcedente el recurso de reposición contra…¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la sociedad afectada con la terminación unilateral del contrato de arrendamiento del que era parte…
¿Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios deben ser liquidados? No
Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados por una universidad estatal no requieren liquidación, mientras que los de tracto sucesivo y los terminados por mutuo acuerdo sí deben liquidarse, según lo dispone el estatuto de contratación de la universidad. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete los contratos que celebran las universidades estatales u oficiales al derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la ley, de modo que su régimen de liquidación se fija en el estatuto de contratación de la institución. Segundo, el artículo 57 de la misma ley reconoce a estas universidades un régimen especial que comprende el régimen de contratación, por lo que la clasificación interna de los contratos según su forma de ejecución determina cuáles requieren liquidación. La providencia confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control, pues la demanda fue extemporánea con independencia de la fecha de terminación que se tome; en la práctica, la clasificación del contrato dentro del estatuto determina si debía liquidarse.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de prestación de servicios celebrado es un contrato que se rige por el derecho privado?¿La parte demandante interpuso recurso frente al auto que ordenó correr traslado a las partes para alegar?¿Se condenará en costas de esta instancia a la unión temporal contratista?
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
En el medio de control de controversias contractuales, la caducidad debe declararse de oficio cuando la demanda se presenta por fuera del plazo legal, contado desde la terminación o liquidación del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el término de dos años se cuenta desde el momento en que el contrato terminó su ejecución, y no desde la fecha en que el contratista incurrió en el incumplimiento. Segunda, la falta de una prueba precisa de la última fecha de ejecución no impide declarar la caducidad cuando el expediente demuestra que el contrato ya había finalizado. En el caso, la supervisión de obra que cerraba la ejecución del contrato finalizó entre 2007 y 2008, y la demanda se presentó después de vencido el plazo, por lo que la Sala revoca la sentencia y declara probada la excepción. En la práctica, el demandante debe contar el término desde el cierre efectivo de la ejecución y no desde el momento en que surgieron las objeciones al cumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020180026701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad declaró la caducidad del contrato, cuya consecuencia jurídica fue darlo por terminado y se ordenó la liquidación de este negocio jurídico? Sí
El contratista debe liquidar el contrato de obra pública dentro del plazo de cuatro meses desde su terminación, y si no lo hace, la entidad puede liquidarlo unilateralmente en los dos meses siguientes, con la consiguiente declaración de caducidad del contrato y el inicio del cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir de la liquidación unilateral. La teoría de los actos encadenados implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse después de la liquidación del contrato, no desde la terminación del mismo, y la Sala revoca la decisión que rechazó la demanda de reconvención, considerando que la presentación de esta fue oportuna, ya que se realizó dentro del plazo de caducidad calculado desde la fecha límite para la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿En el acto que se declaró la caducidad del contrato se ordenó su liquidación para que la misma se realizara con posterioridad?¿Ante la ausencia de una liquidación unilateral o bilateral era necesario contabilizar a partir de la fecha de terminación del contrato?
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve:¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales…¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera…¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, cuando se encuentra probado que mediante un acuerdo bilateral las partes decidieron dar por terminado el contrato, no se demandó la nulidad de este acuerdo y, en todo caso, no se demostró la celebración de uno nuevo negocio jurídico? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento cuando las partes acuerdan terminarlo bilateralmente, no se demanda la nulidad de este acuerdo y no se demuestra la celebración de un nuevo contrato. La terminación del contrato por mutuo acuerdo implica la extinción de las obligaciones contractuales, por lo que no procede la responsabilidad del Estado por la ejecución de un supuesto contrato que ya fue terminado. Además, el juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo de terminación del contrato, ya que esta facultad está reservada a la parte interesada. En contratación estatal, el contrato debe perfeccionarse por escrito, por lo que la ejecución de un supuesto contrato sin formalidad escrita no genera responsabilidad del Estado. Esta decisión reitera la importancia de la terminación contractual por mutuo acuerdo y la necesidad de cumplir con los requisitos formales de perfeccionamiento en contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo suscrito entre las partes al estar incurso en un supuesto error al momento de celebrarse?¿Resulta procedente la responsabilidad del Estado porque el contrato de arrendamiento continuó ejecutándose, a pesar de que las partes expresamente lo terminaron anticipadamente…
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-07-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 17001233300020180029101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La imposibilidad de ejecución de los convenios sobrevino por la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos pactados en ellos? Sí
El contratista no puede interponer una demanda contra la entidad estatal por la terminación de los convenios de asociación para la construcción de urbanizaciones, ya que la imposibilidad de ejecución de los convenios se debió a la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos, lo que implicó la terminación de los contratos y el inicio del término de caducidad del medio de control. La liquidación bilateral del contrato debía efectuarse a más tardar dos meses después de la restitución de los subsidios, y en defecto de esta, la liquidación unilateral debía tener lugar dos meses después de la liquidación bilateral. El término de caducidad de dos años para presentar la demanda expiró antes de que el contratista la interpusiera, lo que conduce a la caducidad del medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos para la liquidación de contratos y la presentación de demandas, evitando así la pérdida del derecho a la acción por caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que respecta a la vinculación de Fonade como parte pasiva, la demanda también fue extemporánea?¿Frente a las pretensiones correspondientes a la nulidad y restablecimiento del derecho, también operó la caducidad?¿El término de caducidad transcurrió de forma completa desde que se tuvo la certeza sobre la imposibilidad de que los contratos continuaran?
¿Aunque las prórrogas automáticas en los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por regla general son invalidas, en algunas ocasiones el ordenamiento jurídico permite incluirlas, por lo que, para la declaratoria de nulidad debe realizarse un análisis del caso y, en particular, del contrato? Sí
El contratista no puede incluir cláusulas de prórroga automática en contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estas violan principios fundamentales como la libre competencia económica, la transparencia y la selección objetiva. Sin embargo, la nulidad de estas cláusulas debe evaluarse en función del caso específico y del contrato en cuestión, permitiendo excepciones en circunstancias particulares. La regla general es que las prórrogas automáticas son nulas, pero la jurisprudencia ha matizado esta posición para permitir un análisis contextual que pueda justificar su validez en casos puntuales, lo que implica que los jueces deben considerar cuidadosamente cada situación antes de declarar la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la declaratoria de nulidad parcial por objeto ilícito, de la cláusula del contrato de prestación de servicio que incluye la prórroga automática del mismo…¿Dada la nulidad de la cláusula del contrato de prestación de servicios en lo relativo a la prórroga automática, resulta procedente el decreto de la caducidad del medio de control…¿Resulta improcedente el decreto de las restituciones mutuas a favor del demandante, teniendo en cuenta que el contrato fue válido y solamente se declaró la nulidad de una de sus cláusulas?
¿Se varió la causa petendi consignada en el libelo introductorio con lo que se vulnera la regla de la congruencia? Sí
El juez no puede fallar sobre fundamentos distintos a los que la parte expuso en la demanda, pues la sentencia debe ser congruente con la causa petendi y con las pretensiones, según el artículo 281 del Código General del Proceso, y que los nuevos argumentos planteados en la apelación no se estudian si alteran esa causa. Una razón es que los reparos sobre violación del derecho a la igualdad y sobre las reglas de terminación de los contratos mineros no controvierten los fundamentos del fallo de primera instancia, que consideró vigente la zona de utilidad pública y la exigencia de autorización previa de la gestora del proyecto. Otra razón es que esos reproches cambian el fundamento de la demanda, lo que vulneraría la regla de congruencia. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto de adjudicación. Su consecuencia práctica es que la parte no puede sustituir en la apelación el fundamento de la demanda, pues el juez de segunda instancia no lo decide.síntesis automática
También resuelve:¿A la parte actora o al juez les es dable variar el fundamento de la pretensión formulada en la demanda mediante la introducción de nuevas consideraciones?¿En la demanda se afirmó que la decisión adoptada por la administración en los actos cuestionados fue la modificación del contrato minero?¿El juez puede abordar materias que se señalan en la apelación que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del proceso?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias proferidas por tribunales administrativos en controversias contractuales que involucran a empresas de servicios públicos domiciliarios, debido a que estos procesos se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación administrativa, lo que implica que el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato, según establece el artículo 136.10 literal b) del Código Contencioso Administrativo. Además, el juez de segunda instancia tiene la facultad de pronunciarse oficiosamente sobre la caducidad del medio de control, lo que reitera la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse oficiosamente frente a la caducidad del medio de control?¿El acto de liquidación que hizo Empresas Públicas de Cundinamarca E.S.P. S.A está revestida de los atributos propios de un acto administrativo?¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los asuntos que no requieren de liquidación, inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-07-15Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020210010601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es factible la medida cautelar de administración de la bodega por parte del demandado? No
El contratista no puede obtener la medida cautelar de administración de la bodega debido a que el proceso ya avanza en la etapa de alegatos de conclusión, lo que dificulta la idoneidad de la medida para garantizar la efectividad de una sentencia próxima. Además, la medida cautelar solicitada no guarda relación directa con las pretensiones de la demanda, ya que estas buscan una condena dineraria para cubrir indemnizaciones, mientras que la medida cautelar busca una acción de hacer. La Sala reitera que la medida cautelar debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda para ser concedida, lo que implica que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011, artículo 230.síntesis automática
También resuelve:¿La medida cautelar solicitada guarda con la demanda la relación directa que exige el artículo 230 del CPACA?¿La solicitud de medida cautelar formulada por la Agencia Nacional de Minería satisface el requisito establecido en el artículo 230 del CPACA?¿Resulta impropia la estipulación contractual señalada en la demanda que determinó que al finalizar el negocio jurídico, la unión temporal debía “revertir” al Estado los bienes que hubiera recibido…
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la caducidad opera cuando la acción no se presenta dentro del plazo que corre desde que el acto de liquidación unilateral quedó en firme. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el plazo se cuenta desde la firmeza del acto, que consta en la constancia de desfijación del edicto, y no desde la fecha de su expedición. Segunda, el cómputo se hace conforme a la norma vigente en ese momento y no conforme a demandas que se presenten después en otro régimen. En el caso, el acto que confirmó la liquidación quedó en firme con la constancia de desfijación del edicto, y las partes presentaron sus demandas cuando el término ya había vencido, lo que llevó a declarar configurada la caducidad. La providencia confirma la sentencia apelada por esas razones. En la práctica, la parte interesada debe calcular el término desde la firmeza del acto de liquidación con las constancias de notificación y desfijación del expediente, para evitar que la demanda sea rechazada por caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento en que las resoluciones que liquidaban unilateralmente el contrato y su confirmatoria cobraron firmeza, la acción contractual ya no estaba disponible para debatirlas?¿El término de dos años para demandar bajo el medio de control de controversias contractuales se extendió hasta el 3 de septiembre de 2010?¿El conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato?
¿Es procedente revocar la sentencia recurrida y declarar la legalidad de los actos administrativos acusados, porque el ente territorial tiene la obligación de dar por terminado el contrato de arrendamiento por la transgresión de la facultad otorgada al alcalde para la suscripción del negocio jurídico con un límite temporal de vigencia, conforme lo dispone el Acuerdo Municipal No 041 de 2011 (Estatuto Tributario Municipal) expedido por el Concejo Municipal de El Agrado -Huila? Sí
Cuando una norma territorial fija un límite temporal a la facultad del alcalde para suscribir un contrato de arrendamiento, la transgresión de ese límite constituye una prohibición expresa, y el ente territorial debe dar por terminado el contrato. La regla se sostiene en tres razones: los servidores públicos solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley les permiten, de modo que el límite impuesto por el acuerdo municipal genera el deber de observancia y la prohibición de ir más allá; el régimen de responsabilidad penal, disciplinaria y administrativa exige descripción típica de la conducta, pero en el análisis de la celebración del contrato y de las facultades para suscribirlo no se requiere esa tipificación; y los actos administrativos demandados expresan el vicio contractual y producen el efecto que la ley determina, esto es, la terminación del negocio. Por ello, el control de legalidad que parte del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 resulta inadecuado cuando la causal de terminación está expresamente identificada en los considerandos. La regla orienta la validez de los actos de terminación.síntesis automática
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,TERMINACIÓN DEL CONTRATO – Caducidad del contrato,Liquidación del contrato,Unilateral,Nulidad del contrato,Control de legalidad,Bilateral,Perjuicios,Reconocimiento – Mes: mayo – Año: 2019…
También resuelve:Controversias contractuales: caducidad del contrato, liquidación del contratoTerminación del contrato: unilateral, nulidad del contrato, control de legalidad, liquidación del contratoConsejo de estado
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC).
También resuelve:¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización?¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio?¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto…¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes?¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?