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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-12-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020230028101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto del convenio especial de cooperación No. 768 de 2013 le era aplicable el término de 2 meses para la liquidación unilateral previsto en el ordinal v), numeral 2° del literal j) del artículo 164 del CPACA, considerando que las partes no pactaron dicha facultad y la naturaleza asociativa de este tipo de convenios impedía la aplicación automática del régimen de contratación de la Ley 80 de 1993? No
Lla regla general establecida en el literal J), numeral 2° del artículo 164 del CPACA, señala que el término de caducidad de las controversias relativas a contratos es de 2 años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. A su vez, los ordinales iii), iv) y v) de este literal disponen unas reglas especiales para el cómputo de la caducidad en aquellos contratos que requieren de liquidación… . El actor manifestó que los dos meses a los que hace referencia el ordinal v) precitado no se encuentran supeditados normativamente a la existencia de una facultad unilateral de liquidación del convenio, motivo por el cual el intérprete no puede concluir que el aludido plazo es para dicho fin.
También resuelve:¿Debe rechazarse el medio de control de controversias contractuales interpuesto para liquidar el convenio interadministrativo No. 768 de 2013, por presentarse de forma extemporánea la demanda…¿Resulta procedente la condena en costas procesales teniendo en cuenta que la demanda no ha sido admitida, motivo por el cual no se ha trabado la litis y no se han causado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-05-09Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020130201103LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Contra el auto que aprueba la liquidación de la condena en costas es procedente el recurso de apelación? Sí
Contra el auto que aprueba la liquidación de la condena en costas proceden los recursos de reposición y apelación, y solo por esa vía puede controvertirse la liquidación de expensas y el monto de las agencias en derecho. La regla se apoya en el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que remite la liquidación y ejecución de costas al Código General del Proceso, y en el numeral 5 del artículo 366 de ese código, que habilita esos recursos contra el auto aprobatorio. Por ello, el recurso de apelación es procedente cuando se dirige a cuestionar el monto de las agencias fijadas en primera y segunda instancia. En el asunto, la unión temporal demandada apeló el auto que aprobó la liquidación de costas para cuestionar las agencias en derecho, y la Sala confirmó la procedencia del recurso. En la práctica, el monto de las agencias en derecho sólo puede discutirse mediante los recursos previstos contra el auto de liquidación de costas.síntesis automática
También resuelve:¿La fijación de las agencias en derecho realizada por el fallador de primera instancia tuvo en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003?¿La sentencia aludida por el recurrente constituye una regla jurisprudencial vinculante para la liquidación de la condena en costas en el proceso contencioso administrativo?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
¿La sentencia de primera instancia desconoció la cuota litis pactada entre las partes en el contrato? No
La Sala confirmará la Sentencia de primera instancia, pero por motivos diferentes a los desarrollados por el Tribunal.… El contrato de prestación de servicios suscrito entre la Corporación y la demandante tuvo por objeto (se trascribe): “contestar, tramitar y llevar hasta su culminación demanda de Restitución de inmueble arrendado (en escenarios públicos y/o conciliatorios), ante el Juez 4 Administrativo Oral del Circuito conforme a los memoriales poderes que para tal efecto se otorguen y a partir de la presentación ante la autoridad respectiva”. En el parágrafo 2 de la cláusula 1 se dispuso que el mandato se extendía hasta la terminación del proceso en primera instancia.
También resuelve:¿Se acreditó el perjuicio moral para que proceda su reconocimiento?¿La sentencia alegada como desconocida en el fallo de primera instancia es aplicable al presente caso?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Es nulo el laudo arbitral cuando decide de fondo a pesar de que la acción ha caducado? Sí
El contratista no puede recurrir a la causal de anulación del laudo arbitral basada en la caducidad de la acción cuando el tribunal ha decidido de fondo sobre las pretensiones, incluso si la acción estaba caducada, y declara indebidamente la caducidad. La entidad estatal no puede alegar que el auto de unificación del Consejo de Estado no es un precedente obligatorio para el caso, ya que los hechos jurídicamente relevantes son similares y no ha habido cambios sustanciales en la legislación que afecten la interpretación del auto. Además, el tribunal arbitral y el juez de lo contencioso administrativo deben motivar sus decisiones en el mismo sistema de fuentes de derecho, incluyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, y el tribunal arbitral está obligado a seguir los precedentes judiciales, matizando la posibilidad de que el laudo pueda ser anulado si no se sigue esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿El auto de unificación sobre la reforma a la demanda proferido por el Consejo de Estado era un precedente obligatorio para la resolución del caso?¿El juez de lo contencioso administrativo y el Tribunal Arbitral deben motivar su decisión en el mismo sistema de fuentes de derecho, incluyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado?¿Es nulo el laudo arbitral que decide sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-06-03Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 15001233300020170104501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, al trámite de la segunda instancia le resultan aplicables las disposiciones vigentes al momento de su interposición contenidas en la Ley 1437 de 2011? Sí
El contratista puede interponer un recurso de reposición contra un auto que niega pruebas en segunda instancia, siempre que se presente dentro del término legal y sea oportuno, conforme a lo dispuesto por el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo (CPACA). La Sala establece que las disposiciones vigentes al momento de la interposición del recurso de apelación, en este caso las de la Ley 1437 de 2011 modificadas por la Ley 2080 de 2021, son aplicables al trámite de la segunda instancia. Asimismo, el juez de segunda instancia está facultado para decretar pruebas de oficio si considera que son pertinentes, conducentes y útiles para esclarecer los hechos del caso, siempre que no se hayan solicitado fuera del término legal establecido. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, enfatizando la importancia de cumplir con los plazos legales y la necesidad de que el juez evalúe la pertinencia de las pruebas en el contexto del estudio de fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de reposición contra el auto que negó pruebas en segunda instancia es procedente y fue interpuesto y sustentado oportunamente?¿Debe negarse el recurso de reposición interpuesto contra el auto que negó las pruebas solicitadas en segunda instancia, al acreditarse su extemporaneidad?¿El juez de segunda instancia está facultado para decretar pruebas de oficio si al resolver de fondo el asunto lo encuentra pertinente, conducente y útil?
¿La demanda que originó el presente proceso y se dirigió a obtener la declaratoria de incumplimiento del Contrato, fue presentada en tiempo con lo cual no operó la caducidad del medio de control? Sí
El contratista presenta la demanda de controversias contractuales en tiempo, lo que implica que no opera la caducidad del medio de control, siempre y cuando la acción se interrumpa con una solicitud de conciliación prejudicial antes de que expire el término originalmente establecido. En este caso, la liquidación del contrato se realizó el 22 de enero de 2013, y el término de caducidad original era de dos años, por lo que la demanda debía presentarse a más tardar el 23 de enero de 2015. Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial presentada el 7 de enero de 2015 interrumpió el término, y la demanda fue presentada el 26 de marzo de 2015, dentro del nuevo plazo restablecido. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la interrupción del término de caducidad por la solicitud de conciliación prejudicial, lo que permite a los contratistas presentar sus demandas en tiempo y evita la pérdida del derecho a acceder a la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿El haberse presentado una deficiente sustentación del recurso de apelación impide que la Sala analice el punto central de la inconformidad manifestada por el recurrente…¿El hecho de que en el presente caso el a-quo no haya dado aplicación al criterio jurisprudencial vigente en ese momento en torno a la obligatoriedad de las salvedades en los acuerdos de voluntades…¿Procede condenar en costas a la parte demandada, Municipio de San Gil, cuyo recurso de apelación le resultó desfavorable…
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
¿El derecho vigente al momento de la expedición del acto administrativo es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad, por ello el precedente señalado por el juez a quo, referente a que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como parámetro de concreción del contenido y alcance del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 era el vigente al momento en que la administración resolvió declarar la caducidad del contrato? Sí
El contratista puede cuestionar la legalidad de un acto administrativo que declare la caducidad de un contrato estatal si este se expidió bajo una interpretación del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 que ya había sido superada por la jurisprudencia vigente al momento de su expedición. La Sala establece que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se extiende durante toda la vigencia del contrato, incluida la etapa de liquidación, y no se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como sostuvo un precedente judicial citado por la administración. Este precedente no constituye un parámetro adecuado para evaluar la legalidad del acto administrativo en cuestión, ya que su ratio decidendi no abordó el límite temporal de la competencia para declarar la caducidad. La regla reitera la jurisprudencia pacífica de la Sala, garantizando el derecho de igualdad y los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima.síntesis automática
También resuelve:¿En garantía del derecho de igualdad ante la ley, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima…¿El límite temporal para hacer uso de la facultad de declarar la caducidad del contrato, viene dado por los supuestos materiales que la ley ha dispuesto para su ejercicio, en tanto…
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable?¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo?¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-04-02Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia funcional para decidir este caso en única instancia? Sí
La carencia de competencia funcional del Consejo de Estado para decidir en única instancia un medio de control de repetición se configura cuando la entidad involucrada no es del orden nacional, como ocurre con las corporaciones autónomas regionales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las corporaciones autónomas regionales no son entidades del orden nacional, conforme a la Ley 99 de 1993 y a la jurisprudencia que el auto cita. Segunda, el artículo 2 del Decreto 1768 de 1994 no atribuye esa calidad, sino que remite a otra norma. Tercera, los principios de celeridad, imparcialidad y eficacia no pueden sobreponerse al juez natural ni a la doble instancia. Por ello el expediente se remite al juez competente, conservando la validez de las actuaciones previas. El auto no desconoce el precedente invocado y confirma la decisión recurrida, concediendo la súplica subsidiaria. La consecuencia práctica es que la competencia en única instancia debe verificarse antes de admitir el trámite, y que el expediente se traslada cuando no existe.síntesis automática
También resuelve:¿La norma invocada por la recurrente establece que las CAR sean entidades del orden nacional?
Sentencia — Sentencia2024-03-22Sección Segunda (Subsección B)JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBARRad. 11001031500020240075200ACCIONES DE TUTELA
¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales de La Previsora S.A. Compañía de Seguros con ocasión de la providencia proferida del 14 de julio de 2023, a través de la cual, en segunda instancia, negó las súplicas de la demanda y declaró la responsabilidad de Centurión por el incumplimiento del Contrato (...), concedió a favor de Ecopetrol la pretensión de condena subsidiaria contenida en la demanda de reconvención y declaró responsable a La Previsora S.A. del pago de dichos valores amparados en las pólizas de seguro de cumplimiento 3002464 y 3002465? No
El contratista no puede acudir a la acción de tutela para impugnar una decisión judicial que declara su responsabilidad por el incumplimiento de un contrato estatal y condena al seguro de cumplimiento a pagar la cláusula penal, ya que la Sala determinó que la providencia fue debidamente fundamentada y ajustada a derecho, sin vulnerar los derechos fundamentales del contratista ni desconocer la jurisprudencia existente. La decisión judicial se basó en un adecuado análisis probatorio y en la interpretación razonable de la cláusula penal del contrato, sin incurrir en defectos fácticos o procedimentales. La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para revisar la valoración de pruebas o la interpretación jurídica del juez natural, salvo que se demuestre una vulneración manifiesta de derechos fundamentales.síntesis automática
¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de los 2 años contados a partir del vencimiento del término para liquidar bilateral o unilateralmente el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005? Sí
El contratista presenta la acción de controversias contractuales dentro de los dos años contados a partir del vencimiento del término para liquidar bilateral o unilateralmente el convenio interadministrativo, siempre que no se haya establecido un plazo específico para la liquidación unilateral y el legislador no haya previsto un término distinto. En este caso, el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005 estipuló que la liquidación se efectuaría de común acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, y que, vencido este plazo, el Invías procedería a liquidarlo de forma unilateral sin señalar un término específico. La Sala, de conformidad con su jurisprudencia, consideró que el plazo de dos meses previsto en el literal (d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es aplicable en ausencia de un plazo específico para la liquidación unilateral. Así, el término para liquidar el convenio bilateralmente venció el 1° de mayo de 2008, mientras que el plazo para liquidarlo unilateralmente expiró el 2 de julio de 2008, permitiendo que la acción de controversias contractuales se presentara dentro del plazo legal, reiterando la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad en este tipo de casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente valorar los documentos que fueron aportados al proceso en copia simple, si los mismos no fueron tachados de falsos?¿Cuentan con mérito probatorio las declaraciones que rindieron los testigos, a pesar de que uno de ellos desconoce lo acontecido en el marco del convenio interadministrativo y de que los demás no…¿El acuerdo de voluntades celebrado entre el INVÍAS y el municipio de Puerto Inírida tiene las características propias de un convenio interadministrativo…
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la acción de controversias contractuales, aunque a pesar de la existencia de una cláusula compromisoria las partes no alegaron la falta de jurisdicción y, al momento de presentar la demanda, la jurisprudencia aceptaba la renuncia tácita al pacto arbitral? Sí
El contratista puede presentar una demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para controversias contractuales, incluso cuando exista una cláusula compromisoria en el contrato, siempre y cuando las partes no aleguen la falta de jurisdicción y la jurisprudencia vigente al momento de presentar la demanda permita la renuncia tácita a la cláusula compromisoria. La Sala modificó su posición respecto a la renuncia tácita, exigiendo ahora una renuncia expresa y por escrito, pero decidió aplicar la regla anterior en este caso para no afectar el derecho de acceso a la justicia del demandante.síntesis automática
También resuelve:¿Al contrato n°. 140 para la operación y explotación del canal nacional de operación privada N1 celebrado por la Comisión Nacional de Televisión, le era aplicable la Ley 182 de 1995 y…¿La legalidad de las sanciones de la Comisión Nacional de Televisión debe analizarse a partir de lo establecido en el artículo 38 del CCA?¿La facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones, caduca a los tres años de producido el acto que puede ocasionarlas?
¿La presentación de la garantía de seriedad de la oferta era un requisito subsanable y por ello la oferta del demandante debió haber sido evaluada? Sí
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la versión anterior a la modificación de la Ley 1882 de 2018, los requisitos que no afectan la asignación de puntaje son subsanables hasta la adjudicación, de modo que la garantía de seriedad de la oferta puede subsanarse y la oferta no debe rechazarse por esa causa. La razón es que la norma aplicable al proceso de 2008 permitía solicitar esos requisitos hasta la adjudicación, salvo en los procesos con subasta, y la garantía fue presentada antes de la adjudicación. En el caso, la Sala revocó parcialmente la decisión del tribunal, porque la oferta del demandante no debió ser rechazada. Sin embargo, las pretensiones de restablecimiento del derecho se negaron, porque el demandante no demostró los perjuicios sufridos ni explicó la fuente de la utilidad reclamada. Su consecuencia práctica es que la subsanabilidad de la garantía de seriedad no basta para obtener indemnización si el proponente no prueba el perjuicio.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante demostró el daño y los perjuicios sufridos por el rechazo de su oferta en el proceso de selección y por ello deben reconocerse las pretensiones de restablecimiento del derecho?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2024-09-17Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 52001233300020190013402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, por lo que estuvo mal denegado el recurso por parte del A quo? Sí
El recurso de apelación es presentado y sustentado oportunamente cuando se cumplen los plazos establecidos por la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, considerando la supresión de feriados y vacaciones en los términos de días. En este caso, la notificación electrónica de la sentencia fue enviada el 25 de julio de 2023, por lo que la notificación se entiende realizada dos días después, es decir, los días 26 y 27 del mismo mes. El término de diez días para presentar el recurso de apelación inició el viernes 28 de julio y finalizó el viernes 11 de agosto, por lo que la presentación del recurso el 10 de agosto fue oportuna. La Sala concede el recurso de queja cuando se interpone oportunamente y en subsidio al recurso de reposición, como lo establece el artículo 245 del CPACA, permitiendo al superior funcional evaluar adecuadamente la denegación del recurso de apelación. La notificación electrónica de la sentencia se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos, según la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Como presupuesto de procedibilidad del recurso de queja, debe interponerse en subsidio el de reposición, para que, de negarse por el a quo este último recurso…¿El recurso de reposición y en subsidio el de queja interpuestos contra el auto que rechazó el recurso de apelación, fueron presentados de manera oportuna?¿La sentencia se debe entender notificada por vía electrónica, una vez transcurridos los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos al buzón electrónico suministrado por las partes?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2023-09-14Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 76001233100020060332003ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el presente asunto? Sí
En el auto recurrido se indicó que el sub lite no se refiere a aquellos asuntos en los que la ANDJE está habilitada para actuar mediante la figura de la intervención procesal, ya que EMSIRVA E.S.P. no ostenta la calidad de organismo público del orden nacional sino de nivel territorial, y en el sub lite no se ventilan intereses litigiosos de la Nación. A juicio de la agencia, se encuentra facultada para intervenir en los procesos que tengan trascendencia jurídica por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial y la procedencia de su intervención no la determina la naturaleza jurídica de las entidades que hacen parte del proceso.
También resuelve:¿La ANDJE podrá actuar como interviniente en cualquier estado del proceso en los asuntos donde sea parte una entidad pública…¿Como las etapas procesales son perentorias e improrrogables, la intervención de la ANDJE no permite reabrir aquellas que ya estén agotadas?¿Procede la condena en costas cuando prospera el recurso de súplica?
¿Hay lugar a inaplicar los cambios de jurisprudencia a los procesos en curso, cuando estos implican el cercenamiento del acceso a la administración de justicia y del derecho a la tutela efectiva de las partes del conflicto? Sí
El contratista puede evitar la aplicación de cambios jurisprudenciales en procesos en curso si estos implican un cercenamiento del acceso a la administración de justicia y del derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala ha establecido que, cuando la demanda fue presentada antes de la unificación jurisprudencial que exige renuncia expresa a las cláusulas compromisorias, se considera que operó una renuncia tácita al pacto arbitral, permitiendo así la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Además, la Sala recuerda que el cómputo del término de caducidad de la acción en controversias contractuales distingue entre liquidación bilateral o unilateral y ausencia de liquidación, basándose en la garantía constitucional de acceso a la justicia y en la legislación vigente. Esta regla implica que los cambios jurisprudenciales no siempre son aplicables a procesos en curso, protegiendo así los derechos de las partes en litigio.síntesis automática
También resuelve:¿El incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son supuestos completamente diferenciables?¿Es el Departamento del Cesar responsable por incumplimiento del contrato núm. 200 del 2006, al haber suspendido el contrato sin reconocer los sobrecostos que dijo haber asumido el contratista…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-12-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 47001233300020240027901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede suspender cautelarmente un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión? Sí
El contratista puede solicitar la suspensión cautelar de un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión, siempre y cuando la medida cautelar permita proteger intereses superiores como el medio ambiente o el patrimonio público. La Sala reitera que la medida cautelar de suspensión guarda relación directa con la pretensión de la demanda que busca la nulidad del contrato y que la afectación de vigencias futuras sin cumplir los requisitos legales puede generar serias dudas sobre su ejecución, lo que convierte en relevante la suspensión del contrato en este momento. Esta decisión matiza la interpretación de la medida cautelar de suspensión, permitiendo su aplicación en casos que involucran la protección de intereses públicos superiores y la regularidad presupuestal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe decretarse la suspensión del Contrato de Concesión para proteger la legalidad y el patrimonio público, cuando existen serios indicios de ilegalidad por comprometer ingresos corrientes del…
¿Los actos impugnados vulneraron la normativa superior, por no reconocer mayores cantidades de obra e ítems no previstos que eran necesarios para cumplir con el objeto contractual? No
Las mayores cantidades de obra y los ítems no previstos solo son reconocibles cuando se demuestra la necesidad técnica de su ejecución para cumplir el objeto contractual, y la cantidad pactada en la fase precontractual que nunca fue modificada durante la ejecución no da lugar a su reconocimiento. Esta regla exige que el contratista acredite la necesidad técnica de los elementos adicionales con prueba suficiente, y no basta con que se hayan instalado durante la obra. En el caso concreto, la administración sostuvo que la cantidad del ítem contemplada en los estudios previos y en el pliego de condiciones no se modificó por las partes durante la ejecución, y la providencia coincidió con el tribunal en que no se encontró probada la necesidad técnica de los dispositivos adicionales, ni que el pliego hubiera sido desacertado en ese aspecto. Como consecuencia práctica, el contratista que reclame mayores cantidades o ítems no previstos debe probar que eran técnicamente necesarios, pues la instalación de los elementos no sustituye esa prueba.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial cumplió con la información mínima del perito que permita determinar la idoneidad, experiencia, profesión y el dictamen pericial fue rendido en debida forma para darle valor…¿Tienen valor probatorio los testimonios considerados sospechosos?¿El Tribunal omitió pronunciarse acerca de las pretensiones relacionadas con los pagos pendientes del contrato y los ítems adicionales reclamados por la demandante?
¿Es obligación del Estado repetir contra sus agentes ante las condenas sufridas por la conducta dolosa o gravemente culposa de estos? Sí
En la acción de repetición, la condena contra el Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena son los presupuestos de procedencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución Política prevé que el Estado debe repetir contra su agente cuando la condena resulta de su conducta dolosa o gravemente culposa. Segunda, el desarrollo legal de la figura se encuentra en el Decreto-ley 01 de 1984 y en la Ley 678 de 2001. Tercera, la jurisprudencia ha sido unánime en fijar estos presupuestos para la prosperidad de la acción. En el caso, quedó acreditada la existencia de la condena, consistente en el reintegro y el pago de salarios y prestaciones sociales tras la nulidad de un acto de retiro. La providencia reitera esta jurisprudencia. En la práctica, la entidad debe probar los tres presupuestos, condena, pago y conducta del agente, antes de que prospere la pretensión de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditaron los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, esto es, la condena contra el Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular y el pago efectivo a la…¿Se acreditó la presunción de dolo en la conducta del agente demandado?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en juicio?